Guillermo de la Cruz Hernández

Expediente 1025/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1025/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez
  • Guillermo de la Cruz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso a) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo, será destruido el expediente en que se actúa, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, en este asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 del citado Acuerdo General. Por otro lado, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, en el presente asunto se cuenta con un "DVD" remitido por el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano); por tanto, mediante oficio devuélvase el mismo, de lo que deberá solicitarse el acuse respectivo, a fin de constatar su recepción.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cédula de notificación de cuenta, se advierte que el quejoso Guillermo de la Cruz Hernández, en esencia, manifestó que desiste de la instancia constitucional instada. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento realizado al citado quejoso, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora, se estima que en este asunto, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda desistir el quejoso del sumario constitucional en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad; por consiguiente, con sustento en lo dispuesto en el numeral referido, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, dejándose sin efectos las providencias decretadas con motivo de su tramitación. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Abril de 2000, Tomo XI, visible a página 147, cuyo rubro se cita: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.": De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Por tanto, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso Guillermo de la Cruz Hernández, desiste de la acción constitucional instada. Por tanto, con fundamento en lo previsto en el numeral 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso Guillermo de la Cruz Hernández en el lugar de su reclusión, para que al momento de la notificación de este auto, manifieste si ratifica o no el escrito de desistimiento que se atiende; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se tendrá por no presentado y se continuará con el trámite del juicio. Para lo cual, se comisiona al actuario que auxilie en la práctica de la notificación al citado quejoso, para que al momento de realizar la diligencia de ratificación del escrito que se atiende, le haga del conocimiento los efectos y alcances jurídicos que traerá consigo desistir de la instancia constitucional, lo cual deberá manifestar expresamente en la cédula de notificación correspondiente. Resulta aplicable a lo expuesto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J.19/2021 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1650 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Undécima Época, con registro 2023670, de rubro y texto: "RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL O DE ALGUNO DE SUS RECURSOS. PARA SU VALIDEZ, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENAR AL FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA QUE EXPLIQUE AL QUEJOSO O RECURRENTE LOS ALCANCES Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. Hechos: Una persona sentenciada en un procedimiento penal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo directo. El recurso se desechó; contra ese proveído interpuso recurso de reclamación, y durante el trámite de este último presentó un escrito de desistimiento de ese medio de defensa, por lo que se ordenó su ratificación, haciendo del conocimiento del recurrente los alcances y las consecuencias de su decisión para el efecto de tenerlo por desistido del recurso de reclamación y dejar firme el auto impugnado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, para dar validez a la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de los recursos ordenada en el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, tratándose de un asunto de naturaleza penal, el órgano jurisdiccional correspondiente debe ordenar al funcionario judicial encomendado que al momento de la diligencia de ratificación explique al quejoso o recurrente los alcances y las consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia o medio de defensa iniciado. Justificación: En la doctrina procesal y en la jurisprudencia, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, como consiste en apartarse del ejercicio de un derecho o de facultades procesales ya ejercidos, puede referirse tanto a una acción, como a un recurso, a una prueba o a un incidente. En ese sentido, el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no sólo comprende el desistimiento de la demanda de un juicio de amparo, sino también de los recursos que establece para ese procedimiento dicha legislación. Ahora bien, para que se tenga certeza de la decisión del quejoso o recurrente, el citado artículo 63 establece la necesidad de que se ratifique el desistimiento. Lo anterior significa que la autoridad encargada del asunto debe ordenar que ante el funcionario judicial con fe pública, el quejoso o recurrente expresamente manifieste que confirma su decisión de desistirse del juicio y/o del recurso. En ese tenor, para garantizar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento penal, en cualquier etapa, dada su situación de fragilidad, es indispensable que antes de ratificar el desistimiento se les expliquen los efectos jurídicos que traerá consigo poner fin a la acción de amparo, o bien, a los diversos medios de impugnación que rigen dicho juicio constitucional. Ello, en atención a sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso, que son reconocidos en los artículos 14 de la Constitución General, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos." Así como la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, visible en la página 147, cuyo rubro se cita: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Y, la diversa, 2a./J.119/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de 2006, Novena Época, visible en la página 295, cuyo rubro se cita: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Por tanto, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que se constituyan en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, del Estado de México, a efecto de que notifique y requiera en los términos indicados al referido quejoso. Hecho lo anterior, se acordará lo que en derecho corresponda. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo determinado e integrar debidamente el juicio de amparo, la audiencia constitucional programada para esta fecha se difiere, y para su verificativo se establecen las doce horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los escritos de cuenta (con anexos), a través de los cuales, con el primero, Sotero Ignacio González refiere aceptar y protestar el cargo conferido por el quejoso Guillermo de la Cruz Hernández, pues refiere que fue nombrado en auto de veintidós de junio del año en curso. Al respecto, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda toda vez que el citado profesionista no fue nombrado como asesor, como se advierte del escrito signado por el quejoso, acordado el veintiséis de agosto pasado. Por otro lado, con el segundo escrito de cuenta, José Esteban Sánchez Sánchez, en atención al auto de veintiséis de agosto pasado, acepta y protestado el cargo conferido por el quejoso Guillermo de la Cruz Hernández y exhibe copia de su cédula profesional. Por tanto, téngase por designado al referido profesionista como asesor jurídico del mencionado quejoso para que lo represente y asesore en este juicio de amparo.

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