Guillermo Enrique Ramírez Vázquez

Expediente 296/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
296/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Guillermo Enrique Ramírez Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ...Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de los mismos se advierte que en proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, se ordenó archivar el presente expediente como asunto concluido; en consecuencia, por resultar innecesaria la retención de las constancias que la Juez Octavo de Distrito en el Estado, remitió al presente juicio de amparo 296/2020-10; mediante oficio que derive del presente proveído devuélvanse las mismas a la referida autoridad. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y en atención a que el Secretario certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del diez al veinticinco de noviembre del dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada el cuatro de noviembre del año en curso, sin que haya hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido, en términos del numeral 214, de la Ley de la materia. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal es susceptible de destrucción ya que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto.

  3. Principal

    cuatro de noviembre de dos mil veinte El suscrito José Ángel Hernández Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veinte.- Doy Fe. José Ángel Hernández Pérez. Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado En San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las nueve horas con cuatro minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y Secretario con quien actúa José Ángel Hernández Pérez, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 296/2020-10, promovido por Guillermo Enrique Ramírez Vázquez por conducto de Fernando Daniel Navarro Limón, contra actos del Director o Titular de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio; constancia de emplazamiento a las autoridades responsables e informes justificados rendidos por éstas. Asimismo, se da cuenta con el proveído de dieciséis de julio de dos mil veinte, en el que se tuvo como autoridad inexistente al Agente del Ministerio Público, Licenciado Daniel Torres Salinas adscrito a la Unidad de Trámite Común con Detenidos y/o Narcomenudeo dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Por otra parte, se da cuenta con la certificación de la Secretario de esta fecha, en la que hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las actuaciones que obren en autos, y las que allegaron al presente juicio las autoridades responsables, sin que las demás partes hubieran hecho uso de ese derecho. A lo anterior, la Juez acuerda: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales las actuaciones antes precisadas, por lo que se declara cerrado el período probatorio. En periodo de alegatos, el Secretario da cuenta que la parte quejosa no los formuló, además con el pedimento que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita pedimento; y que no obran diversas manifestaciones en vía de alegatos. Ordenando la Juez: Téngase al quejoso por perdido el derecho de hacer manifestaciones; por su parte a la Representante Social de la Federación adscrita por reproducidos los alegatos que esgrimió en el pedimento de cuenta. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, el Secretario hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 296/2020-10, promovido por Guillermo Enrique Ramírez Vázquez por conducto de Fernando Daniel Navarro Limón, contra actos del Director o Titular de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, Guillermo Enrique Ramírez Vázquez por conducto de Fernando Daniel Navarro Limón, promovió demanda de amparo, contra las autoridades y actos que a continuación se trascriben: Autoridades responsables ordenadoras: Director o Titular de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. Director o Titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí. Director General y/o Comisario General de la Policía Ministerial del Estado y/o Comisario General de la Dirección General de Métodos de Investigación dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Agente del Ministerio Público Jefe de la Unidad Investigación Especializada en Narcomenudeo dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Común con Detenidos dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Agente del Ministerio Público Jefe de la Unidad de Trámite Común con Detenidos dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Agente del Ministerio Público, Licenciado Daniel Torres Salinas, adscrito a la Unidad de Trámite Común con Detenidos dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Director y/o Titular de la Dirección de Investigación y Litigación dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Procurador General de Justicia del Estado de San Luis Potosí y/o Fiscal General del Estado de San Luis Potosí. Actos reclamados: La incomunicación, tortura, malos tratos y privación ilegal de la libertad del quejoso. SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los consagrados en el artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veinte, se tuvo por recibida la demanda; se radicó con el número 296/2020-10; se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados: incomunicación, tortura y malos tratos, para los efectos allí señalados; se requirió a las responsables por su informe respecto de la suspensión de plano; y se comisionó al Actuario Judicial adscrito para que acudiera a verificar, en lo posible, el estado físico de la quejosa y la requiriera para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su favor por Guillermo Enrique Ramírez Vázquez.. Mediante proveído de esa misma fecha, se tuvo por ratificada la demanda de amparo por el peticionario del amparo y consecuentemente se admitió dicha demanda; se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención que en derecho compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Posteriormente, mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil veinte, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó que la audiencia constitucional, tuviera verificativo mediante el uso de videoconferencia, requiriendo a las partes para que mediante promoción impresa o electrónica proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. En la inteligencia de que las partes podrían dar cumplimiento a dicho requerimiento hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia respectiva, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se tendría por perdido su derecho para comparecer a dicha audiencia, y en su caso, sería desahogada sin su asistencia Así mismo, se hizo del conocimiento de las partes, los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes lo hayan solicitado, por lo que la audiencia inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones IV, VII y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determina el número y límite territorial de los Circuitos en que se divide el País y la jurisdicción de este Juzgado, pues se reclaman actos con ejecución en el territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso los actos reclamados se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que acorde con el artículo 17 de la Ley de Amparo, la demanda constitucional puede presentarse en cualquier tiempo. Acorde con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, en relación con la totalidad de constancias que lo integran, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son: La incomunicación, tortura, malos tratos y privación ilegal de la libertad del quejoso. CUARTO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos que la parte quejosa les reclama al Director o Titular de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí., Director o Titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Agente del Ministerio Público Jefe de la Unidad Investigación Especializada en Narcomenudeo dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y Director General y/o Comisario General de la Policía Ministerial del Estado y/o Comisario General de la Dirección General de Métodos de Investigación dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Director y/o Titular de la Dirección de Investigación y Litigación dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y al Procurador General de Justicia del Estado de San Luis Potosí y/o Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, en su denominación correcta, toda vez que en sus respectivos informes justificados negaron expresamente los actos reclamados, sin que el aquí quejoso haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. Aunado a lo anterior, la negativa se robustece con la documental que el Director Jurídico de la Fiscalía General del Estado, anexó con el informe que rindió en representación del Fiscal General del Estado, consistente en la certificación relativa a la búsqueda efectuada en los archivos de la Coordinación de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que evidencia que no se encontró registro alguno en relación con los actos reclamados por el quejoso, a la cual se le otorga eficacia demostrativa plena a la luz de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de un documento expedido por un funcionario en ejercicio de sus funciones, no objetado por las partes: En tal virtud, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin prueba en contrario, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- septiembre 2011, Tomo II, Materia Común, Sexta Época, número de registro 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Tampoco obsta el contenido de los informes rendidos por la Vicefiscal Jurídica en representación del Fiscal General del Estado, y por el Coordinador de Apoyo Lega Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación, en suplencia del Comisario de dicha dependencia, registrados con los números de promoción 4878 y 5865, respectivamente, de los que se desprende la existencia de una orden de aprehensión girada el uno de mayo de dos mil veinte, por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional Sala Sede San Luis Potosí, en contra del quejoso; empero, para los efectos del presente juicio de amparo, dicho acto es inexistente, en virtud de que como se precisó, el referido acto surgió a la vida jurídica el uno de mayo del año en curso, fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio constitucional, veintisiete de abril de dos mil veinte.... CUARTO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Común con Detenidos dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Agente del Ministerio Público Jefe de la Unidad de Trámite Común con Detenidos dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, y Director General y/o Comisario General de la Policía Ministerial del Estado y/o Comisario General de la Dirección General de Métodos de Investigación dependiente de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en su denominación correcta, pues de sus informes justificados se desprende que el quejoso Guillermo Enrique Ramírez Vázquez, el veinticuatro de abril de dos mil veinte, fue puesto a disposición de la Unidad de Trámite Común con Detenidos, por la posible comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple, motivo por el cual se decretó su detención en el expediente CDI/FGE/I/D01/11662/20; sin embargo, el veintiséis de abril del año en cita, fue puesto en libertad, en términos de artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Situación que se corrobora con las constancias que allegó al presente juicio de amparo la mencionada autoridad responsable, documentales que tienen valor probatorio pleno a la luz de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de reproducción certificada por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones... QUINTO. Causa de improcedencia. Tomando en consideración que esta resolutora federal tiene la obligación de analizar de oficio la procedencia del juicio de amparo que ahora se atiende, ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de la revisión integral y exhaustiva de las constancias de autos se aprecia que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado se consumó de forma irreparable, acorde con las consideraciones siguientes. En primer término, es necesario precisar que por acto consumado de modo irreparable debe entenderse aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Antecedentes del caso. De las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público responsable, mismas que ya fueron debidamente valoradas en párrafos que anteceden, se obtienen los siguientes hechos: El quejoso Guillermo Enrique Ramírez Vázquez, fue detenido por elementos adscritos a la Dirección General de Métodos de Investigación, el veinticuatro de abril de dos mil veinte, por la posible comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple. Con motivo de la detención, en la propia data -veinticuatro de abril de dos mil veinte-, el impetrando del amparo fue puesto a disposición de la Unidad de Trámite Común con Detenidos, quien calificó de legal la detención, decretó la retención del imputado, dio inicio a la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/11662/20, le hizo saber el motivo de la restricción de libertad, así como sus derechos al ser señalado como imputado. El veintisiete de abril de dos mil veinte, dentro del plazo de ley de cuarenta y ocho horas, el aquí quejoso fue puesto en libertad en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, primer párrafo, es decir, sin restricción ni medida cautelar. Actualización de la causa de improcedencia. Los antecedentes precisados, revelan que el acto reclamado consistente en la restricción de libertad de la que fue objeto el aquí quejoso con motivo de los hechos realizados el veinticuatro de abril de dos mil veinte, por el simple transcurso del tiempo, se consumó de forma irreparable, porque fue puesto en libertad, sin restricción, el veintisiete de abril del referido año. Afirmación que tiene como sustento el hecho de que la restricción de libertad surtió todos sus efectos y consecuencias, por tanto, ya no se puede restituir al quejoso al estado en que se encontraba antes de ser detenido, es decir no es físicamente posible borrar los efectos de la detención, máxime que tal como se destacó, fue puesto en libertad en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales.... Por tanto, es inconcuso que aún en el supuesto de que el referido acto reclamado trasgrediera en su perjuicio, algún derecho fundamental, no sería posible restituirlo en el goce de la garantía violada, para lo cual sería indispensable volver las cosas al estado que tenían antes de que ello sucediera, y que es precisamente el fin del presente juicio constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 16, Tomo: 75 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable.". Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia motivo de estudio, impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para la suscrita que del oficio Por lo expuesto y fundado en los artículos 65, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Guillermo Enrique Ramírez, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese....

  4. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Informes justificados. Agréguense a los autos para que obren como correspondan, los informes justificados rendidos por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo y Jefa de la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo; quienes niegan la existencia de los actos que le fueron atribuidos. Con su contenido, dese vista a las partes para todos los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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