Guillermo de los Santos de la Cruz

Expediente 1541/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1541/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Guillermo de los Santos de la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, en la que se hace constar que la parte a quien pudiera causarle perjuicio no interpuso el recurso de queja en contra del auto que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Por tanto, como se desechó de plano la demanda de amparo, y el auto en el que se determinó causó estado en esta propia fecha; entonces, se ordena su archivo definitivo. Destino del expediente. En esa tesitura, con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; consérvese el presente expediente en el archivo de este juzgado, durante un lapso de tres años, concluido el cual deberá ser transferido a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para los efectos del numeral 10 del citado Acuerdo General. En la inteligencia de que: El presente expediente no se considera como de relevancia documental, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 15 del propio Acuerdo General. Como en el caso se tuvo por desechada la demanda de amparo; entonces, de conformidad con el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente auto. Lo cual deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contados a partir del dictado del presente acuerdo, tal como dispone el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Inexistencia de documentos originales. En virtud de que en el presente expediente no existen documentos originales susceptibles de devolución a las partes, resulta innecesario requerirles para que sean entregados, de conformidad con lo establecido en el precitado Acuerdo General.

  2. Principal

    III.- DESECHAMIENTO.

  3. Principal

    III .- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA QUE SE SEÑALA EN EL RUBRO "DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS", QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por Guillermo de los Santos de la Cruz o De los Stos de la C. Guillermo o Guillermo de los S. de la C. o Guillermo de los Santos o Guillermo de los Santos de la C. o Guillermo de los S de la Cruz, contra actos del Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, Tabasco. En consecuencia, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el juicio de amparo indirecto número 1541/2022-III. Desechamiento Previo acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este tribunal federal realiza el siguiente análisis: El artículo 112 de Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato" El normativo anterior impone a este Juzgado de Distrito la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiarla para verificar sobre su procedencia. En el caso, de manera notoria, manifiesta e indudable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, por lo que la demanda de amparo debe desecharse de plano, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Precepto legal que impone al órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto, la obligación de examinar la demanda, y de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 1879, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 2125, Novena Época, registro 1003758, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Acto reclamado En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 1, fracción I, del propio ordenamiento, conviene precisar que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución interlocutoria de nueve de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, dentro del juicio ordinario civil de prescripción positiva o usucapión 267/2018, en la que se declaró nulo el emplazamiento realizado por medio de edictos a la Asociación Civil denominada Unión de Colonos Casa Para Todos. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página diecisiete, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Postura de este órgano jurisdiccional Al respecto, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto que nos ocupa no es uno de imposible reparación. En ese orden de ideas, los artículos en comentario establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Justificación Pues bien, para evidenciar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, conviene primeramente explicar lo que debe entenderse por un acto de imposible reparación. Así, cabe puntualizar que la Ley de Amparo que estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en su artículo 114, fracción IV, señalaba que el amparo indirecto era procedente contra actos en el juicio que tuvieran sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; ello, sin especificar lo que debería entenderse por actos cuya ejecución fueran de imposible reparación. Ante tal imprecisión de la ley de la materia, fue necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciera, a través de tesis y jurisprudencias, cuáles eran los actos que de conformidad con la legislación vigente en ese momento deberían considerarse de imposible reparación; señalando al efecto, en un primer momento, que debían entenderse como de ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectaran de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los casos en que sólo se afectaran derechos adjetivos o procesales, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia 613, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, página 678, Octava Época, registro 1002679, de rubro y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, con la jurisprudencia 607, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, página 673, Octava Época, registro 1002673, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Sin embargo, posteriormente, sobre el tema que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que originó la tesis P. CXXXIV/96, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, registro 200009, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA")"; determinó interrumpir parcialmente la jurisprudencia publicada bajo el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA", a efecto de establecer que, excepcionalmente, cuando se alegaran violaciones que transgredieran derechos formales o adjetivos, habría una ejecución de imposible reparación, solamente cuando sus consecuencias afectaran a las partes en juicio en grado predominante o superior. Es decir, se estimaba que, por excepción, una violación formal o procesal producía una afectación exorbitante a las partes durante el juicio, que la identificaba como de imposible reparación, cuando concurrían circunstancias de gran trascendencia, que significaban una situación especial dentro del procedimiento, y de cuya decisión dependía la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a los derechos procesales esenciales del quejoso, o bien porque conllevaba la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio. Todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en la legislación de amparo vigente en el momento de la emisión del relatado criterio. Destacado el panorama que permeó durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, ahora debe decirse que las razones señaladas en los numerales relacionados con antelación, han quedado superadas a partir del tres de abril de dos mil trece, por los motivos siguientes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo procederá contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Por su parte, la Ley de Amparo vigente, establece en su artículo 107, fracción V, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Como puede verse, la ley de la materia en vigor, si bien aún señala que el amparo procede contra actos cuya ejecución es de imposible reparación, a diferencia de la ley abrogada, ahora sí distingue entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, pues expresamente dispone que un acto de imposible reparación es aquel que afecta materialmente derechos sustantivos consagrados en la Ley Suprema y los tratados internacionales en que el Estado mexicano es parte. En ese sentido, se concluye que, actualmente, por disposición expresa de la legislación vigente aplicable, en la hipótesis comentada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio solamente cuando afectan derechos sustantivos. Ordenamiento conforme al cual se rige el juicio que nos ocupa, dado que el acto reclamado en el presente juicio consistente en la resolución interlocutoria de nueve de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, dentro del juicio ordinario civil de prescripción positiva o usucapión 267/2018, en la que se declaró nulo el emplazamiento realizado por medio de edictos a la Asociación Civil denominada Unión de Colonos Casa Para Todos, se emitió después de que aquél entrara en vigor (tres de abril de dos mil trece). De ahí que se considere que, las razones que conforme a la legislación de amparo abrogada, fueron expuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para justificar la procedencia del amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Amparo en vigor, actualmente han quedado superadas, al establecerse expresamente en el artículo 107, fracción V, de la nueva ley reglamentaria de la materia, que el amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Directriz legislativa que coincide con el primero de los criterios sostenidos por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, al emitir en su momento la jurisprudencia citada en párrafos precedentes, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Siendo que, bajo los nuevos parámetros del legislador secundario, en lo que al tema corresponde, debe estimarse que la resolución reclamada no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los Tratados Internacionales de que México sea parte, sino que sólo afectan derechos procesales o adjetivos; de ahí que no es posible sostener que en su contra proceda el amparo indirecto, al menos hasta este estadio procesal, como se evidenciará con posterioridad. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, debido a que tales criterios se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual, a la fecha, ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dichos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor; pues hacer extensivo el concepto de actos de imposible reparación o de ejecución irreparable a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. Caso concreto. En ese contexto, es importante rememorar que el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de nueve de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, dentro del juicio ordinario civil de prescripción positiva o usucapión 267/2018, en la que se declaró nulo el emplazamiento realizado por medio de edictos a la Asociación Civil denominada Unión de Colonos Casa Para Todos. De ahí que, es dable sostener que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que de manera alguna transgrede derecho sustantivo de la parte quejosa, tales como la vida, la libertad, patrimonio o posesión, ya que se trata de una actuación procesal en la que se determinó que era nulo el emplazamiento realizado por medio de edictos a la Asociación Civil denominada Unión de Colonos Casa Para Todos y dejó sin efecto todo lo actuado únicamente en cuanto a la citada personal moral a partir del auto de seis de abril de dos mil veintiuno hasta el de diecisiete de junio del año en curso, no se impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo; antes bien, se trata de derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 170244, de texto y rubro siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". Conclusión. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, en vinculación además con el numeral 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de protección de derechos fundamentales por notoriamente improcedente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco · 15,768 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano