Guillermo Hernández Montiel
Expediente 674/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Guillermo Hernández Montiel
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera recurrido el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, Punto 2, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DIAS, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió como anexos en la demanda que dio origen a este asunto, apercibido que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE, POR HABER SEÑALADO LOS ESTRADOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, LA RESOLUCIÓN QUE DICE: Agréguese a los autos la demanda de amparo signada por GUILLERMO HERNÁNDEZ MONTIEL, contra actos de la Secretaría de Energía, en la Ciudad de México y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención a su contenido, se provee:..se ordena formar el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 674/2021-II, que es el que le correspondió...De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la que se analizará a continuación...Así, del análisis efectuado al libelo constitucional que se provee, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo...En efecto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...Por su parte, la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la citada legislación, señalan lo siguiente: ...Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general...El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley...A su vez, el artículo 5°, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de esa Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general...En tanto que la fracción I, del numeral 1° de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..En el caso concreto, como se dijo, el quejoso reclama la suspensión del servicio de energía eléctrica, realizado en el domicilio ubicado en Avenida Libertad, número 18, colonia Zona Centro, código postal 94250, municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, respecto del número de servicio...por parte de personal de Comisión Federal de Electricidad, y, el cobro de la multa por la cantidad de $5,236.00 (cinco mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional)...De ahí que, en la especie, se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que la autoridad responsable no tiene tal carácter para efectos del juicio de amparo...Se sostiene lo anterior, puesto que la responsable al proceder al corte del suministro de energía eléctrica, actúa en un plano de coordinación con el impetrante, en su calidad de suministradora del servicio de energía eléctrica, al tenor del contrato de adhesión que tienen celebrado con el usuario, el cual no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa, de ahí que tal acto forma parte de esa relación comercial, por lo que la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil...Para demostrar lo anterior, es preciso puntualizar los conceptos de autoridad responsable, acto de autoridad y la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, también se debe tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación surgen entre desiguales y son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En el particular, cabe afirmar que la relación jurídica entablada con motivo de los actos reclamados, consistente en el cobro de una multa y la suspensión del servicio de energía eléctrica en el domicilio del quejoso ubicado en Avenida Libertad, número 18, colonia Zona Centro, código postal 94250, municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, respecto del número de servicio 848711000274, efectuado por la autoridad Comisión Federal de Electricidad, desde el punto de vista de los tipos de relación, se ubica dentro de las denominadas de coordinación que, como se ha visto, excluye la idea del "acto de autoridad que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación. Pues incluso el propio quejoso señala que su padre Antonio Hernández Vázquez (finado) era titular del contrato con Comisión Federal de Electricidad respecto del servicio de suministro de energía eléctrica, siendo actualmente el quejoso quien se encarga de realizar el pago respectivo; lo que se corrobora con el acta de defunción y aviso recibo que exhibe. En esas condiciones, toda vez que esas cuestiones tendientes al suministro de energía eléctrica son de naturaleza comercial ya que están directamente relacionadas con el contrato de prestación de servicio de suministro de energía eléctrica celebrado con Comisión Federal de Electricidad, por ello, las controversias suscitadas ente las partes deben ventilarse en la vida ordinaria mercantil, ya que son de naturaleza materialmente mercantil, y no en una instancia extraordinaria de amparo. En este sentido, queda de manifiesto el vínculo contractual que existe entre el solicitante de amparo y la que señala como responsable; en consecuencia, la controversia que plantea la promovente, en todo caso, se debe ventilar en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses de particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquellas los jueces y Tribunales del orden común...En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser impugnado en la vía Constitucional del amparo indirecto, al no emanar de autoridades con carácter de responsables para efectos del juicio de amparo; es decir, no se trata de actos que hubieran sido emitidos en ejercicio de su imperio o sus atribuciones de mando, que por ley le resultare ineludible su aplicación; ni mucho menos se trata de un acto que implique que en ejercicio de las facultades, de forma unilateral, hubiere creado, modificado o extinguido situación jurídica alguna que afecte la esfera legal de la solicitante de amparo; sino que se trata de actos relacionados con los derechos y obligaciones derivados del contrato de suministro de energía eléctrica que proporciona Comisión Federal de Electricidad, por lo que se trata de cuestiones formal y materialmente mercantiles, ya que la entidad señalada como responsable actuó en carácter de proveedor de un servicio y no como ente gubernamental y se insiste, en todo caso, tales cuestiones deben ser atendidas y resueltas por la autoridad judicial que corresponda. Con base en lo expuesto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de la Materia....Al quedar debidamente acreditada la aludida causa de improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es dable desechar la demanda de amparo promovida por GUILLERMO HERNÁNDEZ MONTIEL, por su manifiesta e indudable improcedencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.)...Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, pues así lo señaló en su escrito de demanda..Toda vez que la parte promovente solicita la consulta vía internet del presente expediente a través del nuevo portal que el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición para tal efecto; Al respecto, dígasele que no resulta procedente autorizar dicho acceso, atendiéndose a que el nombre de usuario (AmadoSerrano2520) no se encuentra registrado en el Sistema de Reporte de Autorizados para Consultar Expediente Electrónico...Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias.
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