Guillermo Guzmán Gutiérrez

Expediente 659/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 49 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
659/2020
Año
2020
Actuaciones
49
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Guillermo Guzmán Gutiérrez
  • Guillermo Guzmán Gutiérrez y Otros.
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 54.- Comitán de Domínguez, Chiapas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se informe el destino que se le dio al oficio 144/2021 de veintitrés de agosto del año en curso, con número de guía MN299810698MX entregado por la Administración Regional en Tuxtla Gutiérrez del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad. Acuerdo. Al efecto, hágase del conocimiento a la autoridad federal oficiante que, mediante guía MN299810698MX con fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno, según sello de recibido por este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio 181/S/2021 de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, signado por la Jueza de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con el que devolvió sin diligenciar el despacho 182/2021, número de orden 137/2021 del índice de este juzgado, el cual se envió para emplazar a juicio al tercero interesado ...

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.Promociones. Téngase por recibidos los oficios 51/ADMVO-III y 52/ADMVO-III, dirigidos al Magistrado y Actuario adscrito del Tribunal Unitario Agrario Distrito 54, ambos con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, que devuelve el Administrador del Servicio Postal Mexicano, por los motivos que expone al reverso de los sobres. Reenvío de oficios. Atento a su contenido, y tomando en consideración el Acuerdo 23/2021 del Pleno del Tribunal Superior Agrario por el que se modifica la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios Distritos 3 y 4 con sede en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Estado de Chiapas y 29, con sede en Villahermosa, Estado de Tabasco y el término en sus funciones del Tribunal Unitario Agrario Distrito 54, con sede en Comitán de Domínguez, Estado de Chiapas; y a fin de evitar mayores dilaciones en el presente juicio de amparo, reenvíese las citadas misivas 51/ADMVO-III y 52/ADMVO-III; así como los diversos 194/ADMVO-III Y 195/ADMVO-III de veintitrés del presente mes y año, al Tribunal Unitario Agrario Distrito 3 con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veintitrés de febrero de dos mil veintidós.Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido por alguna de las partes. Causa estado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. En consecuencia, archívese el presente como asunto concluido. Destrucción. En otra tesitura, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se sobresee en el presente juicio de amparo. Transferencia. Igualmente, una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21; y hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Relevancia documental. Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Finalmente, este órgano jurisdiccional no se pronuncia respecto a la conservación de los cuadernos incidentales, en razón de que no se solicitó la suspensión del acto reclamado, y por consiguiente, no se ordenó su apertura. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Estado Procesal. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que, en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (foja 441-442), se le requirió a la parte quejosa lo siguiente: a) Que dentro del plazo de veinte días contados a partir de su legal notificación, compareciera ante este juzgado a recibir los edictos respectivos ordenados en el aludido proveído, a efecto de emplazar a juicio a los terceros interesados ... con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, se le tendría por desinteresado en su perjuicio de la prosecución y se sobreseería el presente asunto. b) Asimismo, se le hizo de su conocimiento que, en caso de no cumplir con lo anterior, tenía el derecho de manifestar la imposibilidad que tuviera para cumplir con el requerimiento indicado. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior, y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, no obstante la vista otorgada en auto de veinticuatro de noviembre del año en curso, la parte quejosa fue omisa en exhibir la publicación de edictos ordenados en el presente juicio, así como, de manifestar la imposibilidad para cubrir con dicha carga económica. En consecuencia, como el promovente de amparo incumple con un presupuesto procesal, que se erige como formalidad esencial del procedimiento y hace que este órgano judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, toda vez que con la omisión en recibir los edictos para su publicación, paraliza el juicio de amparo a su arbitrio, dado que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, lo cual no es atribuible al juzgado federal, sino al propio quejoso; así, debido a que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley, y no esté pendiente su resolución por decisión de una de las partes, en este caso del impetrante de amparo. En esas condiciones, se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Guillermo Guzmán Gutiérrez, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que les decretó". Ello es así, porque la fracción y artículo anteriormente mencionado, incorporó expresamente como una causa autónoma de sobreseimiento la omisión injustificada de la quejosa de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, cuando deba emplazarse por ese medio a los terceros interesados. Aunado a que, ante la omisión de desahogar la vista otorgada en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se le informó a la promovente de amparo que estaba en posibilidad de comunicar si tenía alguna imposibilidad para sufragar el costo de las publicaciones ordenadas, demuestra desinterés para continuar con la secuela procesal del presente juicio. Al caso, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. [Registro digital: 164074. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2010. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 416. Tipo: Jurisprudencia] Lo anterior es así, debido a que la finalidad de ordenar el emplazamiento del tercero interesado mediante la publicación de edictos, tal como lo establece el artículo 27 (fracción III de la Ley de Amparo (una vez agotada la búsqueda del domicilio), es la de proteger el derecho de audiencia del tercero interesado, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, encuentra sustento en el siguiente criterio: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento. [Registro digital: 2006232. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época. Materias(s): Constitucional, Común. Tesis: 1a./J. 4/2014 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 729. Tipo: Jurisprudencia] Audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, debiendo comunicarse a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

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