Guillermo Frausto Godina
Expediente 197/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Guillermo Frausto Godina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese sin mayor proveído el escrito de cuenta signado por... lo anterior en atención a que, como se mencionó en auto de veintiocho de febrero del año en curso, no tiene reconocido el carácter con el que comparece; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Sin perjuicio de lo anterior, hágase del conocimiento del Juez Primero Mixto de Ciudad Lerdo, Durango, que en proveído de dos de marzo de dos mil dieciocho, causó estado el auto por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por... Notifíquese; mediante oficio al Juez Primero Mixto de Ciudad Lerdo, Durango.
- Principal
Agréguese a sus antecedentes el escrito signado por el quejoso ..., y como lo solicita con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, expídase las copias certificadas que solicita, autorizando para que las reciba en su nombre y representación al licenciado que menciona, previa identificación y constancia que de su entrega se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
De la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley, en contra del auto de quince de febrero del presente año, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, al no existir actuación pendiente por realizar, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar y analizar las constancias que obran en el sumario de amparo, para verificar si las autoridades responsables han acatado la ejecutoria de amparo, conforme lo dispone la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI, marzo de 2000, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, cuyos rubro y contenido son: 1. El veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, ..., promovió el presente juicio contra actos del Administrador Local de Ejecución Fiscal de Torreón de la Administración Fiscal General de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y otras autoridades, los cuales hizo consistir en: 2. En sentencia de nueve de marzo de dos mil diecisiete, la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, otorgó al quejoso la protección constitucional, para los siguientes efectos: 3. Mediante ejecutoria de amparo dictada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con residencia en esta ciudad se confirmó la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. 4. Mediante oficio sin número, signado por la autoridad responsable Administradora Local de Ejecución Fiscal, con residencia en esta ciudad, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo. 5. Por auto de doce de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a fin de que manifestara lo que a su derecho estimara pertinente, con el apercibimiento de no hacer manifestación, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre su cumplimiento, conforme los elementos existentes en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; del cual, quedó debidamente notificada la quejosa el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Ahora bien, con base en los antecedentes relatados, se procede a analizar de oficio conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, si la ejecutoria se encuentra cumplida, sin exceso o defecto. En efecto, la autoridad responsable anexó copia certificada de la resolución dictada en el expediente administrativo identificado con el número 062/16, en la cual determinó: Confirmar la validez de la notificación de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce del oficio GABISN2023-13-04-011-14 de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce mediante el cual se le determinó un crédito fiscal emitido por el contador público Miguel Ángel Vargas Quiñones en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón y; Confirmar la legalidad del oficio GABISN2023-13-04-011/14 de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce mediante el cual se le determinó un crédito fiscal emitido por el contador público Miguel Ángel Vargas Quiñones en su carácter de Administrador Local de Fiscalización de Torreón. Asimismo, anexó las notificaciones de la resolución en comento; constancias las cuales gozan de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º de esta última legislación. Por tanto, el objeto del presente juicio ha sido remediado, en los términos del numeral 77, fracción I, de la Ley de la Materia, pues el efecto para el cual fue concedida la ejecutoria de amparo ha sido cumplido, sin exceso o defecto, atento a lo dispuesto por el precepto 196 del ordenamiento legal supracitado. Asimismo, y con fundamento en el artículo 214, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del asunto como totalmente concluido, pues al haberse declarado cumplida la sentencia de marras, no existe actuación pendiente de realizar. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; se hace del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a sus particularidades, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
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