Guillermo Gopar Reyes
Expediente 1426/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1426/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Guillermo Gopar Reyes
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Finalmente, el suscrito juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
Por recibido el oficio 1558/2017-A, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con residencia en esta Ciudad, mediante el cual remite el escrito suscrito por la quejosa Ma. Del Refugio Márquez Hernández, mediante el cual promueve incidente de suspensión y/o modificación a la suspensión, en consecuencia, se ordena agregar a los presentes autos el escrito de cuenta y, previo a acordar lo conducente respecto al incidente de suspensión y/o modificación a la suspensión interpuesto, de conformidad con lo que disponen los artículos 66 y 67, de la Ley de la materia, se requiere a la parte promovente, para que dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, exhiba cuatro copias más de su escrito mediante el cual promueve incidente de suspensión y/o modificación a la suspensión, toda vez que no anexó copias del escrito de cuenta, para ser distribuidas entre las partes de la siguiente manera: una para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, una para el tercero interesado y una más para el expediente en que se actúa, toda vez que se tramita por duplicado; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del citado lapso se tendrá por no interpuesto dicho incidente.
- Principal
Se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, que en su parte conducente dice: Colima, Colima, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías promovida por GUILLERMO GOPAR REYES, contra actos de la SALA MIXTA CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA. Regístrese en el libro de juicios de amparo de este juzgado, bajo el número 1426/2017-VI-N. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por lo que se desecha de plano la misma en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, en el toca 1045/2017, formado con motivo del recurso de apelación promovido por Pedro Escoto Arceo, autorizado del aquí quejoso, en contra del auto de veinte de febrero del año en curso por el que se desechó la pericial en materia de genética molecular (ADN), misma que refiere le fue notificada el veintitrés de septiembre del año en curso. En tanto que, el numeral 13 de la Ley de Amparo, antes transcrito, señala que el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y del documento que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730, Tomo X, septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De ahí que el suscrito juez, estima es improcedente la tramitación del juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." La causal en comento consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Bajo esa tesitura, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 13, 139-144 primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los siguientes requisitos: 1. Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y, 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, el primero se colma del contenido de la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, y de la que se desprende que el acto reclamado en la demanda que se analiza, resulta ser el la resolución interlocutoria de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, en el toca 1045/2017, y que le fuera notificado el veintitrés de septiembre del año en curso. El segundo, que le cause un agravio a los quejosos, éste quedó satisfecho, pues refieren que en la fecha señalada en el párrafo que antecede, la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, desechó la pericial en materia de genética molecular (ADN) a fin de obtener la muestra de sangre necesaria para probar la existencia de lazos consanguíneos entre padre e hijo, lo que indiscutiblemente le agravia. Siguiendo con el análisis, en lo que respecta al tercer requisito, que establece que los agraviados se hayan conformado con el acto reclamado, esto es, que no hayan instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de igual manera se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 citado, establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente de aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; a aquél en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, a aquél en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente de aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente de aquél que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente de aquél en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, emitida de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época Materia Común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Aquí debe aclararse que el impetrante de amparo tuvo conocimiento del acto que por esta vía se combate, desde el veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, en que fue notificado de la resolución emitida en el toca 1045/2017 que confirmó el auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete por el que se desechó la pericial en materia de genética molecular (ADN) ofertada. En esa tesitura, el término para promover el juicio de amparo indirecto para el aquí quejoso Guillermo Gopar Reyes, transcurrió del veintiséis de septiembre al dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, descontando los días treinta de septiembre, uno, siete ocho, doce, trece, catorce y quince de octubre de dos mil diecisiete; por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, del sello de recepción que contiene la demanda de amparo, se desprende que ésta fue presentada el veinte de octubre del año en curso; en esas condiciones, se aprecia que el promovente presentó la demanda de amparo dos días después de vencido el plazo para promover la instancia constitucional, con lo que es más evidente su extemporaneidad. A mayor abundamiento, el acto que reclama en modo alguno se trata de aquéllos que se encuentran dentro de alguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término genérico de quince días, dado que no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Y tampoco se trata de una sentencia definitiva o laudo y resolución que ponga fin al juicio en donde el agraviado haya sido citado legalmente para el juicio y se encuentre fuera del lugar del mismo pero dentro de la república o que residiere fuera de ella. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal para que la demanda se promueva en cualquier tiempo, o contra los derechos individuales de ejidatarios o comuneros. Aunado a lo anterior, la resolución dictada el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, en los autos del toca 1045/2017, que confirma el auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete, que desecha la pericial en materia de genética molecular (ADN), a criterio del suscrito, opera además la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), debido a que la misma no es un acto de imposible reparación que pueda combatirse en la vía constitucional. A fin de evidenciar la diversa causa de inejercibilidad del juicio de garantías, que el suscrito estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, mismos que estatuyen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como puede apreciarse del arábigo trascrito en primer término (61, fracción XXIII), señala que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercibilidad resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO .- Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". Por su parte, el segundo de los numerales (artículo 107, fracción V), prevé que para la procedencia del juicio de garantías es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación. Por estos debe entenderse aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directa e inminentemente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la libertad, las posesiones o derechos; así a guisa de ejemplo, se tiene que el tiempo en que una persona permanezca privada de su libertad o de alguna de sus posesiones; piénsese el caso de una persona que se vea privada del uso de un vehículo que es su medio de trabajo, o de la convivencia que un padre pierda al no tener relación con su hijo en caso de una limitación de custodia, o aquel al que se irrumpe en su derecho a la privacidad al abrirle su correspondencia, son derechos que no podrán ser resarcidos, ni aún con que pudiera llegar a obtener un fallo favorable, ya que la afectación o sus efectos a tales derechos de que todo ser humano goza, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia que satisfaga sus pretensiones en el juicio; esta delimitación permite distinguir tales derechos de aquellos en los que las consecuencias de la posible violación padecida se extinguen en la realidad al obtener una sentencia favorable, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, esa es la nota distintiva que el legislador toma en cuenta para orientar el criterio del juzgador para denotar qué actos dentro de juicio son de imposible reparación, que ameritan la pronta intervención del juez federal para remediar el agravio padecido. Tiene apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada bajo el número 3ª./J.43 29/89, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL . De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Sobre ese tenor, los altos tribunales de la Nación han creado una doctrina alrededor de los actos ocurridos dentro de juicio que causen a la persona una afectación de imposible reparación, en principio debe tratarse de actos judiciales, luego, estos deben darse dentro de una contienda, que dicho sea de paso, para efectos del juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia ejecutoriada. Ahora bien, hay diversos actos realizados en juicio que tienen ejecución irreparable, porque la afectación que producen no se destruye con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en dicho juicio, en cambio existen otros, que sólo producen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, de manera que cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos o quedan borrados, sin que subsista una afectación en los derechos fundamentales o en la esfera jurídica del gobernado. El concepto de irreparabilidad a que se refiere la ley tiene una connotación más profunda, no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento, son reclamables, en juicio de amparo indirecto, lo que desde luego desvirtuaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo reservada como medio extraordinario de defensa tutelar del orden constitucional. De la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución dictada el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, en los autos del toca 1045/2017, que confirma el auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete, que desecha la pericial en materia de genética molecular (ADN), no reviste las características que deben contener los actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que en el caso, sus efectos son meramente procesales, pues sólo trae como consecuencia que continúe el juicio por las demás etapas legales y se dicte la resolución que ponga fin al juicio de desconocimiento de la paternidad, circunstancia que no incide en los derechos sustantivos del quejoso, tutelados por las garantías individuales, puesto que no se le priva de sus propiedades, posesiones o derechos, ni se le afecta en su patrimonio; por tanto, la violación que reclama puede tener remedio si obtiene fallo (resolución final del citado juicio) favorable a sus intereses, y de no ser así, podrá alegarla a través del amparo directo como violación procesal en términos de los artículos 170, 171, 172, fracción III y XII de la Ley de Amparo. Por tanto, de manera indudable se estima que además, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), todos de la Ley de Amparo. Por analogía, tiene sustento en la jurisprudencia 37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 39, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Así como la diversa tesis publicada en la página sesenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Sexta Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, que a la letra dice: "PRUEBAS. ADMISIÓN O RECHAZAMIENTO DE LAS. NO CAUSAN UN GRAVAMEN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando al formular una demanda de garantías se señala como acto reclamado la admisión o rechazamiento ilegal de pruebas en un procedimiento civil, tal acto no configura la hipótesis del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de garantías indirecto por causarse un gravamen de imposible reparación, ya que dichos actos están comprendidos dentro de las violaciones al procedimiento a que se refieren los artículos 158, 159, 160 y 161 de la ya invocada Ley de Amparo, y que por lo mismo sólo pueden ser impugnadas a través del juicio de garantías, cuando se promueva la demanda en contra de la sentencia definitiva que llegare a pronunciarse. El anterior razonamiento no implica violación ni contradicción alguna entre el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Carta Magna, pues en este último se establece la procedencia del amparo directo, respecto de las violaciones a las leyes del procedimiento cometidas durante la secuela del mismo, siempre que afecten a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, presupuesto dentro del que quedan comprendidas los citados resultados actos reclamados". En mérito de lo anterior, se actualizan los presupuestos contemplados en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por ello, lo procedente es desechar la demanda de garantías, al evidenciarse de manera plena las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo del artículo 61, ambos de citada ley. Da sustento a lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931, Tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En el entendido de que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, Marzo de dos mil doce, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías". Se tienen como autorizados de la parte quejosa, en los términos que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Pedro Escoto Arceo y Salvador Tirado Vargas, debido a que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su demanda de amparo. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
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