Guillermo Flores Vega

Expediente 768/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
768/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Flores Vega

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    A sus autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad federal oficiante acusa recibo del diverso 7862/2018, con el que se le remitió la constancia de la notificación solicitada. Vista la certificación de cuenta, archívese como asunto concluido, previas anotaciones de ley. Por ello, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, específicamente en los puntos de acuerdo decimoprimero, vigésimo y vigesimoprimero, se concluye que este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE, pues no contiene relevancia documental ni documentos originales.

  2. Juicio de Amparo Directo

    La autoridad federal oficiante acusa recibo del oficio 7654/2018, por el que se comunicó que este órgano colegiado determinó ser legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, se le remitieron los anexos para su sustanciación e informa que se avoca al conocimiento de la demanda, y que el asunto quedó registrado como amparo indirecto 1639/2018-VI. Además, del oficio que se acuerda se advierte que se solicita se notifique su proveído de veinticuatro pasado, al citado quejoso por medio de las listas que se fijan en los estrados de este órgano colegiado; por tanto, notifíquesele por ese medio el auto de referencia y se le requiere para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente de aquél en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír notificaciones ante ese juzgado, con el apercibimiento de que en caso de ser omiso, las de carácter personal se practicarán por la lista que publica.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, ASÍ COMO EL REQUERIMIENTO CONTENIDO EN DICHO ACUERDO, DICTADO POR EL JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 1639/2018-VI, DE SU ÍNDICE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de octubre de dos mil catorce. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en la Ciudad de Toluca, Estado de México, al que anexa el juicio de amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito; copia certificada del toca de apelación ********** en un tomo, del índice de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; copia certificada del expediente **********, en siete tomos, de la estadística del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, y diez copias del escrito de demanda; que contiene inserto el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado Presidente de ese Tribunal Colegiado, del que se aprecia que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda amparo, toda vez que el acto reclamado no es una sentencia definitiva, ni una resolución que ponga fin al juicio, que se pueda impugnar a través del amparo directo y por tanto, no se configuran los supuestos previstos en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Acúsese recibo vía interconexión de: los autos del juicio de amparo directo ********** ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito; copia certificada del toca de apelación ********** en un tomo, del índice de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; copia certificada del expediente **********, en siete tomos, del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; y de diez copias del escrito de demanda. Comuníquese a la superioridad que este juzgado de Distrito, se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, fórmese expediente, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y regístrese bajo el número 1639/2018-VI. Con las constancias remitidas fórmense ocho tomos de pruebas por separado, debidamente identificados, respetando los folios, sellos y rúbricas que contienen. Por otra parte, vista la demanda promovida por**********, contra actos de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, se acuerda: Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese contexto, del análisis íntegro de la demanda de garantías, se advierte que el accionante de amparo reclama la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho dictada por la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca número **********, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por **********, en contra de la resolución de siete de agosto de dos mil dieciocho emitida por la Jueza Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en el expediente **********, de su índice, por la cual revocó la mencionada en segundo término y declaró improcedente la excepción de conexidad de la causa por él interpuesta. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ...V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;...". En efecto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos trascienda materialmente a los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y no que solamente tengan una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, Página 11, cuyo rubro es: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado consiste en la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho dictada por la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca número **********, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por **********, en contra de la resolución de siete de agosto de dos mil dieciocho emitida por la Jueza Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en el expediente **********, de su índice, por la cual revocó la mencionada en segundo término y declaró improcedente la excepción de conexidad de la causa hecha valer; lo cual constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que la parte quejosa puede obtener al finalizar el litigio, una sentencia favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo o dejado huella en su esfera jurídica. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 3a.40, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, Página 280, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Es también aplicable la jurisprudencia número IV.2o. J/13, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996 correspondiente a la Novena Época, página 538, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Asimismo, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XI, Mayo de 1993, Octava Época, página 280, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE EJECUCION IRREPARABLE, CASO EN QUE NO SE DA LA HIPOTESIS DE. Para que el acto de autoridad tenga las características de un acto de imposible reparación, es necesario que el acto reclamado tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose que los actos procesales tienen esa característica, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata; lo que no acontece cuando se ordena el desahogo de la prueba documental mediante el informe que deba rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros sobre las quejas presentadas contra el demandante del amparo, pues se trata de hechos que no afectan ningún derecho fundamental de este último." En efecto, en el caso, se trata de cuestiones que no afectan derechos sustantivos del quejoso, habida cuenta que son violaciones intraprocesales, las que pueden ser resarcidas en la sentencia definitiva que se llegue a dictar en el procedimiento natural; o bien, de no ser así, éstas son susceptibles de ser reclamadas mediante el juicio de amparo directo que en su momento se promueva contra la resolución de segunda instancia que confirme la de primera, en términos de lo establecido en los artículos 170, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues del análisis integral de los preceptos citados en el párrafo que antecede, se pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la resolución definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, pues lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa, es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las defensas de los quejosos, pues hay casos en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometieron aquéllas, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente violaciones procesales, como en la especie acontece, el juicio deviene improcedente. Es aplicable la Jurisprudencia número IX.1o. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Materia Común, Novena Época, página 1303, que establece: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Igualmente cobra aplicación la Jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV Octubre de 2001, Materia Civil, Novena Época, página 1060, que sostiene: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera.". En ese orden de ideas, debe afirmarse que si el acto reclamado lo constituye la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho dictada por la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca número **********, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por **********, en contra de la resolución de siete de agosto de dos mil dieciocho emitida por la Jueza Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en el expediente **********, de su índice, por la cual revocó la mencionada en segundo término y declaró improcedente la excepción de conexidad de la causa hecha valer por el aquí demandante del amparo, es evidente que tal determinación no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos del peticionario de amparo, porque como ya se estableció, las violaciones que alega son susceptibles de ser resarcidas al dictarse la sentencia definitiva en el juicio natural y, en caso de ser desfavorable a sus intereses, puede ser reclamada mediante el juicio de amparo directo, que en su caso promueva contra dicha resolución después de haber agotado los medios ordinarios de defensa, lo que hace improcedente la acción constitucional intentada. Resulta aplicable la jurisprudencia número P./J. 12/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 1994, Materia Común, Octava Época, página 13, número de registro 205464, que establece: "CONEXIDAD. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE CONFIRMA EL DESECHAMIENTO DE TAL EXCEPCION. La resolución que confirma el desechamiento de la excepción de conexidad, es decir, de la petición formulada por la parte demandada para que el juicio promovido por el actor se acumule a otro juicio (diverso de aquél pero conexo) con el objeto de que ambos juicios sean resueltos en una sola sentencia, no es impugnable en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata y directa la afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino sólo la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que pueden ser reparados si el afectado obtiene sentencia favorable en cuanto al fondo del asunto. La conclusión precedente no significa que, por exclusión, sea procedente el amparo directo contra tal violación procedimental, pues tanto el amparo directo como el indirecto tienen sus propias reglas de procedencia, de manera tal que la improcedencia de una vía no puede determinar, por exclusión, la procedencia de la otra, máxime si se toma en consideración que no todas las violaciones procedimentales son impugnables en amparo, ya sea directo o indirecto, sino sólo aquellas que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que ejemplificativamente enumeran los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo (amparo directo), o bien que tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio (amparo indirecto).". Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Ténganse como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; toda vez que no proporciona los datos correspondientes respecto de su autorización para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados conforme a la reforma del artículo en comento, de diecisiete de junio de dos mil dieciséis. En otro orden, el promovente señaló para oír y recibir notificaciones la lista y boletín judicial que se fija en los estrados del Tribunal Colegiado al que correspondió conocer de la demanda de garantías; luego, si el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en la Ciudad de Toluca, Estado de México, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, se entiende que ese señalamiento corresponde a este juzgado de Distrito quien resultó competente para conocer de ésta. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado de distrito, por así haberlo solicitado expresamente; no así por lo que hace al boletín judicial que refiere el ocursante, en virtud de que dicho medio no está reconocido en la Ley de Amparo para tales efectos. No obstante lo anterior, ante la obligación de este órgano jurisdiccional de notificar la radicación del presente asunto, gírese atento oficio vía interconexión al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en la Ciudad de Toluca, Estado de México, para que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, instruya a quien corresponda a efecto de que notifique a la parte quejosa este proveído, y remita a este órgano jurisdiccional, copias debidamente certificadas de la lista de publicación de acuerdos de ese Tribunal a su digno cargo en la que se contenga el acuerdo por medio del cual dicho tribunal informe a la parte quejosa que este juzgado de Distrito aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia, visible en la página 37, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 84, Tercera Parte, Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, que dice: "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. La nueva radicación de los autos en un Juzgado de Distrito que ha aceptado la competencia que otro le atribuye, debe notificarse a las partes en forma personal, puesto que dicha radicación implica un cambio de jurisdicción por razón de territorio y la reanudación de las actuaciones procesales en el amparo, después de haberse suspendido temporalmente por la cuestión de competencia surgida en el juicio, y en atención a que deben hacerse llegar con certeza al conocimiento de las partes todas aquellas resoluciones de trascendencia para garantizarles la oportunidad de hacer valer sus defensas en tiempo y forma." De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para incorporarlas al expediente impreso. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con lo que establece el diverso segundo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indíquese a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese; por lista a la parte quejosa. Acuerda y firma Alberto Ramírez Ruiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Francisco Fabián Hernández Pérez, secretario que autoriza y da fe. Doy Fe." "RÚBRICAS".

  4. Juicio de Amparo Directo

    S E R E S U E L V E: PRIMERO.- Este órgano colegiado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Guillermo Flores Vega. SEGUNDO.- Remítase la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez en turno, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

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