Guillermo Eugenio González Castillo
Expediente 959/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2020
Partes del expediente
- Guillermo Eugenio González Castillo
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las demandas de amparo promovidas por *********************** Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 959/2020-III y su acumulado 960/2020-III constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Vistas las demandas de amparos Vistas las demandas de amparo promovidas por G************************, a las que les correspondieron los números 959/2020-III y su acumulado 960/2020-III, de las que se advierte que fueron promovidas en contra de las mismas autoridades y contra actos reclamados; en consecuencia, este órgano jurisdiccional toma en consideración tales circunstancias para decretar la acumulación de oficio por constituir un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, toda vez que el diverso juicio de amparo 960/2020-III, promovido por ******************, por propio derecho, -el cual se tramita en este juzgado federal, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles-, fue promovido contra las mismas autoridades y contra los mismos actos reclamados, se decretara la acumulación de plano de los mismos. Desechamiento Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento al apercibimiento contenido en el aviso de catorce de diciembre de dos mil veinte, se notifica a la parte quejosa la determinación de diez de diciembre del año en curso, que dice: Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las demandas de amparo promovidas por ***** contra los actos y las autoridades responsables que enseguida se precisan: Actos reclamados Emisión y ejecución de los lineamientos y criterios contemplados en la "guía para la Des Reconvención en las Unidades Médicas: nueva normalidad" Autoridades responsables 1. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado; 2. Director Normatividad de Administracion y finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 3. Director Normativo de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 4. Director Normativo de Supervision y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, 5. Delegado del Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Radicación del asunto Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 959/2020-III y su acumulado 960/2020-III constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Vistas las demandas de amparos Vistas las demandas de amparo promovidas por *****, a las que les correspondieron los números 959/2020-III y su acumulado 960/2020-III, de las que se advierte que fueron promovidas en contra de las mismas autoridades y contra actos reclamados; en consecuencia, este órgano jurisdiccional toma en consideración tales circunstancias para decretar la acumulación de oficio por constituir un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuestiones relativas a la acumulación En atención a lo anterior, previo a acordar lo conducente respecto a la acumulación solicitada, es importante destacar que conforme a la tesis jurisprudencial P./J.24/2015 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL", es posible acumular dos o más juicios de amparo, aun por determinación de plano del órgano jurisdiccional, ello a pesar de que esta figura no se contempla expresamente en la Ley de Amparo, porque lo cierto es que para el caso resultan aplicables las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, si bien en la nueva Ley de Amparo el legislador federal no estableció un procedimiento especial para la acumulación de autos de dos o más juicios de amparo indirecto, cierto es, que sí regulo, genéricamente, las cuestiones incidentales que surjan durante la tramitación del juicio constitucional en los artículos 661 y 672, siendo el caso que no buscó la prohibición de tramitar incidentes de acumulación en los procesos de amparo indirecto, si no, por el contrario, incorporar la tramitación de la acumulación al régimen general de sustanciación en la vía incidental de cuestiones que surjan dentro del procedimiento y ameriten ese tratamiento. Además, por disposición expresa de la Ley de Amparo vigente, el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria y debe recordarse que la supletoriedad de este último opera cuando la ley a suplir no contempla la institución o las cuestiones jurídicas que pretendan aplicarse supletoriamente o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regula deficientemente. Ahora, una vez establecido lo anterior, es de tomarse en cuenta que del contenido de los artículos 723, 734 y 755 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se advierte que procede la acumulación cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, constitución o modificación de relaciones jurídicas derivadas, en todo o en parte del mismo hecho, es decir, contempla la posibilidad de acumular uno o más juicios en contra de las mismas autoridades aunque los quejosos sean distintos, con la finalidad de tramitar en un sólo juicio aquellos litigios que deriven, en todo o en parte, del mismo hecho o cuando en dos o más juicios deba resolverse una misma controversia. Acumulación En ese contexto, toda vez que el diverso juicio de amparo 960/2020-III, promovido por *****, por propio derecho, -el cual se tramita en este juzgado federal, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles-, fue promovido contra las mismas autoridades y contra los mismos actos reclamados, se decretara la acumulación de plano de los mismos. Lo anterior, sin que cause perjuicio alguno al quejoso, dado de que el hecho que se decrete una acumulación de juicios, no implica que se deje de resolver los conceptos de violación vertidos por los mismos, sino implica que en una sola sentencia se resuelva la afectación reclamada para que no se dicten sentencias contradictorias, aunado que obedece a una cuestión practica en atención al principio de economía procesal. Desechamiento Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En efecto, este órgano de control constitucional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 6 y 3 del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. En ese tenor, es dable destacar que la demanda de amparo que nos ocupa fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual, es un sitio web a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el mismo orden de ideas, el ordinal 3 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Acorde con lo anterior, los artículos 64, 65, 72 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, indican lo siguiente: "Artículo 64. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña", y vincular al registro su firma electrónica. El registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 65. El registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que el usuario se registre en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos. Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." En este contexto, según se advierte del artículo 3 de la Ley de Amparo, las promociones que se hagan en el juicio podrán realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en el caso de que se presenten demandas en donde se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Por tanto, se advierte que los escritos de cuenta no cumplen con lo establecido en los citados preceptos legales invocados, pues carecen de la firma autógrafa en original del promovente, o bien, de evidencia criptográfica de su firma electrónica, por lo cual no se puede considerar que manifieste su voluntad y consentimiento, y por ende, que a dicha persona le cause un agravio el acto reclamado. En efecto, el diverso artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien agravie la ley o el acto que se reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, por sí o a través de su representante legal o su defensor, de ahí que todo escrito presentado ante un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercitar cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si ese escrito -demanda de amparo- no se suscribe, o bien, si ésta no se suscribiese con firma autógrafa o evidencia criptográfica de la firma electrónica, por quien resulta el directo quejoso, esto es, por la persona que se dice afectada del acto de autoridad, debe entenderse que propiamente no existe agraviado y la demanda resultaría improcedente. Así, tratándose del juicio de amparo, resulta necesario que el titular del derecho que se dice violado con el acto de autoridad, sea quien promueva la demanda, pues de esa manera se puede constatar su intención, la cual no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, pues esas facultades únicamente son inherentes a realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías. Máxime que de la lectura íntegra del escrito de demanda, no se advierte que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; lo cual sería una excepción a la regla y permitiría a un tercero promover la demanda en favor del directo quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2019715, tesis P./J. 8/2019 (10ª), visible en la página 79, del Libro 65, Abril de 2019, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". Asimismo, la diversa emitida por la misma instancia superior, registro 2018943, tesis P./J. 32/2018, visible en la página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano.". Sin que pase desapercibido para este juzgador, que los escritos iniciales de demanda se encuentran firmados por la autorizada del quejoso Karen Leal Mata, pues como ya se mencionó en líneas que anteceden, la firma autógrafa en original del promovente, o bien, la evidencia criptográfica de su firma electrónica, son necesarias, pues, con ello se manifiesta la voluntad y consentimiento del impetrante de amparo, y por ende, que a dicha persona le cause un agravio el acto reclamado. Así, tratándose del juicio de amparo, resulta necesario que el titular del derecho que se dice violado con el acto de autoridad, sea quien promueva la demanda, pues de esa manera se puede constatar su intención, la cual no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, pues esas facultades únicamente son inherentes a realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 6 y 3 de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la misma norma, procede desechar la demanda de que se trata por notoriamente improcedente. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se autoriza la consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro del usuario "*****", en el citado Sistema. Domicilio procesal y personas autorizadas Con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en su demanda de amparo. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia a la persona que menciona el promovente siempre y cuando cuente con su registro en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Notifíquese.
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