Guillermo Francisco Mendoza Nieto
Expediente 487/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/10/2017
Partes del expediente
- Guillermo Francisco Mendoza Nieto
- Juez Primero de lo Penal, Ensenada, Baja California.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, del Agente del Ministerio Público de la Federación Orientador II de la Unidad de Atención Inmediata, con residencia en esta ciudad, a través del cual solicita la expedición de copias certificadas relativas a las demandas que dieron origen a los juicios de amparo 13/2015, 487/2015, 40/2016 y 145/2017, por resultarle necesarias para la integración de la carpeta de investigación FED/BC/ENS/0002806/2017, en lo que interesa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 131, fracciones IX y XXIV, y 215, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales...
- Principal
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. A sus autos el oficio de cuenta y anexos, que remite el Juez Segundo de Primera Instancia Penal, de esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, y exhibe copia certificada de las constancias que integran la causa penal 355/2009, de sus índices; agréguese a los autos para que obre como corresponda, conforme lo establecen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, así como el diverso juicio de amparo indirecto 13/2015, del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;.". En tal disposición se encuentra inmerso el principio de cosa juzgada, que impide que los actos reclamados en un juicio de amparo que culminó por sentencia ejecutoriada puedan ser materia de estudio en uno diverso. La razón prevista en esta fracción es impedir que la cosa juzgada, que constituye la verdad legal frente a las partes y frente a la sociedad en general, pueda ser cuestionada a través de una resolución ulterior; ya que de lo contrario, se produciría una cadena interminable de juicios de amparo, lo que, evidentemente, quiso evitar el legislador, al prohibir que los actos reclamados en un juicio de garantías cuya resolución quedó firme, puedan impugnarse nuevamente. En el caso, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que el peticionario de amparo, señaló como autoridad responsable y como acto reclamado la orden de reaprehensión y su ejecución, emitida contra del quejoso, dentro de la causa penal 355/2009 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada. Asimismo, del diverso juicio de amparo diverso juicio de amparo indirecto 13/2015, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el mismo quejoso GUILLERMO FRANCISCO MENDOZA NIETO, se aprecia que señaló como autoridad responsable y actos reclamados, los mismos que ahora intenta hacer valer. Además, cabe precisar que el veinticinco de febrero de dos mil quince, en aquel juicio de amparo se dictó la sentencia respectiva, en la que medularmente por cuanto hace al acto que tildó de inconstitucional al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal con sede en esta ciudad, anteriormente descrito en líneas que anteceden, por las consideraciones expuestas en el fallo en cuestión, se tiene por reproducido en este apartado al resultar nítidamente visibles a fojas seiscientos veintiséis a seiscientos veintinueve del expediente de amparo en análisis; aludido fallo constitucional que causó ejecutoria el dieciocho de marzo de dos mi quince, como se desprende del oficio que se remitió a la autoridad responsable, en foja seiscientos treinta y uno del sumario que se atiende. Con lo anterior, se pone de manifiesto que la parte quejosa reclama en el juicio de amparo en que se actúa, lo que ya fue materia del diverso juicio de amparo 13/2015, del índice de este Juzgado de Distrito. Por tanto, lo resuelto por este órgano jurisdiccional, en aquél juicio de amparo, no puede desconocerse, sin afectar la institución de la cosa juzgada. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En la inteligencia de que el resultado del fallo que se llegara a dictar en este juicio de garantías sería en el mismo sentido; por tanto, en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la aludida audiencia constitucional, para dictar el fallo correspondiente. Consolida lo expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 184572, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, a página 386, Novena Época, que sustenta lo que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, fortalece el criterio plasmado en el presente proveído, en atención a su contexto y alcance normativo por identidad jurídica sustancial, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal el Primer Circuito, con registro 251434, observable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 133-138, Sexta Parte, Materia Penal, página 119, Séptima Época, con el rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSION, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTRA LA, QUE FUE MATERIA DE OTRO AMPARO PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y EL PROPIO ACTO RECLAMADO. Si el primer juicio culminó con la declaración de negar el amparo al quejoso, opera la causa de improcedencia relativa, por más que el Juez haya manifestado en el mismo fallo que no examinaba la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Expresa el recurrente que es ilegal el sobreseimiento cuya resolución impugna, porque si el Juez que conoció del juicio anterior expresó en su fallo que no abordaba la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, tienen aplicación al caso específico las tesis sustentadas por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las cuales, si no se entra al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, el quejoso puede solicitar nuevamente la protección federal, ya que no puede decirse que en los términos de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el segundo juicio han sido materia de una ejecutoria. No son admisibles los argumentos que expone el recurrente, puesto que las tesis que invoca se refieren a casos en que el primer juicio de amparo se ha dictado el sobreseimiento, y consecuentemente, no se ha hecho un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Mas en el caso a estudio, el Juez que conoció del primer juicio de amparo, aun cuando con notoria falta de técnica jurídica e incurriendo en contradicción afirma en su sentencia que no esta en condiciones de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, por no haberse aportado al juicio constancia de la orden de aprehensión, con tal aseveración únicamente quiso significar no poder determinar si los conceptos de violación son o no justificados, puesto que la ausencia de la constancia aludida lo imposibilitaba para calificar a través de ellos la legalidad de los fundamentos del acto que desconocía. Sin embargo, considerando que la orden de aprehensión reclamada fue dictada por autoridad competente y no aparece que se trate de un acto inconstitucional en sí mismo, determinó que la orden de aprehensión no es violatoria de garantías individuales y negó al quejoso la protección constitucional. Por ende, al existir una declaración de constitucionalidad del acto reclamado, resulta improcedente el segundo juicio de amparo, promovido contra el mismo acto, las mismas autoridades y el propio quejoso." Criterio sustentado en la actual determinación, que se corrobora por su identidad en cuanto a sus argumentos lógicos jurídicos, estimaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fundamentos de ley en atención al fondo del análisis constitucional en cuanto al ámbito competencial, con lo que expresaron respectivamente el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en la ejecutoria de veintitrés de febrero de dos mil quince, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la sesión del cuatro de junio de dos mil quince, en las que confirmaron la materialización jurídica de la causal que se invoca en el auto en que se actúa, incluso fuera de audiencia, precisamente en un debate idéntico al aquí tratado, lo que se resalta, se insiste, en cuanto a sus puntos de incidencia con la presente determinación. Ejecutorias que se consideran hechos notorios y se ponderan para fortalecer el criterio establecido en el actual fallo, en términos de lo que se establece en la Jurisprudencia XXI.3o. J/7, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con registro 183053, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Materia Común, página 804, Novena Época, que dicta: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Sin que se estime necesario dar vista a la parte quejosa en los términos que prevé el artículo 64 de la Ley de Amparo, en virtud de que la causa de improcedencia aplicada ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la citada ley, concretamente la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, anteriormente transcrita. Por ende, a pesar de que se otorgara la vista de referencia, las manifestaciones que en su caso se emitieran no existiría la mínima posibilidad de que superen el obstáculo declarado por el Máximo Tribunal para entrar al estudio del fondo del asunto y, en consecuencia, el trámite previsto en el referido artículo 64, párrafo segundo, sólo provocará, en este caso específico, la transgresión al derecho de justicia pronta y expedita previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ello retrasaría la resolución del juicio que, indefectiblemente, habrá de sobreseerse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (I Región) 9o.1 K (10a.), que sustenta el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, cuyo criterio comparte este tribunal colegiado, que aparece publicada en la página 2719, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL TRÁMITE PREVISTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, ES OCIOSO E INÚTIL CUANDO LA CAUSA DERIVA DE LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece la obligación para los Tribunales Colegiados de Circuito de dar vista al quejoso por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga, cuando adviertan de oficio que pudiese actualizarse en el asunto una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes, ni examinada por el a quo en la sentencia recurrida. Esa vista tiene como único objetivo otorgar a dicha parte la oportunidad de que manifieste lo que a su interés legal convenga, a fin de que aporte los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que pudiese derivar en el sobreseimiento del juicio; sin embargo, es ociosa e inútil la aplicación de dicho supuesto normativo cuando la causa de improcedencia ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la citada ley, porque no existiría la mínima posibilidad de que supere el obstáculo declarado por el Máximo Tribunal para entrar al estudio del fondo del asunto y, en consecuencia, el trámite previsto en el referido artículo 64, párrafo segundo, sólo provocará, en este caso específico, la transgresión al derecho de justicia pronta y expedita previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ello retrasaría la resolución del juicio que, indefectiblemente, habrá de sobreseerse". No resulta óbice a lo expuesto, el hecho de que obren en autos los informes justificados que rindieron las autoridades señaladas como ejecutoras del acto de reclamo hecho valer por el impetrante de garantías, pues incluso en el supuesto de que no hubiesen rendido su informe, al advertirse una causal de indudable improcedencia, no trasciende el sentido de los informes en cuestión, es decir, negando o aceptando el acto reclamado, ya que se constató que la orden de reaprehensión y su ejecución, emitida en contra del quejoso, dentro de la causa penal 355/2009 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, ya fue objeto del diverso juicio de garantías resuelto por este órgano constitucional; por lo anterior, se resolvería en el mismo sentido, pues como ya se dijo, se presentó la causal de improcedencia notoria y manifiesta materializada en el presente controversial de garantías. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha fijada para celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio, señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Ensenada, Baja California, nueve de octubre de dos mil quince. Vistos los INFORMES JUSTIFICADOS de cuenta, que rinden el Juez Tercero Penal de Primera Instancia, la Juez Primero Penal de Primera Instancia, el Jefe del Grupo "CIAC" de la Policía Ministerial de Zona Ensenada, el Jefe del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial de Zona Ensenada y el Comandante de la Policía Ministerial de Zona Ensenada, todos de esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, agréguense a los presentes autos con vista a las partes, con los que deberá hacerse relación en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
PRIMERO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Guillermo Francisco Mendoza Nieto, contra las autoridades y por los motivos precisados en el considerando segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Guillermo Francisco Mendoza Nieto, contra las autoridades responsables y por los motivos precisados en el considerando tercero de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
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