Guillermo Curiel Morfin
Expediente 918/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Guillermo Curiel Morfin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto número 482/2019, enviado para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara al quejoso el proveído de abril dos mil diecinueve; dese de baja la comunicación oficial que se recibe y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Sin que sea necesario acusar recibo, dado que así lo manifestó la autoridad oficiante en el comunicado oficial que se provee. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; ocho de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Asimismo, en razón de que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado las copias certificadas de la causa penal 95/2012, compuesto de cincuenta y nueve tomos enviados por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Ahora bien, como el quejoso Guillermo Curiel Morfin se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación número 2 "Occidente", con sede en carretera libre a Zapotlanejo, kilómetro 17.5, desviación a "El Salto", kilómetro 2, El Salto, Jalisco, código postal 45420, el cual queda fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, por tanto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto vía sise al Juez de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco en turno, con sede en Puente Grande, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda se constituya en el citado centro penitenciario y notifique el presente proveído. Asimismo, de ser necesario, con apoyo en el precepto 21 de la invocada ley, se les faculta para que en caso de ser necesario habiliten horas y días inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada. Hecho que sea, se sirva devolver el comunicado oficial con las constancias relativas. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto número 311/2019, enviado para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara al quejoso la sentencia de quince de marzo dos mil diecinueve; dese de baja la comunicación oficial que se recibe y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Sin que sea necesario acusar recibo, dado que así lo manifestó la autoridad oficiante en el comunicado oficial que se provee. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 918/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Guillermo Curiel Morfín, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO "La omisión por parte de la autoridad responsable de concluir en forma definitiva la causa penal 95/2012." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 918/2018 y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto omisivo suscitado dentro de una causa penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Guillermo Curiel Morfín reclama la omisión de cerrar instrucción dentro de la causa penal 95/2012, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, la cual se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego sin licencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, pues así lo reconoció expresamente al rendir su respectivo informe con justificación; certeza que se robustece con las constancias que allegó al mismo; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, este juzgador oficiosamente advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la propia ley de la materia, éste último aplicado contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones. El argumento toral de la parte quejosa sobre la inconstitucionalidad de la omisión reclamada, pende de la consideración de que el citado quejoso fue puesto a disposición del juez de la causa penal 95/2012, la que se le sigue por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, previsto en el artículo 2, fracción I (hipótesis de delito contra la salud, tipificado en los artículos 194 y 195, párrafo primero del Código Penal Federal), y sancionado por el diverso artículo 4, fracción I, inciso b), ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81, párrafo primero, en relación con el numeral 9, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y que desde entonces ha trascurrido un plazo considerable -más de seis años- sin que se haya emitido la sentencia respectiva, y pese a que no tiene más medios de convicción para aportar y haber solicitado en diversas ocasiones el cierre de instrucción, no ha obtenido resultados positivos; lo que estima vulnera el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional. Luego, la consecuencia de estimar fundado el motivo de disenso planteado sería constreñir a la autoridad judicial para que declarara el cierre de instrucción y consecuentemente, dictara la sentencia que corresponda; sin embargo, en el caso se advierte que no sería jurídicamente atender aquel extremo, partiendo del hecho de que en la causa penal 95/2012 se ha hecho pronunciamiento sobre la imposibilidad jurídica para que pueda declararse el cierre de instrucción del aludido quejoso, como a continuación se expondrá. De la revisión de las constancias que remitió el Juez responsable, se deriva lo siguiente: 1. Que por oficio CGC/887/2012, de ocho de octubre de dos mil doce, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, se consignó sin detenido la averiguación previa número PGR/SIEDO/UEITA/161/2012 en contra de Guillermo Curiel Morfín y otros, como presuntos responsables por la comisión del delito de delincuencia organizada, así como portación de arma sin licencia, la cual quedó radicada con el número de causa penal 95/2012, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2. Que el nueve de octubre de dos mil doce, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, libró orden de aprehensión en contra de Guillermo Curiel Morfín y otros, por los delitos que al efecto ahí se puntualizaron, en tanto que por oficio PGR/PFM/DGSESPP/DTPI/00083/2012 de dieciséis de octubre de ese año, elementos de la Agencia Federal de Investigación, informaron el cumplimiento dado al citado mandato de captura, quedando a disposición del juez de la causa el citado quejoso, interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", en Puente Grande, Jalisco, junto con algunos de los demás inculpados. 3. Que por resolución de veintiséis de octubre de dos mil doce, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Federales, con sede en Puente Grande, Jalisco, en auxilio del juez de la causa, decretó auto de formal prisión a Guillermo Curiel Morfín, entre otros, por su probable participación en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y portación de arma sin licencia. 4. El defensor público federal, en representación de diversos inculpados, entre ellos Guillermo Curiel Morfín, mediante escrito de veinticinco de enero de dos mil dieciocho promovió incidente no especificado de separación de autos, aduciendo esencialmente que ya no tenía más pruebas que aportar; incidencia que fue admitida a trámite y que por resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, lo declaró procedente pero infundado por las siguientes consideraciones: a).- Que si bien se han desahogado los medios de convicción descritos en dicha resolución bajo los incisos 1) a 267); aun se encontraban pendientes de desahogarse otras pruebas, como por ejemplo, la ratificación del dictamen a cargo del perito en materia de balística Moisés Martínez Martínez y la realización de pruebas y estudios a cargo del diverso perito en dicha materia Manuel Hermenegildo López Pérez, porque versaban sobre los dictámenes en materia de balística que fueron tomados en consideración al resolverse la situación jurídica del quejoso. b).- Asimismo, se encontraba pendiente de recabarse el informe a cargo del Titular del Centro Nacional de Información dependiente del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, admitido como prueba documental en autos de diez y veintitrés de octubre pasado; el cual fue ofertado por dos de los coinculpados. c).- El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho se encontraba programada la audiencia relativa al incidente de desvanecimiento de datos solicitado por uno de los encausados; hecho lo cual, se resolvería enseguida la incidencia relativa. d).- De igual modo, se encontraban pendientes por desahogarse las pruebas consistentes en los informes ofertados por otros dos de los encausados, así como la pericial en materia de reconstrucción de rostro en imágenes, e interrogatorio a cargo de la perito en materia de psicología forense -Iliana Flecha Naranjo- mediante el método de videoconferencia en forma tripartita, que no había podido efectuarse. e).- Se encontraba pendiente el careo procesal entre una de las incriminadas y un elemento aprehensor; así como la testigo de descargo ofertado por aquélla y con otro elemento aprehensor. f).- Que el Agente del Ministerio Público de la Federación había interpuesto diversas apelaciones contra la admisión de pruebas documentales ofrecidas por uno de los coinculpados en vía de informe mediante autos de treinta de mayo y trece de septiembre de dos mil dieciocho, las cuales aún no se resuelven; así como el recurso de inconformidad instado por otro coinculpado y su defensor contra el auto que declaró cumplida la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 59/2015, respecto al incidente no especificado de libertad por desvanecimiento de datos. g).- Que si bien la causa penal instaurada contra los inculpados que solicitaron el cierre de instrucción, entre ellos el quejoso Guillermo Curiel Morfín, se tramitó en vía ordinaria, existía imposibilidad para acordar de conformidad tal petición derivado de la falta de desahogo de las pruebas antes señaladas, que si bien no habían sido ofertadas por aquéllos, sí podían resultarles benéficas a sus intereses, por lo que resultaba una obligación del juez de la causa obtener el resultado de tales medios de convicción para arribar a la verdad histórica de los hechos imputados a los incriminados. h).- Que de ordenarse la separación de los autos y por ende, el cierre de la instrucción, se arribaría al extremo de colocarlos en estado de indefensión. i). Que si bien el artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un plazo para ser juzgado de cuatro meses, si la pena máxima del delito no excede de dos años de prisión, y de un año cuando la sanción sea mayor, salvo que el inculpado solicite un plazo mayor para su defensa, la ampliación de tales plazos se encuentra justificada con el hecho de que la causa penal consta de cincuenta y siete tomos; lo que revela que se trata de un asunto complejo porque la mayoría de los encausados han ofrecido muchos medios de convicción en ejercicio de su derecho a una defensa adecuada; y no obstante que se han tomado las medidas necesarias para su desahogo, aún no se han desahogado la totalidad de los mismos. Además, el juez de la causa consideró, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales, que las pruebas pendientes de desahogar son de suma importancia para estar en aptitud de dictar la sentencia que corresponda. 5. De igual modo, destaca el hecho de que una vez que fueron notificados de aquella resolución, tanto Guillermo Curiel Morfín como el Defensor Público Federal que lo representa en la causa penal de origen, apelaron la interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho; reservándose su trámite hasta en tanto se contara la con la totalidad de las notificaciones efectuadas a los restantes coinculpados que se encuentran en distintos centros de reinserción social de la República Mexicana. Así, puede observarse de lo destacado con antelación, que la autoridad judicial en la causa penal 95/2012 estimó improcedente acoger favorablemente la petición que formularon diversos encausados, entre ellos, Guillermo Curiel Morfín, a efecto de que se separaran los autos y se declarara cerrada la instrucción del juicio penal instaurado en lo que a aquéllos se refiere; de lo que se sigue que la omisión que pretende someterse a control constitucional en esta instancia tiene sustento en aquella decisión, por lo que no sería jurídicamente factible constreñir al juez de la causa a que procediera en los términos que pretende el quejoso, pues ello implicaría dejar sin efectos una decisión que no sólo es ajena a la litis constitucional, sino que incluso será objeto de revisión por la superioridad con motivo de la apelación instada en contra de la interlocutoria que declaró procedente pero infundada el incidente no especificado de separación de autos. Entonces, si se parte de la base de que el juicio de garantías siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; de ello se sigue que los alcances de una eventual sentencia amparadora contra la omisión del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, para declarar cerrada la instrucción en la causa penal 95/2012, carecería de sentido porque lo relatado en líneas precedentes pone de relieve el hecho de que este juzgador no se encuentra en aptitud de analizar la legalidad de la interlocutoria de veinticuatro de octubre pasado que declaró procedente pero infundada el incidente no especificado de separación de autos, lo que será susceptible de analizarse con motivo del recurso de apelación que se instó contra dicha resolución incidental. Por tanto, no sería jurídicamente factible otorgar la protección de la justicia federal para que la autoridad responsable para que acogiera favorablemente la pretensión del quejoso para declarar cerrada la instrucción en la causas penal 95/2012 por lo que a su persona se refiere, pues dadas las circunstancias reseñadas ello resulta jurídica y materialmente imposible porque la afectación de la que se duele el quejoso deriva directamente de la decisión contenida en la interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, no así en un actuar omisivo o negligente de la responsable; situación que pone de manifiesto que en la especie opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el arábigo 74 del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." QUINTO. Notificación por exhorto. Ahora bien, como el quejoso Guillermo Curiel Morfin se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación número 2 "Occidente", con sede en carretera libre a Zapotlanejo, kilómetro 17.5, desviación a "El Salto", kilómetro 2, El Salto, Jalisco, código postal 45420, el cual queda fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, por tanto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto vía sise al Juez de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco en turno, con sede en Puente Grande, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda se constituya en el citado centro penitenciario y notifique esta sentencia al citado quejoso. Asimismo, de ser necesario, con apoyo en el precepto 21 de la invocada ley, se les faculta para que en caso de ser necesario habiliten horas y días inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada. Hecho que sea, se sirva devolver el comunicado oficial con las constancias relativas. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 918/2018, promovido por Guillermo Curiel Morfín, contra el acto, autoridad responsable y por los motivos reseñados en los considerandos. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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