Guillermo González Jiménez
Expediente 5/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Guillermo González Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, según su arábigo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo ha causado ejecutoria... en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido...Asimismo, requiérase a las autoridades responsables foráneas, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes al en que se notifiquen del oficio que contiene el presente acuerdo, acusen recibo del mismo vía telegráfica y/o electrónica, a fin de que se integre debidamente el juicio y estar en aptitud legal de enviarlo al archivo definitivo; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término indicado, se les aplicará una medida de apremio por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, en términos del numeral 237, fracción I, en relación con el 259, de la ley de la materia.
- Principal
En Acapulco de Juárez, Guerrero, a las once horas con cincuenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia pública Benjamín Galván Chávez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de juez, por licencia del Titular, en términos del artículo 43, párrafo segundo, en relación con el 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión ordinaria celebrada el tres de febrero de dos mil veintiuno, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, notificada mediante oficio SEPLE./GEN./001/325/2021, quien actúa asistido de Anel Hernández Mejía, secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Abierta dicha audiencia, la secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, auto admisorio, informes justificados de las autoridades responsables, constancias de notificación a las partes, y demás documentales que obran en el sumario. Asimismo, hace constar que, por acuerdos de veinticinco de enero y once de febrero del año en curso, se dejó de tener como autoridades responsables al Juez Segundo de Paz del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares y al Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero. El Secretario en funciones de Juez, acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que anteceden para los efectos legales a que haya lugar, en la inteligencia que al haberse tenido como inexistente a las autoridades antes precisadas, en la sentencia que al efecto se emita, el suscrito no se pronunciará respecto de los actos atribuidos a ellas. Cobra aplicación en lo conducente al caso, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cincuenta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo veintinueve, marzo de dos mil nueve, novena época, materia común, de rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." PERÍODO PROBATORIO Abierto el período probatorio, la secretaria hace constar que ninguna de las partes allegó medios de pruebas en este expediente. El Secretario en funciones de Juez, acuerda: al no haber ofrecido las partes medios de convicción, se declara cerrado este periodo. PERÍODO DE ALEGATOS Enseguida se apertura la etapa de alegatos y la secretaria hace constar: que las partes no hicieron uso de tal derecho, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento. El Secretario en funciones de Juez, acuerda: toda vez que las partes no hicieron uso del derecho de formular alegatos, ni el Fiscal Federal adscrito, exhibió pedimento legal alguno, se declara cerrada la etapa. Con lo anterior, se tienen por realizadas las etapas de la audiencia constitucional y se procede al estudio de las constancias para dictar la sentencia que en derecho proceda. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 5/2021; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito recibido el doce de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y turnado el día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: A).- ORDENADORAS.- Ciudadanos Jueces: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal; así como los Ciudadanos Jueces Primero y Segundo de Paz del Ramo Penal; todos del Distrito Judicial de Tabares, con residencia oficial (.), Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, con domicilio en: Boulevard René Juárez Cisneros, (.), Chilpancingo, Guerrero; Ciudadano Agente Determinador o Titular de la IV Agencia del Ministerio Público del fuero Común, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Especializado en Delitos Sexuales y violencia Intrafamiliar, con domicilio (.), Ciudadano Fiscalía General del Estado de Guerrero, Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (Especializada en Despojo), del Distrito Judicial de Tabares, con Domicilio (.), Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, con domicilio (.). B).- Ciudadanos Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero "SECTOR JARDÍN", (.), Ciudadanos Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero "SECTOR MOZIMBA", (.), Ciudadanos Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero "SECTOR BARRIOS HISTORICOS", (.), Ciudadanos Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero "SECTOR CENTRAL", (.), Ciudadanos Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero "SECTOR COSTA AZUL", (.), Ciudadanos Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero (Especializada en Despojo) del Distrito Judicial de Tabares, (.), Ciudadanos Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (.). IV.- ACTOS RECLAMADOS.- DE LAS ORDENADORAS.- A).- El de la acción penal en contra del suscrito, consistente de la orden de aprehensión supuestamente girada en mi contra, y que sería ilegal porque en ningún momento fui notificado que existía alguna averiguación previa en mi contra y mucho menos me mandaron un citatorio, violando con ello mi garantía de audiencia que todo Gobernado tiene según nuestra carta magna, porque no fui oído ni vencido en juicio. B).- La orden de aprehensión girada en mi contra del hoy quejoso la cual se impugna de inconstitucional. C).- De las autoridades, tanto Ordenadoras como Ejecutoras, reclamo, la Privación ilegal de mi Libertad, que llegue a realizar, a través de cualquier orden verbal o escrita de detención, búsqueda o presentación, en detrimento de mi libertad personal; así mismo, les reclamo los malos tratos, Vejaciones, o golpes que me pretendan inferir a mi persona la autoridades responsables, tanto ordenadora, como ejecutoras, y que ejecuten o que lleguen a ejecutar, por si o a través de cualquier agente de la autoridad a su servicio. DE LAS EJECUTORAS.- La privación de mi libertad que se realice en cumplimiento a la ejecución de dicha orden de detención y aprehensión. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman infringidos. La parte inconforme señaló como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. en proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, registrándose con el número de expediente 5/2021; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención al Fiscal Federal de la adscripción; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en por los ordinales 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, el cual entró en vigor el día de su aprobación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como, el Acuerdo General 36/2020, que modificó aquél, en virtud de que, el acto reclamado debe tener ejecución dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la ley de mérito, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia es: La orden de aprehensión; y, su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra del ocurso constitucional, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso, se estima aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, Titulares de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares; Juez de Paz en Materia Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, en su denominación correcta, Ministerio Público de Unidad de Investigación (Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar), agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Especializada en Delitos de Despojo), Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a los sectores Barrios Históricos, Jardín, Mozimba y Costa Azul, estos con residencia en esta ciudad, y del Fiscal General del Estado, por conducto del Director General Jurídico adscrito a esa misma Fiscalía y Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, encargado de la Coordinación Regional Zona Centro de la Policía Ministerial del Estado, en su denominación correcta, ambos con residencia en Chilpancingo, Guerrero. Lo anterior, pues al rendir sus respectivos informes justificados, negaron expresamente la existencia de los actos aquí reclamados, tal como se advierte de ellos, sin que el quejoso haya aportado prueba apta para desvirtuar tales negativas o para acreditar la existencia de los actos reclamados. Ahora bien, dichas negativas correspondían desvirtuarlas al quejoso, en razón de que es principio general del derecho que los actos negativos no son materia de prueba, por lo que en este caso, se arroja la carga respectiva al agraviado, en términos del arábigo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley, cuyo texto previene que la parte actora debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos, no así la negativa de hechos porque evidentemente no existe materia que probar. Por ende, es claro que en el caso concreto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el precepto 63, fracción IV, de la ley de la materia, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia visible en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete - dos mil, tomo seis, materia común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis, consultable en la página novecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos, tomo quince, materia común, Novena Época, que reza: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se estima procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del ordinal 63, fracción IV de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El sobreseimiento de mérito se hace extensivo al acto reclamado a los Coordinadores de Zona de la Policía Investigadora Ministerial del Estado, adscritos al sector Central y a la Agencia Especializada en Delitos de Despojo, ambos con sede en esta ciudad, de los que no obran en autos su informe justificado, no obstante haber sido debidamente notificados, pues así se advierte de las constancias de notificación que obran en autos; sin embargo, no es el caso presumirles cierto el acto que se les reclama, ya que fueron señalados con el carácter de ejecutoras, y al haber negado la existencia de la orden de aprehensión reclamada las autoridades ordenadoras, es evidente que no pueden ejecutar una orden inexistente. Esta determinación encuentra apoyo, además, en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página setenta y tres, tomo nueve, del Semanario Judicial de la Federación, febrero de mil novecientos noventa y dos, materia común, Octava Época, cuyos título y texto son: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero aquellas a quienes se les atribuye haber ordenado el acto lo niegan, es incuestionable que no pudieron ejecutar una orden inexistente, y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo." También cobra aplicación la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página trescientos diecisiete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo décimo tercero, marzo de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, Octava Época, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Es verdad que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto reclamado cuando la autoridad responsable no rinda su informe sin justificación; sin embargo, tal disposición no tiene aplicación en el caso de que la autoridad ordenadora niegue el acto que se le atribuye y que la omisa sea sólo ejecutora, siempre que no se reclamen a esta última tales actos por vicios propios, porque es incuestionable que no puede cumplir una orden inexistente." Sin que obste a lo anterior, que a la fecha se encuentre transcurriendo el término de la vista que se le dio a las partes con el informe justificado que rindió el Director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, encargado de la Coordinación del Sector Costa Azul, con residencia en esta ciudad, puesto que fue señalado en su carácter de autoridad ejecutora, y el sobreseimiento decretado no causa agravios al inconforme ni se le priva de su derecho de defensa, al no haber desvirtuado con prueba alguna la negativa de las autoridades ordenadoras de la existencia de la orden de aprehensión reclamada; de ahí, que ningún sentido práctico tendría diferir la audiencia constitucional, dado que el sentido de la resolución del presente fallo sería el mismo. Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los preceptos 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la invocada ley; se, R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, precisados aquéllos y éstas en el resultando primero. SEGUNDO. Incorpórese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la versión pública de la presente sentencia, así como los datos de registro que se requieren para garantizar el derecho a la información.
- Principal
...agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, encargado de la Coordinación de Zona del Sector Costa Azul, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, con éste, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del precepto 117 de la invocada ley.
- Principal
...agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios del Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado y del Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, encargado de la Coordinación Regional de Zona Centro de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, este último, en su denominación correcta, ambos con sede en Chilpancingo, mediante los cuales rinden informe justificado, con éstos, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del precepto 117 de la invocada ley. Por otro lado, se tiene a la primera de las autoridades responsables informando que en el organigrama de esa Fiscalía, no existe el Procurador General de Justicia del Estado; por tanto, se le tiene por inexistente y se ordenan suspender las subsecuentes notificaciones por cuanto a esta autoridad se refiere. Se tienen como delegados de su parte, conforme al ordinal 9° de la citada ley, a las personas que designan. Desde otro aspecto, por lo que ve a la causa de sobreseimiento que hacen valer, ésta será analizada cuando se emita la sentencia, en términos de lo dispuesto por el numeral 65 del referido ordenamiento legal, toda vez que, sólo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización. Finalmente, hágase saber al encargado de la captura de expedientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la anotación correspondiente de la denominación correcta del Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, encargado de la Coordinación Regional de Zona Centro de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero. Para dar margen a lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional, y para que tenga verificativo se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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