Guillermo Gonzalo Servin Montero
Expediente 1540/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 19 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1540/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Guillermo Gonzalo Servin Montero
Actuaciones
- Principal
Recepción. Se tiene por recibida la demanda promovida por *******, por derecho propio, contra actos de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1540/2023-V. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. Del análisis integral efectuado a la misma, se advierte que el amparo se promovió contra la autoridad y por el acto que se precisan a continuación: -La sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca 762/2023-001, del índice de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que confirmó el auto de dos de octubre de este año, dictada por el Juez Trigésimo Quinto Civil de Proceso Escrito del tribunal referido, en el juicio ordinario civil 21/2023, que tuvo por contestada la demanda reconvencional promovida por el aquí quejoso. Partiendo de esa base, la suscrita juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista establecida en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados o convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyas consecuencias ya no pueden repararse en el curso del procedimiento del que derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que daña de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus resultados pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia respectiva, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso combatirlos en la vía de amparo que corresponda. Así, los actos procesales que sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el destinatario obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo benéfico a sus intereses. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la legislación aplicable, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación determinar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que fue taxativo al señalar en que consiste dicha cuestión jurídica. Conforme a lo expuesto, el acto aquí combatido, por su naturaleza, carece de tales efectos, pues se trata de una actuación procesal que no tiene consecuencias materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad de que la resolución que ponga fin al procedimiento, sea favorable al quejoso, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado el acto reclamado desaparecerían, pues sólo serían de carácter formal o adjetivo, que inciden en la conducta que ha tomado en el procedimiento de primer grado con vista a obtener un fallo favorable. Por tanto, si el acto combatido en el presente juicio lo constituye la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca 762/2023-001, del índice de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que confirmó el auto de dos de octubre de este año, que tuvo por contestada la reconvención hecha valer por el aquí quejoso. Es inconcuso que dicha determinación no constituye un acto dentro del procedimiento natural cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo ocasiona consecuencias de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén de que no priva del derecho de defensa a las partes, ni altera las cuestiones debatidas y existe la posibilidad de que al resolverse en definitiva el procedimiento, obtenga resolución favorable a los intereses del impetrante. Así, no obstante que, como acontece en el presente caso, se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de alguna determinación autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo se aduce violación a tales derechos, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que perjudiquen materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna, tratados o convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier consecuencia a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues tiene que tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos judiciales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que afecte su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Además, el Alto Tribunal ha puntualizado que acorde a la Ley de Amparo, sólo la violación de derechos sustantivos o de afectación material al gobernado, son considerados de imposible reparación; y, en el caso, la determinación que aquí se combate no afecta materialmente tales prerrogativas, puesto que no se restringe o suprime algún derecho de esta naturaleza o priva de ellos. Al respecto resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006589, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". En ese sentido, se insiste, que el amparo indirecto solamente procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que vulneren materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental, tratados o convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier menoscabo a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues tiene que tratarse de una afectación material o directa; lo que en el caso no sucede, como se ha visto. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1947, Libro 19, junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009302, que establece: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)". Habida cuenta que, se insiste, se trata de violaciones intraprocesales, las cuales pueden ser resarcidas en la sentencia que ponga fin al procedimiento respectivo, la cual, de serle desfavorable, estará en aptitud de impugnar por medio del recurso ordinario previsto en la ley aplicable, o bien, en la vía de amparo que corresponda, de considerar que dicha violación trascendió al resultado del fallo. Por tanto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues es requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que la afectación de esos derechos sea material y debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en la esfera jurídica del quejoso, lo que no acontece. Los razonamientos expuestos y el fundamento jurisprudencial aplicado ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia invocada en el presente controvertido, la cual resulta indudable, habida cuenta que no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos invocados y en el numeral 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa. Con apoyo en el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el ubicado en ************. Autorizados. Conforme a la certificación de cuenta, se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada a ***** y *********, al contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; asimismo, respecto a los diversos profesionistas que menciona, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos de acuerdo con la última parte del segundo párrafo del precepto legal invocado. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Proporciona correo electrónico y número telefónico. No ha lugar a tener el correo electrónico y número telefónico que proporcionan como medio oficial para recibir notificación, en virtud de que el artículo 26 de la Ley de Amparo, únicamente contempla que las notificaciones se llevarán a cabo de manera personal, por oficio, por lista y por vía electrónica a las partes que así lo soliciten expresamente, pero para que sean realizadas en la última vía mencionada es necesario que previamente proporcionen el nombre de usuario y que expresamente soliciten dicha notificación electrónica; por lo que las notificaciones vía telefónica, o bien, vía correo electrónico, no son medios de comunicación procesal contemplados en la referida ley. Medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones será responsabilidad de quien las obtenga, así como de quien otorgue dicha facultad. Habilitación de horas y días inhábiles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente así´ se practiquen. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Ti´tulo Tercero de la Ley General de Proteccio´n de Datos Personales en Posesio´n de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federacio´n el veintise´is de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes debera´n manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahi´ sen~alados, en el entendido que la falta de oposicio´n conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresio´n de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la u´ltima ley en cita. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Integración del expediente. De igual manera, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese personalmente al quejoso. MESA* V
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