Guillermo García Cajero

Expediente 522/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
522/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • Guillermo García Cajero

Actuaciones

  1. Principal

    "... Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad y anexo, consistente en el testimonio de ejecutoria de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de queja 218/2021. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que el Tribunal Colegiado aludido declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, donde se desechó de plano la demanda de garantías. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción.."

  2. Principal

    "... Agréguese Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, del cual se advierte, que tuvo por recibido el recurso de queja interpuesto por el quejoso *********, contra el auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, donde se desechó la demanda de amparo; el cual registró con el número de recurso de queja 218/2021...."

  3. Principal

    "... Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo García Cajero, contra actos del Auditor Superior del Estado de Oaxaca, actualmente Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 522/2021. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por principio de cuentas, se aprecia que el quejoso reclama en esta instancia constitucional, el acuerdo de imposición de la multa ASE/AIM/0286/2017, de uno de agosto de dos mil diecisiete, así como, la notificación de dicha determinación. De esta forma, el justiciable manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reprochados el catorce de abril de dos mil veintiuno, tal y como se aprecia de la transcripción que se efectúa: "IV. (.). ACTO DE LOS CUALES TUVE CONOCIMIENTO HASTA EL DÍA CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO". (.). V.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. (.). Me presenté a sus oficinas para saber si existe algún procedimiento al suscrito por mi gestión como Presidente Municipal, por tal motivo me dirigí a la Unidad Jurídica de dicho ente y en ese lugar me informaron que tenía un expediente que consistía en un acuerdo de imposición de multa, el cual está registrado con el número ASE/AIM/0286/2017, lo que me extrañó porque no tenía conocimiento de dicho asunto, por lo que, pedí que me mostraran el expediente (.) y pedí que me proporcionaran copias (.) pero me dijeron que no podían dar las copias que lo único que podía hacer es tomarle fotos (.). Posteriormente, al día siguiente catorce de abril de dos mil veintiuno (.) revisamos las fotos del expediente ASE/AIM/0286/2017". Ahora, si bien es cierto, Guillermo García Cajero refiere bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado en esta instancia el catorce de abril de dos mil veintiuno; no obstante, de la narrativa de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reprochados, se aprecia que el impetrante realmente tuvo conocimiento del acuerdo de imposición de la multa ASE/AIM/0286/2017, de uno de agosto de dos mil diecisiete, así como, la notificación de dicha determinación, el trece de abril pasado, pues en dicha data sostiene que se presentó ante las oficinas de la entonces Auditoría Superior del Estado de Oaxaca y se enteró de la multa que ahora reprocha. Por tanto, dicha afirmación constituye una confesión expresa en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º. De este modo, se tiene por cierto que el justiciable Guillermo García Cajero conoció el acto reclamado desde el trece de abril de dos mil veintiuno y no el catorce de abril siguiente, pues tal y como se constata de la trascripción efectuada a la demanda de garantías, el impetrante acudió a las oficinas de la entonces Auditoría Superior del Estado de Oaxaca el trece de abril pasado y en dicha data conoció la existencia del procedimiento seguido en su contra. En virtud de lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". Los artículos transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general); que ese lapso debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Expuesto lo anterior, la manifestación de la parte quejosa de cuándo tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, el trece de abril de dos mil veintiuno, tal y como se aprecia de la narrativa de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reprochados es suficiente para analizar la procedencia de este juicio de amparo. De ahí, que el plazo de quince días con que contaba para instar la acción de amparo en contra de dicho acto reclamado, comenzó a partir del día siguiente a aquel en que tuvo conocimiento del acto, es decir, el catorce de abril pasado. Apoya lo expuesto, el siguiente criterio jurisprudencial: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (Tesis: P. /J. 115/2010, Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Común, Página: 5). Luego, si la parte justiciable tuvo conocimiento de los actos reclamados en este juicio de amparo el trece de abril de dos mil veintiuno en que acudió a las oficinas de la entonces Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr del catorce de abril al cuatro de mayo de esta anualidad, descontando sábados y domingos, por ser inhábiles, como lo dispone el artículo 19 de la ley de la materia. Entonces, es evidente que la presentación de la demanda de garantías que dio origen a este juicio ocurrida el siete de mayo de dos mil veintiuno tanto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, como en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, resulta inoportuna, por extemporánea, dado que fue presentada fuera del plazo de quince días que establece el numeral antes citado; en consecuencia, los actos de que se trata, fueron consentidos tácitamente. En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, y lo procedente es desechar de plano, la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se citan en apoyo, las siguientes jurisprudencias: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. (Época: Novena Registro: 200094 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Página: 57). "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." (Época: Décima Época, Registro: 2005636, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 161/2013 (10a.) Página: 1079). Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados en los términos que señala a las personas que nombra. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."

  4. Principal

    Se notifica mediante lista de acuerdos a la parte quejosa, el proveído de diez de mayo de dos veintiuno, que a la letra dice: "... Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo García Cajero, contra actos del Auditor Superior del Estado de Oaxaca, actualmente Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 522/2021. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por principio de cuentas, se aprecia que el quejoso reclama en esta instancia constitucional, el acuerdo de imposición de la multa ASE/AIM/0286/2017, de uno de agosto de dos mil diecisiete, así como, la notificación de dicha determinación. De esta forma, el justiciable manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reprochados el catorce de abril de dos mil veintiuno, tal y como se aprecia de la transcripción que se efectúa: "IV. (.). ACTO DE LOS CUALES TUVE CONOCIMIENTO HASTA EL DÍA CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO". (.). V.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. (.). Me presenté a sus oficinas para saber si existe algún procedimiento al suscrito por mi gestión como Presidente Municipal, por tal motivo me dirigí a la Unidad Jurídica de dicho ente y en ese lugar me informaron que tenía un expediente que consistía en un acuerdo de imposición de multa, el cual está registrado con el número ASE/AIM/0286/2017, lo que me extrañó porque no tenía conocimiento de dicho asunto, por lo que, pedí que me mostraran el expediente (.) y pedí que me proporcionaran copias (.) pero me dijeron que no podían dar las copias que lo único que podía hacer es tomarle fotos (.). Posteriormente, al día siguiente catorce de abril de dos mil veintiuno (.) revisamos las fotos del expediente ASE/AIM/0286/2017". Ahora, si bien es cierto, Guillermo García Cajero refiere bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado en esta instancia el catorce de abril de dos mil veintiuno; no obstante, de la narrativa de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reprochados, se aprecia que el impetrante realmente tuvo conocimiento del acuerdo de imposición de la multa ASE/AIM/0286/2017, de uno de agosto de dos mil diecisiete, así como, la notificación de dicha determinación, el trece de abril pasado, pues en dicha data sostiene que se presentó ante las oficinas de la entonces Auditoría Superior del Estado de Oaxaca y se enteró de la multa que ahora reprocha. Por tanto, dicha afirmación constituye una confesión expresa en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º. De este modo, se tiene por cierto que el justiciable Guillermo García Cajero conoció el acto reclamado desde el trece de abril de dos mil veintiuno y no el catorce de abril siguiente, pues tal y como se constata de la trascripción efectuada a la demanda de garantías, el impetrante acudió a las oficinas de la entonces Auditoría Superior del Estado de Oaxaca el trece de abril pasado y en dicha data conoció la existencia del procedimiento seguido en su contra. En virtud de lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". Los artículos transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general); que ese lapso debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Expuesto lo anterior, la manifestación de la parte quejosa de cuándo tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, el trece de abril de dos mil veintiuno, tal y como se aprecia de la narrativa de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reprochados es suficiente para analizar la procedencia de este juicio de amparo. De ahí, que el plazo de quince días con que contaba para instar la acción de amparo en contra de dicho acto reclamado, comenzó a partir del día siguiente a aquel en que tuvo conocimiento del acto, es decir, el catorce de abril pasado. Apoya lo expuesto, el siguiente criterio jurisprudencial: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (Tesis: P. /J. 115/2010, Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Común, Página: 5). Luego, si la parte justiciable tuvo conocimiento de los actos reclamados en este juicio de amparo el trece de abril de dos mil veintiuno en que acudió a las oficinas de la entonces Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr del catorce de abril al cuatro de mayo de esta anualidad, descontando sábados y domingos, por ser inhábiles, como lo dispone el artículo 19 de la ley de la materia. Entonces, es evidente que la presentación de la demanda de garantías que dio origen a este juicio ocurrida el siete de mayo de dos mil veintiuno tanto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, como en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, resulta inoportuna, por extemporánea, dado que fue presentada fuera del plazo de quince días que establece el numeral antes citado; en consecuencia, los actos de que se trata, fueron consentidos tácitamente. En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, y lo procedente es desechar de plano, la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se citan en apoyo, las siguientes jurisprudencias: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. (Época: Novena Registro: 200094 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Página: 57). "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." (Época: Décima Época, Registro: 2005636, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 161/2013 (10a.) Página: 1079). Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados en los términos que señala a las personas que nombra. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."

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