Guillermo Daniel Luis Reyes
Expediente 722/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guillermo Daniel Luis Reyes
- GUILLERMO DANIEL LUIS REYES y Otros.
- D.S. L. L.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la medida cautelar provisional y definitiva, el cuaderno incidental original es destruible después de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a GUILLERMO DANIEL LUIS REYES y en representación de su menor hija D.S.L.L.; en consecuencia, con fundamento en el precepto 356, fracción II, en concordancia con el 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. En términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, este expediente es depurable, después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Expedientes. Finalmente, devuélvase al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, las constancias que le fueron requeridas en proveído de veintiséis de enero pasado, dado que carece de objeto que continúen en este Juzgado, solicítese acuse de recibo. Notifíquese y cúmplase
- Principal
MESA VI "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 722/2020; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La audiencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte, emitida dentro del juicio familiar 253/2020, por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, aceptó la existencia del acto reclamado. Para corroborar lo anterior, remitió como apoyo a su informe justificado dos cuadernos de pruebas derivadas del expediente familiar 253/2020 de su índice. Dichas constancias adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de las actuaciones del procedimiento en el que se gestó el acto reclamado. CUARTO. Antecedentes. Previamente, se relacionan los antecedentes del acto que se reclama, que se advierten de las constancias que remitió la Junta responsable como justificante de su informe, de las que se advierte que: a) Mediante escrito recibido el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Nallely López Pedraza, por propio derecho y en representación de su menor hija D.S.L.L., entabló demanda en la vía de controversias del orden familiar contra Guillermo Daniel Luis Reyes, a quien le reclamó el otorgamiento de la guarda y custodia provisional urgente y en su momento la definitiva de su menor hija; el ejercicio de la pérdida de la patria potestad por razones graves en contra de su menor hija; el pago de una pensión provisional y en su momento la definitiva a favor de su menor hija y el pago de gastos y costas derivado del juicio. b) El veintidós de septiembre de dos mil veinte, la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, admitió y radicó dicha controversia bajo el número de expediente 253/2020, asimismo tuvo demandando a Nallely López Pedraza, por propio derecho y en representación de su menor hija D.S.L.L., en la vía de controversias del orden familiar a Guillermo Daniel Luis Reyes, de las prestaciones reclamadas y ordenó el emplazamiento del demandado en el domicilio señalado. c) En audiencia pública celebrada a las ONCE HORAS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, se llevó a cabo la certificación de condiciones y aliño en que se encontraba la menor de edad D.S.L.L. d) Comparecencia de dieciocho de septiembre de dos mil veinte de Guillermo Daniel Luis Reyes, ante el Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, para solicitar la guardia y custodia de su menor hija D.S.L.L., asimismo presentó a la menor de edad y el personal judicial certificó el estado de dicha menor. Asimismo, el personal judicial decretó la guardia y custodia provisional de la menor D.S.L.L., a favor de su padre Guillermo Daniel Luis Reyes, hasta en tanto se tuviera audiencia con la madre de la menor, para respetar su derecho de audiencia. e) El cinco de octubre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia de inspección judicial en las instalaciones del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, por personal actuante del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en la que se dio fe de las actuaciones del expediente familiar 253/2020 del índice del Juzgado Sexto Familiar, conforme a los puntos ordenados por la Juez Quinto de lo Familiar. f) Comparecencia espontanea de diecinueve de octubre de dos mil veinte, de Nallely López Pedraza y su menor hija D.S.L.L., acompañada de su abogada, ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el expediente 253/2020, en la que se hizo constar lo siguiente: "Continuamente se hace constar que la parte actora citada trae consigo a una menor refiriendo que es su hija con iniciales D.S.L.L., quien tiene una edad aproximada de tres años, viste un vestido de color rosado con gris, calza unas chanclas de color rosa y azul, a simple vista se advierte que se encuentra en buenas condiciones de higiene y aliño personal sin signo de violencia aparente ni huella de maltrato físico externo, lo que hace constar para los efectos legales correspondientes. Enseguida se le concede el uso de la voz a la compareciente quien manifestó: Que comparezco ante este Juzgado para manifestar lo siguiente: He convivido con mi hija todos los días en el horario establecido en audiencia de fecha dos de octubre del año en curso, mi hija me ha repetido varias veces que quiere estar con la suscrita, insiste mucho que quiere estar conmigo diciéndome mamita quiero estar contigo, ante ello, resulta que el día catorce de octubre del presente año, mi celular y el número que proporcione aquí en el Juzgado se descompuso, no puedo hacer llamadas, se ve como una rayas, por lo que acorde con el papá de mi hija el C. GUILLERMO DANIEL LUIS REYES, acorde con él que me llevara a mi hija en el domicilio en el donde me encuentro establecida, por lo que el día quince de octubre del presente año, como a las dieciséis horas con veinte minutos, llegó el papá de mi hija, con mi hija y estuve conviviendo con mi hija físicamente, por lo que al despedirse su papá se la quiso llevar y mi hija ya no se quiso ir con él, diciéndole "no me quiero ir contigo" y se puso a llorar, por lo que desde esa fecha mi hija se encuentra con la compareciente, por lo que solicito, de la manera más atenta a su señoría se me conceda la GUARDIA Y CUSTODIA de mi hija de iniciales D.S.L.L., ya que mi hija me ha referido que no quiere ir con su papá porque su abuelita le pega, su tío AYAX la regaña y no se quiere ir con su papá. El día lunes doce de octubre del año en curso, a las dieciséis horas, acudí al despacho del abogado del señor GUILLERMO, me hicieron firmar un convenio en el cual yo le otorgo la guardia y custodia de mi hija, al señor Guillermo, pero yo desconocía de lo que mi hija me dijo de que su abuela le pega, su tío la regaña y por lo que yo no estoy de acuerdo de darle la guardia y custodia de mi hija, por lo que no voy a ratificar el convenio que me hicieron firmar, me vi presionada porque él me convenció que regresáramos lo cual no es cierto, porque en estos días me he dado cuenta que lo que él quiere es que yo acuda a la fiscalía y me desista de las denuncias presentadas en contra de su hermano por el delito de abuso sexual y por el delito de sustracción y el de violencia familiar que tengo presentada en su contra, del cual él ya tiene conocimiento de todas las carpetas porque ya intervino. Así mismo, en este acto exhibo un juego de copias certificadas deducidas del expediente familiar número 223/2020, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial del Centro, relativa al acta circunstanciada de la diligencia desahogada derivada de la orden de cateo librada por el Secretario de Acuerdos encargado del Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, que es todo lo que tiene que manifestar". Acto seguido y en uso de la voz a la Agente del Ministerio Público dijo: Que en atención a lo manifestado por la compareciente NALLELY LÓPEZ PEDRAZA, así mismo tomando en consideración las copias certificadas que exhibe en esta diligencia consistente en las copias certificadas deducidas del expediente familiar número 223/2020 del índice del Juzgado Cuarto Familiar de este Distrito Judicial del Centro, y tomando en consideración que se encuentran pendientes por realizarse valoraciones psicológicas de la compareciente, como del demandado GUILLERMO DANIEL LUIS REYES, esto para que su señoría este en condicione de determinar sobre la guarda y custodia de la menor identificada con las iniciales D.S.L.L., por el momento y tomando en consideración el interés superior de dicha menor por el momento se solicita se otorguen a la compareciente NALLELY LÓPEZ PEDRAZA, los cuidados provisionales de la referida menor, hasta en tanto, como se manifestó con anterioridad se cuenten con las valoraciones psicológicas ordenadas, así mismo se escuche a la parte demandada, lo anterior en términos de lo establecido por el artículo 4° de la Constitución en relación con el artículo 8° de la Ley de los Derechos Niños. Niñas y Adolescentes del Estado de Oaxaca, que es todo lo que tiene que manifestar. A continuación la Jueza acuerda: En cuanto a las manifestaciones que realiza la parte actora y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos que narra y a lo solicitado por la Agente del Ministerio Público adscrita, se tiene primeramente a la compareciente, exhibiendo en este acto copias debidamente certificadas del expediente familiar número 223/2020, del índice del Juzgado Cuarto Familiar de este Distrito Judicial del Centro, relativo al acta circunstanciada de la diligencia desahogada derivada de la orden de cateo librada por el Secretario de Acuerdos encargado del Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, mismo que se agrega a los presentes autos para los efectos legales correspondientes. Así mismo, tomando en consideración que los niños para el pleno desarrollo de su personalidad necesitan cuidados adecuados de higiene, amor y comprensión y siempre posible deberán crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, procurando en todo caso que éstos se desarrollen en un ambiente familiar de afecto y de seguridad moral y material y por ello tanto la sociedad como todos los órganos jurisdiccionales deberán velar en todo momento por el interés superior de los niños, toda vez, que como lo dispone nuestra legislación y los tratados internacionales que nos rigen en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se deberán atender en forma primordial el interés superior de los menores, asegurando al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta siempre su opinión, y los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, es por lo que esta autoridad considera urgente la toma de medidas en protección a la citada infante. Por lo que atendiendo además al contenido del artículo 4 de nuestra carta magna el cual instituye que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que a su vez los ascendientes tienen el deber de preservar este derecho, debiendo proveer el estado para el ejercicio pleno de sus derechos, precepto que concatenado con los artículos número 9 de la convención sobre los Derechos del niño, y el cual establece que los estados partes tendrán la obligación de velar porque el niño no sea separado de sus padres, a menos que dicha separación sea necesaria e interés superior del niño, pero siempre de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables y que con el artículo 18 de la misma convención determina que incumbe a los padres la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño; luego entonces es de advertirse que el espíritu institucional de dichos preceptos es el reconocimiento de la persona humana en su niñez y su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión para lograr un desarrollo pleno y armonioso pues únicamente podrá determinarse la separación de un menor de su seno familiar cuando sea necesario en casos particulares cuando el niño sea objeto de maltrato, abandono o descuido por parte de sus padres o tutores; por lo anterior esta autoridad considera apremiar a adoptar medidas urgentes con el fin de proporcionarle a la niña identificada con las iniciales D.S.L.L., un ambiente seguro, que no pongan en riesgo su desarrollo psicológico, físico y emocional, al cual tienen derecho, pues que se desarrollen en un ambiente seguro y armónico les proporciona mayores expectativas en el desarrollo integral de los menores, por ello y atendiendo a que las leyes sustantivas y adjetivas otorgan a los juzgadores la facultad de tomar las providencias que estimen pertinentes para situaciones que beneficien a los menores y a la familia, como cuando se trata de controversias sobre guarda v custodia de menores, abandono, o la separación de sus progenitores, pues en estos casos y como se ha dicho ya, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales signados por nuestro país, todas las autoridades deben velar por el interés superior de los menores, el cual consiste, entre otras cosas en asesorar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, actualizándose en este caso que la niña identificada con las iniciales D.S.L.L., permanezca incorporada en un ambiente familiar en forma inmediata pues no es permisible para la autoridad jurisdiccional someter a los menores a la separación de sus progenitores y de quien pueda hacerse cargo de los mismos con mayor responsabilidad, de donde se concluye que la progenitora de la citada infante por el momento es la persona más idónea para protegerle y proporcionarle los cuidados que en forma urgente requiere y toda vez que como se ha dicho en líneas que anteceden, le corresponde a esta autoridad determinar las medidas tendientes a velar por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, y brindarles su debida protección, así como ejercer sus derechos, la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta siempre los derechos y deberes de sus progenitores, y demás ascendientes u otras personas que puedan ser responsables de los mismos en los casos en que estos son víctimas de abandono o de violencia física, psicológica o sexual y dado que en estos casos el Juez Familiar debe tomar las providencias necesarias para que alguien se haga cargo de ellos pudiendo ser uno de los progenitores, los abuelos o familiares cercanos, o bien prever su resguardo en alguna institución social durante el tiempo en que dicho menor se encuentre desamparado o sujeto a violencia, y que en estos casos no se requiere de formalidad alguna, para poder garantizarle a los menores la seguridad de vivir en familia y un entorno armónico en el seno familiar libre de violencia, puesto que de lo contrario se pondría en riesgo el desarrollo físico emocional y psicológico y puesto que es el deber y obligación de esta autoridad procurar por la seguridad y el respeto y auxilio en el ejercicio de sus derechos que contribuyen al cumplimiento de la ley y que garantiza el mejoramiento de la condición social de las niñas, niños y adolescentes, es por ello que esta autoridad considera de forma inmediata y urgente, y mientras tanto se determina en relación a la guarda y custodia provisional de la infante en litigio, se REITERA LOS CUIDADOS PROVISIONALES DE LA NIÑA IDENTIFICADA CON LAS INICIALES D.S.L.L., a favor de su progenitora NALLELY LÓPEZ PEDRAZA, tal como fue concedido en el expediente 223/2020 del índice del Juzgado Cuarto Familiar de este Distrito Judicial del Centro, hasta en tanto esta Autoridad cuenten con los resultados de las valoraciones psicológicas ordenadas en autos a las partes procesales y pueda determinarse sobre la guarda y custodia provisional de dicha infante. En cuanto a la escucha de la parte demandada que solicito la Agente del Ministerio público, dígasele que hasta en tanto se tengan los resultados de las valoraciones psicológicas ordenadas a efectuar a las partes procesales, se señalara fecha y hora para una audiencia de carácter familiar en lo que se determinara lo conducente respeto a lo guarda y custodia provisional de la niña D.S.L.L. Por otra parte, a efecto de privilegiar eI derecho de la infante D.S.L.L., a convivir con su progenitor GUILLERMO DANIEL LUIS REYES y preservar sus relaciones familiares tal como lo prevé el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y restablecer el vínculo parental que los une máximo que los menores de edad deben desarrollarse en un propicio, y adecuado que garantice ante todo su estabilidad y seguridad emocional y psicológico, pues dicho derecho de CONVIVENCIA implica su vigilancia, protección y cuidado como medios primordiales para educarlos física y espiritualmente a efecto de procurarles un bienestar óptimo, asegurándoles con ello un desarrollo pleno e integral, que les dé la oportunidad de formarse física, mental y emocionalmente, social y moralmente, lo cual nunca debe realizarse o ejercerse a capricho de los progenitores, ya que dichos derechos son de orden público y están por encima de cualquier otro interés, es por ello que esta autoridad procurando el interés superior de la citada niña en litigio, determina que la convivencia provisional de infante identificada con iniciales D.S.L.L., con su progenitor GUILLERMO DANIEL LUIS REYES, se realicen mediante video llamadas diarias, en un horario comprendido de siete de la tarde a ocho de la noche, con base en los números telefónicos que las partes proporcionaron en sus generales en la audiencia de carácter familiar efectuada el cinco de octubre del año en curso, hasta en tanto se determine la guardia y custodia provisional de la niña identificada con iniciales D.S.L.L.; esto es, una vez que se tengan los resultados de las valoraciones psicológicas ordenadas realizar a las partes procesales. Así mismo exhórtese a las partes para que se abstengan de trasmitir mensajes negativos a su menor hija en relación a la persona de cada uno de ellos, a fin de no afectar la estabilidad emocional de su menor hija. Determinación que constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos, ya que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad dado que esta juzgadora procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado, como se verá a continuación. Al respecto se invoca la jurisprudencia número 2ª./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias puesta tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación de la parte quejosa son infundados. Para un mejor análisis se realizará un estudio diverso de los conceptos de violación al orden propuesto por la parte quejosa en su demanda de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018, Materias Común, con número de registro digital 2011406, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. Así, como primer concepto de violación la parte quejosa alude a que el acto reclamado viola en su perjuicio el derecho fundamental de derecho de audiencia que se encuentra consagrado el derecho humano de debido proceso previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. Planteamiento que resulta infundado, como se expondrá a continuación. Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El primer precepto citado contiene una de las garantías de seguridad jurídica de primordial importancia, la de audiencia previa. Dicha garantía otorga seguridad jurídica a los gobernados, al imponer la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, que se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. De esta manera, en todo procedimiento o juicio han de observarse, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber: 1. El afectado debe tener conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. 2. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. 3. Cuando se agote la etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y, 4. El procedimiento iniciado deberá concluir con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Sin embargo, las exigencias anteriores no cobran aplicación en actos de naturaleza provisional, como lo son, entre otros, las medidas cautelares en las que están involucrados derechos de menores; ello en razón de que no constituyen actos de carácter definitivo. Por tanto, la garantía de audiencia previa, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, y cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Respecto de las providencias precautorias o medidas cautelares, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 141/2002-PS, que dio origen a la tesis de jurisprudencia que más adelante se cita, consideró que se rigen por las características siguientes: ".a). Constituyen medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existente, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. b). Son medidas autorizadas por la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial del mismo. c). Se dictan siempre con el carácter de provisionales y están sujetas a lo que resuelva la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio donde se llevan a cabo. d). Excepcionalmente dan lugar a juicio autónomo como en los interdictos, pero aun en estos casos tienen el carácter de provisionales. e). Pueden promoverse antes de que se inicie el juicio en el que se haga valer el derecho subjetivo que tiende a proteger la medida cautelar o durante la tramitación del mismo. f). La persona que pretende obtenerla debe probar la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, además de garantizar el pago de los daños y perjuicios para el caso de que se declare improcedente. g). Son los instrumentos que puede decretar el juez, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. h). Se pronuncian sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, aun cuando el afectado puede impugnar posteriormente la medida, generalmente a través del recurso de apelación. i). En la ejecución de la providencia no se admite excepción alguna. j). Constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. k). Su objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia. l). Constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes." De lo anterior, se puede concluir que las medidas cautelares son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio; así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. Luego, al limitarse los efectos de las medidas cautelares a la resolución del proceso, la naturaleza de estas es provisional y no definitiva. En consecuencia, al tener efectos provisionales, para la imposición de medidas cautelares no rige la garantía de audiencia previa. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 21/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Marzo de 1998, página 18, Novena Época, Materias Constitucional, Común, con número de registro digital 196727, cuyo rubro y texto es el siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia". Asimismo, la diversa Jurisprudencia 1a./J. 28/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Junio de 2004, página 138, Novena Época, Materias Civil, con número de Registro digital 181312, cuyo rubro y texto es el siguiente: "MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítulo de las providencias precautorias, establece expresamente que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Asimismo, establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia 21/98, que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Luego, si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante el Juez competente providencias precautorias a efecto de obtener la guarda y custodia de menores de edad, resulta incuestionable que para decretar la medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audiencia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstante lo anterior, como uno de los requisitos para decretar la medida cautelar es que esté justificada la necesidad de la misma, el Juez atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrá determinar en qué caso la audiencia que se dé en su favor debe ser previa y cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escucharlo con posterioridad. De ahí que contrario a lo sostenido por el peticionario de amparo, el acto reclamado no transgrede su garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, pues se reitera, dada la naturaleza de la actuación -provisional-, no era procedente notificar al aquí quejoso de su decreto, dado que no tiene por objeto la supresión definitiva del mencionado derecho durante el juicio, sino únicamente un propósito de interés general, consistente en salvaguardar a los menores involucrados. Por lo tanto, se considera acertada las medidas adoptadas por la Juez responsable sin el derecho de audiencia del demandado Guillermo Daniel Luis Reyes; pues ponderó el interés superior de la menor de iniciales D.S.L.L., ante la exposición de posible maltrato físico y de índole sexual y así evitar un daño grave e irreparable en la integridad física y emocional de la menor de edad. Sin que ello vulnere los derechos del demandado Guillermo Daniel Luis Reyes, pues se reitera, fue una audiencia de carácter provisional en la que se consideró de manera urgente lo más idóneo para la protección y cuidado que la menor requiere. Puntualizando que el demandado podrá hacer valer sus derechos en la audiencia de carácter familiar que señale la Juez responsable en la que resolverá lo conducente respecto de la guarda y custodia provisional de la menor de iniciales D.S.L.L. En su concepto de violación número dos, la parte quejosa aduce esencialmente, que el acto reclamado viola en su perjuicio de su menor hija el interés superior del menor previsto en los artículos 4° párrafo noveno de la Constitución Federal, 429 párrafo cuarto del Código Civil del Estado de Oaxaca y el artículo 2° del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, porque la Juez responsable no recabó de oficio las pruebas suficientes para adoptar la mejor determinación, asimismo refiere que la juez fue omisa en escuchar a la menor de edad y no tomó en consideración la suspensión provisional decretada a su favor en diverso juicio de amparo. Dichos planteamientos también resulta infundados. Como se analizó en líneas anteriores, al ser una audiencia de carácter provisional en la que de manera urgente se determinaron a favor de la madre NALLELY LÓPEZ PEDRAZA, los cuidados provisionales de la menor de edad con iniciales D.S.L.L., al ser probable de actos de violencia familiar, malos tratos o ejemplos perniciosos, la Juez está obligada a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y a la menor, por lo que en ese momento no era necesario que la Juez responsable se allegara de mayores pruebas en ese momento. En efectos los artículos 962 y 963 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Oaxaca, disponen lo siguiente: Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. Artículo 963. El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. De dichos numerales se advierte que la Juez responsable sí contaba con facultades para decretar las medidas urgentes para asegurar la integridad física de la menor de edad con iniciales D.S.L.L., así como de su progenitora. De la misma manera el diverso artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño, dispone lo siguiente: Artículo 18. 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Por su parte los artículos 4, fracción IV, 12, 27, 36 y 37 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, disponen lo siguiente: Artículo 4. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades estatales y municipales realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: ". IV. Establecer medidas tendentes a prevenir y erradicar los embarazos en niñas y adolescentes con respeto a los derechos humanos y a los derechos sexuales y reproductivos; así como brindar una educación integral oportuna en salud sexual y reproductiva. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. La falta de la formulación de la denuncia, dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan. Artículo 27. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes. Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas. Artículo 37. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. La integridad personal, incluye el pleno y sano desarrollo físico, psicológico y sexual. De los preceptos previamente transcritos se advierte esencialmente, que en los juicios de controversias del orden familiar, el juez deberá procurar las medidas necesarias para proteger el interés superior del menor, cuando así fuera el caso, encontrándose vinculado a aplicar lo que establecen la ley estatal de la niñez, la cual dispone que los niños, niñas y adolescentes tiene derecho de desarrollarse en un entorno saludable y armonioso, que les permita su crecimiento físico mental, material, espiritual, ético, cultural y social y que las autoridades se están obligados a velar. Lo anterior permite deducir, que las autoridades jurisdiccionales se encuentran obligadas a siempre ver por el interés superior del menor, agotando los medios a su alcance para que éste no se vea opacado, es decir proveer siempre en su favor, esto incluye dictar las medidas necesarias dentro de los juicios que consideren vitales para lograrlo. Por ello, la medida adoptada por la Juez responsable fue la más acertada, privilegiando el interés superior de la menor con iniciales D.S.L.L., por encima de diversos derechos. Es aplicable la tesis I.4o.C.322 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2349, Novena Época, Materias Civil, con número de Registro digital 162789, cuyo rubro y texto el siguiente: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores, y en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros. Esto implica que deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situación irregular que esté ocurriendo con perjuicio de los intereses de los niños, y no mantenerse en una actitud pasiva o ceñida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicación de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Público, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el daño indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situación, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posición, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten la convivencia del niño con ambos padres, hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradicción, pero con la celeridad que impone el caso, y que les permiten los artículos 942 y siguientes del código adjetivo invocado". En otro apartado, la parte quejosa refiere que la Juez responsable fue omisa en respetar el interés superior de la menor con iniciales D.S.L.L., en relación a su derecho de ser escuchada, para que decidiera o eligiera si quería estar con su madre NALLELY LÓPEZ PEDRAZA o su padre GUILLERMO DANIEL LUIS REYES. Sin embargo, se considera que atendiendo a la edad de la menor D.S.L.L., de aproximadamente tres años y a la referencia de los posibles hechos de maltrato familiar y de índole sexual señalados por la madre NALLELY LÓPEZ PEDRAZA, no era necesario que la juez escuchara a la menor en ese momento, a fin de no atentar contra la estabilidad emocional y psicológica de la menor de edad. Máxime que se trataba de una audiencia de carácter provisional, y la Juez responsable tomó las medidas urgentes para salvaguardar el derecho fundamental de bienestar y convivencia familiar de la menor en un ambiente sano. Lo anterior, encuentra su fundamento en el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dispone lo siguiente: Artículo 200.- El Juez practicará todas las diligencias que sean necesarias para proteger a los menores hijos, a quienes deberá escuchárseles en presencia del Ministerio Público. Asimismo, dictará todas las medidas que sean necesarias para evitar que los cónyuges, se causen daños y perjuicios entre sí, o los causen a los bienes comunes. El juez practicará las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de dictar resolución. En el caso de violencia familiar tomará en cuenta los dictámenes, informes y opiniones que hubieren realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a atender estos asuntos. Además que la Juez responsable tenía las facultades de no escuchar a la menor, tomando en consideración las condiciones específicas de la menor, así como su interés superior, para acordar su intervención, siempre con una actitud orientada a favorecer la eficacia de su derecho de participación, aunado a que la Juez no contaba con las pruebas psicológicas ordenadas a las partes procesales inclusive las pruebas realizadas la menor de edad. Son aplicables, la Jurisprudencia 1a./J. 13/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 382, Décima Época, Materias Constitucional, Civil, con número de registro digital 2009009, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO DE LOS MENORES A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN DE SU EDAD. De conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores de edad tienen derecho de expresar libremente su opinión en todos los asuntos que los afectan. Ahora bien, su participación en un procedimiento jurisdiccional no puede estar predeterminada por una regla fija en razón de su edad, ni aun cuando esté prevista en ley. Atendiendo al principio de autonomía progresiva, la edad biológica no guarda necesaria correlación con la madurez y la posibilidad de formarse un juicio o criterio propio. De ahí que no puede partirse de parámetros cronológicos específicos para establecer una generalización de cuándo los menores de edad deben participar en procedimientos jurisdiccionales, pues es el juzgador quien deberá tomar en consideración las condiciones específicas del niño o niña, así como su interés superior, para acordar su intervención, siempre con una actitud orientada a favorecer la eficacia de su derecho de participación. Asimismo, la tesis XXXI.14 C (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2226, Décima Época, Materias Constitucional, Civil, con número de Registro digital 2009233, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. LOS JUZGADORES, PREVIO A ESCUCHAR LA OPINIÓN DE UN INFANTE, ESTÁN FACULTADOS PARA ORDENAR, DE OFICIO, LA EVALUACIÓN DE UNA PRUEBA DE CAPACIDAD, A FIN DE DETERMINAR SU GRADO DE MADUREZ Y DESARROLLO PARA COMPRENDER EL ASUNTO. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Opinión Consultiva OC17/2002, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen el derecho humano de todo niño a ser escuchado y que su opinión sea tomada en cuenta, en todo procedimiento judicial o administrativo, en que se afecte su esfera jurídica. Por lo que, en aras de la plena eficacia y garantía de ese derecho, ponderando cada caso en particular y teniendo como principio rector el interés superior del niño, los juzgadores, previo a escuchar la opinión de un infante, están facultados para ordenar, incluso, de oficio, la evaluación de una prueba de capacidad, a fin de determinar si el niño o niña tiene el grado de madurez y desarrollo para comprender el asunto, y de si está en condiciones de formarse un juicio o criterio propio, de manera independiente y autónoma, pudiendo servir de guía para ello, la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En lo relativo a que la Juez responsable no respetó a favor del quejoso GUILLERMO DANIEL LUIS REYES, la suspensión provisional y definitiva emitida en el diverso juicio de amparo 488/2020 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, concedida para efectos de que no se le separara de su menor hija de iniciales D.S.L.L.; debe decirse que no le asiste la razón a dicho quejoso. Toda vez que la medida cautelar concedida fue solo para el efecto de que no se le separara, ni se le privara de su menor hija D.S.L.L., salvo de que se demostrara que la convivencia del quejoso con su menor hija, implicara para ésta un hecho grave que pusiera en peligro inminente su desarrollo físico, psicológico o mental. Y como lo valoró la Juez responsable en la audiencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte, al encontrarse la menor de edad en riesgo por posibles hechos de violencia familiar y de índole sexual, a reserva de su comprobación, fue acertado tomar esa determinación, porque así se encuentra facultada por la ley. Por lo tanto, se reitera que lo determinado de manera provisional por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en nada perjudica a la parte quejosa. En su concepto de violación tres la parte quejosa señala que la Juez responsable no juzga con igualdad procesal con base en una perspectiva de género, toda vez que ha emitido resoluciones a favor de la parte demandada NALLELY LÓPEZ PEDRAZA, por el simple hecho de ser mujer y supuestamente ser víctima de violencia. Ese planteamiento debe considerarse infundado. Lo anterior, si se toma en consideración que las diligencias ordenadas y de las cuales no ha beneficiado a la parte quejosa, la Juez responsable las ha dictado en atención al interés superior de la menor D.S.L.L., y en su claro beneficio. Lo cual no es contrario a derecho, toda vez que los numerales 962, 963 y 964 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, facultan a la juez, con competencia en materia familiar, para decretar todas las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros; por tanto, resulta evidente que el decreto de concesión de cuidados provisionales a favor de uno de los progenitores, debe considerarse como medida precautoria, es decir, determinarse de forma inmediata y urgente, y sin otorgar previa audiencia al progenitor afectado, cuando la situación de hecho puede ocasionar alguna afectación emocional al menor, tomando en cuenta su interés superior. En lo relativo a que no se está juzgando con igualdad procesal y perspectiva de género, debe decirse que es infundado, pues como se analizó en el primer concepto de violación y se reitera en este apartado, las medida precautoria decretada de cuidados provisionales no es de carácter definitiva y no afecta los derechos del progenitor GUILLERMO DANIEL LUIS REYES respecto de la menor D.S.L.L., en razón de que fue de carácter urgente su emisión, pero puede variar al momento de celebrarse la audiencia de carácter familiar para determinar lo relativo a la guardia y custodia e inclusive en la sentencia definitiva que llegue a dictarse en ese expediente familiar. De igual forma, resulta infundado lo alegado por el impetrante en el sentido de que tal determinación resulta, además, violatoria de su derecho humano tutelado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que la autoridad responsable no fundó ni motivó tal determinación. En efecto, el derecho fundamental de legalidad impone el mandamiento a toda autoridad que debe cumplimentar al emitir cualquier acto tendiente a causar molestia, perturbación o afectación en la esfera jurídica de cualquier persona, ya sea en sí misma, en su familia, papeles o posesiones, imperativo que constituye en que dicha actuación autoritaria, además de constar por escrito, habrá de estar debidamente fundada y motivada. Esto último, comprendido como la cita de las disposiciones legales aplicables en el asunto, así como la exposición de los razonamientos y circunstancias particulares del mismo, que en su conjunto muestren armonía, es decir, una adecuación de las normas jurídicas invocadas en relación con los motivos de hecho y derecho concernientes al caso, y que integralmente conforman el sustento del acto de autoridad. De modo que, sólo cumplidos tales requisitos, puede presumirse, en principio, que al haberse exteriorizado cualquier acto de molestia en la esfera de derechos de un gobernado, aquél fue emitido dentro del marco legal, garantizándose además el derecho de legalidad, el de seguridad jurídica del afectado, al propiciarle certeza que la actuación de la autoridad no se hizo de manera arbitraria. Por tanto, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, la comparecencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte, sí se encuentra fundada y motivada, pues la autoridad responsable para dictar el mismo citó como apoyo, entre otros, los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8, 9 y 18 de la Convención de los Derechos del Niño, además de la exposición clara de los motivos para otorgar la medida cautelar sobre cuidados provisionales de la menor atendiendo a los hechos referidos de violencia familiar y de índole sexual, cuya determinación se encuentra dentro de las facultades del juez con competencia en materia familiar, a fin de emitir las medidas necesarias para proteger la integridad personal de la menor afectada. Lo que, además, basó la autoridad responsable en lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional que establece el desarrollo integral, el respecto a la dignidad y derechos de la niñez. En tales condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada por GUILLERMO DANIEL LUIS REYES y en representación de su menor hija D.S.L.L.., contra la audiencia pública de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente familiar 253/2020 (4), emitida por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. SÉPTIMO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, donde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal y los diversos numerales 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, se suprimirán datos sensibles que pueda contener la determinación, sin que ello impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO Ampara NI Protege a la parte quejosa (...) y en representación de su menor hija ...contra la audiencia pública de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente familiar 253/2020 (4), emitida por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO)
- Principal
MESA VI "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 722/2020; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La audiencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte, emitida dentro del juicio familiar 253/2020, por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, aceptó la existencia del acto reclamado. Para corroborar lo anterior, remitió como apoyo a su informe justificado dos cuadernos de pruebas derivadas del expediente familiar 253/2020 de su índice. Dichas constancias adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de las actuaciones del procedimiento en el que se gestó el acto reclamado. CUARTO. Antecedentes. Previamente, se relacionan los antecedentes del acto que se reclama, que se advierten de las constancias que remitió la Junta responsable como justificante de su informe, de las que se advierte que: a) Mediante escrito recibido el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Nallely López Pedraza, por propio derecho y en representación de su menor hija D.S.L.L., entabló demanda en la vía de controversias del orden familiar contra Guillermo Daniel Luis Reyes, a quien le reclamó el otorgamiento de la guarda y custodia provisional urgente y en su momento la definitiva de su menor hija; el ejercicio de la pérdida de la patria potestad por razones graves en contra de su menor hija; el pago de una pensión provisional y en su momento la definitiva a favor de su menor hija y el pago de gastos y costas derivado del juicio. b) El veintidós de septiembre de dos mil veinte, la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, admitió y radicó dicha controversia bajo el número de expediente 253/2020, asimismo tuvo demandando a Nallely López Pedraza, por propio derecho y en representación de su menor hija D.S.L.L., en la vía de controversias del orden familiar a Guillermo Daniel Luis Reyes, de las prestaciones reclamadas y ordenó el emplazamiento del demandado en el domicilio señalado. c) En audiencia pública celebrada a las ONCE HORAS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, se llevó a cabo la certificación de condiciones y aliño en que se encontraba la menor de edad D.S.L.L. d) Comparecencia de dieciocho de septiembre de dos mil veinte de Guillermo Daniel Luis Reyes, ante el Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, para solicitar la guardia y custodia de su menor hija D.S.L.L., asimismo presentó a la menor de edad y el personal judicial certificó el estado de dicha menor. Asimismo, el personal judicial decretó la guardia y custodia provisional de la menor D.S.L.L., a favor de su padre Guillermo Daniel Luis Reyes, hasta en tanto se tuviera audiencia con la madre de la menor, para respetar su derecho de audiencia. e) El cinco de octubre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia de inspección judicial en las instalaciones del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, por personal actuante del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en la que se dio fe de las actuaciones del expediente familiar 253/2020 del índice del Juzgado Sexto Familiar, conforme a los puntos ordenados por la Juez Quinto de lo Familiar. f) Comparecencia espontanea de diecinueve de octubre de dos mil veinte, de Nallely López Pedraza y su menor hija D.S.L.L., acompañada de su abogada, ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el expediente 253/2020, en la que se hizo constar lo siguiente: "Continuamente se hace constar que la parte actora citada trae consigo a una menor refiriendo que es su hija con iniciales D.S.L.L., quien tiene una edad aproximada de tres años, viste un vestido de color rosado con gris, calza unas chanclas de color rosa y azul, a simple vista se advierte que se encuentra en buenas condiciones de higiene y aliño personal sin signo de violencia aparente ni huella de maltrato físico externo, lo que hace constar para los efectos legales correspondientes. Enseguida se le concede el uso de la voz a la compareciente quien manifestó: Que comparezco ante este Juzgado para manifestar lo siguiente: He convivido con mi hija todos los días en el horario establecido en audiencia de fecha dos de octubre del año en curso, mi hija me ha repetido varias veces que quiere estar con la suscrita, insiste mucho que quiere estar conmigo diciéndome mamita quiero estar contigo, ante ello, resulta que el día catorce de octubre del presente año, mi celular y el número que proporcione aquí en el Juzgado se descompuso, no puedo hacer llamadas, se ve como una rayas, por lo que acorde con el papá de mi hija el C. GUILLERMO DANIEL LUIS REYES, acorde con él que me llevara a mi hija en el domicilio en el donde me encuentro establecida, por lo que el día quince de octubre del presente año, como a las dieciséis horas con veinte minutos, llegó el papá de mi hija, con mi hija y estuve conviviendo con mi hija físicamente, por lo que al despedirse su papá se la quiso llevar y mi hija ya no se quiso ir con él, diciéndole "no me quiero ir contigo" y se puso a llorar, por lo que desde esa fecha mi hija se encuentra con la compareciente, por lo que solicito, de la manera más atenta a su señoría se me conceda la GUARDIA Y CUSTODIA de mi hija de iniciales D.S.L.L., ya que mi hija me ha referido que no quiere ir con su papá porque su abuelita le pega, su tío AYAX la regaña y no se quiere ir con su papá. El día lunes doce de octubre del año en curso, a las dieciséis horas, acudí al despacho del abogado del señor GUILLERMO, me hicieron firmar un convenio en el cual yo le otorgo la guardia y custodia de mi hija, al señor Guillermo, pero yo desconocía de lo que mi hija me dijo de que su abuela le pega, su tío la regaña y por lo que yo no estoy de acuerdo de darle la guardia y custodia de mi hija, por lo que no voy a ratificar el convenio que me hicieron firmar, me vi presionada porque él me convenció que regresáramos lo cual no es cierto, porque en estos días me he dado cuenta que lo que él quiere es que yo acuda a la fiscalía y me desista de las denuncias presentadas en contra de su hermano por el delito de abuso sexual y por el delito de sustracción y el de violencia familiar que tengo presentada en su contra, del cual él ya tiene conocimiento de todas las carpetas porque ya intervino. Así mismo, en este acto exhibo un juego de copias certificadas deducidas del expediente familiar número 223/2020, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial del Centro, relativa al acta circunstanciada de la diligencia desahogada derivada de la orden de cateo librada por el Secretario de Acuerdos encargado del Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, que es todo lo que tiene que manifestar". Acto seguido y en uso de la voz a la Agente del Ministerio Público dijo: Que en atención a lo manifestado por la compareciente NALLELY LÓPEZ PEDRAZA, así mismo tomando en consideración las copias certificadas que exhibe en esta diligencia consistente en las copias certificadas deducidas del expediente familiar número 223/2020 del índice del Juzgado Cuarto Familiar de este Distrito Judicial del Centro, y tomando en consideración que se encuentran pendientes por realizarse valoraciones psicológicas de la compareciente, como del demandado GUILLERMO DANIEL LUIS REYES, esto para que su señoría este en condicione de determinar sobre la guarda y custodia de la menor identificada con las iniciales D.S.L.L., por el momento y tomando en consideración el interés superior de dicha menor por el momento se solicita se otorguen a la compareciente NALLELY LÓPEZ PEDRAZA, los cuidados provisionales de la referida menor, hasta en tanto, como se manifestó con anterioridad se cuenten con las valoraciones psicológicas ordenadas, así mismo se escuche a la parte demandada, lo anterior en términos de lo establecido por el artículo 4° de la Constitución en relación con el artículo 8° de la Ley de los Derechos Niños. Niñas y Adolescentes del Estado de Oaxaca, que es todo lo que tiene que manifestar. A continuación la Jueza acuerda: En cuanto a las manifestaciones que realiza la parte actora y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos que narra y a lo solicitado por la Agente del Ministerio Público adscrita, se tiene primeramente a la compareciente, exhibiendo en este acto copias debidamente certificadas del expediente familiar número 223/2020, del índice del Juzgado Cuarto Familiar de este Distrito Judicial del Centro, relativo al acta circunstanciada de la diligencia desahogada derivada de la orden de cateo librada por el Secretario de Acuerdos encargado del Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, mismo que se agrega a los presentes autos para los efectos legales correspondientes. Así mismo, tomando en consideración que los niños para el pleno desarrollo de su personalidad necesitan cuidados adecuados de higiene, amor y comprensión y siempre posible deberán crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, procurando en todo caso que éstos se desarrollen en un ambiente familiar de afecto y de seguridad moral y material y por ello tanto la sociedad como todos los órganos jurisdiccionales deberán velar en todo momento por el interés superior de los niños, toda vez, que como lo dispone nuestra legislación y los tratados internacionales que nos rigen en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se deberán atender en forma primordial el interés superior de los menores, asegurando al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta siempre su opinión, y los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, es por lo que esta autoridad considera urgente la toma de medidas en protección a la citada infante. Por lo que atendiendo además al contenido del artículo 4 de nuestra carta magna el cual instituye que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que a su vez los ascendientes tienen el deber de preservar este derecho, debiendo proveer el estado para el ejercicio pleno de sus derechos, precepto que concatenado con los artículos número 9 de la convención sobre los Derechos del niño, y el cual establece que los estados partes tendrán la obligación de velar porque el niño no sea separado de sus padres, a menos que dicha separación sea necesaria e interés superior del niño, pero siempre de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables y que con el artículo 18 de la misma convención determina que incumbe a los padres la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño; luego entonces es de advertirse que el espíritu institucional de dichos preceptos es el reconocimiento de la persona humana en su niñez y su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión para lograr un desarrollo pleno y armonioso pues únicamente podrá determinarse la separación de un menor de su seno familiar cuando sea necesario en casos particulares cuando el niño sea objeto de maltrato, abandono o descuido por parte de sus padres o tutores; por lo anterior esta autoridad considera apremiar a adoptar medidas urgentes con el fin de proporcionarle a la niña identificada con las iniciales D.S.L.L., un ambiente seguro, que no pongan en riesgo su desarrollo psicológico, físico y emocional, al cual tienen derecho, pues que se desarrollen en un ambiente seguro y armónico les proporciona mayores expectativas en el desarrollo integral de los menores, por ello y atendiendo a que las leyes sustantivas y adjetivas otorgan a los juzgadores la facultad de tomar las providencias que estimen pertinentes para situaciones que beneficien a los menores y a la familia, como cuando se trata de controversias sobre guarda v custodia de menores, abandono, o la separación de sus progenitores, pues en estos casos y como se ha dicho ya, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales signados por nuestro país, todas las autoridades deben velar por el interés superior de los menores, el cual consiste, entre otras cosas en asesorar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, actualizándose en este caso que la niña identificada con las iniciales D.S.L.L., permanezca incorporada en un ambiente familiar en forma inmediata pues no es permisible para la autoridad jurisdiccional someter a los menores a la separación de sus progenitores y de quien pueda hacerse cargo de los mismos con mayor responsabilidad, de donde se concluye que la progenitora de la citada infante por el momento es la persona más idónea para protegerle y proporcionarle los cuidados que en forma urgente requiere y toda vez que como se ha dicho en líneas que anteceden, le corresponde a esta autoridad determinar las medidas tendientes a velar por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, y brindarles su debida protección, así como ejercer sus derechos, la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta siempre los derechos y deberes de sus progenitores, y demás ascendientes u otras personas que puedan ser responsables de los mismos en los casos en que estos son víctimas de abandono o de violencia física, psicológica o sexual y dado que en estos casos el Juez Familiar debe tomar las providencias necesarias para que alguien se haga cargo de ellos pudiendo ser uno de los progenitores, los abuelos o familiares cercanos, o bien prever su resguardo en alguna institución social durante el tiempo en que dicho menor se encuentre desamparado o sujeto a violencia, y que en estos casos no se requiere de formalidad alguna, para poder garantizarle a los menores la seguridad de vivir en familia y un entorno armónico en el seno familiar libre de violencia, puesto que de lo contrario se pondría en riesgo el desarrollo físico emocional y psicológico y puesto que es el deber y obligación de esta autoridad procurar por la seguridad y el respeto y auxilio en el ejercicio de sus derechos que contribuyen al cumplimiento de la ley y que garantiza el mejoramiento de la condición social de las niñas, niños y adolescentes, es por ello que esta autoridad considera de forma inmediata y urgente, y mientras tanto se determina en relación a la guarda y custodia provisional de la infante en litigio, se REITERA LOS CUIDADOS PROVISIONALES DE LA NIÑA IDENTIFICADA CON LAS INICIALES D.S.L.L., a favor de su progenitora NALLELY LÓPEZ PEDRAZA, tal como fue concedido en el expediente 223/2020 del índice del Juzgado Cuarto Familiar de este Distrito Judicial del Centro, hasta en tanto esta Autoridad cuenten con los resultados de las valoraciones psicológicas ordenadas en autos a las partes procesales y pueda determinarse sobre la guarda y custodia provisional de dicha infante. En cuanto a la escucha de la parte demandada que solicito la Agente del Ministerio público, dígasele que hasta en tanto se tengan los resultados de las valoraciones psicológicas ordenadas a efectuar a las partes procesales, se señalara fecha y hora para una audiencia de carácter familiar en lo que se determinara lo conducente respeto a lo guarda y custodia provisional de la niña D.S.L.L. Por otra parte, a efecto de privilegiar eI derecho de la infante D.S.L.L., a convivir con su progenitor GUILLERMO DANIEL LUIS REYES y preservar sus relaciones familiares tal como lo prevé el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y restablecer el vínculo parental que los une máximo que los menores de edad deben desarrollarse en un propicio, y adecuado que garantice ante todo su estabilidad y seguridad emocional y psicológico, pues dicho derecho de CONVIVENCIA implica su vigilancia, protección y cuidado como medios primordiales para educarlos física y espiritualmente a efecto de procurarles un bienestar óptimo, asegurándoles con ello un desarrollo pleno e integral, que les dé la oportunidad de formarse física, mental y emocionalmente, social y moralmente, lo cual nunca debe realizarse o ejercerse a capricho de los progenitores, ya que dichos derechos son de orden público y están por encima de cualquier otro interés, es por ello que esta autoridad procurando el interés superior de la citada niña en litigio, determina que la convivencia provisional de infante identificada con iniciales D.S.L.L., con su progenitor GUILLERMO DANIEL LUIS REYES, se realicen mediante video llamadas diarias, en un horario comprendido de siete de la tarde a ocho de la noche, con base en los números telefónicos que las partes proporcionaron en sus generales en la audiencia de carácter familiar efectuada el cinco de octubre del año en curso, hasta en tanto se determine la guardia y custodia provisional de la niña identificada con iniciales D.S.L.L.; esto es, una vez que se tengan los resultados de las valoraciones psicológicas ordenadas realizar a las partes procesales. Así mismo exhórtese a las partes para que se abstengan de trasmitir mensajes negativos a su menor hija en relación a la persona de cada uno de ellos, a fin de no afectar la estabilidad emocional de su menor hija. Determinación que constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos, ya que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad dado que esta juzgadora procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado, como se verá a continuación. Al respecto se invoca la jurisprudencia número 2ª./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias puesta tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación de la parte quejosa son infundados. Para un mejor análisis se realizará un estudio diverso de los conceptos de violación al orden propuesto por la parte quejosa en su demanda de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018, Materias Común, con número de registro digital 2011406, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. Así, como primer concepto de violación la parte quejosa alude a que el acto reclamado viola en su perjuicio el derecho fundamental de derecho de audiencia que se encuentra consagrado el derecho humano de debido proceso previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. Planteamiento que resulta infundado, como se expondrá a continuación. Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El primer precepto citado contiene una de las garantías de seguridad jurídica de primordial importancia, la de audiencia previa. Dicha garantía otorga seguridad jurídica a los gobernados, al imponer la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, que se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. De esta manera, en todo procedimiento o juicio han de observarse, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber: 1. El afectado debe tener conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. 2. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. 3. Cuando se agote la etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y, 4. El procedimiento iniciado deberá concluir con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Sin embargo, las exigencias anteriores no cobran aplicación en actos de naturaleza provisional, como lo son, entre otros, las medidas cautelares en las que están involucrados derechos de menores; ello en razón de que no constituyen actos de carácter definitivo. Por tanto, la garantía de audiencia previa, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, y cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Respecto de las providencias precautorias o medidas cautelares, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 141/2002-PS, que dio origen a la tesis de jurisprudencia que más adelante se cita, consideró que se rigen por las características siguientes: ".a). Constituyen medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existente, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. b). Son medidas autorizadas por la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial del mismo. c). Se dictan siempre con el carácter de provisionales y están sujetas a lo que resuelva la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio donde se llevan a cabo. d). Excepcionalmente dan lugar a juicio autónomo como en los interdictos, pero aun en estos casos tienen el carácter de provisionales. e). Pueden promoverse antes de que se inicie el juicio en el que se haga valer el derecho subjetivo que tiende a proteger la medida cautelar o durante la tramitación del mismo. f). La persona que pretende obtenerla debe probar la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, además de garantizar el pago de los daños y perjuicios para el caso de que se declare improcedente. g). Son los instrumentos que puede decretar el juez, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. h). Se pronuncian sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, aun cuando el afectado puede impugnar posteriormente la medida, generalmente a través del recurso de apelación. i). En la ejecución de la providencia no se admite excepción alguna. j). Constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. k). Su objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia. l). Constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes." De lo anterior, se puede concluir que las medidas cautelares son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio; así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. Luego, al limitarse los efectos de las medidas cautelares a la resolución del proceso, la naturaleza de estas es provisional y no definitiva. En consecuencia, al tener efectos provisionales, para la imposición de medidas cautelares no rige la garantía de audiencia previa. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 21/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Marzo de 1998, página 18, Novena Época, Materias Constitucional, Común, con número de registro digital 196727, cuyo rubro y texto es el siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia". Asimismo, la diversa Jurisprudencia 1a./J. 28/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Junio de 2004, página 138, Novena Época, Materias Civil, con número de Registro digital 181312, cuyo rubro y texto es el siguiente: "MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítulo de las providencias precautorias, establece expresamente que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Asimismo, establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia 21/98, que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Luego, si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante el Juez competente providencias precautorias a efecto de obtener la guarda y custodia de menores de edad, resulta incuestionable que para decretar la medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audiencia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstante lo anterior, como uno de los requisitos para decretar la medida cautelar es que esté justificada la necesidad de la misma, el Juez atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrá determinar en qué caso la audiencia que se dé en su favor debe ser previa y cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escucharlo con posterioridad. De ahí que contrario a lo sostenido por el peticionario de amparo, el acto reclamado no transgrede su garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, pues se reitera, dada la naturaleza de la actuación -provisional-, no era procedente notificar al aquí quejoso de su decreto, dado que no tiene por objeto la supresión definitiva del mencionado derecho durante el juicio, sino únicamente un propósito de interés general, consistente en salvaguardar a los menores involucrados. Por lo tanto, se considera acertada las medidas adoptadas por la Juez responsable sin el derecho de audiencia del demandado Guillermo Daniel Luis Reyes; pues ponderó el interés superior de la menor de iniciales D.S.L.L., ante la exposición de posible maltrato físico y de índole sexual y así evitar un daño grave e irreparable en la integridad física y emocional de la menor de edad. Sin que ello vulnere los derechos del demandado Guillermo Daniel Luis Reyes, pues se reitera, fue una audiencia de carácter provisional en la que se consideró de manera urgente lo más idóneo para la protección y cuidado que la menor requiere. Puntualizando que el demandado podrá hacer valer sus derechos en la audiencia de carácter familiar que señale la Juez responsable en la que resolverá lo conducente respecto de la guarda y custodia provisional de la menor de iniciales D.S.L.L. En su concepto de violación número dos, la parte quejosa aduce esencialmente, que el acto reclamado viola en su perjuicio de su menor hija el interés superior del menor previsto en los artículos 4° párrafo noveno de la Constitución Federal, 429 párrafo cuarto del Código Civil del Estado de Oaxaca y el artículo 2° del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, porque la Juez responsable no recabó de oficio las pruebas suficientes para adoptar la mejor determinación, asimismo refiere que la juez fue omisa en escuchar a la menor de edad y no tomó en consideración la suspensión provisional decretada a su favor en diverso juicio de amparo. Dichos planteamientos también resulta infundados. Como se analizó en líneas anteriores, al ser una audiencia de carácter provisional en la que de manera urgente se determinaron a favor de la madre NALLELY LÓPEZ PEDRAZA, los cuidados provisionales de la menor de edad con iniciales D.S.L.L., al ser probable de actos de violencia familiar, malos tratos o ejemplos perniciosos, la Juez está obligada a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y a la menor, por lo que en ese momento no era necesario que la Juez responsable se allegara de mayores pruebas en ese momento. En efectos los artículos 962 y 963 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Oaxaca, disponen lo siguiente: Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. Artículo 963. El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. De dichos numerales se advierte que la Juez responsable sí contaba con facultades para decretar las medidas urgentes para asegurar la integridad física de la menor de edad con iniciales D.S.L.L., así como de su progenitora. De la misma manera el diverso artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño, dispone lo siguiente: Artículo 18. 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Por su parte los artículos 4, fracción IV, 12, 27, 36 y 37 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, disponen lo siguiente: Artículo 4. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades estatales y municipales realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: ". IV. Establecer medidas tendentes a prevenir y erradicar los embarazos en niñas y adolescentes con respeto a los derechos humanos y a los derechos sexuales y reproductivos; así como brindar una educación integral oportuna en salud sexual y reproductiva. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. La falta de la formulación de la denuncia, dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan. Artículo 27. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes. Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas. Artículo 37. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. La integridad personal, incluye el pleno y sano desarrollo físico, psicológico y sexual. De los preceptos previamente transcritos se advierte esencialmente, que en los juicios de controversias del orden familiar, el juez deberá procurar las medidas necesarias para proteger el interés superior del menor, cuando así fuera el caso, encontrándose vinculado a aplicar lo que establecen la ley estatal de la niñez, la cual dispone que los niños, niñas y adolescentes tiene derecho de desarrollarse en un entorno saludable y armonioso, que les permita su crecimiento físico mental, material, espiritual, ético, cultural y social y que las autoridades se están obligados a velar. Lo anterior permite deducir, que las autoridades jurisdiccionales se encuentran obligadas a siempre ver por el interés superior del menor, agotando los medios a su alcance para que éste no se vea opacado, es decir proveer siempre en su favor, esto incluye dictar las medidas necesarias dentro de los juicios que consideren vitales para lograrlo. Por ello, la medida adoptada por la Juez responsable fue la más acertada, privilegiando el interés superior de la menor con iniciales D.S.L.L., por encima de diversos derechos. Es aplicable la tesis I.4o.C.322 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2349, Novena Época, Materias Civil, con número de Registro digital 162789, cuyo rubro y texto el siguiente: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores, y en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros. Esto implica que deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situación irregular que esté ocurriendo con perjuicio de los intereses de los niños, y no mantenerse en una actitud pasiva o ceñida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicación de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Público, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el daño indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situación, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posición, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten la convivencia del niño con ambos padres, hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradicción, pero con la celeridad que impone el caso, y que les permiten los artículos 942 y siguientes del código adjetivo invocado". En otro apartado, la parte quejosa refiere que la Juez responsable fue omisa en respetar el interés superior de la menor con iniciales D.S.L.L., en relación a su derecho de ser escuchada, para que decidiera o eligiera si quería estar con su madre NALLELY LÓPEZ PEDRAZA o su padre GUILLERMO DANIEL LUIS REYES. Sin embargo, se considera que atendiendo a la edad de la menor D.S.L.L., de aproximadamente tres años y a la referencia de los posibles hechos de maltrato familiar y de índole sexual señalados por la madre NALLELY LÓPEZ PEDRAZA, no era necesario que la juez escuchara a la menor en ese momento, a fin de no atentar contra la estabilidad emocional y psicológica de la menor de edad. Máxime que se trataba de una audiencia de carácter provisional, y la Juez responsable tomó las medidas urgentes para salvaguardar el derecho fundamental de bienestar y convivencia familiar de la menor en un ambiente sano. Lo anterior, encuentra su fundamento en el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dispone lo siguiente: Artículo 200.- El Juez practicará todas las diligencias que sean necesarias para proteger a los menores hijos, a quienes deberá escuchárseles en presencia del Ministerio Público. Asimismo, dictará todas las medidas que sean necesarias para evitar que los cónyuges, se causen daños y perjuicios entre sí, o los causen a los bienes comunes. El juez practicará las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de dictar resolución. En el caso de violencia familiar tomará en cuenta los dictámenes, informes y opiniones que hubieren realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a atender estos asuntos. Además que la Juez responsable tenía las facultades de no escuchar a la menor, tomando en consideración las condiciones específicas de la menor, así como su interés superior, para acordar su intervención, siempre con una actitud orientada a favorecer la eficacia de su derecho de participación, aunado a que la Juez no contaba con las pruebas psicológicas ordenadas a las partes procesales inclusive las pruebas realizadas la menor de edad. Son aplicables, la Jurisprudencia 1a./J. 13/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 382, Décima Época, Materias Constitucional, Civil, con número de registro digital 2009009, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO DE LOS MENORES A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN DE SU EDAD. De conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores de edad tienen derecho de expresar libremente su opinión en todos los asuntos que los afectan. Ahora bien, su participación en un procedimiento jurisdiccional no puede estar predeterminada por una regla fija en razón de su edad, ni aun cuando esté prevista en ley. Atendiendo al principio de autonomía progresiva, la edad biológica no guarda necesaria correlación con la madurez y la posibilidad de formarse un juicio o criterio propio. De ahí que no puede partirse de parámetros cronológicos específicos para establecer una generalización de cuándo los menores de edad deben participar en procedimientos jurisdiccionales, pues es el juzgador quien deberá tomar en consideración las condiciones específicas del niño o niña, así como su interés superior, para acordar su intervención, siempre con una actitud orientada a favorecer la eficacia de su derecho de participación. Asimismo, la tesis XXXI.14 C (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2226, Décima Época, Materias Constitucional, Civil, con número de Registro digital 2009233, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. LOS JUZGADORES, PREVIO A ESCUCHAR LA OPINIÓN DE UN INFANTE, ESTÁN FACULTADOS PARA ORDENAR, DE OFICIO, LA EVALUACIÓN DE UNA PRUEBA DE CAPACIDAD, A FIN DE DETERMINAR SU GRADO DE MADUREZ Y DESARROLLO PARA COMPRENDER EL ASUNTO. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Opinión Consultiva OC17/2002, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen el derecho humano de todo niño a ser escuchado y que su opinión sea tomada en cuenta, en todo procedimiento judicial o administrativo, en que se afecte su esfera jurídica. Por lo que, en aras de la plena eficacia y garantía de ese derecho, ponderando cada caso en particular y teniendo como principio rector el interés superior del niño, los juzgadores, previo a escuchar la opinión de un infante, están facultados para ordenar, incluso, de oficio, la evaluación de una prueba de capacidad, a fin de determinar si el niño o niña tiene el grado de madurez y desarrollo para comprender el asunto, y de si está en condiciones de formarse un juicio o criterio propio, de manera independiente y autónoma, pudiendo servir de guía para ello, la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En lo relativo a que la Juez responsable no respetó a favor del quejoso GUILLERMO DANIEL LUIS REYES, la suspensión provisional y definitiva emitida en el diverso juicio de amparo 488/2020 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, concedida para efectos de que no se le separara de su menor hija de iniciales D.S.L.L.; debe decirse que no le asiste la razón a dicho quejoso. Toda vez que la medida cautelar concedida fue solo para el efecto de que no se le separara, ni se le privara de su menor hija D.S.L.L., salvo de que se demostrara que la convivencia del quejoso con su menor hija, implicara para ésta un hecho grave que pusiera en peligro inminente su desarrollo físico, psicológico o mental. Y como lo valoró la Juez responsable en la audiencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte, al encontrarse la menor de edad en riesgo por posibles hechos de violencia familiar y de índole sexual, a reserva de su comprobación, fue acertado tomar esa determinación, porque así se encuentra facultada por la ley. Por lo tanto, se reitera que lo determinado de manera provisional por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en nada perjudica a la parte quejosa. En su concepto de violación tres la parte quejosa señala que la Juez responsable no juzga con igualdad procesal con base en una perspectiva de género, toda vez que ha emitido resoluciones a favor de la parte demandada NALLELY LÓPEZ PEDRAZA, por el simple hecho de ser mujer y supuestamente ser víctima de violencia. Ese planteamiento debe considerarse infundado. Lo anterior, si se toma en consideración que las diligencias ordenadas y de las cuales no ha beneficiado a la parte quejosa, la Juez responsable las ha dictado en atención al interés superior de la menor D.S.L.L., y en su claro beneficio. Lo cual no es contrario a derecho, toda vez que los numerales 962, 963 y 964 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, facultan a la juez, con competencia en materia familiar, para decretar todas las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros; por tanto, resulta evidente que el decreto de concesión de cuidados provisionales a favor de uno de los progenitores, debe considerarse como medida precautoria, es decir, determinarse de forma inmediata y urgente, y sin otorgar previa audiencia al progenitor afectado, cuando la situación de hecho puede ocasionar alguna afectación emocional al menor, tomando en cuenta su interés superior. En lo relativo a que no se está juzgando con igualdad procesal y perspectiva de género, debe decirse que es infundado, pues como se analizó en el primer concepto de violación y se reitera en este apartado, las medida precautoria decretada de cuidados provisionales no es de carácter definitiva y no afecta los derechos del progenitor GUILLERMO DANIEL LUIS REYES respecto de la menor D.S.L.L., en razón de que fue de carácter urgente su emisión, pero puede variar al momento de celebrarse la audiencia de carácter familiar para determinar lo relativo a la guardia y custodia e inclusive en la sentencia definitiva que llegue a dictarse en ese expediente familiar. De igual forma, resulta infundado lo alegado por el impetrante en el sentido de que tal determinación resulta, además, violatoria de su derecho humano tutelado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que la autoridad responsable no fundó ni motivó tal determinación. En efecto, el derecho fundamental de legalidad impone el mandamiento a toda autoridad que debe cumplimentar al emitir cualquier acto tendiente a causar molestia, perturbación o afectación en la esfera jurídica de cualquier persona, ya sea en sí misma, en su familia, papeles o posesiones, imperativo que constituye en que dicha actuación autoritaria, además de constar por escrito, habrá de estar debidamente fundada y motivada. Esto último, comprendido como la cita de las disposiciones legales aplicables en el asunto, así como la exposición de los razonamientos y circunstancias particulares del mismo, que en su conjunto muestren armonía, es decir, una adecuación de las normas jurídicas invocadas en relación con los motivos de hecho y derecho concernientes al caso, y que integralmente conforman el sustento del acto de autoridad. De modo que, sólo cumplidos tales requisitos, puede presumirse, en principio, que al haberse exteriorizado cualquier acto de molestia en la esfera de derechos de un gobernado, aquél fue emitido dentro del marco legal, garantizándose además el derecho de legalidad, el de seguridad jurídica del afectado, al propiciarle certeza que la actuación de la autoridad no se hizo de manera arbitraria. Por tanto, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, la comparecencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte, sí se encuentra fundada y motivada, pues la autoridad responsable para dictar el mismo citó como apoyo, entre otros, los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8, 9 y 18 de la Convención de los Derechos del Niño, además de la exposición clara de los motivos para otorgar la medida cautelar sobre cuidados provisionales de la menor atendiendo a los hechos referidos de violencia familiar y de índole sexual, cuya determinación se encuentra dentro de las facultades del juez con competencia en materia familiar, a fin de emitir las medidas necesarias para proteger la integridad personal de la menor afectada. Lo que, además, basó la autoridad responsable en lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional que establece el desarrollo integral, el respecto a la dignidad y derechos de la niñez. En tales condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada por GUILLERMO DANIEL LUIS REYES y en representación de su menor hija D.S.L.L.., contra la audiencia pública de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente familiar 253/2020 (4), emitida por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. SÉPTIMO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, donde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal y los diversos numerales 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, se suprimirán datos sensibles que pueda contener la determinación, sin que ello impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO Ampara NI Protege a la parte quejosa (...) y en representación de su menor hija ...contra la audiencia pública de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente familiar 253/2020 (4), emitida por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. LA PRESENTE RESOLUCION SE NOTIFICA A LA PARTE QUEOSA, PREVIO AVISO, EN TERMINOS DE LA LEY DE AMPARO
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