Guillermo Gerardo Rodríguez Manzano
Expediente 692/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Guillermo Gerardo Rodríguez Manzano
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el acuerdo de cuatro de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 20, fracción IV, porque se desechó la demanda; por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 20, párrafo antepenúltimo. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo, pues no los exhibió. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de garantías promovida por ********************, contra actos de agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Margarita de la Fiscalía General del Estado de Puebla; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************. DESECHAMIENTO Ante todo, debe puntualizarse que el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señala como autoridades y actos reclamados los siguientes: III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son en este caso: A. Como autoridad ordenadora: CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN MARGARITA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio ubicado en CAMINO AL BATÁN, NÚMERO DOCE 12, COLONIA SANTA MARÍA LA CALERA, DE ESTA CIUDAD CAPITAL DE PUEBLA. B. Como autoridad ejecutora: EL CIUDADANO DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio ubicado en BOULEVARD HÉROES DEL CINCO DE MAYO, Y TREINTA Y UNO ORIENTE, S/N, COLONIA LADRILLERA DE BENÍTEZ, DE ESTA CIUDAD CAPITAL DE PUEBLA. IV. EL ACTO RECLAMADO: En este caso reclamo: A. A la autoridad ordenadora: CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, ADSCRIPTO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN MARGARITA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, le reclamo LA ILEGAL ORDEN DE BÚSQUEDA APREHENSIÓN Y DETENCIÓN EMITIDA EN MI CONTRA. B. A la autoridad ejecutora: AL CIUDADANO DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, le reclamo LA ILEGAL ORDEN DE BÚSQUEDA APREHENSIÓN Y DETENCIÓN, QUE PRETENDE EJECUTAR EN MI CONTRA. De lo anterior se desprende que el quejoso ******************** reclama al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Margarita de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la orden de búsqueda, aprehensión y detención. Sin embargo, del análisis integral de la demanda es dable concluir que tales actos son atribuidos al fiscal que designó como responsable y que el acto que realmente le atribuye el peticionario del amparo es la emisión de alguna orden de presentación, a fin de que comparezca a rendir una entrevista dentro de alguna carpeta de investigación. En efecto, al tomar en consideración las facultades legales de la autoridad ministerial señalada como responsable, ello permite afirmar que esta sólo pretende recabarle declaración al inconforme en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridad ministerial, no puede visualizarse una orden de aprehensión porque esta corresponde en forma exclusiva a autoridades judiciales, sin que alguna hubiera sido señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación emitida por una autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el artículo 129 y demás del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial no implica en sí misma la restricción de la libertad, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Máxime que la actuación de la autoridad ministerial al emitir una orden de presentación no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación se emite con el propósito de que el indiciado comparezca ante el fiscal investigador, sin que ello implique la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho a la persona indiciada, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistada en la carpeta de investigación, aquella puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad a la persona imputada de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación ministerial no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos criminosos, aun cuando ello es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Conforme a lo anterior, respecto a la orden de presentación reclamada al agente del Ministerio Público se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: :. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos respecto de los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, debido a que como se dijo la orden de presentación emitida por el agente del Ministerio Público señalado como autoridad responsable no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, sino únicamente constituye un acto de investigación Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales , el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Así como que de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación con fines de investigación y su consecuente ejecución, constituyen actos dentro de un procedimiento que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]" En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. AUTORIZADA Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que cita en su escrito de demanda, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, lo que se constató por este juzgado JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales en el domicilio indicado en su demanda. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO No se tiene señalado para recibir notificaciones el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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