Guillermo Flores Y Flores
Expediente 967/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 967/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 17/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Guillermo Flores Y Flores
- Juez Noveno de lo Penal de la Ciudad de Puebla
- Juan Manuel Hernandez Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el dieciséis de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticuatro de febrero al dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
CAPTURA CITATORIOS- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES, QUEJOSA GUILLERMO FLORES Y FLORES, Y TERCERO INTERESADO JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ LA RESOLUCION DE DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el once de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 188 a 201), se concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, como autoridad sustituta, realizara lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dictada en la causa penal ******, que se instruye en contra de la parte quejosa; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es deberá: a) Establezca cuál es la hipótesis legal aplicable del delito de acuerdo a la fecha de comisión de los hechos delictivos. b) Analice las constancias que obran en la causa penal a fin de que pueda determinar si se reúnen los elementos para subsumir el delito de detentación de vehículo en el diverso de robo." Resolución que el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 272 a 274). Ahora bien, mediante oficio 7244 de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 282 a 296), el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de veintiséis del mismo mes y año en cita, dictada en la causa penal 189/2016 de su índice (anteriormente causa penal ******************** del índice del Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla), de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada de veintiocho de mayo de dos mil dieciséis dictada en la causa penal ****** del índice del entonces Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla. Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, estableció que tomando en consideración que la averiguación previa 1191/2016/RVPUE, fue iniciada con motivo del delito de robo de vehículo en agravio de Juan Manuel Hernández López, en contra del aquí quejoso Guillermo Flores y Flores, y que toda vez que el representante social ejercitó acción penal contra el referido amparista por el diverso ilícito de detentación de vehículo robado (en la diversa indagatoria 237/2016/RVPUE), siendo el mismo automotor, determinó hacer la reclasificación jurídico del delito imputado al quejoso, por lo que subsumió el delito de detentación de vehículo en el diverso de robo. Atento lo anterior, en determinación de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, decretó en contra del quejoso Guillermo Flores y Flores, auto de formal prisión por el delito de robo de vehículo, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción VI del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Juan Manuel Hernández Hernández. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito del quejoso con el que se da cuenta, por medio del cual desahoga la vista dada en auto de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, al referir que existe defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que no existen elementos de prueba con los cuales se acredite el delito de robo de vehículo que se le imputa, así como tampoco se tiene por acreditada su probable responsabilidad penal en la comisión del mismo, aunado a que el juez responsable no respectó el principio pro-persona referente a la presunción de inocencia, al no tomar en cuenta lo más benéfico para el amparista. Que el juez de la causa procedió a reclasificar el delito de detentación de vehículo robado a robo del vehículo con los mismos medios de prueba, sin allegarse de otros medios de prueba lo cual dice es ilegal. Dichas manifestaciones son infundadas, pues las mismas se refieren a cuestiones de fondo del acto reclamado, siendo que el amparo concedido en el presente sumario constitucional fue concedido por violaciones de forma del acto reclamado (falta de fundamentación y motivación), mas no por violaciones de fondo, por lo que al juez responsable se le otorgó plenitud de jurisdicción para emitir una nueva resolución en la que subsanara dicha irregularidad, la cual podría ser en el mismo sentido de la resolución combatida o en uno diverso; y, según se advierte de dicha determinación de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, el juez responsable da cabal cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Atento lo anterior, las manifestaciones que hace el ocursante no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, encargado del despacho por vacaciones del titular y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación que antecede; toda vez que en la especie, por sentencia engrosada el once de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ******************** y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de la Ciudad de Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo de este juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: (.) 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dictada en la causa penal ********************, que se instruye en contra de la parte quejosa; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es deberá: a) Establezca cuál es la hipótesis legal aplicable del delito de acuerdo a la fecha de comisión de los hechos delictivos. b) Analice las constancias que obran en la causa penal a fin de que pueda determinar si se reúnen los elementos para subsumir el delito de detentación de vehículo en el diverso de robo. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". (.) Apercibiendo a dicha responsable, que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según el mismo decreto citado con antelación en este auto; que asciende a un monto de $7,304.00 M.N. (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a $73.04 M.N. (SETENTA Y TRES PESOS CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, el Juez responsable incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse del Juez Segundo de lo Penal de la Ciudad de Puebla, este cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carecen de superior jerárquico, lo anterior, por analogía, al criterio de la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.
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