Guillermo Hernández Rodríguez

Expediente 447/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
447/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Guillermo Hernández Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a tres de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia dictada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, que resolvió sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por *************. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. De igual manera, se ordena devolver al Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, las constancias que remitió en cumplimiento a lo requerido en auto de veinticinco de marzo del año en curso, requiriéndole para que a la brevedad posible, se sirvan remitir el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables y al Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y RESOLUCIÓN En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del veinte de mayo de dos mil veintiuno, día y hora señalados en autos para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 447/2020-I,...Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no hay ocursos por proveer, que las partes no solicitaron la videoconferencia a que se refiere el acuerdo mencionado y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se da por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponde. V I S T O S ... R E S U L T A N D O:...; y, C O N S I D E R A N D O: ...QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, el presente juicio de amparo debe sobreseerse, respecto del oficio DGRPPC/DPRIC/SPRI/JUDE/2843/2019, de dos de mayo de dos mil diecinueve, signado por la unidad correspondiente del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, porque LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA, como se verá a continuación. El artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, los artículos artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo 18 de la Ley de la materia prevé dos supuestos para determinar el día en que ha de iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, supuestos que son: a) A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; b) A partir de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se tiene que cuando existen elementos objetivos para determinar la fecha en que se tuvo conocimiento del acto que reclama, el quejoso deberá situársele en el segundo supuesto para computar el término para la presentación de la demanda de amparo. Debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo. Ello conforme el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 5, emitida en la Quinta Época, ene. Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, página 6, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es decir, debe quedar probado el momento en el que el particular tuvo un conocimiento directo de lo que pretende combatir, pues de lo contrario se partiría de la presunción de que conoció del acto en determinada fecha sin que tal circunstancia conste fehacientemente. En la especie, la extemporaneidad de la demanda se apoya específicamente en el supuesto que contempla que el término de quince días para la presentación de la misma se computa a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ello es así, pues de la copia certificada de las constancias del juicio de origen, se advierte que el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el quejoso desahogó la vista que se le otorgó en auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, relacionada con el oficio que ahora reclamada, y en dicho ocurso expresamente mencionó el oficio DGRPPC/DPRIC/SPRI/JUDE/2843/2019, de dos de mayo de dos mil diecinueve, y con base en él solicitó se reiterará la inscripción del embargo en el folio real correspondiente. Lo anterior evidencia que por lo menos desde el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el quejoso es sabedor de la existencia del oficio que reclamada. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia por contradicción P./J. 115/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII de enero de 2011, en materia común, con número de registro 163172, en materia común, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Así, el término previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, para que el peticionario de amparo promoviera su demanda, debe computarse a partir del día siguiente al en que con certeza el suscrito juzgador puede determinar que tenía conocimiento del acto reclamado, esto es, a partir del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Ahora, del sello fechador estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo se presentó hasta el trece de marzo de dos mil veinte, esto es, casi siete meses después de que tuvo conocimiento del juicio de origen, por lo que se concluye que la demanda de amparo se presentó fuera del referido plazo de quince días. En consecuencia, por ser extemporáneo el reclamo que hace la parte quejosa respecto del oficio DGRPPC/DPRIC/SPRI/JUDE/2843/2019, de dos de mayo de dos mil diecinueve, signado por la unidad correspondiente del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, debe SOBRESEERSE en el presente juicio, por lo que hace a este acto, de conformidad con el artículo 62, fracción V y 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Al respecto se cita la tesis III.2o. P.255 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, página 3028, con registro 163630, cuyo rubro y texto es: ??????????????? "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Por otra parte, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en el oficio GRPPC/DPRIC/SPRI/JUDE/486/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte, signado por la unidad correspondiente del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, se estima que se actualiza LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, por lo que debe SOBRESEERSE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, como se demostrará a continuación. El artículo y fracción en comento disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." De la interpretación gramatical del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o su materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." La parte quejosa reclama el oficio GRPPC/DPRIC/SPRI/JUDE/486/2020, de veintitrés de enero de dos mil veinte, signado por la unidad correspondiente del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en el que reiteró la imposibilidad de registrar en el folio real correspondiente el embargado trabado en autos, porque el demandado no figuraba como titular registral. En el caso, de las constancias del juicio de origen se advierte la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el Toca 808/2019/1, en la que se confirmó el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en el que se negó lo solicitado por la parte actora, relativo a que se reiterará al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, inscribiera el embargo trabado en los autos del juicio ejecutivo mercantil 39/2018, aun cuando el inmueble embargado se encontraba registrado a nombre de diversa persona del demandado. En tales condiciones, es claro que en el caso dejó de existir la materia del oficio reclamado, al haberse modificado la situación jurídica respecto de la inscripción del embargo en el folio real correspondiente, ya que, el Juez responsable ya definió su postura respecto al tema, y lo confirmó el Tribunal de Alzada, en la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el Toca 808/2019/1. Ello es así, porque la determinación contenida en el oficio reclamado, no puede atenderse en forma aislada a las actuaciones del juicio de donde deriva, por tanto, si como se vio, en el juicio de origen ya quedó definida esa situación, la negativa del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, contenida en el oficio reclamado, no puede surtir efecto alguno, en primer lugar, porque la actuación de ese registro fue con base en las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil 39/2018; en segundo término, porque, esa situación ya fue resuelta por el juez de origen, a quien por cierto, no se tuvo como autoridad responsable, ya que así lo indicó de forma expresa la parte quejosa, en el escrito en el que dio cumplimiento a la prevención ordenada en el presente juicio. De modo que, la protección impetrada carecería de efectos porque es claro que con tal modificación en la situación jurídica que se generó, por virtud de la emisión de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el Toca 808/2019/1, dejó de existir la materia del oficio reclamado consistente en determinar si era correcta o no la determinación del Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, de negarse a inscribir el embargo trabado en autos; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia mencionada. Ilustra a la conclusión alcanzada, en lo conducente, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VII, Abril de 1998, página 241, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia de mérito, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora, pues sus actos no se reclaman por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 647, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y que se puede consultar en la página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común que a la letra dice: "AUTORIDAD EJECUTORA, SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Conforme al sentido de este fallo, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***********, contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México y Jefa de la Unidad Departamental de Embargos del Registro Público mencionado, por las razones apuntadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la promoción electrónica presentada por el quejoso, por conducto de su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, xxxxxxx, obtenida del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del índice de este juzgado, mediante la cual realiza diversas manifestaciones en relación a la admisión de pruebas ofrecidas por el quejoso en escrito de veinticinco de marzo del año en curso, así como en relación a las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 39/2018, remitidas por el Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México en cumplimiento a lo ordenado en auto de veinticinco de marzo del año en curso, las que hace suyas. En atención a lo anterior, se le tiene ofreciendo como prueba de su parte, la siguiente: 1.- La documental consistente en copia certificada del escrito inicial de demanda, así como del auto de admisión que recayó al mismo en el juicio ejecutivo mercantil 39/2018, del índice del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México. La que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, por obrar en autos, se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza. Notifíquese por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de ocho días, para que las partes de impongan del informe justificado rendido por la Sala responsable transcurre del diecinueve al veintiocho de abril del año en curso; por lo que no es posible celebrar la audiencia constitucional que tendría verificativo hoy; en tales condiciones, se difiere y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por medio de lista a las demás partes.

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