Guillermo Heráclito Codina Aranda

Expediente 565/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
565/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Heráclito Codina Aranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos y al expediente electrónico el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que comunica el acuerdo dictado el trece de julio de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo 677/2023 de su índice, a través del cual solicita se habilite el presente juicio de amparo, para que se encuentre en aptitud de consultarlo vía electrónica. En atención a su contenido, se ordena al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, hacer disponible el expediente electrónico de este asunto para su consulta, vía interconexión, al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; lo anterior, a efecto de que pueda consultar la información y constancias que le resulten necesarias para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual solicita una prórroga para dar cumplimiento al requerimiento formulado en autos. En esas condiciones, se concede a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la prórroga solicitada, para que dentro del plazo de seis días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento al requerimiento formulado en autos, apercibida que de no cumplir con dicho auto, se hará efectivo el apercibimiento ahí decretado Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada el cinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja Q.A. 257/2022, en la que interesa, determinó lo siguiente: ".En las relatadas condiciones, al haber resultado fundado el agravio del recurrente, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, se revoca el auto recurrido de once de mayo de dos mil veintidós y se determina que por ser notoria e indudable la improcedencia del amparo, por ende, se ordena al juzgado de Distrito desechar la demanda, en los términos indicados en esta resolución. .ÚNICO. Es fundado el recurso de queja..." Acúsese el recibo de estilo al Tribunal oficiante, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese lo anterior a las partes la ejecutoria de mérito para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, en la ejecutoria de cuenta, el Tribunal de Alzada determinó revocar el auto recurrido de once de mayo de dos mil veintidós y desechar la presente demanda en los siguientes términos: De lo transcrito se colige, además de lo explicado, que el principio de definitividad impone el deber a los quejosos de agotar previamente al amparo, los medios de defensa ordinarios previstos en la ley del acto, a virtud de los cuales puedan privar de efectos o dejar insubsistentes las determinaciones que asuman como violatorias de derechos fundamentales, incluso cuando se trate de actos emitidos después de dictada la sentencia definitiva, siempre que constituyan la última determinación o sean de imposible reparación, una vez agotados los recurso ordinarios. Tal principio de definitividad se justifica porque el amparo es un medio de control constitucional extraordinario y excepcional, por ello procede solamente cuando las instancias o medios de defensa legales ordinarios no logren la insubsistencia o privación de efectos de los actos violatorios. Dicho principio admite distintas excepciones, a saber: I. Cuando el medio de defensa ordinario no prevea la suspensión de los actos con los mismos alcances que dispone la Ley de Amparo. II. Cuando la ley que rige el medio de defensa ordinario exija mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. III. Cuando el plazo para otorgar la suspensión sea mayor en el medio ordinario de defensa que en el juicio de amparo. IV. Si el acto reclamado carece de fundamentación. V. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. VI. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Otras excepciones al principio de definitividad se sustentan en criterios jurisprudenciales vinculantes, Atendiendo a estas premisas, en el caso, los autos que se reclaman en el amparo son dos proveídos dictados en el incidente de liquidación tramitado después de emitida la sentencia definitiva en el juicio de nulidad de origen, en los cuales la responsable hace efectivo el apercibimiento al actor, ahora quejoso, de tener por no desahogada la vista ni aportados los elementos de prueba que pudiera disponer para la liquidación respectiva. Dichos acuerdos se emitieron en el trámite de ese incidente, es decir, antes de dictar la resolución interlocutoria respectiva. Como se adelantó, tales acuerdos son determinaciones de trámite del incidente que al haber sido emitidos por el magistrado instructor son recurribles en la instancia ordinaria, a través del recurso de reclamación, conforme al artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual dispone: "Artículo 59. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del Magistrado Instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la Sala o Sección respectiva, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate. Conforme a lo transcrito, en el caso, los acuerdos dictados por el magistrado instructor en el trámite de un incidente de liquidación, en donde tiene por no desahogadas las vistas y por ello establece que el actor no aportó pruebas para la liquidación, es impugnable en reclamación, dentro de los días siguientes a que surtiera efectos la notificación de dichos proveídos, medio de defensa del conocimiento de la Sala o Sección respectiva, a través del cual era factible revocar o modificar los acuerdos mencionados y dejar en posibilidad del demandante de aportar pruebas en esa incidencia. Por tal motivo, el quejoso estaba compelido a interponer dicho medio de defensa ordinario, antes de intentar el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, no lo hizo y ante ello el juicio constitucional deviene improcedente, en tanto no se actualiza alguna de las excepciones referidas en párrafos precedentes. Lo anterior debido a que del contenido de los proveídos reclamados se colige que en ellos la autoridad responsable que los emitió (Primer Secretaria de Acuerdos en suplencia del Magistrado Instructor de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa), precisó el fundamento y la motivación de sus acuerdos, al citar como apoyo el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y como razón de hecho la circunstancia de que se hizo apercibimiento a la parte ACTORA quien no lo desahogó, pese a la notificación del proveído de 3 de noviembre de 2021 donde se le hizo el requerimiento; a virtud de lo cual determinó que tomaría en cuenta únicamente los elementos existentes en autos para la cuantificación de la indemnización. Además, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se prevé la suspensión de los actos con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos a lo dispuesto en la Ley de Amparo. Tampoco se prevé un plazo más amplió para otorgar la suspensión. Esto con independencia de si es o no procedente la suspensión en el caso concreto, pues esa situación incide en la factibilidad de la medida, pero no actualiza alguna de esas excepciones al principio de definitividad. Luego, si además como se evidenció los acuerdos no carecen de fundamentación ni de motivación, ni se alegan exclusivamente la violación directa a la Constitución. Además, el medio de defensa ordinario está previsto en la ley citada no en un reglamento. Luego, si no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad y el recurso de reclamación es un medio idóneo para revocar, modificar o dejar insubsistente los acuerdos de trámite reclamados, entonces se actualiza un motivo notorio y manifiesto de improcedencia del juicio constitucional, que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo conducen a desechar de plano la demanda. Máxime si esos proveídos son intraprocesales en los que sólo se hace efectivo un apercibimiento al demandante, por no atender y desahogar el requerimiento del magistrado, por ello determina que el incidente de liquidación se resolverá con los elementos demostrativos existentes en autos, lo cual implica que no existe determinación alguna sobre el fondo de la cuantificación y que los actos procesales podrían no incidir en lo que se determine de fondo, además de trascender esos acuerdos al sentido de la interlocutoria correspondiente, el demandante podrá reclamar esa resolución en amparo indirecto y alegar en su caso las irregularidades procesales cometidas, de proceder conforme a derecho. Así las cosas, al resultar fundado el recurso de queja del INSTITUTO RECURRENTE, debe declararse fundado el recurso de queja y determinar que la demanda de amparo intentada es notoriamente improcedente porque, en contra de los actos reclamados no se agotó el principio de definitividad, en tanto los autos de trámite combatidos en esta instancia eran impugnables en reclamación, conforme al artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin que se hubiere agotado esa instancia ordinaria previamente. No se pasa por alto a este tribunal colegiado, lo aducido por el quejoso, en el sentido de que no procedía el recurso de reclamación en contra de los acuerdos reclamados, según afirma, al tratarse de acuerdos dictados en un incidente en la etapa de ejecución de sentencia; lo anterior debido a que esas aseveraciones carecen de sustento, en tanto el recurso de reclamación mencionado no está acotado a los acuerdos dictados en el trámite del juicio principal, la previsión de dicho medio de defensa se establece para todo acuerdo emitido por el magistrado instructor en forma general, sin que exista previsión de improcedencia respecto de las determinaciones emitidas después de dictada la sentencia definitiva y en la fase de ejecución o cumplimiento. Máxime si se considera que un incidente de liquidación tiene naturaleza autónoma, deriva del juicio natural de nulidad y como medios accesorios al mismo, están sujetos a los medios de defensa ordinarios establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por ello el recurso de reclamación sí procede en contra de las determinaciones intraprocesales dictadas en el incidente de liquidación..." En ese sentido, y acatando lo ordenado por la superioridad, con apoyo en el artículo 113 de este ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Guillermo Heráclito Codina Aranda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, trece de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que fueron señaladas las once horas con diez minutos del día en que se actúa, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Sin embargo, de autos se advierte que se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja interpuesto por el tercero interesado Coordinador Jurídico de Fiduciario y Liquidación de Activos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en contra del proveído de once de mayo de dos mil veintidós, medio de impugnación del que correspondió conocer al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo radicó bajo el toca Q.A. 257/2022; por ende, no podrá llevarse a cabo la audiencia constitucional; en consecuencia, resérvese señalar nueva fecha de audiencia constitucional, hasta en tanto se emita resolución en dicho recurso de queja. Notifíquese.

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