Guillermo Díaz de Cossío Batani

Expediente 145/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
145/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
10/04/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Díaz de Cossío Batani

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, sí existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, misma que fue promovida, contra actos de la siguiente autoridad Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 145/2018-VII-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 ó 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: "IV.1) Señalo como acto reclamado la resolución consistente en sentencia interlocutoria de fecha 26 de Febrero de 2018 que recayera al recurso de revocación interpuesto en contra de los autos dictados el día 12 de Diciembre de 2017, así también reclamo la vinculada sentencia definitiva como directa consecuencia de la antes mencionada interlocutoria, por encontrarse dictada de forma anticipada e ilegal con fecha 28 de Febrero de 2018, igualmente reclamo todas y cada una de las demás resoluciones que tengan relación inmediata y directa con las anteriores que tiendan a molestarme, afectarme o perturbarme en mi esfera jurídica y patrimonial. Así es, a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en virtud de que se reclama una resolución interloctoria dictada en un juicio ordinario civil de divorcio sin expresión de causa, en la que la juez responsable acordó contrario a las pretensiones solicitadas por el quejoso el desistimiento de la acción de la demanda, y como consecuencia ordenó la continuación de la secuela del procedimiento; sin embargo, la causa de improcedencia se actualiza en virtud de que la citada juez el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, emitió fallo definitivo en lo principal, por virtud del cual originó un cambio de situación jurídica, de tal forma que dicha determinación deba considerarse consumada irreparablemente, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica (sentencia definitiva). El citado precepto legal establece Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Luego, de conformidad con el precitado artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica se produce, cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que posteriormente se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Por tanto, si el peticionario del amparo combate la resolución interlocutoria de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, emitida por la Juez Primero Familiar del Partido Judicial de Ensenada, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete, en el que determinó no acordar de conformidad el desistimiento del ejercicio de la acción de la demanda de divorcio promovida por el quejoso, ordenando la continuación de la secuela procesal, para posteriormente el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, emitir resolución definitiva en el juicio ordinario civil 807/2015; de la correcta intelección que se hace a la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, se establece, que existe cambio de la situación jurídica y por ende la demanda en estudio resulta improcedente, motivando su desechamiento; lo anterior es así, porque la resolución reclamada se sustituye con el dictado de la sentencia de primer grado, y ese cambio de estatus jurídico hace que las violaciones reclamadas se consideren consumadas de modo irreparable, en tanto que no es posible decidir sobre ellas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora, el hecho de que el quejoso de igual forma reclame como consecuencia de la resolución interlocutoria anteriormente analizada, la sentencia definitiva dictada en el citado juicio ordinario civil 807/2015 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar en esta ciudad, en virtud de que en contra de dicho acto procede el recurso de apelación en términos de los artículos 667, 674 y demás relativo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, por virtud del cual pude ser modificada, revocada o confirmada la resolución reclamada; y por ende, se surte de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior se sustenta, además, en que tratándose de actos dictados en el procedimiento judicial, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, únicamente señala como excepciones al principio de definitividad, los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. En mérito de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *** Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en: Avenida Abelardo L. Rodríguez y San Marcos, número 217-3, del fraccionamiento Nueva Ensenada de esta ciudad y por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Lucio López Arce y Edgar Ricardo López Romo, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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