Guillermo Hernández Zavala
Expediente 446/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guillermo Hernández Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de junio de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, toda vez que el veintisiete de mayo del año en curso, se dictó el fallo definitivo. Finalmente, respecto a la petición que formula la fiscal adscrita para obtener copias del fallo dictado, se ordena al actuario de la adscripción que tome nota de lo anterior, con el propósito de que brinde las constancias que indica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 446/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 8787, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, atento a su contenido se acuerda: El Juez acuerda: Téngase por recibido el pedimento de cuenta y acuérdese lo conducente en la etapa que corresponde. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, adjuntó a su informe justificado, consistentes en el original del toca penal 63/2021, así como dos discos que contienen los registros de la causa penal 37/2021, y el diverso disco que remitió la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló los de su intención. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Guillermo Hernández Zavala, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. La quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 446/2022 y se admitió mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Asimismo, en el propio auto se reconoció el carácter de tercera interesada a Yecika Loany González Olvera, al ser la parte contraria del quejoso dentro de la causa penal de origen. De la misma forma, en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se convalidó el emplazamiento de Samantha Peñaloza Juárez, Fiscal de Litigación que intervino en el toca penal del que deriva el acto reclamado. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: La resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca de apelación 21/2022, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia dentro de la causa penal 1435/2021, por el delito de Daños en hechos de tránsito vehicular. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en el original del toca penal 21/2022, así como un disco que contiene los registros de la audiencia oral celebrada en la causa penal 1435/2021, y el índice cronológico de la misma. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, en su pedimento 2502/2022 manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (falta de interés), porque el quejoso no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por tanto, no demuestra la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto, no procede atender el alegato de la fiscal federal, relativo a que la peticionaria del amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye la resolución de apelación que confirmó el auto de vinculación dictado contra el propio quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Daño en las cosas, lo cual evidentemente afecta su esfera de derechos y le da interés para comparecer a solicitar la tutela constitucional. Toda vez que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia del presente juicio, y dado que este juzgado tampoco de manera oficiosa advierte la existencia de alguna, procede realizar el estudio de los conceptos de violación. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado lo anterior, los motivos de inconformidad que aduce la quejosa, deben calificarse como infundados. - En efecto, aduce el impetrante del amparo que el magistrado responsable vulneró en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica, porque no realizó el análisis íntegro y completo de los agravios que hizo valer ante esa alzada, y no dio contestación a sus argumentos. - Que la responsable dijo que no hubo pronunciamiento respecto de que aún en el supuesto de que la víctima Yecika Loany González Olvera hubiera incurrido en exceso de velocidad al momento de la colisión, ello no lo exonera ya que previo a ingresar a los carriles que rodean la glorieta debió cerciorarse de que no circulara ningún otro vehículo, además de que la defensa fue omisa en precisar porqué las tesis aisladas que citó eran aplicables al caso concreto; sin embargo, -refiere- en el agravio tercero sí realizó pronunciamiento al respecto, -en el sentido de que de las fotos del dictamen de causalidad se observa claramente cómo la motocicleta ingresa a los carriles de la glorieta y el vehículo de la víctima no aparece en esa foto sino hasta la segunda, por ello no pudo cortar la circulación del vehículo-, por lo que aun cuando no lo realizó en el apartado que refirió la responsable, se debió analizar de manera integral su escrito de apelación. - Que el magistrado no analizó debidamente todos los datos de prueba que sirvieron de base para dictar el auto de vinculación en su contra, y con los cuales se acredita que el quejoso no cortó la circulación a la tercera interesada, como ilegalmente lo resolvió el juez de control, porque ya había ingresado a los carriles de la glorieta y no como se resolvió que no tomó la precaución al ingresar a dichos carriles, aunado a que la tercera interesada dijo en su querella que la motocicleta la impactó, lo cual demuestra que no pudo cortar la circulación del vehículo porque en ese caso aquella hubiere impactado la motocicleta. - Que es ilegal la determinación de que el argumento de la defensa no guarda relación con lo que concluyeron el perito de tránsito Víctor Gerardo López Medina y el perito oficial Fausto Camacho Reyes, en virtud de que en las fotos del dictamen de causalidad emitido por Ana Leticia Sardinetas Torres, se observa claramente que el quejoso ingresó a los carriles mencionados, por lo que no pudo cortar la circulación de la víctima, y si dichas fotografías no guardan relación con lo que concluyeron los peritos, como lo dijo la responsable, entonces dicho dictamen de causalidad no tiene armonía entre su contenido y sus conclusiones, dando como resultado que el mismo no tiene ningún valor probatorio. - Que el magistrado responsable vulnera sus garantías de legalidad y seguridad jurídica al resolver que el juez de control no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la fiscalía y la contra argumentación o refutación del imputado, en virtud de que el juez sí debe tomar en consideración si los dictámenes tienen armonía entre su contenido y sus conclusiones, más aún cuando en la refutación la defensa haga notar dichas contradicciones. - Que el juez de control refirió: que si la motocicleta impactó primero, entonces no existió corte de circulación, y que si fue el vehículo el que impactó primero, entonces sí existió corte de circulación, y fue hasta ese momento que el Ministerio Público dijo que el vehículo impactó primero, pero al no hacer antes esa precisión el representante social, evidentemente no está demostrado que él hubiere cortado la circulación del vehículo de la víctima, por ello es ilegal la sentencia reclamada. - Que también vulnera sus derechos la determinación de la responsable al resolver infundado su agravio y considerar que aun cuando la motocicleta que conducía haya impactado el costado derecho del vehículo de la víctima, esa circunstancia no tenía relación con lo que habían concluido los peritos en su dictamen, en el sentido de que con la motocicleta sí cortó la circulación del vehículo cuando impactó primero en su costado derecho. Sin embargo, -contrario a lo que aduce el peticionario del amparo- de la resolución impugnada se advierte que los referidos agravios sí fueron analizados y contestados por el magistrado responsable, de modo que no procede que este juzgador de amparo realice pronunciamiento alguno al respecto. Se afirma lo anterior, porque en primer término, el magistrado responsable calificó de inoperante el agravio de la defensa que versa en el sentido de que no están de acuerdo con la determinación del juez natural al establecer que la víctima circulaba a exceso de velocidad (60 kilómetros por hora), pero que ello no eximía de responsabilidad al imputado atendiendo a la compensación de culpa, ya que ése debió cerciorarse de que no circulara ningún otro vehículo. Lo anterior, -puntualizó la autoridad responsable- porque ante la segunda instancia los defensores del imputado expusieron que el exceso de velocidad con el que conducía la víctima fue lo que derivó en los hechos de tránsito, ya que si hubiera tomado precaución de circular a la velocidad permitida, no se hubiere suscitado el hecho de tránsito, e invocaron las tesis de rubros "IMPRUDENCIA. GRAVEDAD DE LA", e "IMPRUDENCIA, DELITOS POR CONCURRENCIA DE CULPAS Y REPARACIÓN DEL DAÑO, COLISIÓN DE VEHÍCULOS". No obstante ello, -señaló el tribunal de alzada- los apelantes no hicieron pronunciamiento en relación a que en el supuesto de que la víctima hubiera incurrido en exceso de velocidad al momento de la colisión no exonera de la propia culpa al imputado, ya que previo a ingresar a los carriles que rodean la glorieta debió cerciorarse de que no circulara ningún otro vehículo por ese lugar, para evitar una colisión, es decir, no cortar la circulación de los vehículos que transitaban en el área de la glorieta, aunado a que la defensa fue omisa en precisar porqué las tesis aisladas eran aplicables al caso concreto. Además, al respecto sostuvo dicha autoridad que aun cuando la víctima hubiera incurrido en exceso de velocidad al momento de la colisión, en materia penal no existe compensación de culpas, de modo que el imputado previo a ingresar a los carriles que conforman la glorieta donde sucedió el hecho de tránsito, debió cerciorarse de que no circulara ningún otro vehículo por ese lugar para evitar una colisión, es decir, no cortar la circulación de los vehículos que transitaban en el área de la referida glorieta. Así también, destacó que no es aplicable la tesis invocada por los apelantes -"DELITO IMPRUDENCIAL. PRUEBA PERICIAL EN EL"-, toda vez que la misma versa en el sentido de que en el peritaje de tránsito terrestre debe advertirse claramente en qué consiste la falta de precaución del sujeto activo del delito para que pueda estimarse que su conducta fue desprovista de cuidado, por lo que si en el dictamen pericial no se establece dicha falta de precaución ni se hace referencia alguna a la velocidad máxima de circulación permitida en la vía por donde transitaba el vehículo, no puede sostenerse que el quejoso hubiere obrado con falta de previsión. Sin embargo, en relación con ello precisó el tribunal de apelación que la defensa pasó por alto que en el caso, de la referencia del contenido de los datos de prueba expuestos por la fiscalía, el juzgador obtuvo que el hecho con apariencia de delito se suscitó por la falta de precaución u cuidado del conductor de la motocicleta (imputado), al cortar la circulación del vehículo conducido por la víctima, provocando con ello la colisión entre ambos vehículos, cuando el automóvil marca Chevrolet se encontraba en la glorieta, sin que la defensa precisara por qué resultaba aplicable la tesis intitulada "CULPA EN EL DELITO. NATURALEZA". Luego, el tribunal de alzada calificó de inoperante el agravio de los inconformes que versa en el sentido de que en la audiencia el juzgador natural tenía duda y preguntó al Ministerio Público qué vehículo fue el que impactó primero, a lo que el fiscal no contestaba con claridad, hasta el momento en que refirió que independientemente de qué vehículo impactó primero, fue la motocicleta la que cortó la circulación y el resolutor dijo entonces que si hubo corte de circulación, fue el vehículo quien impactó primero. Determinó dicha calificativa, porque los inconformes no establecieron cómo impactan en la resolución impugnada las precisiones que solicitó el juez hiciera la fiscalía, y además, porque del audio y video de la audiencia de vinculación se desprende que, -adverso a lo sostenido por la defensa- al establecer el hecho con apariencia de delito la fiscalía sí dejó asentado lo siguiente: ".usted señor Guillermo Hernández Zavala, con falta de precaución y cuidado realizó un cambio de carril hacia la izquierda, cortándole la circulación al vehículo marca Chevrolet, tipo Hatchback, línea Chevy, color gris, modelo 2008, propiedad de Yecika Loany González Olvera, quien circulaba ya sobre la glorieta en el carril central, el cual colisionó con su motocicleta con el frente de su vehículo. (01:52-4:55)". Finalmente, el magistrado responsable calificó de infundado el agravio de los apelantes, relativo a que aun cuando el juez de control dijo que el dictamen de causalidad señalaba que el frente de la motocicleta había impactado con el lado derecho del vehículo de la víctima, y que por tal motivo no coincidía con el hecho consistente en el corte de circulación de la motocicleta al vehículo; que dicha circunstancia la estableció el resolutor al preguntarle al Ministerio Público, por lo que no la valoró debidamente y con ello se demostraba que si la motocicleta impactó con su frente el lado derecho del vehículo de la víctima como se señaló en el dictamen de causalidad, no se acredita el corte de circulación que sostuvo el Ministerio Público en su formulación de imputación. Al efecto, argumentó la responsable que lo anterior resulta infundado debido a que si bien de la audiencia de veintidós de febrero de dos mil veintidós se advierte lo anteriormente expuesto por la defensa, la defensa pasó por alto que la fiscal respondió: "(36:28) Sí habla de esa colisión, pero también habla de que el conductor de la motocicleta fue el causante, independientemente de quién le haya pegado primero, al no ceder el paso al vehículo Chevrolet, al querer entonces ganar (36:46)". "(37:48) Sí por el corte de circulación, el vehículo Chevrolet Chevy impacta a la motocicleta porque le corta la circulación ocasionándole los daños (37:58)". A continuación, -sostuvo el tribunal de alzada- que de lo anterior se aprecia que el juez de la causa solicitó al Ministerio Público las aclaraciones que consideró necesarias para emitir su resolución, y hecho lo anterior, arribó a la determinación de que el hecho con apariencia de delito se originó por la falta de precaución y cuidado del conductor de la motocicleta (imputado), al cortar la circulación del vehículo marca Chevrolet conducido por la víctima, provocando con ello la colisión entre ambos vehículos, cuando el vehículo Chevrolet se encontraba en la glorieta. Sin que con lo anterior, -sostuvo el magistrado- se pueda arribar a la determinación, como lo adujeron los inconformes, de que el exceso de velocidad en que conducía la víctima fuera la causa que originó el percance, en atención a que como lo determinó el juzgador natural, las apreciaciones de la defensa no guardan concordancia con lo que se advirtió de la referencia del contenido de los datos de prueba emitidos por el perito de tránsito Víctor Gerardo López Molina y el perito oficial ingeniero Fausto Camacho Reyes, de donde se infiere que el hecho se originó por la falta de precaución y cuidado del conductor de la motocicleta. De modo que, lo antes expuesto evidencia que -en oposición a lo que argumenta la parte quejosa- el magistrado responsable al resolver el recurso de apelación interpuesto por el imputado y su defensa, sí se hizo cargo de analizar y dar respuesta a todos los tópicos que señala el peticionario del amparo en sus conceptos de violación, aunque su resultado haya sido negativo, es decir, no prosperaron las pretensiones del imputado y su defensa privada para los efectos que solicitaron [la no vinculación a proceso del imputado], sin que por ello sea dable considerar que no se atendieron sus planteamientos. De igual manera, también se colige que contrario a lo que afirma el quejoso, el magistrado responsable sí analizó los datos de prueba que sirvieron de base para dictar el auto de vinculación del imputado aquí quejoso, y no obstante que este aduzca que con dichos datos se acredita que no cortó la circulación a la tercera interesada, el tribunal de alzada se pronunció en el sentido de que, de la referencia del contenido de los datos de prueba expuestos por la fiscalía, el juzgador de origen obtuvo que el hecho con apariencia de delito se suscitó por la falta de precaución u cuidado del conductor de la motocicleta (imputado), al cortar la circulación del vehículo conducido por la víctima, provocando con ello la colisión entre ambos vehículos. Por lo que en ese estado de cosas, se estima ajustada a derecho la determinación del magistrado responsable al confirmar la vinculación a proceso de veintidós de febrero de dos mil veintidós, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, contra Guillermo Hernández Zavala, dentro de la causa penal 1435/2021. Ello, porque como también lo puntualizó la autoridad responsable, teniendo en cuenta el estándar probatorio para emitir un auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En tales condiciones, al no prosperar los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, y no advertirse deficiencia que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar la protección constitucional que solicita. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guillermo Hernández Zavala, por su propio derecho, contra el acto reclamado al Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por las razones expresadas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con treinta minutos tres de mayo de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 446/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos se hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Ya que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridad responsable al Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y reclama la resolución de segundo grado que resolvió el recurso de apelación respecto al auto de vinculación dictado en la causa penal de origen. Segunda. La autoridad responsable al momento de rendir su informe previo manifestó que es cierto el acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso dictado por la autoridad responsable; conscientemente, de conformidad con la jurisprudencia PC.II.P. J/10 P, emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, el auto de vinculación a proceso sí puede ser materia de suspensión en el juicio de amparo, misma de texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO, PUEDE SER MATERIA DE SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: Los órganos jurisdiccionales contendientes, al resolver el incidente de suspensión (revisión), analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, toda vez que para uno de ellos, en tratándose del auto de vinculación a proceso, la suspensión en el juicio de amparo indirecto no procede, pues considera que no trae implícita la aplicación de alguna medida cautelar para la afectación de la libertad dentro del procedimiento del orden penal, mientras que para el otro, es procedente conceder la suspensión del acto reclamado, porque es un acto que afecta la libertad personal. Criterio jurídico: Este Pleno de Circuito determina que, procede conceder la suspensión contra el auto de vinculación a proceso. Justificación: Lo anterior, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", estableció que el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando esa determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a procedimiento. Consecuentemente, el auto de vinculación a proceso sí puede ser materia de suspensión en el juicio de amparo indirecto, para lo cual deberá tomarse en consideración lo previsto por los artículos 163 y 166 de la ley de la materia". Luego, se concede a Guillermo Hernández Zavala la suspensión provisional para el único efecto de que queden a disposición de este juzgado por lo que ve a su libertad personal y a disposición de la autoridad ante la cual se le sigue el proceso penal para la continuación de éste, de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Amparo; medida cautelar que surte sus efectos desde este momento y hasta que se resuelva en definitiva el presente incidente de suspensión. Apoya a lo anterior, la tesis II.2o.P.282 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 160454, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU NATURALEZA PARA EFECTOS DEL AMPARO. La exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso se refiere a un derecho constitucional del debido proceso penal propio de este país, que garantiza de manera más amplia la libertad personal no sólo respecto de la restricción material en sentido estricto, como ocurre con la prisión preventiva, sino como certeza jurídica constitucionalmente protegida de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que se acredite la existencia de un verdadero hecho delictuoso y existan datos de intervención reprochable del imputado, es decir, la demostración de un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho, pues sólo así se cumple con los principios de fragmentariedad e intervención necesaria del derecho penal, y el de la función garantizadora del tipo penal, que se traduce en el apotegma de exacta aplicación de la ley penal recogido en el principio de legalidad que rige dicha materia de manera estricta y que se consagra también en el artículo 14 de la propia Constitución. Por tanto, en atención a los efectos de sujeción que éste produce, de manera formal y de perturbación indirecta, al menos a la libertad del imputado, debe estimarse como un acto reclamable en el amparo y susceptible del otorgamiento, en su caso, de la suspensión pero en términos de sus peculiaridades actuales." Asimismo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo de la Ley de Amparo, y con sustento en la tesis antes transcrita, se concede la suspensión provisional al quejoso Guillermo Hernández Zavala, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, esto es, que dependiendo la etapa en la que se encuentre el proceso penal, el juez responsable una vez terminada dicha etapa suspenda el procedimiento, y evite dar inicio a la fase de juicio oral. Cobran aplicación los siguientes párrafos de la ejecutoria de donde deriva la tesis III.2o.P.124P, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, ubicada en la página 2338, del Libro 50, de Enero de 2018, Tomo X, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época: ".Es decir, donde tendrán lugar el desahogo y valoración de las pruebas, los alegatos de apertura, los alegatos de clausura y el cierre de debate, como la deliberación y emisión del fallo respectivo. Etapa de juicio que de llevarse a cabo, como correctamente lo advirtió la Juez de Distrito, podría consumar de forma irreparable el acto que el quejoso reclama en el juicio de amparo (auto de vinculación), sin oportunidad de que sea analizado por la juzgadora en la vía constitucional. Por ello es que esa suspensión, aun cuando debió concederse en el incidente de suspensión, ya que fue solicitado por el promovente del amparo, pues la ley no determina que debe ser en el principal, al no existir reenvío, este órgano colegiado ordena la apertura del incidente de suspensión, para que se decrete la suspensión provisional del acto reclamado para los efectos a que hizo referencia la Juez de amparo en el juicio principal, es decir, para que una vez cerrada la etapa intermedia, no se aperture la etapa de juicio oral." Asimismo, tiene sustento la tesis antes señalada de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL QUEJOSO EXPRESAMENTE LA SOLICITÓ EN SU DEMANDA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIAR SU DETERMINACIÓN POR CUERDA SEPARADA, AUN CUANDO AL ADMITIRLA, HUBIERE INDICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE SUSPENDIERA EL PROCEDIMIENTO EN LA CAUSA RESPECTIVA UNA VEZ CERRADA LA ETAPA INTERMEDIA, SIN APERTURAR LA DE JUICIO ORAL. Los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo establecen, esencialmente, que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso, y que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias (con las excepciones previstas), cuando la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; asimismo, que la medida se tramitará en incidente por separado y por duplicado. En ese orden, si el quejoso expresamente solicitó en su demanda de amparo la suspensión provisional del acto reclamado (auto de vinculación a proceso), la determinación que el Juez adopte debe pronunciarse por cuerda separada, es decir, en el cuaderno relativo al incidente de suspensión; sin que obste a lo anterior que el Juez Federal, en el juicio principal, al admitir la demanda, hubiere indicado a la autoridad responsable que suspendiera el procedimiento en la causa respectiva una vez cerrada la etapa intermedia, sin aperturar la de juicio oral, con el fin de mantener viva la materia del juicio de amparo; pues con dicha determinación no se suspendió el acto que es la pretensión del quejoso, aunado a que ese pronunciamiento es una obligación que surge de la propia ley para las autoridades responsables, específicamente del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la ley citada. Medida cautelar que surte sus efectos desde este momento y hasta que se causa ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se resuelve: Única. Se concede a Guillermo Hernández Zavala, la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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