Guillermo Cuevas Sanchez.

Expediente 1444/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1444/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Cuevas Sanchez.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I.- Téngase por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Visto lo de cuenta, se advierte que precluyó el derecho de la directa quejosa para ampliar la demanda de amparo con relación a la prevención realizada el dieciséis de octubre del año en curso; no obstante lo anterior, de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de la asesora jurídica para desahogar la prevención formulada en autos y toda vez que desahoga en sus términos el requerimiento formulado el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se levanta la reserva decretada en auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, y se provee: ADMISIÓN DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 111, fracción II, y 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo en cuanto a la autoridad responsable a quienes se les atribuyen los actos reclamados consistentes en la expresión verbal de dos de diciembre de dos mil veintidós, por la cual aduce que las responsables se burlan de ella y le dicen que "es una mentirosa y que está loca". En consecuencia, córrase traslado con el escrito de ampliación de demanda, a las autoridades responsables. SUSPENSIÓN Se ordena proveer lo conducente en el incidente de suspensión por haberlo solicitado de manera expresa la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que se encuentran señaladas las doce horas del veinte de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, dada la reanudación del procedimiento, con fundamento en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo; 27, fracción III, 28 del Acuerdo General 12/2020, que regula el uso de las videoconferencias para la celebración de audiencias, sesiones y diligencias judiciales a través de dicho medio electrónico denominado videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como 25 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y atendiendo a que la parte quejosa y su defensora jurídica proporcionaron un correo electrónico para llevar a cabo dicha diligencia; se les cita a la audiencia constitucional fijada a las doce horas del veinte de diciembre de dos mil veintitrés; para que se conecten a través de la herramienta informática para videoconferencias denominada "CISCO WEBEX Meetings", mediante un equipo de cómputo o dispositivo móvil, conforme los .... Que de manera automática lo retransmite la aplicación a sus correos electrónicos al momento de generarse, con lo cual podrán acceder a la videoconferencia y estén en posibilidad de acudir a la misma, en el entendido de que la anticipación con que se les cita, lo es con la finalidad de preparar el desahogo de la diligencia, así como la implementación de la logística operacional. No se omite informar que la participación de la parte quejosa y defensora jurídica por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos de la audiencia constitucional que se realice con presencia física en los órganos jurisdiccionales conforme a la normativa aplicable. En el entendido de que, para el desahogo de la diligencia antes mencionada, deberán comparecer con identificación oficial vigente, misma que podrá ser: Tratándose de mexicanos por nacimiento o naturalizados. Credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral). ( Pasaporte vigente. Cédula profesional vigente con fotografía. Quedan exceptuadas las cédulas profesionales electrónicas. ( Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores vigente. Tratándose de extranjeros. Documento migratorio vigente que corresponda, emitido por autoridad competente (en su caso, prórroga o refrendo migratorio). En tal sentido, de no presentar alguno de estos documentos, o bien, en caso de incumplir con la diligencia encomendada ante este órgano jurisdiccional en la hora y fecha fijadas, se realizará sin la presencia de las partes, de manera tradicional. Se les hace saber que para el funcionamiento de la aplicación "CISCO WEBEX Meetings", se requiere previamente su instalación, en un equipo de cómputo, que cuente con: monitor, cámara, micrófono y altavoces y que tenga instalado: Sistema Operativo: Windows 7 o superior 32/64 bits, con los ? requisitos mínimos de CPU de doble núcleo a 2 GHz, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores; o bien, Sistema Operativo Mac OS X 10.13 o superior, Arquitectura de CPU Intel, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores, Oracle Java 6 a Oracle Java 8, o bien, Sistema Operativo Linux (aplicación web) (32 bits/64 bits), con los requisitos mínimos, CPU Intel o AMD x86, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores, Oracle Java 6 a Oracle Java 8, libstdc++ 6.0, sistema de ventanas GNOME/KDE, o bien en dispositivo móvil que cuente con: CPU de doble núcleo, que tenga pantalla de resolución media de 320 x 240 píxeles, cámara, micrófono y altavoces, y tenga instalado Sistema Operativo Android 5.0 Lollipop o superior, o IOS 10.0 o superior, para IPhone, IPad y IPod. Para cualquier duda respecto de la logística descrita, o alguna falla técnica o situación extraordinaria que se llegare a presentar previo o en el desarrollo de la diligencia, se pone a disposición de las partes el número telefónico ********************, y el correo electrónico institucional: ignacio.paredes.zarate@correo.cjf.gob.mx, como medios de comunicación con Ignacio Eduardo Paredes Zárate, Secretario de este órgano jurisdiccional, a quien se comisiona como fedatario de la diligencia. En ese sentido, se le instruye, para que una vez transcurrido el plazo de preparación y llegada la hora de la audiencia constitucional, haga constar que la parte quejosa se encuentre presente, y verifique su identidad, su personalidad y capacidad procesal; y al concluir la misma, levante el acta en la que se hagan constar las actuaciones realizadas, las personas que intervinieron y las incidencias que pudieran haberse presentado. En ese orden, a la Coordinadora Técnica Administrativa de esta adscripción, se le instruye para que previamente al inicio de la audiencia mediante videoconferencia, realice las pruebas que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y video para su desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico del Acuerdo General, y esté al pendiente de su desarrollo, por lo que se permite su acceso a la misma, con la finalidad de que, de emerger alguna falla técnica u otra situación extraordinaria, sea resuelta, y en el supuesto de que tal situación impida el desarrollo de la audiencia, el suscrito esté en aptitud de determinar las medidas necesarias para continuarla o, de ser el caso, suspenderla, supuesto en el que se señalará una hora o fecha posterior para su reanudación. También, hágase del conocimiento de la parte quejosa y defensora jurídica, que las alegaciones que pretendan realizar en la audiencia, deberán ser de manera escrita, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues no se le otorgará el uso de la voz, en virtud de que los actos que se reclaman no encuadran dentro de los supuestos que señala en segundo párrafo del numeral antes citado, pues no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, pues es la única excepción que señala la Ley de Amparo, para estar en escuchar alegatos de manera verbal en la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que legalmente le corresponde, y notifíquese el presente acuerdo por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado respecto de la ampliación de demanda a las autoridades señaladas como responsables; quienes deberán rendirlo en el término de quince días, apercibidas que en caso de no hacerlo, o lo haga sin remitir, en su caso copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, equivalente a ***, con fundamento en los artículos 2381 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado, expongan las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, debiendo acompañar las constancias que lo acrediten. En el caso, a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, equivalente a ***, con fundamento en el artículo 251 de la ley de la materia. Así también, requiérase a las responsables para que, junto con su informe justificado, señalen si la parte quejosa o alguna otra persona han promovido diverso juicio de amparo dentro del procedimiento del que emanan los actos reclamados y, en su caso, ante qué órgano jurisdiccional se tramita o se tramitó. APERCIBIMIENTO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABL Del mismo modo, se previene a la parte quejosa que si la autoridad que señaló como responsable no existe con la denominación que indica en la demanda, se tendrá por inexistente, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación, lo anterior como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, primera parte, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables. Finalmente, se tiene por recibido el escrito de la quejosa ********************, por el cual realiza manifestaciones y solicita se suspenda el plazo concedido, para desahogar la prevención formulada en autos, aduciendo que no comprende los términos en que debe desahogar la prevención. En consecuencia, dígase a la quejosa que se esté a lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  2. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SINTESIS DICE.- Téngase por hecha la certificación secretarial que antecede para que surta todos los efectos legales a que haya lugar. En atención a su contenido, se advierte que no fue posible dictar el acuerdo correspondiente, habida cuenta que, de conformidad con los AVISOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES, de dieciocho, veinticinco y veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, suscritos por el Coordinador de Magistradas y Magistrados, y la Coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito, ambos del Decimoctavo Circuito, así como las Circulares 28/2023 y 29/2023, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días dieciocho al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, con suspensión de plazos y términos procesales, entre otros, en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos. Por tanto, toda vez que ya concluyó el referido periodo de suspensión, a fin de continuar con la legal tramitación del presente juicio, se provee: Vista la demanda presentada por ***, por propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1444/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. ... Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama de la autoridad responsable lo siguiente: La determinación de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca civil ********************, mediante la cual se declaró improcedente el recurso de queja que interpuso contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en la cual se determinó no había lugar acordar favorable la petición consistente en ampliar su demanda, en los autos del juicio ordinario civil ******************** En ese sentido, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se combate en esta vía constitucional corresponde a un acto dictado dentro del juicio natural que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, que no afecta materialmente, de manera inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En sustento a lo anterior, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". (El destacado no es de origen) Así, de acuerdo al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio, únicamente cuando los mismos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, en la medida que los efectos de tal afectación no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de las posibles violaciones sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, esto es, si los efectos de tales infracciones sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. Por otra parte, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada el uno de abril de dos mil trece era posible controvertir a través del amparo indirecto las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, tal condición respondía a la ausencia de definición legal de los actos de "imposible reparación". Sin embargo, a partir de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece - en vigor a la fecha - el legislador federal estableció expresamente que los actos de imposible reparación serán exclusivamente aquellos que materialmente afecten derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México, sin comprender aquellos actos que impliquen violaciones procesales, aun de carácter predominante, razón por la cual es esta la concepción que deben entender e interpretar los órganos jurisdiccionales de amparo para efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. ...En suma, la configuración legal vigente del juicio de amparo indirecto restringe su procedencia contra los actos reclamados dentro de un procedimiento jurisdiccional (como es el caso), que se traducen en un aspecto procesal, aun cuando las violaciones que estos actos produzcan (procesales), puedan resultar de carácter predominante o superior; ello, para dar paso exclusivo a la procedencia del juicio constitucional contra los actos reclamados que impliquen una afectación a derechos sustantivos constitucionales o convencionales. En ese contexto, en el caso se advierte que el acto reclamado únicamente tiene efectos procesales en la medida que sólo trae como consecuencia que el órgano jurisdiccional continúe con la secuela procesal del juicio de origen, en los términos en que actualmente se encuentra integrado, hasta el dictado de la sentencia que en derecho corresponda, condición que, en principio, se traduce en un aspecto puramente procesal, mas no tiene el efecto de privar de manera inmediata a la parte aquí quejosa de algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos es parte. Por tanto, acorde con la técnica y al carácter extraordinario del juicio constitucional, las eventuales transgresiones a los derechos de la parte quejosa producidos por el acto reclamado, podrán hacerse valer a través del amparo directo que, en su caso se promueva contra la sentencia dictada en el juicio de origen, de ser desfavorable a sus intereses y siempre que transcienda al resultado del fallo - sin prejuzgar sobre ese aspecto -. Tanto más que de resultar favorable a sus interesas la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen, las eventuales violaciones producidas por el acto reclamado no habrán trascendido en modo alguno, lo que refuerza la conclusión atinente al carácter y efectos procesales del acto controvertido. ... Sin que la presente determinación implique en modo alguno prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto reclamado, en razón de que el desechamiento decretado impide analizar el citado aspecto. Por tanto, toda vez que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación para la parte quejosa, en los términos explicados, se determina actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, dela Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ********************. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y por autorizados para tales efectos a las personas que indica, así como a ********************, toda vez que no proporciona los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por el artículo 40 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos por contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se faculta a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Actuario adscritos, a efecto de que permitan al ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "******. HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES [...] HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA [...] EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    MESA VII.- Téngase por hecha la certificación de cuenta para los efectos legales a que haya lugar; en atención a su contenido y al estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible llevar a cabo el desahogo de la audiencia incidental respecto del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva señalada para hoy, en virtud de que a la fecha en que se actúa, se encuentra pendiente de resolución el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra la resolución incidental de falta de personalidad de fecha tres de mayo de dos mil veintitrés. En ese sentido, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental respecto del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, señalada para hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito del quejoso ...., mediante el cual realiza diversas manifestaciones manera de alegatos. En consecuencia a lo anterior, con fundamento en el artículo 208, fracción III, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte el promovente en vía de alegatos, las cuales en su caso podrán ser tomadas en consideración al resolver la incidencia planteada por el quejoso. Notifíquese.

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