Guillermo Escamilla Gómez
Expediente 2172/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2172/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/12/2019
Partes del expediente
- Guillermo Escamilla Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que, se sobreseyó en el presente juicio constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: Delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al párrafo último del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que se sobreseyó en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, lo que se realizará en el plazo de tres años, por lo que ve a su envío al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, realícese; en tanto su destrucción se llevará a cabo una vez transcurrido cinco años. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. Circunstancia que se realizará en ambos casos, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes.
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que la Comisaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, no ha dado cumplimiento a lo solicitado mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, a pesar de haber quedado legal y oportunamente notificado de dicho auto. Requerimiento de constancias. Por tanto, en términos del artículo 67 de la Ley Amparo, requiérase nuevamente a la Comisaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado de Distrito copia certificada de: Las documentales en las que se hagan constar los aumentos salariales que tuvo el cargo que desempeñaba el quejoso durante el periodo de separación. Los últimos tres recibos de nómina del quejoso Leopoldo Manuel Urzúa Ruíz. Informe la antigüedad que tenía el quejoso al momento de la separación del cargo. El sueldo íntegro que percibía al momento de la separación del cargo. Los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, quinquenio, aguinaldo, prima vacacional, día del policía o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios; manifestando en su caso a qué cantidad ascienden dichos conceptos y si estos son de manera quincenal, mensual o anual. Apercibimiento. De no dar cumplimiento o informar el impedimento que para ello tenga, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Superior jerárquico. Asimismo, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico del Comisaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, para que le ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este Juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Se impone multa. En atención a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y en términos del artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se impone una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a quince unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación. Resérvese ejecución de multa. En tales condiciones, se reserva el pronunciamiento entorno a la ejecución de la imposición de la multa, con motivo del apercibimiento de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, hasta en tanto transcurra el plazo otorgado, en párrafos precedentes, en el entendido de que, en caso de nuevo incumplimiento, eventualmente se le aplicarán y ejecutarán todas las medidas de apremio. Manifestaciones. Finalmente, visto el escrito de la parte quejosa, mediante el cual solicita se haga efectivo el apercibimiento contenido en auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dígasele que se esté a lo ordenado líneas precedentes. Notifíquese.
- Principal
...EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL ACUERDO DE veintiocho de octubre DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: I. Colegiado revoca. Visto el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 3363/2018, un cuaderno de pruebas y copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión 31/2019, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. SE REVOCA la sentencia de 22 de enero de 2019 dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco en el juicio de amparo indirecto 3363/2018. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a VICTOR HUGO PRECIADO SANTANA, contra los actos reclamados a la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en el expediente 513/2016, para los efectos establecidos en la parte final de esta ejecutoria.". II. Anotaciones. Agréguese a los autos, hágase saber la circunstancia anterior a las partes; efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno; sin glosar el cuaderno de antecedentes relativo dado la voluminosidad del mismo, para un mejor manejo, con excepción de las constancias originales que obren en éste; y acúsese recibo correspondiente. III. Efectos. Toda vez que la resolución dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en la que, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: [.] La concesión de la protección de la Justicia Federal, es para el efecto que la autoridad responsable realice a la brevedad las gestiones suficientes y eficaces para lograr el desahogo de las pruebas pendientes en el juicio laboral, utilizando los medios de apremio legales que sean necesarios. En la inteligencia que tanto la Junta Especial Número Tres Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, como el Instituto Nacional Electoral y la Dirección Estatal del Registro Civil, también están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. En términos de lo previsto por el segundo párrafo del numeral 192 de la Ley de Amparo, y considerando que las autoridades responsables deben proveer respecto de la recepción y avocamiento al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se advierte como plazo razonable que debe otorgarse a la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en términos del artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, el de 30 DÍAS, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos su notificación, de conformidad con el artículo 22 de dicha Ley de la materia, para que acredite haber dado cabal cumplimiento a la sentencia protectora. En consecuencia, el Juez de Distrito deberá vigilar el cumplimiento de la presente ejecutoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, para lo cual emitirá las medidas que sean necesarias para su eficaz acatamiento, entre ellas requerir al junta responsable para que dé puntual cumplimiento a esta ejecutoria de amparo, en el señalado plazo razonable y estrictamente determinado, apercibido su presidente Jorge Enrique Huerta de Luna, que de abstenerse o no actuar puntualmente, a cada uno se le impondrá la sanción prevista en los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo vigente, que consiste en multa de cien veces el valor diario, de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y vigente a partir del día siguiente, en específico los artículos 26, el párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123, así como el segundo y tercero transitorio, equivalente a la cantidad de $8,449.00, en moneda nacional, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, esto es, $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.) conforme a la publicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Diario Oficial de la Federación de 10 de enero de 2019, referente a los valores de dicha medida, vigentes a partir del 1 de febrero del presente año; sanción que se aplicaría sin perjuicio de la posibilidad de iniciar el procedimiento de inejecución de sentencia enviando el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya resolución podría culminar en la separación del cargo y su consignación para determinar su responsabilidad penal. Asimismo, el Juez de Distrito deberá hacer extensivos los medios de apremio que considere necesarios, a todas las autoridades vinculadas en el cumplimiento de la presente sentencia, esto en términos del artículo 197 de la Ley de la Materia. [.]" IV. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de treinta días, contados a partir de que surta efectos la presente notificación, de cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo a este Juzgado de Distrito constancia fehaciente de ello. V. Cuenta oportuna. Se instruye al secretario encargado del juicio de amparo en que se actúa, para que en términos de los artículos 61, 62 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que de cuenta oportuna sobre el estado procesal que guarden las presentes actuaciones. VI. En estricto cumplimiento a la ejecutoria. De igual manera, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por la superioridad, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase mediante mensajería acelerada, a la Junta Especial Número Tres Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, como el Instituto Nacional Electoral y la Dirección Estatal del Registro Civil, para que dentro del plazo de tres días, den cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, esto es, que la Junta Especial Número Tres Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, desahogue el cotejo de la documental numero 3 ofrecida por la demandada, que el Instituto Nacional Electoral, informe el domicilio del declarante Carlos Eduardo Martínez Ochoa, y la Dirección Estatal de Registro Civil, remita la información solicitada respecto al acta de defunción del absolvente Miguel Alejandro Longares Díaz. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que no hayan sido señaladas como autoridades responsables dentro del presente sumario; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo en términos del artículo 197 de la ley de la materia, es de orden público, por tanto, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por la razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución. "Octava Época Registro: 208849 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV-2, Febrero de 1995 Materia(s): Común Tesis: II.1o.P.A.153 K Página: 554 SENTENCIAS DE AMPARO. ESTAN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCION, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución." Para lo cual, a fin de agilizar el trámite respectivo, remítasele copia simple de la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, tanto a la autoridad responsable, como a las autoridades encargadas del cumplimiento. VII. Apercibimiento. Apercíbase a las autoridades responsables que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se les impondrá, a cada una de las responsables, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. VIII. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, el siguiente criterio: "Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.". Se requiere al Secretario de Gobernación, quien resulta ser el superior jerárquico del Instituto Nacional Electoral, y al Secretario de Gobernación del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la Dirección Estatal del Registro Civil, para que les ordenen a éstos, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibidos que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dieron la orden, se les impondrá una multa en los términos señalados en los párrafos que anteceden, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Notifíquese personalmente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Queja sin materia. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite un legajo certificado, y testimonio de la resolución dictada el diez de octubre de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 253/2019-I, de su índice, cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja." Anotaciones. Por tanto, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, hágase saber tal circunstancia a las partes; efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno; y acúsese recibo correspondiente. Destrúyanse. Asimismo, con relación al legajo certificado que se adjunta al oficio de referencia, se ordena su destrucción, sin mayor trámite, por ser fotocopias de actuaciones que obran en autos.
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