Guillermo González Pacheco

Expediente 698/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
698/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2018

Partes del expediente

  • Guillermo González Pacheco
  • Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el auto de referencia.... se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de ser destruido....

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, la diligencia actuarial suscrita por la licenciada Olga Palacios Monterrosa, actuaria judicial adscrita a este Juzgado, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso Pedro Contreras González, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Cinco Oriente, con sede en la Congregación de Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, toda vez que se negó a bajar de su estancia. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por lista de acuerdos, que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista de acuerdos el citado proveído. Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Guillermo González Pacheco, Uriel Meneses Guzmán, Pedro Contreras Gonzalez y Jonathan Meneses Guzmán, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en la Congregación de Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz y otras autoridades. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 698/2018/V-B. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo . Toda vez que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", . Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa Guillermo González Pacheco, Uriel Meneses Guzmán, Pedro Contreras Gonzalez y Jonathan Meneses Guzmán, promueven el presente asunto, contra la negativa por parte de las autoridades penitenciarias de entregarles una gorra. Expresiones las anteriores que, para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. .Precisado lo anterior, es de advertirse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el promovente antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Los artículos 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevén que el Procedimiento Administrativo, mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden interponerlo a su favor sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, en el que pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Asimismo, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme con el nuevo sistema penal acusatorio. En el caso concreto, los promoventes Guillermo González Pacheco, Uriel Meneses Guzmán, Pedro Contreras Gonzalez y Jonathan Meneses Guzmán, como se dijo, solicitan el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que las autoridades penitenciarias les proporcionen una gorra a fin de que puedan cubrirse de los rayos del sol. Por lo tanto, se concluye que este juicio es improcedente porque los promoventes antes de acudir a la instancia de amparo debieron agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través del mismo, es posible lograr que las autoridades responsables se pronuncien respecto de su petición y, en su caso, formular controversia ante el juez de ejecución, máxime que no se actualiza algún caso de excepción al citado principio. En consecuencia, de DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual dice remitir las constancias con las que acredita haber dado cumplimiento al fallo protector; sin embargo, deberá estarse a lo proveído en auto de veintitrés de julio pasado, donde se tuvo por cumplida la sentencia amparadora emitida en este Juicio.

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