Guillermo Díaz López
Expediente 537/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guillermo Díaz López
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo, el doce de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Guillermo Díaz López; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de diciembre de dos mil dieciocho. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Díaz López, por propio derecho, contra actos del Titular de la Fiscalía Local de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 537/2018, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. Ahora bien, como cuestión previa, destaca que el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el órgano jurisdiccional examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del titular del órgano jurisdiccional, examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la Ley invocada. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda. Entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio. Ello, dado que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la parte quejosa, al cual se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. En esa tesitura, conviene precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, substancialmente, reclama la determinación de fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por el Agente del Ministerio Público del Sistema Acusatorio Oral de San Pedro Pochutla, Oaxaca, dentro del legajo de investigación 1678/FSPP/2018, en la impuso al imputado, aquí quejoso GUILLERMO DÍAZ LÓPEZ, las medidas de protección a favor de la víctima, consistentes en: "a).- Que el imputado Guillermo Díaz López, se abstendrá de agredir a la víctima Agatonica García Hernández. b).- Así mismo el imputado Guillermo Díaz López, se abstendrá de acercarse al domicilio de la Víctima ubicado en la calle de Venustiano Carranza atrás de la escuela Presidente Juárez, San Pedro Pochutla, Oaxaca." Sin embargo, en la especie, el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, como enseguida se explica: En efecto, los citados dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.]. b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De lo anterior se deduce que el amparo en la vía indirecta procederá contra actos, omisiones o resoluciones que provengan de un procedimiento administrativo en forma de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que habrá que distinguirse si el acto reclamado, tiene o no efectos de imposible reparación sobre las personas o las cosas. Así, el juicio de amparo es procedente, de manera general, contra actos de cualquier autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo expuesto, en el entendido de que la definición de actos de imposible reparación, debe analizarse de acuerdo a lo establecido en la fracción III, inciso b) del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya transcrito. Para determinar cuándo un acto es de imposible reparación, en tanto afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución, es concluyente la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011428, visible en la página 15, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la procedimiento respectivo." De acuerdo con el criterio transcrito, para que puedan calificar los actos como de imposible reparación, es necesario que tengan las siguientes características: 1. Afecten materialmente derechos; esto es, que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2. Los derechos afectados materialmente revistan la categoría de ser sustantivos; que sean antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva, en la medida que la afectación que produzcan será actual, al no depender de que llegue o no a trascender el resultado del juicio; en otras palabras, que sean de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo debe existir una actuación u omisión que afecte la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. Lo anterior, se estima no ha ocurrido, pues de lo manifestado por el quejoso bajo protesta de decir verdad en el escrito inicial de demanda de amparo, así como la documental que lo acompaña, se evidencia que el promovente tiene la calidad de imputado en el legajo de investigación 1678/FSPP/2018. Por tal motivo, la autoridad ministerial responsable dentro del ámbito de sus facultades, el veintidós de noviembre de la anualidad, le notifica a GUILLERMO DÍAZ LÓPEZ el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, en el que le impuso las medidas de protección a favor de la víctima Agatonica García Hernández. En ese orden, resulta evidente que las medidas de protección dictadas por la autoridad responsable respecto a la abstención del quejoso de agredir a la víctima, así como de acercarse a su domicilio, por considerar que se pone en riesgo la integridad física y psíquica de la víctima, por lo que tal actuación solo tiene alcances precautorios y cautelares. Pues dicha medida únicamente tiene por objeto salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima Agatonica García Hernández sin que ello genere una consecuencia de imposible reparación para el quejoso, precisamente porque no afecta algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a. CXII/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011438, consultable en la página 1151, Materia Constitucional, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "VIOLENCIA FAMILIAR. EL DICTADO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NO VULNERA LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, AUDIENCIA O PROPIEDAD DEL PRESUNTO AGRESOR. El hecho de que el juzgador determine el dictado de medidas de prevención en los casos de violencia familiar, ya sea al admitir la demanda o durante su proceso, no vulnera los derechos al debido proceso, audiencia o propiedad del agresor, ya que, por un lado, tales medidas no son definitivas y, por otro, merecen un grado de protección menor frente a los valores y derechos que se pretenden proteger. De esta forma, las medidas de urgencia no tienen por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial o de un derecho del gobernado, sino únicamente un propósito de interés general, consistente en prevenir un acto de violencia más en contra de las víctimas; por lo que tales medidas tienen únicamente alcances precautorios y cautelares, además de estar fundadas en principios de debida diligencia y estado de necesidad." En ese sentido, debe considerarse que respecto del acto que aquí se reclama, es improcedente el juicio de amparo porque tal actuación no involucra una violación a un derecho humano fundamental, es decir, la actuación de la autoridad responsable no afecta materialmente derechos de la solicitante de amparo ni le causa un perjuicio. Es decir, la determinación referida no puede ser impugnada a través del juicio de amparo, pues para la procedencia de dicho medio extraordinario de control constitucional, se requiere de la existencia de una afectación inmediata directa de los derechos sustantivos de la quejosa. En esas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), interpretado a contrario sensu, en relación con el 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que el impetrante del amparo señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis XXII.1o.22 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, visible en la página 1067, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Téngase por autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Noel Valdivieso Tapia, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista al promovente. IIB-A
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