Guillermo Hernández Hernández
Expediente 557/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/10/2017
Partes del expediente
- Guillermo Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictada dentro del presente juicio de amparo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Tribual de Arbitraje del Estado de Puebla, resolviera el incidente de nulidad promovido por la parte demandada dentro del expediente laboral D-285/2015 y ordenara se notificara personalmente a las partes. Asimismo, acordara las pruebas ofrecidas dentro del juicio natural. Asimismo, mediante oficio recibido el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con tal documento, mismo que se le notificó el veinte del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió remitió copias certificadas de la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral D-285/2015, en la que declaró procedente la incidente de nulidad promovido dentro del indicado expediente, así como la constancia de notificación a las partes. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la cultura jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda para su guarda definitiva, el cual será susceptible de depuración, en el entendido de que, este asunto se tramito sin incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por oficio recibido el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, el Magistrado representante de los Trabajadores y Magistrado representante del Estado, ambos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, remitieron copia certificada de la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral D-285/2015, en la que declaró procedente la incidente de nulidad promovido dentro del indicado expediente, así como la constancia de notificación a las partes; en consecuencia, se le tiene dando cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. Por lo que, con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio del Magistrado representante de los Trabajadores y Magistrado representante del Estado, ambos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral D-285/2015, así como la constancia de notificación a las partes; en consecuencia, se le tiene haciendo gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que concedió la protección constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días dé cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final de la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, a saber: ".lo cual conduce a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de manera inmediata, contado a partir de que sea requerida del cumplimiento de esta sentencia, en su caso, resuelva el incidente de nulidad promovido por la parte demandada dentro del juicio laboral y ordene, por supuesto, al actuario de su adscripción para que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la emisión de esa resolución, la notifique personalmente a las partes, recabando las constancias de notificación respectivas. Lo anterior se extiende al acto consistente en la omisión de la responsable de acordar las pruebas ofrecidas dentro del juicio natural, pues dictada la aludida resolución, el tribunal responsable deberá acordar lo que corresponda en relación con el material de prueba ofrecido dentro de ese juicio laboral." Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la citada autoridad responsable, en términos de la jurisprudencia visible en la página 3515, Libro IV, Tomo 4, enero de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cabal cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecisiete y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se informa a la responsable que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a la responsable requerida que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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