Guillermo Gaytán Ramírez

Expediente 38/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
38/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
30/01/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Gaytán Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    -Cumple requerimiento- Visto el oficio del Jefe de Departamento Contencioso de la Delegación Estatal en Aguascalientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el cual cumple con el requerimiento de once de abril del presente año, al que anexa copia simple de diversas constancias, para los efectos conducentes. (IV)

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diez de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Se hace constar que no obran documentos originales ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente.(VII)

  4. Principal

    Se notifica por lista al quejoso, proveído de diez de enero dos mil dieciocho...Ahora bien, en su capítulo de hechos, manifestó en lo conducente: "1.- En el año 2012, se inició el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por la C. Patricia Ramirez Moreno en contra de (.), recayendo en el expediente 1387/2012 del índice del entonces Juzgado Séptimo Mercantil, hoy Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes, y en el cual el suscrito tenia el carácter de Endosatario en Procuración. 2.- Por auto de fecha quince de Febrero del año dos mil nueve, dicha autoridad aprobó cesión de derechos y tuvo como nueva parte actora a Juan Eduardo Ramírez Olmos, mismo auto que obra a fojas 62 de los autos del juicio en comento. 3.- Es el caso que en escrito de fecha 28 de Enero del año 2015, Juan Eduardo Ramírez Olmos cedió el treinta por ciento de los derechos del juicio señalado al suscrito Guillermo Gaytán Ramirez (.), mismo que fue ratificado en comparecencia de fecha 29 de enero del año 2015 por Juan Eduardo Ramírez Olmos (.), y al cual recayó un auto de fecha 10 de Febrero del año 2015 donde se tiene al suscrito como cesionario del treinta por ciento de los derechos que correspondan dentro del juicio señalado (.). 4.- Luego entonces, el suscrito tengo junto con Juan Eduardo Ramírez Olmos la calidad de parte actora, toda vez que este ostenta el setenta por ciento de los derechos del mencionado juicio, y el suscrito el treinta por ciento. 5.- Resulta que con fecha 3 de Enero del año en curso, el suscrito tuve conocimiento que relacionado con el expediente 1387/12 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes, se tramitaba el Cuaderno de Amparo 157/17, con motivo del trámite de un Amparo, mismo Cuaderno de Amparo que no me fue permitido el acceso, toda vez que el suscrito no soy parte. 4.- (sic) El suscrito al desconocer la tramitación del amparo en comento y no serme permitido el acceso al cuaderno de amparo, investigué en la página de internet del Poder Judicial Federal y en efecto, el mencionado (.), promovió el juicio de amparo indirecto numero 1202/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, municipio del mismo nombre en el Estado de Guanajuato, en contra de actos del Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes, realizados éstos en los autos del juicio 1387/2012, y en el cual se dictó un auto en fecha 15 de Diciembre del año 2017, mismo que señala: 'Agréguese a los autos sin diligenciar el exhorto 319/2017-II (427).- Del análisis de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 1387/12, se desprende que la autoridad responsable tuvo a Juan Eduardo Ramírez Olmos, como parte actora, en razón del endoso en propiedad realizado el dos de abril de ese año.- En esa tesitura, es evidente que Guillermo Gaytán Ramírez, no tiene el carácter de tercero interesado, por lo que a partir de este momento se le deja de considerar como tal.- Sin que sea necesario acordar algo relativo al tercero interesado Juan Eduardo Ramírez Olmos, toda vez que en proveído de veintiocho de noviembre, se le tuvo compareciendo al juicio.-' 5.- (sic) Es el caso que con dicha determinación se me deja de considerar como tercero interesado y por tanto no se me emplazó al juicio de amparo indirecto, me deja en completo estado del indefensión ya que desconozco el fondo del asunto al no haber sido emplazado legalmente al juicio y al no ser parte en el mismo, no puedo interponer los recursos que la Ley de Amparo prevé para los terceros interesados dentro del Juicio de Garantías, violando con ello mis derechos humanos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia pronta y expedita, por lo que acudo a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión en contra de los actos y de las autoridades que se señalan en el presente." Las anteriores manifestaciones constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo. Luego, este juzgador estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]." Como es de verse, el precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio biinstancial en contra de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo, siendo que en el caso concreto, el quejoso hizo consistir el acto reclamado en la determinación del Juez Cuarto de Distrito del Estado de Guanajuato, de desconocerle el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo indirecto 1202/2017-II de su índice. Sin embargo, la autoridad responsable Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Guanajuato al dictar sus resoluciones conforme a su jurisdicción constitucional, lo hace dentro de un juicio de amparo; luego, la determinación respecto a quién recae el carácter de tercero interesado forma parte del procedimiento del juicio de amparo indirecto, por tanto se colige que no es factible la impugnación de dicho acto en esta vía, pues ésta tiene por objeto proteger y preservar el régimen constitucional, mediante la protección de los derechos fundamentales (prerrogativas reconocidas a las personas por la Constitución y los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano forma parte), sin que sea dable estimar que los actos dictados dentro un procedimiento de amparo, violen tales derechos a favor de los gobernados, pues se insiste, la protección y preservación de los mismos es precisamente la función que se ejerce mediante el juicio constitucional. Resultando aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 41/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 453, que es del tenor literal siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." (énfasis añadido) Máxime que, en su caso, contra la determinación reclamada, en la que se desconoce el carácter de tercero interesado al hoy quejoso en el diverso controvertido constitucional del que emana la instancia que aquí se intenta, es impugnable a través del recurso de queja, previsto en el inciso d) de la fracción I, del artículo 97 de la Ley de Amparo. Sin que al estimarlo así, se vulnere el derecho humano a un recurso eficaz, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con lo dispuesto en los ordinales 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que admitir lo contrario generaría inseguridad jurídica, pues el propósito del establecimiento de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las resoluciones dictadas en un juicio de amparo diverso, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo. Es ilustrativa de lo antes expuesto, en lo conducente, la tesis XLIX/2017 (10a.) de la Segunda Sala, observable con el registro 2014019, en la página 1391 del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." Consecuentemente, es improcedente el juicio de amparo indirecto, contra los actos en comento, actualizándose la causa de inejercitabilidad, prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor; luego, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente.(VII)

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