Guillermo González Cinco
Expediente 300/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Guillermo González Cinco
- Instituto de Estudios Superiores Aduanales, Sistema Educativo Universitario Azteca Tapachula, Sociedad Civil, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el quince de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia, sin que hicieran manifestación alguna, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***; y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: 1. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, Punto 8.1.2. apartado 1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al haberse sobreseído fuera de audiencia este expediente es DESTRUIBLE en un plazo de tres años; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previsto en el artículo 15 del referido Acuerdo General 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el archivo de trámite a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la diligencia de comparecencia del quejoso ***, practicada el catorce del mes y año en curso, de la que se advierte que el referido quejoso en presencia judicial manifestó que reconoce y ratifica el escrito presentado el siete de octubre pasado, en el que desistió del presente juicio de derechos; por lo que, se concluye que la voluntad expresada con antelación por la parte agraviada de promover esa contienda ha cesado y por lo tanto ante esa manifestación ya no existe esa instancia de parte requerida para la tramitación del juicio constitucional. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda válidamente desistir en cualquier momento con la sola declaración de voluntad. En ese orden de ideas, y debido a que del contenido de la diligencia que antecede se advierte que en comparecencia de catorce de los actuales, el quejoso ***, en presencia de este juzgador desistió de la demanda amparo, se concluye que la voluntad expresada con antelación por la parte agraviada de promover esta contienda, ha cesado; por tanto, ante esa manifestación ya no existe esa instancia de parte requerida para la tramitación del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 39, visible en la página 681, del Tomo I, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. Si durante la tramitación del juicio de amparo el quejoso desiste expresamente de la demanda que interpuso, procede sobreseer el juicio constitucional con apoyo en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo.". También resulta aplicable la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 147, del Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000 que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio de desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistirse de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". En atención a lo expuesto, con apoyo en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin necesidad de la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cobra aplicación, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Los criterios citados con antelación se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dichas tesis de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente con respecto a los temas que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las catorce horas con treinta minutos del tres de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus denominado "COVID-19".
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito, signado por el quejoso --, a través del cual manifiesta que ratifica su petición de desistirse del presente juicio de amparo. Al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su solicitud, toda vez que la ratificación del escrito de desistimiento, presentado ante este juzgado el siete de octubre del año en curso, la debe de realizar ante la presencia judicial, es decir, ante el actuario judicial adscrito en el acto de la notificación, o bien, acudir a las instalaciones que ocupa este juzgado, debiendo estarse a lo ordenado en auto de ocho de octubre del presente año, para generar la cita respectiva; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no formulado el desistimiento y se continuará con el procedimiento en este asunto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 295, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." (Énfasis añadido) Finalmente, debe decirse que el criterio que se cita y que interpreta la Ley de Amparo abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se aponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tal criterio de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, por medio del cual manifiesta que desiste de la demanda de amparo en que se actúa. En consecuencia, comisiónese al actuario judicial adscrito, para que en el acto de la notificación ponga a la vista del quejoso el escrito de cuenta y lo requiera a efecto de que manifieste si ratifica o no el escrito citado, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no formulado el desistimiento y se continuará con el procedimiento en este asunto. En caso de no entenderse la diligencia con el directo quejoso y tomando en consideración los artículos 3, 4 y 6 todos del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá de agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" en el apartado "Agenda OJ", para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, comparezca ante este órgano jurisdiccional, con domicilio ubicado en predio rústico denominado "Huerto Santa Isabel", carretera Cantón Murillo Km. 0+450, Tapachula, Chiapas, con una identificación oficial vigente y manifieste si ratifica o no el escrito de cuenta. En la inteligencia que dicha cita deberá ser en el horario que se asignó a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en el turno vespertino como jornada presencial, teniéndose como horario de entrada las 13:15 horas y como horario de salida las 19:15 horas, ello de lunes a viernes; además, es importante enfatizar que dicho horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad. Además, una vez señalada la cita a este órgano, deberá de comparecer en la fecha y hora que haya hecho la cita, apercibiéndolo que, en caso de no presentarse en dicha fecha, como se precisó anteriormente, se continuará con el procedimiento en este asunto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 295, del contenido siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión." Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XI, abril del 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 147, que señala lo siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Debe decirse que la aplicación de las tesis citadas, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dichas tesis de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente y por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Diferimiento anticipado de audiencia constitucional. Ahora, de autos se advierte que se encuentran señaladas las trece horas con cuarenta minutos del once de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, tomando en consideración lo que se advirtió en párrafos que anteceden, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional dejándose sin efectos la fecha y hora antes señalada y en su lugar se fijan las catorce horas con treinta minutos del tres de noviembre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a las autoridades responsables.
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