Guillermo Donn González y Otros.

Expediente 1709/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1709/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
21/12/2015

Partes del expediente

  • Guillermo Donn González y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de nueve de diciembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso que hace valer. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, desglósese el cuaderno de antecedentes que obra en autos y envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, de conformidad en el Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz; así como la creación de la Oficina de Correspondencia Común en Xalapa y cambio de denominación de la actual Oficina de Correspondencia Común de Boca del Rio, en el mismo Estado, para los efectos de la substanciación del medio de impugnación, debiendo acompañar el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado que conozca del mencionado recurso. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate, se considera que tal tramitación resulta innecesaria, debido a que se remitirán los autos del juicio en que se actúa para la substanciación del recurso que se provee.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 1709/2015, del índice de este Juzgado de Distrito; asimismo, adjunta copia certificada de la ejecutoria dictada en la queja 292/2015, de la que se advierte que el citado Tribunal declaró infundada la queja interpuesta en contra del proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo; acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso interpuesto y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  3. Principal

    Agréguese el escrito signado por Guillermo Donn González, por propio derecho y en su carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso de queja que interpone en contra del auto de desechamiento dictado en el presente asunto. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, de conformidad con el Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz; así como la creación de la Oficina de Correspondencia Común en Xalapa y cambio de denominación de la actual Oficina de Correspondencia Común de Boca del Rio, en el mismo Estado, para los efectos de la substanciación del medio de impugnación, debiendo acompañar el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado que conozca del mencionado recurso. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, como lo es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO GUILLERMO DONN GONZÁLEZ, POR PROPIO DERECHO Y EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve Guillermo Donn González, por propio derecho y en su carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1709/2015 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En este contexto, cabe mencionar que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente, corresponde a la parte quejosa demostrar el derecho que le asiste para reclamar por esta vía, e indicar con exactitud el acto o actos violatorios de los derechos fundamentales en su perjuicio, y demostrar que dicho acto reclamado le ocasiona un perjuicio, esto es, una ofensa o daño en sus derechos o intereses. HECHOS En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en el temor fundado de que "fuera de la legalidad" las autoridades señaladas con el carácter de responsables, pretendan de manera arbitraria e ilegal dejar sin efectos las comisiones sindicales a Mireya Donn Castillo, Osbal Moncayo Martínez, Francisco Gonzalo Moncayo Martínez y Guillermo Donn González, quienes son empleados de la Fiscalía General del Estado y a su decir se encuentran prestando sus servicios en el Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en su carácter de comisionados por el Secretario General. Asimismo, la parte quejosa manifiesta que dicho temor fundado emana de los comentarios de su compañero Miguel Ángel Pérez Torres, quien también se encuentra comisionado a dicho sindicato. CONCLUSIÓN En este orden de ideas, es indudable que el acto reclamado por el promovente no se advierte como un acto cierto e inminente, sino que, contrario a lo que sostiene, se trata de un acto futuro e incierto, pues no obstante que manifieste que tuvo conocimiento a través de comentarios, lo cierto es que dicha situación de la que se duele no necesariamente habrá de concretarse, pues no se advierte que le haya sido notificada determinación alguna en la que se ordene dejar sin efectos las comisiones sindicales a que alude. Cabe destacar que tratándose de actos futuros, el juicio de amparo indirecto solo es procedente contra aquellos actos que además sean ciertos e inminentes, es decir, que exista certeza sobre su realización, bien porque estén acreditados actos previos de la autoridad que hagan evidente su existencia futura, o bien que, por sus características inherentes no pueda caber duda de que el acto reclamado ha de ejecutarse tal y como lo refiere la parte promovente en su demanda; lo cual no se actualiza en la especie. Luego entonces, no resulta necesario allegarse de mayores pruebas que acrediten la causal de improcedencia que se analiza, puesto que es indudable y evidente que el acto reclamado no es cierto e inminente, sino futuro e incierto; aunado a lo anterior, en todo caso al tratarse también de supuestos generados con motivo de la relación patrón-trabajador que existe entre las autoridades responsables y la parte quejosa, ello en su caso, deberá ser analizada ante las instancias laborales competentes. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 184156 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Junio de 2003 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 25/2003 Página: 73 "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral." Época: Novena Época Registro: 190427 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Común Tesis: IV.3o.A.T.29 K Página: 1675 "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN. Para apreciar si un acto es futuro e incierto no siempre es necesaria la recepción de pruebas sobre ese particular, puesto que de advertirse tal calificativa desde la presentación de la demanda, esto constituiría una causa notoria y manifiesta para desechar de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando en el juicio se aportaran pruebas, para ese efecto las mismas no podrán variar la calificativa antes mencionada, pues los hechos reconocidos y aceptados por el quejoso en la demanda son los que califican al acto de futuro e incierto." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en congruencia con lo dispuesto por el diverso 61 fracción XXIII, de la indicada ley. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica por así haberlo señalado. V. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica.

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