Guillermo Espinoza Carmona

Expediente 976/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
976/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Espinoza Carmona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 976/2023-V, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el once de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida en la misma fecha en este órgano jurisdiccional, ******************** por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra actos de 1) Director, 2) Coordinador de Atención al Derechohabiente y 3) Jefe de Departamento del Área de Gastroenterología; todos del Hospital de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SEGUNDO. Trámite. Por auto de doce de julio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, los actos reclamados tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: De las autoridades 1) Director, 2) Coordinador de Atención al Derechohabiente y 3) Jefe de Departamento del Área de Gastroenterología; todos del Hospital de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado La falta de atención médica a ********************, en la especialidad de Gastroenterología. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, no obstante las autoridades responsables lo hubieran negado al rendir su informe justificado. Es así, pues de la copia certificada del expediente clínico del quejoso, allegadas al presente asunto, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda, once de julio de dos mil veintitrés, no se había otorgado atención médica en la especialidad de gastroenterología para los posibles padecimientos de divertículos o diverticulitis, colon lado izquierdo. A las constancias descritas ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.3/94, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". CUARTO. Estudio del acto reclamado. Al no actualizarse causal de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio, se analizará la constitucionalidad del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal. Antecedentes. Establecido lo anterior, se considera necesario narrar de manera breve los antecedentes del acto reclamado desprendidos de la demanda de amparo y las constancias del expediente clínico del peticionario del amparo: 1. El quejoso quien es derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y señaló haber acudió a cita de medicina familiar el veinticinco de abril de dos mil veintitrés en el Hospital de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En dicha cita, refiere, se le diagnosticó posibles divertículos o diverticulitis colon lado izquierdo y se indicó revisión por parte de médico especialista en gastroenterología, remitiéndosele al área correspondiente de dicho centro hospitalario. 2. El veinticinco de mayo de dos mil veintitrés recibió atención médica en dicha institución, por parte de la Médico ********************, quien en la constancia de atención de esa fecha diagnosticó colitis del lado izquierdo e indicó que era necesario derivar al paciente a tercer nivel A Gastroenterología y ordenaba realizar TAC de abdomen y pelvis contrastada e indicando tratamiento médico. 3. El nueve de agosto de dos mil veintitrés se le otorgó atención médica en gastroenterología por el Médico ********************, en la cual diagnosticó gastritis y ordenó estudios de laboratorio por "COLON POR ENEMA" y una nueva valoración por medicina interna. 4. El cinco de septiembre de dos mil veintitrés se le otorgó atención médica en medicina interna por el Médico ********************quien en su diagnóstico estableció que debía descartarse neoplasia de vía biliar y ordenó la realización de tomografía simple y contrastada de abdomen. Decisión. Determinado lo anterior, ha de precisarse que vía conceptos de violación, en esencia el quejoso refiere: La falta de atención médica especializada transgrede en su perjuicio los derechos humanos de protección a la salud, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El argumento contenido en el concepto de violación es esencialmente fundado, por las consideraciones siguientes: El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que tanto los derechos humanos en ella contenidos como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, atienden a una interpretación pro persona consistente en que las normas relativas a derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la propia constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, el Estado Mexicano no sólo se encuentra obligado a observar los derechos contenidos en la Constitución Federal sino también los derechos humanos estipulados en los instrumentos internaciones que haya signado adoptando la interpretación más favorable al derecho de que se trate. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 29/2015 (10a.), de rubro: "DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA." Resulta conveniente transcribir el contenido del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra, entre otros, el derecho fundamental de salud: "Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá´ la organización y el desarrollo de la familia. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá´ las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá´ la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución [.]." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al derecho a la salud, estableció´ que el mismo se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica, es decir, no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, debe ir más allá´, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. Asimismo, indicó que el numeral 4 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Las anteriores consideraciones se contemplan en la tesis: P. LXVIII/2009, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL." Así, como en la diversa P. XVI/2011, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN." De igual manera, la tesis: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO". Asimismo, del artículo 4 de la Constitución Federal se desprende que el acceso a los servicios de salud constituye un derecho público subjetivo reconocido, de ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar, garantizando el disfrute de servicios de salud, entendiéndose las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a.), de rubro: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL." En relación con lo anterior, el Estado Mexicano también ha suscrito convenios supranacionales que muestran el consenso internacional sobre la importancia de garantizar el más alto nivel el derecho fundamental de acceso a la salud, tal como lo establece el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al disponer que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 12 el derecho a la protección de la salud y las medidas pertinentes para alcanzar su efectividad, asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce el derecho a la preservación de la salud y al bienestar, atento a lo dispuesto en su artículo XI. Además, los artículos 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", en su conjunto disponen que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, debiendo contar con seguridad social que la posibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En suma, tanto la Constitución Federal como los referidos instrumentos internacionales contemplan el pleno ejercicio del derecho fundamental a la protección de la salud de la infancia a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, tendentes a la prestación del servicio médico de prevención y asistencia física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción. De ese modo la optimización del derecho fundamental de acceso a la salud, comprende los servicios básicos consistentes en: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y, b) Dar respuesta adecuada a los factores subyacentes que determinan la salud del paciente. c) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. d) Garantizar la cobertura universal de servicios de calidad de atención primaria de salud, en particular en la esfera de la prevención, la promoción de la salud, los servicios de atención y tratamiento y los medicamentos básicos. e) Elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar políticas y planes de acción presupuestados que conformen un enfoque basado en los derechos humanos para hacer efectivo el derecho a la salud. Apoya lo anterior la tesis P. XIX/2000, de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS." A fin de alcanzar la efectividad del derecho fundamental a la salud, el Estado Mexicano ha creado distintas instituciones de seguridad social que prestan el servicio de salud, sustentado en una estructura de naturaleza asistencial y de seguridad social, mismo que se encuentra contenido en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, y B, fracción XI, de la Constitución Federal. Ahora bien, se destaca que el quejoso es derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo tanto, tiene derecho a que se le proporcione la atención médica necesaria para tratar el padecimiento que le aqueja, de manera integral y efectiva por parte de dicha Institución. La seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica y la protección de los medios de subsistencia y de los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como aquel en el que, ya sea el asegurado o sus beneficiarios, en caso de requerir atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, la institución de seguridad social debe proporcionarlos. Por tanto, los servicios de atención de la salud y servicios conexos, los equipos y los suministros deben estar al alcance de la parte quejosa, en la ley y en la práctica, sin discriminación de ningún tipo. Lo anterior tiene sustento en la tesis 1a. XIII/2021 (10a.), de rubro: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE." En ese orden de ideas, lo fundado del motivo de disenso en estudio deriva del hecho de que la autoridad responsable ha sido omisa en otorgar atención médica integral al solicitante del amparo, pues de los antecedentes narrados previamente, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda (once de julio de dos mil veintitrés), no se había diagnosticado la enfermedad del quejoso, quien con anticipación a esa fecha ha padecido cuadro doloroso intestinal. Ahora, el nueve de agosto de dos mil veintitrés, se le brindó atención médica especializada en gastroenterología y se estableció como diagnóstico: "OBESIDAD, SX METABÓLICO, PB, DISLIPIDEMIA, HIPERURICEMIA SII SOSPECHA DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR" y se solicitó "COLON POR ENEMA, ESTUDIOS DE LABORATORIO. REQUIERE VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNA". A su vez, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés se le otorgó atención médica en medicina interna, quien en su diagnóstico estableció: ".Diagnóstico: ICTERICIA EN ESTUDIO A DESCARTAR NEOPLASIA DE VÍA BILIAR. MASCULINO DE 43 AÑOS, CON OBESIDAD, SIN CRÓNICOS DEGENERATIVOS CONOCIDOS, CON DOLOR ABDOMINAL DE PREDOMINIO EN MARCO CÓLICO IZQUIERDO, DE 5 MESES DE EVOLUCIÓN INTERMITENTE, CAMBIOS EN EL HÁBITO INTESTINAL, Y DEFECATORIO. MANEJADO EN LE MEDICO PARTICULAR CON SOSPECHA DE ENFERMEDAD DIVERTÍCULA NO COMPLICADA. CREATININA 1.0 MG. SE SOLICITA TOMOGRAFÍA SIMPLE Y CONTRASTADA DE ABDOMEN". Ahora bien, en esta última atención médica se estableció la necesidad de descartarse neoplasia de vía biliar y ordenó la realización de tomografía simple y contrastada de abdomen; estudio del cual se obtuvieron lo resultados el quince de septiembre de dos mil veintitrés, en los cuales consta lo siguiente: "CONCLUSIÓN POR IMAGEN: Esteatosis geográfica. Sin evidencia de patología de la vía biliar por este método de imagen. Si se considera se sugiere complemento con estudio de ultrasonido y/o colangio resonancia magnética para adecuada valoración. Resto descrito en el texto." De lo expuesto, se desprende que aun con las consultas otorgadas al quejoso, las cuales se brindaron con motivo de la suspensión provisional y definitiva concedida en el presente juicio, no se ha concluido con los estudios necesarios ni se ha establecido un diagnóstico y tratamiento definitivo respecto del padecimiento del aquí peticionario de amparo. En efecto, las omisiones en la atención médica precisada han impactado en la salud de éste, en la medida que se prolongado el padecimiento presentado, el cual debió ser atendido cotidianamente y de forma oportuna a fin de evitar el sufrimiento del paciente y el empeoramiento de su estado de salud. En consecuencia, las autoridades hospitalarias responsables no demostraron haber atendido de manera puntual e integral al quejoso respecto al padecimiento que presenta, a fin de no generar más complicaciones, y sin que hasta la fecha se haya concluido con los estudios de ultrasonido y/o colangio resonancia magnética sugeridas en el resultado de la tomografía simple y contrastada de abdomen; por consecuencia, mucho menos se ha realizado brindado un diagnóstico y tratamiento definitivo en cuanto cólico abdominal que ha presentado. En efecto, no pasa desapercibido de las notas médicas exhibidas con su expediente clínico, que aún se encuentra en tratamiento médico; además, se invoca como hecho notorio para esta juzgadora, que se programó cita médica en gastroenterología para el trece de noviembre del presente año, a las once horas con cuarenta minutos, sin conocerse el diagnóstico de la salud realizado y el tratamiento, de forma definitiva, en atención al historial clínico y al resultado de los estudios de imagen con los cuales ya se cuenta también. De ahí, se estima que las omisiones han impactado en los derechos fundamentales de acceso a la salud y seguridad social del solicitante del amparo, reconocidos en los artículos 4 y 123, B, de la Constitución Federal. Bajo esas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. QUINTO. Efectos de la concesión. En consecuencia, se concede el amparo solicitado para el efecto de que las autoridades responsables, una vez cause ejecutoria la presente sentencia, realicen lo siguiente: Proporcionen al peticionario de amparo los estudios y/o exámenes necesarios, tales como ultrasonido y/o colangio resonancia magnética sugeridas en el resultado de la tomografía simple y contrastada de abdomen, o bien establezcan las razones fundadas para descartarlos; Otorguen el tratamiento médico, hospitalario, quirúrgico, farmacológico y terapéutico, eficaz y oportuno a sus padecimientos estomacales, con personal especializado de acuerdo a su edad y necesidades médicas. El médico especialista tratante deberá comunicarle al paciente el diagnóstico definitivo respecto a su padecimiento y cuál será el tratamiento necesario, a fin de garantizar plenamente el derecho a la salud. En el entendido de que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento del presente fallo, con independencia de estar señaladas o no como responsables, quedan obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia; ello, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones cuarta y quinta de este fallo. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy catorce de noviembre de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.Vistos los autos del juicio de amparo 976/2023-V, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el once de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida en la misma fecha en este órgano jurisdiccional, ******************** por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra actos de 1) Director, 2) Coordinador de Atención al Derechohabiente y 3) Jefe de Departamento del Área de Gastroenterología; todos del Hospital de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SEGUNDO. Trámite. Por auto de doce de julio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, los actos reclamados tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: De las autoridades 1) Director, 2) Coordinador de Atención al Derechohabiente y 3) Jefe de Departamento del Área de Gastroenterología; todos del Hospital de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado La falta de atención médica a ********************, en la especialidad de Gastroenterología. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, no obstante las autoridades responsables lo hubieran negado al rendir su informe justificado. Es así, pues de la copia certificada del expediente clínico del quejoso, allegadas al presente asunto, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda, once de julio de dos mil veintitrés, no se había otorgado atención médica en la especialidad de gastroenterología para los posibles padecimientos de divertículos o diverticulitis, colon lado izquierdo. A las constancias descritas ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.3/94, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". CUARTO. Estudio del acto reclamado. Al no actualizarse causal de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio, se analizará la constitucionalidad del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal. Antecedentes. Establecido lo anterior, se considera necesario narrar de manera breve los antecedentes del acto reclamado desprendidos de la demanda de amparo y las constancias del expediente clínico del peticionario del amparo: 1. El quejoso quien es derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y señaló haber acudió a cita de medicina familiar el veinticinco de abril de dos mil veintitrés en el Hospital de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En dicha cita, refiere, se le diagnosticó posibles divertículos o diverticulitis colon lado izquierdo y se indicó revisión por parte de médico especialista en gastroenterología, remitiéndosele al área correspondiente de dicho centro hospitalario. 2. El veinticinco de mayo de dos mil veintitrés recibió atención médica en dicha institución, por parte de la Médico ********************, quien en la constancia de atención de esa fecha diagnosticó colitis del lado izquierdo e indicó que era necesario derivar al paciente a tercer nivel A Gastroenterología y ordenaba realizar TAC de abdomen y pelvis contrastada e indicando tratamiento médico. 3. El nueve de agosto de dos mil veintitrés se le otorgó atención médica en gastroenterología por el Médico ********************, en la cual diagnosticó gastritis y ordenó estudios de laboratorio por "COLON POR ENEMA" y una nueva valoración por medicina interna. 4. El cinco de septiembre de dos mil veintitrés se le otorgó atención médica en medicina interna por el Médico ********************quien en su diagnóstico estableció que debía descartarse neoplasia de vía biliar y ordenó la realización de tomografía simple y contrastada de abdomen. Decisión. Determinado lo anterior, ha de precisarse que vía conceptos de violación, en esencia el quejoso refiere: La falta de atención médica especializada transgrede en su perjuicio los derechos humanos de protección a la salud, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El argumento contenido en el concepto de violación es esencialmente fundado, por las consideraciones siguientes: El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que tanto los derechos humanos en ella contenidos como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, atienden a una interpretación pro persona consistente en que las normas relativas a derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la propia constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es decir, el Estado Mexicano no sólo se encuentra obligado a observar los derechos contenidos en la Constitución Federal sino también los derechos humanos estipulados en los instrumentos internaciones que haya signado adoptando la interpretación más favorable al derecho de que se trate. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 29/2015 (10a.), de rubro: "DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA." Resulta conveniente transcribir el contenido del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra, entre otros, el derecho fundamental de salud: "Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá´ la organización y el desarrollo de la familia. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá´ las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá´ la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución [.]." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al derecho a la salud, estableció´ que el mismo se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica, es decir, no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, debe ir más allá´, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. Asimismo, indicó que el numeral 4 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Las anteriores consideraciones se contemplan en la tesis: P. LXVIII/2009, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL." Así, como en la diversa P. XVI/2011, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN." De igual manera, la tesis: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO". Asimismo, del artículo 4 de la Constitución Federal se desprende que el acceso a los servicios de salud constituye un derecho público subjetivo reconocido, de ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar, garantizando el disfrute de servicios de salud, entendiéndose las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a.), de rubro: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL." En relación con lo anterior, el Estado Mexicano también ha suscrito convenios supranacionales que muestran el consenso internacional sobre la importancia de garantizar el más alto nivel el derecho fundamental de acceso a la salud, tal como lo establece el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al disponer que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 12 el derecho a la protección de la salud y las medidas pertinentes para alcanzar su efectividad, asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce el derecho a la preservación de la salud y al bienestar, atento a lo dispuesto en su artículo XI. Además, los artículos 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", en su conjunto disponen que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, debiendo contar con seguridad social que la posibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En suma, tanto la Constitución Federal como los referidos instrumentos internacionales contemplan el pleno ejercicio del derecho fundamental a la protección de la salud de la infancia a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, tendentes a la prestación del servicio médico de prevención y asistencia física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción. De ese modo la optimización del derecho fundamental de acceso a la salud, comprende los servicios básicos consistentes en: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y, b) Dar respuesta adecuada a los factores subyacentes que determinan la salud del paciente. c) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. d) Garantizar la cobertura universal de servicios de calidad de atención primaria de salud, en particular en la esfera de la prevención, la promoción de la salud, los servicios de atención y tratamiento y los medicamentos básicos. e) Elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar políticas y planes de acción presupuestados que conformen un enfoque basado en los derechos humanos para hacer efectivo el derecho a la salud. Apoya lo anterior la tesis P. XIX/2000, de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS." A fin de alcanzar la efectividad del derecho fundamental a la salud, el Estado Mexicano ha creado distintas instituciones de seguridad social que prestan el servicio de salud, sustentado en una estructura de naturaleza asistencial y de seguridad social, mismo que se encuentra contenido en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, y B, fracción XI, de la Constitución Federal. Ahora bien, se destaca que el quejoso es derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo tanto, tiene derecho a que se le proporcione la atención médica necesaria para tratar el padecimiento que le aqueja, de manera integral y efectiva por parte de dicha Institución. La seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica y la protección de los medios de subsistencia y de los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como aquel en el que, ya sea el asegurado o sus beneficiarios, en caso de requerir atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, la institución de seguridad social debe proporcionarlos. Por tanto, los servicios de atención de la salud y servicios conexos, los equipos y los suministros deben estar al alcance de la parte quejosa, en la ley y en la práctica, sin discriminación de ningún tipo. Lo anterior tiene sustento en la tesis 1a. XIII/2021 (10a.), de rubro: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE." En ese orden de ideas, lo fundado del motivo de disenso en estudio deriva del hecho de que la autoridad responsable ha sido omisa en otorgar atención médica integral al solicitante del amparo, pues de los antecedentes narrados previamente, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda (once de julio de dos mil veintitrés), no se había diagnosticado la enfermedad del quejoso, quien con anticipación a esa fecha ha padecido cuadro doloroso intestinal. Ahora, el nueve de agosto de dos mil veintitrés, se le brindó atención médica especializada en gastroenterología y se estableció como diagnóstico: "OBESIDAD, SX METABÓLICO, PB, DISLIPIDEMIA, HIPERURICEMIA SII SOSPECHA DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR" y se solicitó "COLON POR ENEMA, ESTUDIOS DE LABORATORIO. REQUIERE VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNA". A su vez, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés se le otorgó atención médica en medicina interna, quien en su diagnóstico estableció: ".Diagnóstico: ICTERICIA EN ESTUDIO A DESCARTAR NEOPLASIA DE VÍA BILIAR. MASCULINO DE 43 AÑOS, CON OBESIDAD, SIN CRÓNICOS DEGENERATIVOS CONOCIDOS, CON DOLOR ABDOMINAL DE PREDOMINIO EN MARCO CÓLICO IZQUIERDO, DE 5 MESES DE EVOLUCIÓN INTERMITENTE, CAMBIOS EN EL HÁBITO INTESTINAL, Y DEFECATORIO. MANEJADO EN LE MEDICO PARTICULAR CON SOSPECHA DE ENFERMEDAD DIVERTÍCULA NO COMPLICADA. CREATININA 1.0 MG. SE SOLICITA TOMOGRAFÍA SIMPLE Y CONTRASTADA DE ABDOMEN". Ahora bien, en esta última atención médica se estableció la necesidad de descartarse neoplasia de vía biliar y ordenó la realización de tomografía simple y contrastada de abdomen; estudio del cual se obtuvieron lo resultados el quince de septiembre de dos mil veintitrés, en los cuales consta lo siguiente: "CONCLUSIÓN POR IMAGEN: Esteatosis geográfica. Sin evidencia de patología de la vía biliar por este método de imagen. Si se considera se sugiere complemento con estudio de ultrasonido y/o colangio resonancia magnética para adecuada valoración. Resto descrito en el texto." De lo expuesto, se desprende que aun con las consultas otorgadas al quejoso, las cuales se brindaron con motivo de la suspensión provisional y definitiva concedida en el presente juicio, no se ha concluido con los estudios necesarios ni se ha establecido un diagnóstico y tratamiento definitivo respecto del padecimiento del aquí peticionario de amparo. En efecto, las omisiones en la atención médica precisada han impactado en la salud de éste, en la medida que se prolongado el padecimiento presentado, el cual debió ser atendido cotidianamente y de forma oportuna a fin de evitar el sufrimiento del paciente y el empeoramiento de su estado de salud. En consecuencia, las autoridades hospitalarias responsables no demostraron haber atendido de manera puntual e integral al quejoso respecto al padecimiento que presenta, a fin de no generar más complicaciones, y sin que hasta la fecha se haya concluido con los estudios de ultrasonido y/o colangio resonancia magnética sugeridas en el resultado de la tomografía simple y contrastada de abdomen; por consecuencia, mucho menos se ha realizado brindado un diagnóstico y tratamiento definitivo en cuanto cólico abdominal que ha presentado. En efecto, no pasa desapercibido de las notas médicas exhibidas con su expediente clínico, que aún se encuentra en tratamiento médico; además, se invoca como hecho notorio para esta juzgadora, que se programó cita médica en gastroenterología para el trece de noviembre del presente año, a las once horas con cuarenta minutos, sin conocerse el diagnóstico de la salud realizado y el tratamiento, de forma definitiva, en atención al historial clínico y al resultado de los estudios de imagen con los cuales ya se cuenta también. De ahí, se estima que las omisiones han impactado en los derechos fundamentales de acceso a la salud y seguridad social del solicitante del amparo, reconocidos en los artículos 4 y 123, B, de la Constitución Federal. Bajo esas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. QUINTO. Efectos de la concesión. En consecuencia, se concede el amparo solicitado para el efecto de que las autoridades responsables, una vez cause ejecutoria la presente sentencia, realicen lo siguiente: Proporcionen al peticionario de amparo los estudios y/o exámenes necesarios, tales como ultrasonido y/o colangio resonancia magnética sugeridas en el resultado de la tomografía simple y contrastada de abdomen, o bien establezcan las razones fundadas para descartarlos; Otorguen el tratamiento médico, hospitalario, quirúrgico, farmacológico y terapéutico, eficaz y oportuno a sus padecimientos estomacales, con personal especializado de acuerdo a su edad y necesidades médicas. El médico especialista tratante deberá comunicarle al paciente el diagnóstico definitivo respecto a su padecimiento y cuál será el tratamiento necesario, a fin de garantizar plenamente el derecho a la salud. En el entendido de que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento del presente fallo, con independencia de estar señaladas o no como responsables, quedan obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia; ello, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones cuarta y quinta de este fallo. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy catorce de noviembre de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director del Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana, mediante el cual informa que la cita otorgada a la parte quejosa en el servicio de gastroenterología está programada para el trece de noviembre de dos mil veintitrés y manifiesta que una vez que esta se lleve a cabo, informará lo conducente; lo que se toma de conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ana Columba Contreras Martínez Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos (Firma electrónica) Jadilson Alonso Navarro Secretario (Firma electrónica)

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que se señalaron las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, como se advierte de la certificación que antecede, se declaró inhábil dicha data. Por tanto, en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés para su desahogo, lo que se asienta para los efectos conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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