Guillermo Hernandez Vazquez
Expediente 834/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Guillermo Hernandez Vazquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, como el promovente del amparo GUILLERMO HERNANDEZ VAZQUEZ, no recurrió el proveído de trece de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó su demanda de amparo; con fundamento en el artículo 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para los efectos legales procedentes; archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Hernández Vázquez, por derecho propio, en contra del acto reclamado de la Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 834/2019. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, el suscrito advierte que por cuanto hace al acto reclamado por el quejoso, consistente en el acuerdo de fecha trece de agosto del año dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la promoción por improcedente, sin acordarse lo que se solicitaba en el sentido de tener por interpuesto el recurso de apelación que hizo valer; se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Efectivamente, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en contra de las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia, visible en la página 252 del Tomo XI-Junio, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no esté controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo.". En ese orden de ideas, el artículo 1334 del Código de Comercio, establece lo siguiente: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Bajo esa óptica, de conformidad con el principio de impugnación que rige todo proceso, es de concluirse que el acto del cual se duele el quejoso admitía la posibilidad de ser combatido mediante el recurso de revocación en términos del dispositivo referido, pues el mismo procede en contra de todos los autos que no fueren apelables, sin excluir al que desestima un diverso recurso, de ahí que no se cumplió con el principio de definitividad que exige la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. Por ende, la viabilidad del juicio constitucional está condicionada a que si existe en contra del acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna. Sentado lo anterior, se advierte que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad, puesto que en contra del acuerdo de fecha trece de agosto del año dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la promoción por improcedente, sin acordarse lo que se solicitaba en el sentido de tener por interpuesto el recurso de apelación que hizo valer; procedía el de revocación, sin que el impetrante hiciera valer tal medio ordinario de defensa. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 138, Tomo XIV, Diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 188092, de rubro y texto "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación." En tales condiciones, el quejoso debió agotar ese recurso antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sin embargo, no lo hizo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, los siguientes criterios: La tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del articulo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, sujeta a estudio, de ahí que con fundamento en el artículo 113, de la propia Ley de Amparo, lo procedente será DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO EN ESTUDIO. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en Avenida Hidalgo Sur, número Novecientos Cuatro Guión Uno, de la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, en virtud de que no tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.
- Principal
***Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Hernández Vázquez, por derecho propio, en contra del acto reclamado de la Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 834/2019. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, el suscrito advierte que por cuanto hace al acto reclamado por el quejoso, consistente en el acuerdo de fecha trece de agosto del año dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la promoción por improcedente, sin acordarse lo que se solicitaba en el sentido de tener por interpuesto el recurso de apelación que hizo valer; se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Efectivamente, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en contra de las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia, visible en la página 252 del Tomo XI-Junio, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no esté controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo.". En ese orden de ideas, el artículo 1334 del Código de Comercio, establece lo siguiente: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Bajo esa óptica, de conformidad con el principio de impugnación que rige todo proceso, es de concluirse que el acto del cual se duele el quejoso admitía la posibilidad de ser combatido mediante el recurso de revocación en términos del dispositivo referido, pues el mismo procede en contra de todos los autos que no fueren apelables, sin excluir al que desestima un diverso recurso, de ahí que no se cumplió con el principio de definitividad que exige la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. Por ende, la viabilidad del juicio constitucional está condicionada a que si existe en contra del acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna. Sentado lo anterior, se advierte que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad, puesto que en contra del acuerdo de fecha trece de agosto del año dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la promoción por improcedente, sin acordarse lo que se solicitaba en el sentido de tener por interpuesto el recurso de apelación que hizo valer; procedía el de revocación, sin que el impetrante hiciera valer tal medio ordinario de defensa. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 138, Tomo XIV, Diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 188092, de rubro y texto "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación." En tales condiciones, el quejoso debió agotar ese recurso antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sin embargo, no lo hizo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, los siguientes criterios: La tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del articulo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, sujeta a estudio, de ahí que con fundamento en el artículo 113, de la propia Ley de Amparo, lo procedente será DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO EN ESTUDIO. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en Avenida Hidalgo Sur, número Novecientos Cuatro Guión Uno, de la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, en virtud de que no tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.
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