Guillermo Hernández Ocampo

Expediente 376/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
376/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
20/04/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Hernández Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 376/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el tres de abril de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa ISRAEL ARTURO ALEMAN PÉREZ quien promovió por su propio derecho y en representación de la menor SOFIA BEATRIZ ALEMAN ARANDA, la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice:"...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1717/2017-III, promovido por Israel Arturo Alemán Pérez, por derecho propio y en representación de la menor Sofía Beatriz Alemán Aranda, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos; actuarios adscritos a dicho juzgado, así como de la Policía Municipal del Municipio de Jiutepec, Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Isael Arturo Alemán Pérez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos; actuarios adscritos a dicho juzgado y otras autoridades (fojas 03 a 13), que hizo consistir en: IV.- "ACTO RECLAMADO.- Del JUEZ TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS reclamo actos de molestia en mi domicilio tendientes a despojarme a través de la fuerza pública de mi menor hija SOFÍA BEATRIZ ALEMÁN ARANDA, sin tomar en consideración que el hoy quejoso promovió de demanda de guarda y custodia y alimentos definitivos a favor de mi menor hija, juicio que está radicado en los autos del expediente 547/2017-1 del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS; Por lo que la responsable a través de la fuerza pública policiaca del Municipio de Jiutepec, Morelos, pretende vulnerar mi domicilio y sustraer a mi menor hija, violentándose en mi perjuicio lo estipulado en el artículo 1 y 16 constitucionales" SEGUNDO. Por auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, se registró la demanda con el número 1717/2017-III y se previno a la parte quejosa para el efecto de que acreditara la representación de la menor Sofía Beatriz Alemán Aranda (fojas 31 a 33), mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil diecisiete (foja 41), en la oficialía de partes de este juzgado federal, el promovente de amparo subsanó la prevención impuesta por este juzgado. Seguida la secuela procesal, por auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 69 a 73), por lo que se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó notificar a la parte tercero interesada y, finalmente se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inició en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO: Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Orienta el criterio anterior la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido debe precisarse que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: El proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 627/2017-I, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto que se reclama al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos y actuario adscrito a dicho juzgado, pues así lo manifestaron al momento de rendir su informe justificado (fojas 105 y 173). Con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Policía Municipal de Jiutepec, Morelos, pues no obstante de encontrarse debidamente notificado de la existencia del juicio de amparo, omitió rendir su informe justificado (foja 172). Se confirma lo anterior con las fotocopias certificas que el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, adjuntó a su informe justificado, de las que se advierte que efectivamente por oficio 3387, solicitó a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Jiutepec, Morelos, el auxilio de la fuerza pública para que en apoyo de la fedataria de su adscripción desahogara una diligencia de carácter judicial (foja 137). Documental a la que se concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por tratarse de un documento público, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de los conceptos de violación aducidos, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, toda vez que éstas son de orden público y su estudio es preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en los artículos 62 y 74, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y atento a lo señalado en la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1985, quinta época, tomo parte VIII, página 262, de número de registro 395571, del rubro siguiente "IMPROCEDENCIA". Ahora bien, toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, y quien resuelve no advierte que se actualice alguna de ellas, se procede al estudio de fondo del asunto que nos ocupa. QUINTO.- GENESIS DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, antes de abordar el estudio del juicio de amparo, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que se advierten de las constancias que en fotocopia certificada remitió la autoridad responsable Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, al momento de rendir su informe justificado, a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al caso, en términos, de lo dispuesto por el diverso 2 de la Ley de Amparo, de las que se advierte lo siguiente: Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, en la oficialía de partes común del noveno distrito judicial, Mayte Aranda Hermosa, demandó a Israel Arturo Alemán Pérez, la guarda y custodia provisional y en su momento la definitiva de su menor hija Sofía Beatriz Alemán Aranda, la demanda fue turnada al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos (fojas 110 a 116). El Juez natural radicó la demanda en la vía de controversia familiar, bajo el número 627/2017-1 el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, y, en esa misma fecha decretó la medida cautelar de guarda y custodia provisional y depósito de la menor Sofía Beatriz Alemán Aranda, a favor de la hoy tercero interesada Mayte Aranda Hermosa, y que trató de ser ejecutada el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, por la actuaria a la autoridad responsable, resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo (fojas 117 a 120). El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, la parte demandada del juicio de origen, aquí quejoso, compareció ante el Juez natural a efecto de ser emplazado al juicio de controversia familiar (foja 146). SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO. Como una cuestión previa, es importante destacar la suplencia de la queja que se debe observar en el presente asunto, ello en atención a que implica la afectación de la esfera jurídica de un menor, lo cual es acorde a la tesis jurisprudencial 191/2005, sustentada por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, cuyo rubro es "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.". Al respecto, también resulta relevante el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte, en el sentido de que la suplencia de la queja de los menores de edad procede incluso cuando sin ser parte formal de un juicio pudieran resultar afectados por la resolución que en éste se dicte, contenido en la tesis aislada LXXV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página 161, cuyo rubro es "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.". En seguida, en suplencia de la queja se puntualiza el concepto de violación que expuso el quejoso en su escrito inicial de demanda de amparo, sin que sea necesario su trascripción para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, pero que se sintetizarán para su estudio; sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 164618, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En ese sentido el quejoso expuso que el acto reclamado carece de una debida fundamentación y motivación, pues con la resolución emitida por la autoridad responsable se le pretende privar de la convivencia con su menor hijo, cuando el padre y la madre tienen los mismos derechos para ejercer dicha función. Es substancialmente fundado y suficiente para otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con base a las siguientes consideraciones. El Máximo Tribunal del País ha establecido que el derecho humano de legalidad tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos y demás pretensiones deducidas oportunamente en el procedimiento, de tal forma que resuelva sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado además, que la determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Bajo esta perspectiva, para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el numeral constitucional, en él se deben citar los preceptos legal aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión; y, además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 238212, la cual se consulta en la página 143, Tomo 97-102 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época que se cita en seguida: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por tanto, es dable concluir que las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales deben cumplir con la adecuada fundamentación y motivación contenida ordenada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Ahora bien, la autoridad responsable al emitir la medida precautoria que hoy se combate, expuso en la parte que nos interesa lo siguiente: "Por lo que respecta a la medida provisional solicitada sobre GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL Y DEPOSITO, y, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 167 y 168 del Código Procesal Familiar aplicable, que señalan: ""ARTÍCULO 167.- ORDEN PÚBLICO DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN FAMILIAR. Todas las cuestiones inherentes a la familia se considerarán de orden público e interés social, por constituir la base de la integración de la sociedad. En todos los asuntos de carácter familiar tendrá intervención el Ministerio Público."" ""ARTÍCULO 168.- FACULTADES DEL JUEZ PARA INTERVENIR OFICIOSAMENTE. EN LOS ASUNTOS DEL ORDEN FAMILIAR. El Juez estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores e incapacitados y decretar las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros. ."" Por su parte el artículo 230 de la ley en cita prevé lo siguiente: ""ARTÍCULO 230.- OBJETO DE LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES. Las providencias cautelares se decretarán a petición de parte legítima, cuando exista un peligro de daño por el retardo en la ejecución de la sentencia definitiva y tendrán por objeto asegurar sus efectos."" El numeral 231 del ordenamiento legal invocado establece: ""ARTÍCULO 231.- VERIFICACIONES QUE DEBE LLEVAR A CABO EL JUEZ ANTES DE DECRETAR LAS PROVIDENCIAS. La apreciación de la existencia del peligro y de todas las circunstancias que motiven la providencia cautelar la hará el Juez, sin substanciación alguna, ni audiencia del deudor y sólo con vista de las alegaciones y de la justificación documental que presente el solicitante. El Juez debe decretar la medida cautelar con la urgencia necesaria para su eficacia. El auto que concede la providencia servirá de mandamiento en forma para que se lleve a efecto, conforme a las reglas de la ejecución forzosa."" Ahora bien, el precepto 238 fracción IV de la Ley Adjetiva Familiar, dispone: ""ARTÍCULO 238.- CASOS EN QUE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS PUEDEN DICTARSE. Las providencias precautorias podrán dictarse: IV. Para la determinación y aseguramiento de alimentos provisionales; V. Respecto de la separación, depósito de cónyuges y de menores, ya previstos como actos prejudiciales o al admitirse la demanda de divorcio, nulidad de matrimonio o pérdida de la patria potestad; y,"" Aunado a lo dispuesto por el artículo 259 del Código adjetivo antes citado, establece: ""ARTÍCULO 259.- URGENCIA PARA DETERMINAR Y ASEGURAR ALIMENTOS PROVISIONALES. En caso de urgente necesidad deberán decretarse alimentos provisionales hasta por el cincuenta por ciento del salario del deudor alimentista; para ello se tendrá en cuenta el número de acreedores que ejerciten su derecho. Cuando el deudor no perciba sueldo, los alimentos se cubrirán en cantidad líquida, que se fijará discrecionalmente por el Juez. En la diligencia de requerimiento de pago, si el deudor se negase a efectuarlo, se procederá al embargo y la venta de sus bienes."" Y si bien el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, lo cierto es que la norma constitucional reconoce un régimen propio en lo que se refiere a las cuestiones familiares, dado que al respecto puntualiza que la ley ordinaria ".protegerá la organización y el desarrollo de la familiar."; de lo cual se desprende claramente que en este aspecto, debe atenderse fundamentalmente, a las circunstancias específicas que se encaminen a proteger el desarrollo de la familiar, y toda vez que este juzgado no encuentra obstáculo alguno que ponga en riesgo la integridad física o moral de la menor es procedente decretar la GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL de la menor SOFÍA BEATRIZ ALEMAN ARANDA, a favor de MAYTE ARANDA HERMOSA, señalándose como domicilio de deposito." En el caso en concreto, se advierte que la resolución emitida el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, carece de una adecuada motivación por parte de la autoridad judicial responsable, pues si bien fundó la determinación emitida en diversos preceptos legales referentes a las providencias cautelares, de estos mismos artículos se advierte lo siguiente: El artículo 230 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, citado por la autoridad responsable establece cual es el objeto de las medidas cautelares, y dispone como tales que: 1.- Se decretarán a petición de parte legítima. 2.- Cuando exista un peligro de daño por el retardo en la ejecución de la sentencia definitiva y tendrán por objeto asegurar sus efectos. A su vez el artículo 231, del mismo ordenamiento legal dispone que las verificaciones que debe de llevar a cabo el Juez antes de decretar la providencia, y se dispone lo siguiente: 1.- La apreciación de la existencia del peligro y de todas las circunstancias que motiven la providencia cautelar la hará el Juez, sin substanciación alguna, ni audiencia del deudor y sólo con vista de las alegaciones y de la justificación documental que presente el solicitante. Ahora bien, de los artículos antes citados se advierte que el objeto de las providencias cautelares es asegurar la ejecución de la sentencia definitiva que en su caso se emita, cuando exista un peligro de daño o retardo en su ejecución. Dicha providencia se emitirá a petición de parte legítima, previo a ello, el juez debe de apreciar la existencia del peligro así como todas las circunstancias que motiven la providencia cautelar. Precisado lo anterior, se advierte que el juez al emitir la medida cautelar provisional de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, debió exponer los motivos que le generaron convicción del porqué considera que existe un peligro de daño o retardo en la ejecución de la sentencia que en su caso se emita en el juicio natural, y que motivaron la concesión de la medida cautelar. Lo anterior es así pues en la resolución emitida la autoridad responsable se limitó a manifestar que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que la ley protegerá la organización y desarrollo de la familia y, en consecuencia de ello expuso lo siguiente: " toda vez que este Juzgado no encuentra obstáculo alguno que ponga en riesgo la integridad física o moral de la menor, es procedente decretar la GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL de la menor SOFÍA BEATRIZ ALEMAN ARANDA, a favor de MAYTE ARANDA HERMOSA" De lo anterior se advierte que, el Juez natural efectivamente, no cumplió con la debida motivación que debe de contener todo acto de autoridad, pues debe existir para una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, y si bien citó los preceptos legales que fundan la providencia cautelar emitida, debió también de exponer de manera concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión de dicha medida precautoria, como lo exigen los preceptos legales 230 y 231 que citó en el proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, y no solamente exponer de manera dogmática que la procedencia de la medida cautelar era procedente por no encontrar obstáculo alguno que ponga en riesgo la integridad física o moral de la menor, más aun, pues en relación a lo anterior, tampoco manifestó como llegó a la convicción de que con dicha medida cautelar no se pone en riesgo la integridad física o moral de la menor. Máxime que el artículo 189 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, dispone que el juzgador deberá interpretar las disposiciones contenidas en dicho Código de manera tal que se otorguen los mismos derechos al varón y a la mujer, a excepción del derecho de los hijos menores de siete años de quedar al cuidado de su madre, siempre y cuando no se ponga en peligro la salud física o mental del menor, o se determine que ello es contrario al interés superior de la niñez para el propio juzgador. Por tanto, al resultar fundado el motivo de disenso, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Efectos de la sentencia de amparo. De manera que, para tutelar los derechos de legalidad y seguridad jurídica que deben revestir todo acto de autoridad procede conceder la protección de la Justicia de la Unión solicitada, para el efecto de que el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos: Deje insubsistente la resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Emita una nueva resolución en la que subsane los vicios de motivación, es decir, aprecie sí existe peligro hacia la menor, en caso de no otorgar la medida cautelar, o en su caso el posible retardo en la ejecución de la sentencia que en su caso se emita en el juicio natural, así como todas las circunstancias que motiven la providencia cautelar relativa a la guarda y custodia provisional de la menor Sofía Beatriz Alemán Aranda, y, una vez hecho resuelva con plenitud de jurisdicción. Concesión que debe hacerse extensiva al acto reclamado de la autoridad ejecutora, ya que se impugnaron en vía de consecuencia y no por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/12, del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se consulta en la página 41, tomo 55, julio de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que se cita enseguida: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Finalmente, el presente fallo constitucional no constriñe a la sala responsable a emitir la nueva resolución en sentido diverso al en que pronunció la resolución que es objeto de la protección federal, pero tampoco la obliga a resolver en el mismo sentido si no se encuentra en aptitud de fundar y motivar debidamente su decisión. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Séptima Época, de número de registro 238717, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 48, Tercera Parte, del siguiente rubro y texto: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, AMPARO EN CASO DE LA GARANTIA DE. Si el acto reclamado no es intrínseca y radicalmente anticonstitucional porque no evidencia en sí mismo la falta de norma alguna legal o reglamentaria que pudiera justificarlo (como sucedería, por ejemplo, respecto de un acto dictado sin competencia constitucional) para obtener, de modo indubitable, una conclusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto, que yendo más allá de su aspecto formal trascendiera al fondo, esto es, a su contenido, sería preciso hacer un estudio exhaustivo de todas las leyes y reglamentos, a fin de poder determinar si existe o no alguna disposición que le sirva de apoyo, estudio que no es dable realizar en el juicio de amparo. Llámese violación procesal o formal (los dos términos se han empleado indistintamente en la jurisprudencia, aunque el primero, en verdad, no con intachable propiedad) a la abstención de expresar el fundamento y motivo de un acto de autoridad, lo cierto es que tal abstención impide juzgar el acto en cuanto al fondo, por carecerse de los elementos necesarios para ello, pues desconocidos tales fundamento y motivo, los mismos no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna. La reparación de la violación cometida, mediante el otorgamiento del amparo, consiste en dejar insubsistente el acto formalmente ilegal; pero no juzgada la constitucionalidad del propio acto en cuanto al fondo por desconocerse sus motivos y fundamentos, no puede impedirse a la autoridad que emita un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, el cual, en su caso, podría reclamarse en un amparo, entonces sí, por violaciones de fondo concernientes a su fundamentación y motivación ya expresados. Si bien no puede impedirse a la autoridad que reitere el acto, con tal que lo funde y motive, tampoco puede obligársele a que haga su reiteración, pues si la propia autoridad encuentra que, ciertamente, el acto reclamado no podría apoyarse en irreprochables motivos y fundamentos legales, estará en aptitud de no insistir en el mismo. En consecuencia, la concesión del amparo contra un acto no fundado ni motivado únicamente constriñe a la responsable a dejarlo insubsistente, mas no a reiterarlo purgando esos vicios formales." Es necesario indicar que las jurisprudencias citadas en el cuerpo de esta resolución, en tanto que no se oponen a la vigente ley de amparo, son aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de la materia vigente, que prevé que precisamente, que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley: "..SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.". Por lo que con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Israel Arturo Alemán Pérez, por derecho propio y en representación de la menor Sofía Beatriz Alemán Aranda, contra el acto emitido por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, precisado en el considerando segundo, en virtud de las razones y para los efectos expuestos en el considerando último. Notifíquese personalmente. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entro en vigor el uno de noviembre del dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIME TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores de este juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio 2071 signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual devuelve el cuaderno principal del juicio de amparo 803/2017-I, promovido por Godofredo Federico Goettsch Fanjon, y el testimonio de la ejecutoria emitida en la sesión de nueve de marzo de dos mil dieciocho, en los autos del amparo en revisión 310/2017, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se ordena a la Juez Segundo de Distrito REPONGA EL PROCEDIMIENTO, a efecto de que dé cumplimiento a lo ordenado en la parte final del presente fallo." En mérito de lo anterior, agréguese el cuaderno de antecedentes, y remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo del juicio de amparo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 310/2017, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, se provee lo siguiente: Se deja insubsistente la sentencia emitida el trece de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y se ordena reponer el presente procedimiento en términos de la ejecutoria de cuenta. Con fundamento en el último párrafo del artículo 16 de la Ley de Amparo, se requiere a INES ALEJANDRA CARBALLIDO ORTÍZ, en su carácter de representante legal de la parte quejosa, para el efecto de que bajo protesta de decir verdad, manifieste el fallecimiento o no del directo quejoso, y en su caso proporcione los datos necesarios para ese efecto, o su testimonio respecto del acta de defunción exhibida para acreditarlo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se resolverá lo conducente de acuerdo al artículo 242 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DÍA ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Gírese oficio a las autoridades responsables, haciéndoles de su conocimiento la continuación del presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Laura Yanzín González Ceballos, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos, para que obren como legalmente corresponda, los oficios por los que rinden su informe justificado las siguientes autoridades responsables: 1) Fiscal General del Estado de Morelos (por conducto del Director General de la Unidad Jurídica); 2) Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos; 3) Encargado de Despacho de la Dirección de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal Metropolitana; 4) Encargado de Despacho del Grupo de Presentaciones e Investigaciones de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos; 5) Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Atención Temprana, Sector Central-Juicios Orales (denominación correcta de la señalada como Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana); 6) Director de la Policía de Investigación Criminal Metropolitana; 7) Fiscal Regional Metropolitana; y, 8) Director General de Investigaciones y Procesos Penales Zona Metropolitana. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9o de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a las personas propuestas para tal efecto y, como domicilio, el que indican, siempre que se trate de su residencia oficial. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Laura Yanzín González Ceballos, que autoriza y da fe.

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