Guillermo Espiritu Muñoz

Expediente 981/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
981/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • Guillermo Espiritu Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Téngase al Magistrado de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México, acusando recibo de los tomos de pruebas remitidos, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. Este expediente es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese, mediante lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y la tercero interesada interpongan recurso de revisión contra la sentencia del treinta de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas; y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. Finalmente, devuélvanse a la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en los tomos de pruebas I, II y III. Asimismo, se requiere a dicha autoridad para que dentro del término de tres días legalmente computado remita el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; por lista electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso, del propio Consejo, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. Juicio de amparo 981/2020-I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y la tercero interesada interpongan recurso de revisión contra la sentencia del treinta de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas; y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. Finalmente, devuélvanse a la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en los tomos de pruebas I, II y III. Asimismo, se requiere a dicha autoridad para que dentro del término de tres días legalmente computado remita el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; por lista electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso, del propio Consejo, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con cuarenta y seis minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el , promovido por ***************************, por derecho propio, Michel Navarrete Archundia, Secretario en funciones de Juez de Distrito, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la responsable al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Secretario en funciones de Juez de Distrito: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos que deban ser relacionados. El Secretario en funciones de Juez de Distrito: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 981/2020-I; y, R E S U L T A N D O: I. ***************************, por derecho propio, por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veinte, en la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en vía de amparo directo contra actos de la misma. Substanciada la interposición del juicio de amparo en la vía directa, la autoridad de esa instancia por oficio 1140, del cuatro de diciembre pasado, remitió los autos originales al Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. Por turno correspondió conocer de la demanda al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo Pleno, por acuerdo del diez de diciembre del año próximo pasado, al estimar que la resolución reclamada no podía considerarse una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio; en consecuencia, ordenó remitir la demanda y sus anexos al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Mediante oficio 4952/2020, ingresado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, turnado el día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, el tribunal remitió los autos originales del juicio de amparo directo 592/2020, de su índice. II. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda y la registró con el número 981/2020-I, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, se tuvo como tercero interesada a *************************** y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto dictado por una autoridad civil con residencia dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La resolución del nueve de noviembre de dos mil veinte, dictada por la responsable, en el toca *********, que confirmó la interlocutoria emitida por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el incidente de gastos y costas deducido del juicio ordinario civil *********. TERCERO. La Juez en funciones de Magistrada de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó el acto que le atribuye el solicitante del amparo; por tanto, se tiene por cierto. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. CUARTO. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes en este juicio de amparo que amerite ser estudiada y toda vez que no se advierte de oficio alguna que debiera ser analizada, se procede a entrar al estudio del fondo de la cuestión debatida. La parte quejosa hace valer como conceptos de violación los siguientes: 1. Que la resolución carece de sustento jurídico, toda vez que no contempla lo establecido por el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que establece que, para que se apruebe la condena de costas por razón de honorarios, es necesario que el abogado haya firmado la promoción y cuente con título legalmente registrado, lo que en la especie aduce acontece. 2. Que la sentencia combatida viola sus derechos, ya que el quejoso reclama mediante incidente de gastos y costas en ambas instancias la cantidad de $**************** (****************************** moneda nacional) que es el veinte por ciento de la suerte principal, tal como lo establece el artículo 1.229 del Código de Procedimientos Civiles, que el valor del negocio para efectos de regulación del monto máximo de los honorarios es de $**************** (****************************** moneda nacional), que es la utilidad generada en beneficio del quejoso, como motivo de los servicios prestados por el licenciado ***************************. 3. Que la cuantificación de las costas y honorarios la realizó conforme al acuerdo de voluntades realizado con su abogado. Son infundados los anteriores motivos de inconformidad, aun supliendo la deficiencia de los conceptos de violación, los cuales dada su estrecha relación habrán de analizarse de manera conjunta, como se verá enseguida. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a las costas procesales como los gastos y erogaciones que las partes deben efectuar con motivo de la sustanciación del proceso y se clasifican en costas judiciales y costas procesales. Las costas judiciales están prohibidas en nuestro sistema jurídico por el artículo 17 constitucional, porque el servicio de administración de justicia por parte del Estado es gratuito. En cambio, las costas procesales sí están permitidas, pues se refieren a los gastos que se generan por la tramitación de un juicio, tales como las copias, la preparación y desahogo de las pruebas, la contratación de peritos, los honorarios de los abogados. Según la corte, las costas procesales encuentran justificación en el hecho de que el vencedor debe ser reintegrado a plenitud en el goce de su derecho y resarcido del daño sufrido en su patrimonio a causa de un juicio que se vio forzado a seguir, ya sea porque no se satisficieron las pretensiones de su contraparte o porque se le demandó indebidamente. Además consideró que la condena en costas tiene una finalidad constitucionalmente válida, en tanto que en determinados casos la justicia completa no podría quedar colmada con la sola obtención de una sentencia, por lo que existe la posibilidad constitucional para que el legislador ordinario desarrolle criterios que tiendan a optimizar la directriz de que los tribunales administren una justicia completa y prevean la posibilidad de condenar al pago de costas. Además ha establecido que existen dos criterios para condenar al pago de costas: el primero subjetivo que atribuye al Juez la facultad de condenar en costas a la parte que, a su juicio, haya actuado con temeridad o mala fe en el juicio; y un criterio objetivo que constriñe al juez a condenar en costas a la parte que se sitúe en alguna de las hipótesis previstas en la ley, y buscan sancionar a quien entable un juicio injustificadamente, a quien no tenga derecho para reclamar las prestaciones exigidas en el juicio, a quien interponga acciones o excepciones improcedentes, a quien utilice la administración de justicia para retardar o impedir el cumplimiento de las obligaciones asumidas, o a quien resulte vencido en el juicio. A su vez, el criterio subjetivo puede basarse en dos sistemas: el sistema de compensación e indemnización y el sistema de vencimiento puro. El sistema de compensación e indemnización tiene por objeto restituir a quien injustificadamente sea llevado a un tribunal, de los gastos necesarios que erogue a causa del procedimiento y puede tener lugar, incluso, cuando no ha habido un claro vencedor en el juicio. El sistema de vencimiento puro parte de que el que una de las partes venza en el juicio es causa suficiente para condenar al pago de costas a la contraparte, pues el simple vencimiento le da derecho al ganador de ser resarcido en su disminución patrimonial derivada de los gastos en que incurrió en el juicio. De acuerdo con lo anterior, las costas procesales tienen como finalidad indemnizar a quien obtuvo una sentencia favorable y fue obligado a litigar de los gastos que sufrió con motivo del proceso siempre que hayan sido necesarios y no sean superfluos. Por otra parte, el artículo 1.224 del código procesal civil de la entidad establece como costas los gastos hechos con motivo de un litigio siempre que fueren estrictamente indispensables para el fin indicado y se comprueben conforme a la ley. Además, de acuerdo con el artículo 1.225, los honorarios de los abogados formarán parte de las costas procesales siempre que éstos hayan acreditado tener cédula profesional y presten asistencia técnica a la parte que tenga derecho. Sin embargo se estima que los dos requisitos mencionados en el artículo 1.225 no excluyen a los mencionados en el artículo 1.224, por lo cual, los honorarios de los abogados también deben estar comprobados (ya sea porque se trate de actuaciones que obren en autos o se acrediten con otra prueba) y sean estrictamente indispensables para el fin indicado. Ahora, si bien el artículo 1.229 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece que la condena en costas no podrá exceder del veinte por ciento del valor de la surte principal, lo anterior no implica que forzosamente deba condenarse a tal porcentaje en todos los casos, sino que, si después de realizar las operaciones aritméticas correspondientes de acuerdo con los aranceles legales se obtiene una suma superior a tal porcentaje, éstas deberán reducirse. Ya que como correctamente lo estableció la responsable, resultaba improcedente la liquidación, únicamente conforme a los parámetros del aludido numeral 1.229, porque no obstante que se señale la cantidad tomada en cuenta como base para el cálculo, omitió realizar su planilla de liquidación conforme a la Ley del Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y Costas Judiciales en el Estado de México, para establecer las actividades ejecutadas y los gastos realmente expensados en el proceso, para de esa forma otorgar a la contraria la oportunidad de pronunciarse respecto de los mismos y enseguida, el juzgador estar en posibilidad legal de apreciar su procedencia conforme a derecho y, en todo caso, los honorarios restantes, pactados en algún convenio, deberá responder la parte que contrató al abogado para que le prestara sus servicios jurídicos. Ya que si no fuera así, se caería en la incongruencia de que a través de un convenio celebrado exclusivamente entre el actor o el demandado, o el tercerista excluyente como el caso acontece, con sus respectivos abogados patronos, se pudiera obtener de su contraparte el cobro de cantidades estratosféricas por concepto de costas, que no tuvieran ninguna relación con el valor de la cuestión controvertida en el litigio. De ahí que exista la necesidad de exhibir planilla de liquidación para su pago, y al no haberlo hecho es por ello que fue correcto que la sala responsable confirmara la interlocutoria del veinticinco de septiembre de dos mil veinte en la cual se declaró improcedente el incidente propuesto. Resulta ilustrativa la tesis XX.2o.18 C del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Noviembre de 2003, materia Civil, página 948, de rubro: "COSTAS. SI EL ACTOR INCIDENTISTA SE LIMITA A SOLICITAR EL PAGO DEL VEINTE POR CIENTO DEL INTERÉS DEL NEGOCIO, SIN PRECISAR Y CUANTIFICAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS EXPENSADOS EN EL JUICIO, DICHA PLANILLA NO DEBE SER APROBADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)". En tales condiciones, al estimarse que el acto reclamado no es violatorio de derechos humanos, ni advertir que en la especie se esté ante uno de los supuestos en que proceda suplir la queja deficiente, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***************************, por derecho propio, contra actos de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por los motivos precisados en el último considerando del propio fallo. Notifíquese, por lista electrónica al quejoso y tercera interesada. Así lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días otorgado a la tercero interesada Noemí Mejía Castillo, respecto del informe justificado rendido en autos; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las doce horas con cuarenta y seis minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese; y por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD.005/4324/2020 del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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