Guillermo de Jesús Castillo Exzacarias y Otros.

Expediente 476/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
476/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Guillermo de Jesús Castillo Exzacarias y Otros.
  • Guillermo de Jesús Castillo Exzacarias

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio enviado vía electrónica por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual devuelve diligenciada la comunicación oficial 191/2023, del índice de este juzgado, librada a efecto de notificar al quejoso ***, el proveído de veintiuno de abril del año en curso. Sin que resulte necesario acusar recibo de la misma, en razón de que el sistema electrónico por el cual fue remitida genera el acuse respectivo al momento de su envío. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, contra el auto que desechó la demanda de amparo, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que éste ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d), de esa normatividad. Finalmente, agréguese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual informa que radicó el exhorto 191/2023 girado el veintiuno de abril de este año, a efecto de notificar al promovente la prevención efectuada en esa fecha. Luego, de constancias se aprecia que en comparecencia de veinticuatro de abril de esta anualidad, se dio por notificado de la prevención aludida y se señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que se acordó de conformidad el veintiséis siguiente. En consecuencia, se estima innecesaria la diligenciación de la comunicación oficial referida, por tanto, se solicita atentamente al homólogo su devolución en el estado en que se encuentra y se ordena dar de baja del libro de Gobierno, así como del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiséis de abril de dos mil veintitrés. DESAHOGO Agréguese el escrito signado por el quejoso ********************, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de veintiuno de abril del año en curso, por tanto, se le tiene instando la acción constitucional por propio derecho y en representación de su hija de iniciales ********************, asimismo, se provee: ACTO RECLAMADO De un análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala esencialmente como actos reclamados: El auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, consistente en la orden de cateo y rompimiento de cerraduras, así como su ejecución, llevada a cabo el dieciocho de abril del año en curso, asimismo, todo lo actuado con posterioridad en el juicio de origen desde la emisión del citado acuerdo. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juzgado de Distrito examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. En la hipótesis se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;." Del precepto anterior se obtiene que el juicio constitucional es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por éstos, aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En el caso, se reclama el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, consistente en la orden de cateo y rompimiento de cerraduras, así como su ejecución, llevada a cabo el dieciocho de abril del año en curso, en el domicilio ubicado en ********************, con la finalidad de buscar, localizar y asegurar a la menor de identidad reservada de iniciales ********************; sin embargo, del análisis de los antecedentes, así como de lo manifestado por el propio quejoso, se obtiene que ésta ya se produjo, pues el personal del juzgado y los auxiliares comparecieron al citado domicilio a localizar a la menor e ingresaron, por lo que se estima que dicha orden se consumó. En esa virtud, debe considerarse que los actos reclamados constituyen actos consumados de manera irreparable, pues no es posible física y materialmente restituir los derechos vinculados porque el personal del juzgado, en cumplimiento al proveído reclamado, ingresó a la casa y rompió las cerraduras con la finalidad de localizar a la menor, por lo que se estima que la diligencia se desahogó en su totalidad. En ese sentido, aun cuando se combaten vicios propios de la diligencia de cateo, el juicio de amparo jurídicamente no tiene el alcance de retrotraer la ejecución de dicha diligencia, y por tanto, resulta físicamente imposible restituir a la parte quejosa el estado de cosas como se encontraban antes de que se llevara a cabo el cateo, razón por la cual el juicio de amparo resulta improcedente. Es así, en razón que el juicio de amparo tiene la finalidad de destruir el acto de autoridad que se impugna para forzarla a que actúe como debió hacerlo y no lo hizo, ya que de conformidad con lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que otorga el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquél exija. Sin embargo, en el caso, al haberse consumado los actos, está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que defiende, al ser físicamente imposible reintegrarle sus derechos de intromisión al domicilio, dada la naturaleza del propio medio de control constitucional, esto es, no podría cumplirse con la finalidad del amparo, que es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Se invoca como apoyo a lo anterior, en lo conducente y por similitud jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 423, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." Por tanto, es inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada, pues el amparo no puede tener por objeto revertir el efecto del acto reclamado y restituir a la parte impetrante en su derecho violado, por lo que es evidente que las consecuencias de ese acto en relación a la inviolabilidad del domicilio se han consumado y por ende, son irreparables. Apoya a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 484, de la Octava Época, cuyo texto orienta: "CATEO EJECUTADO. AMPARO IMPROCEDENTE. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de cateo, misma que según consta en autos ya fue ejecutada sin que se hubiese constituido el depósito de los bienes embargados, es incuestionable que tal acto quedó consumado de un modo irreparable, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción IX de la Ley de Amparo." Sin que se soslaye que la diligencia que se reclama, resulta ser un acto instrumental tendente a lograr la reincorporación de la infante quejosa a la progenitora custodia, sin embargo, constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el diverso juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado, promovido por el aquí quejoso; del que se advierte que la restitución de la menor tuvo su origen y es consecuencia directa e inmediata de la determinación de tres de noviembre del año próximo pasado, misma que el quejoso consintió al no haberla impugnado en su oportunidad, por lo que no es materia del presente asunto la entrega de la menor. En ese sentido, el suscrito no deja de lado el hecho de que en la problemática de origen se encuentren involucrados derechos de una infante, ni el hecho de que -en casos que así lo ameriten- se deban llevar a cabo ajustes al procedimiento con la finalidad de no obstaculizar el ejercicio de sus derechos; sin embargo, cuando, como en el caso, se esté en presencia de presupuestos de procedencia de la acción constitucional, no resulta factible descartar el examen formal de éstos en aparente observancia del principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, pues no es el objeto ni fin de dicho principio exacerbar los lineamientos del legislador, sino fortalecer el estudio de las cuestiones que en torno a ellos se planteen. Al respecto se invoca, por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 1/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 1604, de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. SI LA DEMANDA RESULTÓ EXTEMPORÁNEA AL HABERSE PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE CONFORME A LA REGLA DEL ARTÍCULO 176, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE EXAMINARSE EL FONDO DE LA LITIS BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE EN EL JUICIO ESTÁN INVOLUCRADOS DERECHOS DE MENORES DE EDAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron, respectivamente, de una demanda de amparo directo que resultaba extemporánea conforme a la regla establecida en el artículo 176, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, relativa a que su presentación ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe el plazo que para su promoción establece la ley. Ante dicho escenario, sostuvieron criterios discrepantes en torno a la posibilidad de que, pese a ello, se pudieren pronunciar sobre el fondo de la controversia en el amparo, pues aunque uno admitió que de acuerdo con dicha regla, la demanda se encontraba fuera del plazo legal, determinó que era dable examinar el fondo de la litis constitucional, porque estaban involucrados derechos fundamentales de menores de edad que era necesario proteger conforme al principio del interés superior de la infancia; mientras que el otro estimó que al ser la oportunidad de la demanda de amparo un requisito de procedencia, no había posibilidad de que la materia del fondo de la controversia pudiera tomarse en cuenta para conocer de una demanda extemporánea, aun cuando involucrara derechos de menores de edad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando una demanda de amparo directo resulte extemporánea conforme a la regla legal establecida en el segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no puede admitirse o validarse su admisión, atendiendo a la materia del fondo del juicio de amparo ni al carácter del promovente, aun cuando estén involucrados derechos de menores de edad. Justificación: Es cierto que el principio del interés superior de la niñez, como norma de procedimiento, tiene la potencialidad de sustentar la inaplicación de alguna regla legal adjetiva que, en sí misma considerada, se advierta innecesaria, injustificada o desproporcionada, para efectos del proceso de que se trate, en la medida en que pueda trastocar u obstaculizar el ejercicio de los derechos procesales de menores de edad, ello, bajo una consideración abstracta de ese principio en todos los casos en que se dilucidan derechos de este grupo de edad; o bien, permite al juzgador hacer ajustes en la aplicación de reglas procesales bajo un análisis individualizado del interés superior del menor involucrado, cuando advierta alguna especial condición de vulnerabilidad o desventaja en la circunstancia específica de dicho menor. Sin embargo, la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo no puede verse como una regla de procedimiento innecesaria, injustificada o desproporcionada, que obstaculice el ejercicio de los derechos de los justiciables, incluidos quienes son menores de edad y que, por ello, amerite inaplicarse o excluirse, como medida de protección reforzada de los derechos de éstos. La oportunidad de la demanda es un requisito de procedencia del juicio de amparo, por ende, corresponde al ámbito de los presupuestos procesales de la acción, necesarios para que válidamente se pueda emitir una sentencia que resuelva el fondo de la controversia. El estudio de la procedencia entraña un examen formal de la demanda, para determinar que se ajuste a los supuestos para los cuales el legislador dispuso la acción de amparo, por tanto, no puede decidirse en función de la naturaleza, entidad o gravedad de los derechos sustanciales discutidos ni del carácter del promovente, pues proceder de ese modo desnaturalizaría dicha institución, la cual exige contar con una base de reglas que resulten generales y que operen de manera homogénea para el juicio en sí mismo; y la oportunidad es una de esas reglas que debe ser general para todos los juicios de amparo, sin distinción, a fin de proteger la seguridad jurídica del proceso y de los propios justiciables. Por tanto, la promoción oportuna de la demanda no puede dispensarse bajo criterios que atiendan a la naturaleza de los derechos debatidos o al carácter de promovente, aun cuando se trate de asuntos que involucren derechos de menores de edad; de ahí que, establecida la extemporaneidad de la demanda de amparo directo bajo la regla del segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no podrá ser resuelto el fondo en ningún caso." Lo mismo sucede con la orden de tramitación del cuaderno de ejecución de reserva, pues no obstante que el quejoso califique de ilegales dichas actuaciones en su demanda de amparo, esas determinaciones no fueron combatidas en su oportunidad, por lo cual, escapan del alcance de la presente instancia, pues en ésta únicamente sería materia de estudio, en su caso, el dictado de la medida de apremio consistente en el uso de la fuerza pública, la cual, como se indicó, fue consumada. Finalmente, si bien es cierto el promovente de amparo reclama todo lo actuado en el juicio de origen a partir del auto de treinta de marzo del año en curso; también cierto es que el aquí quejoso es parte formal en dicho procedimiento, por lo cual se encuentra en aptitud de hacer valer lo que a su derecho corresponda de forma ordinaria. En ese tenor, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de la materia, por lo que resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo. Finalmente, glósese la constancia de notificación personal practicada al quejoso el veinticuatro de los cursantes, de la que se advierte que señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se tiene a la parte quejosa señalando dicho domicilio para tales efectos. Notifíquese por lista al quejoso en atención a lo acordado en esta data.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiuno de abril de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda de amparo promovida por ******por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ********************, regístrese bajo el número 476/2023-l. PREVENCION De inicio, debe indicarse que el numeral 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo está facultado para requerir al promovente con el propósito de que aclare su demanda cuando existan deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Así, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma que impiden a este órgano federal proveer lo que en derecho corresponda. Por tanto, con fundamento en el artículo 114 fracciones I y V, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, realice lo siguiente: 1.- Deberá exhibir el documento necesario que permita establecer de manera fehaciente que tiene la representación de la menor de edad de iniciales ********************, toda vez que omitió anexarlo a su escrito de demanda. Ante ello, debe establecerse que la personalidad con la que se promueve un juicio de amparo, es requisito indispensable, pues se debe encontrar plenamente demostrada, a fin de que el suscrito se pronuncie respecto de la admisión de la demanda que aquí se promueve; ello, al tratarse de un presupuesto procesal de análisis oficioso. 2.- Deberá precisar qué actos le reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables. Lo anterior se requiere, toda vez que, por una parte refiere que se duele del acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Quinto de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, así como todo lo actuado en el expediente ******************** por otra parte se duele de la ejecución de la orden de cateo y rompimiento de cerraduras de su domicilio, que se llevó a cabo el dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Enseguida, refiere que solicitó "audiencia con las autoridades protectoras de los niños y niñas en el Estado de México" lo cual no se ordenó nunca; así mismo, hace valer que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se determinó la reserva del expediente, sin que se le permitiera defenderse ni escuchara a su hija. Lo anterior, toda vez que deviene indispensable para fijar de manera correcta la Litis del presente juicio de derechos fundamentales y no dejarlo en estado de indefensión; por lo que, en caso de que este órgano jurisdiccional se pronunciara al respecto, estaría realizando suplencia en tal señalamiento, mediante la interpretación de lo esgrimido en el escrito, lo que no está contemplado en la Ley de Amparo, además que resulta imperativo para fijar la Litis constitucional en términos de la carga procesal de la parte quejosa señalada en el artículo 108 de la ley de la materia. 3. Además, bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar: a) Cuál es el contenido de la determinación de treinta de marzo de dos mil veintitrés; pues si bien es cierto que señala que no ha sido notificado de la misma, también lo es que la señala como acto reclamado, refiriendo que le causa un perjuicio, lo que permite presumir que conoce su contenido; de ahí que de contar con copia de la misma deberá allegarla, o bien, hacer una transcripción de ésta, y de no contar con ella deberá al menos hacer una descripción de la esencia de su contenido. b) Una breve narración de los antecedentes del acto que señale como reclamado, en la inteligencia de que si bien ésta debe ser concreta, también debe tener todos los elementos que permitan al suscrito advertir el contexto en el que fue emitido, además que tendrá que realizarla de forma ordenada cronológicamente y con claridad. Lo anterior se pide atendiendo a que si bien hace una descripción de diversos acontecimientos relacionados con el juicio de origen, existe algunas contradicciones o ambigüedades que no dan certeza al suscrito de los antecedentes del acto reclamado, el cual incluso aún no se encuentra fijado. c) Si contra los actos reclamados promovió algún medio de impugnación o algún otro juicio de amparo contra los mismos que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 4. Deberá allegar copias suficientes de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, incluyendo el documento con que se acredite la personalidad. Al caso se cita la jurisprudencia número 21, publicada en la página 30, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, Actualización 2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con el desahogo de la prevención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en consideración que el domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto se señale algún domicilio, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. No obstante, con fundamento en el artículo 27, fracción II y III de la Ley de Amparo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por única ocasión gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique el presente proveído al promovente ******************** en el domicilio ubicado en ********************. Además, le haga saber que deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este juzgado (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días legalmente computados, se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado de Distrito, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la citada Ley de Amparo. En la inteligencia que de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita al Juzgado exhortado que la remisión de las constancias de notificación se realice mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el cual se remite el exhorto de mérito. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Juez exhortado para que habilite los días y horas inhábiles, para llevar a cabo la diligencia solicitada y para que ordene y desahogue todas las diligencias necesarias a fin de llevar a cabo la misma. Por autorizados a las personas que se mencionan en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y a las restantes para los efectos que solicita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, por exhorto a la parte quejosa.

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