Guillermo Garduño Aguilar
Expediente 842/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Guillermo Garduño Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
JIHM *DEVOLUCIÓN DE ACTUARIO/EJECUTORIA SOBRESEE CON DOCUMENTOS-ARCHIVO* EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO LA NOTIFICACION PERSONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE FECHA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, A LA PARTE QUEJOSA, QUE EN SU EXTRACTO DICE: VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE A LA FECHA SE HAYA INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS, EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS... SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN... EL PRESENTE ASUNTO NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL... SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA LEGAL NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, SE CONSTITUYA EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO A RECOGER LOS DOCUMENTOS DE QUE SE TRATA, APERCIBIDA QUE... PREVIAS LAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL LIBRO DE GOBIERNO, SE ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATA COMO CONCLUIDO, AL ARCHIVO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA SU RESGUARDO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MESA II *EJECUTORIA SOBRESEE CON DOCUMENTOS-ARCHIVO* VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE A LA FECHA SE HAYA INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS, EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS... SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN... EL PRESENTE ASUNTO NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL... SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA LEGAL NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, SE CONSTITUYA EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO A RECOGER LOS DOCUMENTOS DE QUE SE TRATA, APERCIBIDA QUE... PREVIAS LAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL LIBRO DE GOBIERNO, SE ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATA COMO CONCLUIDO, AL ARCHIVO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA SU RESGUARDO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
JIHM *DEVOLUCIÓN DE ACTUARIO/PRECLUYE DERECHO A LA PARTE QUEJOSA* EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO LA NOTIFICACION PERSONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, A LA PARTE QUEJOSA, QUE EN SU EXTRACTO DICE: VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA FUE OMISA EN DESAHOGAR EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL EN PROVEÍDO DE FECHA. EN CONSECUENCIA, SE DECLARA PRECLUÍDO SU DERECHO PARA HACERLO; POR ENDE, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL AUTO DE REFERENCIA Y SE CONTINUA CON LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO ATENDIENDO A LA LITERALIDAD DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 842/2018-II, promovido por Guillermo Garduño Aguilar, por propio derecho, contra actos de la Jefa Delegacional en Álvaro Obregón; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y turnado al día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, Guillermo Garduño Aguilar, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que se precisan a continuación: (foja 2). "III. Autoridad Responsable: Jefa Delegacional en Álvaro Obregón. IV. Acto Reclamado: silencio administrativo." SEGUNDO. El quejoso refiere que se vulnera en su perjuicio su derecho fundamental contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y manifestó que en el presente asunto no existe tercero interesado. TERCERO. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se radicó la demanda en el libro de gobierno con el número de expediente 842/2018-II y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo se requirió al promovente para que precisara el acto reclamado (fojas 6 a 10). Por escrito presentado el veintiséis de julio del año en curso (foja 14), el quejoso aclaró lo siguiente: ". el cual lo hago consistir en la omisión de dar contestación a mi escrito presentado el seis de junio de dos mil dieciocho." CUARTO. Por auto de veintisiete de julio de dos mil dieciocho (fojas 15 a 17), se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la participación que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. El trece de septiembre del año en curso (fojas 34 a 36), la autoridad informó que por minuta número DAO/DGG/DSP/344/2018, de diez de agosto de dos mil dieciocho (foja 33), contestó la petición planteada, en consecuencia con ella se dio vista al quejoso a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la respuesta obtenida (fojas 34 a 37). SEXTO. En proveído de diez de octubre de la presente anualidad, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, esto es, se tuvo por precluido el derecho del quejoso para señalar como acto reclamado el comunicado número DAO/DGG/DSP/344/2018, de diez de agosto de dos mil dieciocho (foja 33), y seguida la secuela procesal la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y culmina con el dictado de esta sentencia, y. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dada la naturaleza del acto que por esta vía reclama el promovente del amparo. SEGUNDO. Ahora bien, a efecto de impartir una recta administración de justicia y cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, que establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados; en ese contexto, se desprende que el acto que reclama el justiciable en esta instancia constitucional a la autoridad responsable, es el siguiente: La omisión de dar contestación a la petición presentada el seis de junio de dos mil dieciocho. TERCERO. Por técnica jurídica se procede al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad, con lo señalado en la jurisprudencia número XVIII.2°.J/10, publicada en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, cuyo texto y rubro establecen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La Jefa Delegacional en Álvaro Obregón, al rendir su informe con justificación (fojas 27 a 29) negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito petitorio recibido el seis de junio de dos mil dieciocho, manifestando: ".mediante diverso DAO/DGG/DSP/334/2018 de 10 de agosto de 2018, que en su original se anexa el Director de Seguridad Pública en Álvaro Obregón, giró sus apreciables instrucciones para que se notificara personalmente al hoy quejoso, las acciones realizadas respecto a su petición." Precisado lo anterior, recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la carga de la prueba cuando se reclaman actos cuya naturaleza es negativa, como en la especie, corresponde a la autoridad responsable, acreditar que respetó el derecho fundamental que el promovente estima violado, pues de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión, ya que no está al alcance del gobernado probar las omisiones o hechos negativos determinantes de la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Es aplicable la Tesis I.4o.A.7 K, de la Novena Época, visible en la página 449 del Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del rubro y texto siguiente: "ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. DIFERENCIA ENTRE. La esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de autoridad a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Por ende contrario a lo afirmado por el recurrente debe decirse que los actos cuya existencia fue negada por las autoridades responsables, no tienen el carácter de negativos como lo pretende el inconforme, pues no consisten en un rehusar a hacer algo por parte de las autoridades responsables en favor de lo solicitado por el gobernado, de ahí que la carga de la prueba correspondía al quejoso, es decir que éste tenía el deber de acreditar la existencia de los actos reclamados, conforme con la máxima de derecho que señala que "El que afirma debe probar"." Con el objeto de determinar si en la especie se actualiza lo previsto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es verificar si existe en el sumario medio de convicción que así lo acredite. De las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte lo siguiente: Por escrito presentado el seis de junio de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes de la Jefatura Delegacional Álvaro Obregón, Guillermo Garduño Aguilar, le informó a la citada autoridad que una persona que es dueño de varios vehículos utiliza la calle para estacionarlos, así como para la reparación mecánica y de hojalatería, lo cual obstruye la libre circulación de vehículos y por lo tanto infringe en perjuicio de los vecinos el derecho humano de libertad de tránsito consagrado en el artículo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que solicita su intervención para que la Jefatura Delegacional a su cargo haga las revisiones e inspecciones correspondientes a los vehículos de transporte público "(matriculas 0150223 y 0150089)" y la ruta quince, para que se libere la circulación de vehículos en las calles por razones de protección civil (fojas 3 a 5). Con el oficio DAO/DGG/DSP/344/2018, de diez de agosto de dos mil dieciocho, se da contestación al escrito de petición (foja 33). Acuse de recepción de Martha Cristina Cruz, del comunicado dirigido a Guillermo Garduño Aguilar en el domicilio señalado para tal efecto en el escrito de petición, se advierte que el trece de agosto del año en curso a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, fue entregada la contestación (foja 33). En ese orden de ideas, si se toma en consideración que el quejoso presentó su demanda de amparo el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, y la contestación a su escrito de petición ocurrió el diez de agosto del citado año, de ahí que se estime que a la fecha de presentación de ésta, existía el acto reclamado, de ahí que la autoridad responsable deberá estar sujeta a lo que en esta instancia se resuelva. CUARTO. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo jurisprudencia 814 publicada en la página 553 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado al haberse emitido una respuesta al escrito de petición del quejoso y hecha de su conocimiento; tal y como se procede a evidenciar: El artículo que contempla la improcedencia en estudio es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Conforme al artículo en cita, es improcedente el juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por lo que para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Lo anterior, lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República, de la Novena Época, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo IX, Junio de 1999; que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso a estudio, la contumacia de la que se duele la parte quejosa consiste en la falta de atención a la petición presentada el seis de junio de dos mil dieciocho, a través de la cual solicita a la Jefa Delegacional en Álvaro Obregón, Guillermo Garduño Aguilar, lo siguiente: (foja 5) ".por lo anteriormente manifestado, solicitó su intervención para que la Jefatura Delegacional a su cargo haga las revisiones e inspecciones correspondientes a los vehículos de transporte público mencionados (matrículas 0150223 y 0150089) y la ruta 15 correspondiente, que además de violar el requerimiento de que los vehículos de una ruta concesionada estén en su encierro y no en la vía pública y de esta manera se libere la circulación de vehículos en las calles mencionadas , inclusive por razones de protección civil en caso de alguna emergencia se resuelva la problemática que diariamente enfrentan los vecinos de la zona." La autoridad responsable al rendir su informe de ley, manifestó que por oficio DAO/DGG/DSP/344/2018, de diez de agosto de dos mil dieciocho, dio contestación al escrito presentado el seis de junio del citado año, oficio que a continuación se digitaliza: A su vez, como se advierte de la reproducción que antecede en el propio comunicado consta su recepción por parte de Martha Cristina Cruz (foja 33). En ese contexto, se demuestra que han cesado los efectos del acto reclamado, puesto que la autoridad responsable acredita ante este órgano jurisdiccional que ha atendido la petición que le fue planteada pues le informó que giró el oficio DAO/DGG/DSP/247/2018, de fecha diecinueve de junio del año en curso, al Licenciado Hiram Almeida Estrada, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal ( se anexa copia simple), en el cual le solicita el retiro de dos camiones de la ruta quince, tres camionetas y dos vehículos, que impiden el libre tránsito y genera obstrucción vial, ubicados en la calle Rinconada de Centenario, colonia Colinas del Sur, toda vez que es la autoridad competente para atender dicha solicitud, haciéndole la observación que no se ha recibido contestación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en referencia al oficio en comento, por lo que es evidente que dicho acto de autoridad ha quedado destruido como si nunca hubiese existido, restituyendo al agraviado en el derecho fundamental trasgredido, como lo dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior porque del artículo 8° de la Constitución Federal y de los criterios jurisprudenciales que lo han interpretado, se desprende que en torno al derecho de petición deben actualizarse las siguientes premisas: La existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y Las correlativas obligaciones de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada y de notificar al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, la resolución correspondiente. Y como se advierte de lo antes narrado dichas premisas han quedado satisfechas. Por su aplicación conviene citar la jurisprudencia 2ª./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, correspondiente a la Novena Época; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, febrero de 1998; página: 210, que es del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Razones por las cuales, se actualiza la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable y, por tanto, opera el sobreseimiento en términos de los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En mérito de lo aquí resuelto, es innecesario abordar el examen de los argumentos que se esgrimen en el concepto de violación expresado por el agraviado, tal como lo establece la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Finalmente, resulta obligado decir que si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 890, Libro XVIII, Tomo 1, Marzo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.". Así como, la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, registro 2002139, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61 a 65, 74, 75, 76, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 842/2018-II promovido por Guillermo Garduño Aguilar, por propio derecho, en contra del acto y la autoridad precisados en el considerando tercero de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, así como por lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Gustavo Andrés Morales Sotres, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo (autorizado de conformidad con el oficio número CCJ/ST/1629/2018 de diez de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal), asistido por la Secretaria Licenciada Cecilia Susana Vázquez Castillo, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe. GAMS/CSVC/TVA EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ LA SECRETARIA.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,173 expedientes
- Guillermo Galan Maldonado711/1996
- Guillermo Galán Maldonado710/1996
- Guillermo Galván Jiménez450/2018
- Guillermo Garcia Perez362/2016
- Guillermo García Torres526/2015
- Guillermo Garduño Aguilar196/2023
- Guillermo Garduño Aguilar553/2018
- Guillermo Gazal Jalif1184/2016
- Guillermo Gómez Ramos1084/2018
- Guillermo González Holguin1154/2019
- Guillermo González Placencia92/2016
- Guillermo Guzman Verduzco1983/2015