Guillermo Donn Castillo
Expediente 328/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Guillermo Donn Castillo
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, nueve de abril de dos mil diecinueve Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Donn Castillo, contra actos del Fiscal Especializado de la Fiscalía General Anticorrupción, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 328/2019 que le corresponde. Ahora, atento al contenido de la demanda origen de este asunto, lo procedente es efectuar el siguiente: DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En el caso, contra el acto reclamado en este asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se explica en seguida. El precepto transcrito, en la fracción citada, precisa que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente debe agotar los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, éste procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades referidas, cuando se agoten los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. Esto es así, en concordancia con el principio de definitividad, el cual establece que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos; entendidos éstos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo alguno, se haga valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos. Ya que de otra manera, no se cumpliría con el principio referido, consistente en preservar al juicio constitucional como medio de defensa al que debe acudirse sólo cuando ya no exista la posibilidad de reparar el agravio que se alegue causa la actuación de la autoridad. Lo anterior, salvo los casos legales de excepción, los cuales se encuentran perfectamente identificados en la disposición aludida. Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187016, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Así, puede decirse que el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto, dado que la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente. En virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo quede reservado, se reitera, como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. Para lo cual, por un lado, tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen; y, por otro, para que la parte quejosa tenga obligación de agotarlos previamente al ejercicio de la acción constitucional debe existir entre el acto que lo agravie y el recurso ordinario una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. En concordancia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sostuvo que de la interpretación conjunta de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora. Impugnación que se hace factible, señaló, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria. Pues adujo, que el órgano jurisdiccional al estimar que la actuación del Fiscal es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Consideraciones que están visibles en la página 943, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017640, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." De la que resulta que contra las omisiones de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. En el caso, el acto reclamado en este asunto, lo constituye la omisión del Fiscal Especializado de la Fiscalía General Anticorrupción, con sede en esta ciudad, de realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados en la carpeta de investigación FESP/538/2018/VII-08, de su índice. Asimismo, de lo narrado por el quejoso en su escrito de demanda, se observa que le asiste el carácter de parte ofendida dentro de la carpeta de investigación que interesa, al ser el denunciante de los presuntos hechos constitutivos de delito, cometidos en su perjuicio. Por tanto, se estima que el peticionario de la protección federal puede reclamar ante el Juez de Control correspondiente la omisión destacada que le atribuye al fiscal responsable, en término de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al tener a su alcance un medio de impugnación eficaz para combatir la omisión de la que ahora se duele, por lo que debe acudir a él, previo a la promoción del juicio de amparo, a fin de dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional. Sin que obste a lo anterior las excepciones que al efecto contempla el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, pues en el particular ninguna se actualiza, en virtud que el acto que se reclama no es de los previstos por el artículo 22 constitucional, ni tiene incidencia en la libertad del promovente, es decir, no es privativo ni restringe en forma alguna su libertad personal. Tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso; ni el peticionario del amparo tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento de origen. En esta línea argumentativa, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia indicada lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE ASUNTO, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. Sin que se soslaye que en este juicio se alegue vulneración al principio pro persona, la actualización de la suplencia de la queja en favor del quejoso y el estudio de esta demanda con apego al beneficio más amplio que le asiste a las personas, pues ello no es una base legal para concluir que quien es parte ofendida dentro de una investigación ministerial deje de interponer oportunamente los recursos ordinarios procedentes; en razón que el juicio de amparo no puede sustituir dichos medios de defensa y tener como efecto que se incumpla con el principio de definitividad. Debido a que para ejercer el derecho de acceso a la justicia se deben cumplir con los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia, mismos que no pueden alterarse a capricho de los justiciables. Apoya lo anterior la tesis I.4o.A.6 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1488, con número de registro 2002356, del texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO." Determinación que se adopta, además, con el objeto que el promovente del amparo tenga conocimiento, desde el inicio, del resultado de su demanda y, a su vez, evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional; lo que incluso, permite que el quejoso interponga oportunamente el medio ordinario respectivo, para defender sus derechos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, ténganse como sus autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Melquiades Raymundo Rodríguez Domínguez y Edgar Humberto Domínguez Castillo, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de este proveído a las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Fernanda Prianti Gómez, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe.
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