Guillermo Contreras Reyes
Expediente 1211/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1211/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guillermo Contreras Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose de veinticinco de abril de año próximo pasado, en la que se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación y escrito con los que se da cuenta, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Tomando en consideración lo anterior, no obstante que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, al encuadrar en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido acuerdo, en razón de haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Finalmente, una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-1211/2021, promovido por ********************contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, ******************** promovió demanda de amparo contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda en cuestión, registrándola con el número VIII-1211/2021; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción quien formuló pedimento; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de naturaleza penal atribuidos a autoridades con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste: De la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se declaró improcedente el recurso innominado interpuesto por el quejoso en contra de omisiones y actos de negligencia del ministerio público, relativos al cuaderno de antecedentes 23/2020; y, número único de caso 1006-2020-27608. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que además se corrobora con el disco que contiene el registro de audio y video de la audiencia de revisión de derechos fundamentales, prueba con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°. Sirve de apoyo el siguiente criterio: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Quien esto resuelve considera infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, aún analizados en términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, como se expondrá más adelante. En sus conceptos de violación, extraídos acorde a su causa de pedir, la parte quejosa arguye que la fiscalía está sujeta a cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, el principio de legalidad y el derecho fundamental de acceso a la justicia, previstos en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 17 Constitucionales. Los conceptos de violación son infundados. Es oportuno precisar que el caso que nos ocupa será estudiado de conformidad al Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho ello, para una mejor comprensión del asunto, se hace una relación de los elementos que se desprenden del registro de audio y video relativo a la audiencia de revisión de derechos fundamentales que se verificó a efecto de resolver el recurso innominado interpuesto por el quejoso, circunstancias entre las que destacan las siguientes: El quejoso señaló: Que el treinta de julio de dos mil veinte, presentó denuncia formal por el delito de extorsión cometido por diversos servidores públicos adscritos a la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán. Asimismo, que el diecisiete de agosto de dos mil veinte, se hizo de su conocimiento que la denuncia respectiva se turnaría a la unidad especializada. Que durante un año la carpeta de investigación estuvo paralizada, por lo que no se reunieron los datos pertinentes para que el ministerio público emitiera su determinación sobre el ejercicio de la acción penal. Por lo que refirió que se hizo nugatorio su derecho de acceso a la justicia, ya que el ministerio público dilató y fue omiso en determinar el ejercicio de la acción penal. Por lo que solicitó al juez responsable se otorgara al ministerio público investigador el improrrogable término de quince días para que pronunciara su determinación, además de imponerle una multa derivada de las irregularidades advertidas en la carpeta de investigación; así como una diversa al Director de Carpetas de Investigación por ser omiso en revisar y vigilar el desarrollo de las investigaciones, destacando que la carpeta de investigación estuvo perdida por un tiempo, lo cual consideró una negligencia; y, finalmente, pidió se diera vista al Fiscal General del Estado para que instruya y aperciba a los agentes para que no violen los derechos humanos de las víctimas. Por su parte el Fiscal responsable de la carpeta de investigación destacó: Que la Fiscalía a su cargo se avocó al conocimiento de la carpeta de investigación el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en razón de que fue hasta el dieciocho del citado mes y año, que se la turnaron. Que en su momento se notificó oportunamente al asesor de la víctima que la Fiscalía de Asuntos Internos tenía a su cargo la carpeta de investigación; asimismo, que se requirió al asesor victimal para que proporcionara los datos de localización de la víctima a fin de que se verificara una valoración psicológica, necesaria para la integración de la carpeta. Que está imposibilitada para determinar el ejercicio de la acción penal en atención a que se han solicitado diversos actos de investigación tales como un dictamen en materia de textualización, nueva designación de perito para la valoración psicológica de la víctima y que es necesario que la víctima coadyuve, motivo por el cual trató de localizársele sin obtener respuesta favorable. Por lo que consideró que el asesor ha obstruido la coadyuvancia debido a que no hay contacto directo con la víctima, siendo que la institución que representa ha actuado de buena fe y que por tanto no se actualiza la fuente del agravio. En mérito de lo expuesto por ambas partes, la juez responsable otorgó un receso de quince minutos para permitir al asesor de la víctima el acceso a la carpeta, ello a fin de que verificara qué actos de investigación se han realizado. Transcurrido dicho lapso, el asesor insistió en que no se verificó ningún acto de investigación durante un año, que los actos fueron realizados con posterioridad al catorce de octubre de dos mil veintiuno por la actual titular del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación, virtud a la legal incompetencia decretada por los anteriores agentes. En mérito de ello, la juez expuso y determinó lo siguiente: Que en principio es necesario acreditar la existencia de la carpeta de investigación y quién está a cargo actualmente de la misma; que si bien en su momento y derivado de otras circunstancias expuestas previamente a su potestad tuvo conocimiento de que no encontraban la carpeta de investigación y que no se podía determinar en qué fiscalía se encontraba físicamente virtud a la declinatoria de competencia, al menos electrónicamente aquella sí había sido remitida para su consulta; que por tanto es evidente que durante esa temporalidad los agentes que previamente conocían de la carpeta no desplegaron acto de investigación alguno. Sin embargo, destacó que los hechos materia del recurso corresponden a los actos posteriores al dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, fecha en la que la Fiscal de Asuntos Internos asumió el conocimiento de la carpeta respectiva, por lo que consideró que no hay dilación atribuible al agente que actualmente conoce de la investigación, en atención a que sí realizó diversos requerimientos al asesor jurídico de la víctima, sin que hubiera respuesta favorable del él para generar actos de investigación o presentar a la víctima. Que por lo tanto no hay agravio que reparar, ya que sí hubo actuaciones de parte del fiscal una vez que asumió el conocimiento de la carpeta; que dentro de las atribuciones del ministerio público se encuentra la de investigar y determinar si es necesario recabar más datos de prueba y es por ello que consideró que no hay agravio procedente. Que tampoco es procedente imponer multa por la pérdida de la carpeta de investigación, ya que en su momento no se formuló el requerimiento respectivo y finalmente se localizó, por lo que en caso de insistir en ello, tal circunstancia deberá hacerla valer ante la fiscalía correspondiente mediante queja por la pérdida de la carpeta de investigación que generó la dilación o paralización. Que al no haber sido llamados al recurso innominado los agentes del ministerio público que previamente tuvieron conocimiento de la carpeta de investigación, esto es, durante la temporalidad en que se generó la dilación en la integración del expediente, está imposibilitada para tomar una determinación sin haberlos escuchado previamente. Que no es factible otorgar el término solicitado de quince días para que el actual ministerio público determine el ejercicio de la acción penal, en razón de que hay actos pendientes de recabar y se desconoce si se requiera del desahogo de diversos. Que por el contrario se requiere el actuar diligente de los asesores jurídicos de la víctima para que aporten actos de investigación y entonces se pueda determinar el ejercicio o no de la acción penal, de tal modo que conceder un término para ello sería limitar la actuación del agente investigador, sin que existan herramientas que permitan concluir que no se necesario el desahogo de esos actos de investigación o que ya se hubieran recabado para que entonces se pueda determinar el ejercicio de la acción penal. Finalmente, señaló que tales datos deberán recabarse con mayor celeridad y de no ser así queda expedito el derecho de la víctima para gestionar nuevamente, por lo que invitó al asesor jurídico a coadyuvar con el ministerio público a fin de que se dicte la determinación con celeridad. Siendo dichas consideraciones las que constituyen materia de reclamo en esta instancia constitucional. En ese sentido, los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución General de la República, en lo que interesa disponen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. " "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público." De una interpretación sistemática de los artículos transcritos, se desprende que ninguna persona puede ser molestada en su persona, papeles o posesiones, de no existir mandamiento de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; y, que cuando el acto sea privativo de manera temporal o definitiva, debe de respetarse las formalidades esenciales del procedimiento. Ahora bien, cabe destacar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 138, 251 y 252, distingue dos tipos de actos de investigación: Los que no requieren autorización previa del Juez de control y los que sí la necesitan. Tales artículos disponen: "Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias: I. El embargo de bienes, y II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este Código; si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. La providencia precautoria se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles." "Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; III. La inspección de personas; IV. La revisión corporal; V. La inspección de vehículos; VI. El levantamiento e identificación de cadáver; VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; VIII. El reconocimiento de personas; IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; (REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) X. La entrevista de testigos; (ADICIONADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el Procurador, y XII. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. En los casos de la fracción IX, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el Procurador o por el servidor público en quien éste delegue dicha facultad. Para los efectos de la fracción X de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de control en los términos que prevé el presente Código." "Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes: I. La exhumación de cadáveres; II. Las órdenes de cateo; III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, y VI. Las demás que señalen las leyes aplicables." De lo anterior se infiere que el legislador tomó en cuenta que dentro de la investigación preliminar se pueden presentar situaciones o circunstancias que pongan en peligro la investigación o esclarecimiento de los hechos, razón que utilizó para otorgar al órgano investigador facultades para que -durante el desarrollo de la investigación- decrete técnicas de investigación. Analizado lo anterior, quien esto resuelve considera infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, ya que del contenido de la determinación reclamada se advierte que la juez responsable fundó y motivó debidamente sus consideraciones, a cuyo efecto tomó en cuenta las circunstancias particulares del caso, los argumentos expuestos por ambas partes, para luego concluir con los razonamientos lógico jurídicos que le permitieron arribar a las conclusiones que expuso. Lo que se hace patente de la síntesis de las consideraciones precisadas previamente. Ahora bien, quien suscribe considera que tales conclusiones resultan acertadas, pues como bien lo destacó la juez responsable, las omisiones o dilaciones de que se duele el quejoso no son atribuidas al Agente responsable que actualmente conoce de la carpeta de investigación, en razón de que acontecieron antes de que éste asumiera el conocimiento del asunto. Esto es, el origen de las omisiones o dilaciones se verificó durante el tiempo en que dos fiscalías se declararon legalmente incompetentes para conocer de la carpeta y la remitieron a la que estimaban debía asumir el conocimiento, momento en el que, incluso, se desconocía dónde aquella se encontraba físicamente. Tanto más que la actuación de las fiscalías que se declararon incompetentes, a la postre, podrían generar un mayor retardo o dilación con la integración de la investigación. De tal modo que si las omisiones motivo del agravio expuesto por el quejoso fueron generadas por diversos fiscales, los cuales no fueron llamados al recurso a fin de hacer valer sus derechos, resulta evidente la imposibilidad de la juez responsable para sancionarlos. Asimismo, resulta correcta la determinación al señalar que si no hubo una petición anterior, esto es, mientras la carpeta se encontraba extraviada, tal actuación en todo caso sería materia de la queja que en todo caso debía hacerse valer ante la fiscalía correspondiente, ello de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que dispone: "Artículo 43. Responsabilidades Los servidores públicos de la Fiscalía General serán sujetos de las responsabilidades políticas, civiles, administrativas y penales, según corresponda, por hechos u omisiones que les sean atribuibles con motivo del ejercicio de sus funciones." "Artículo 44. Causas de responsabilidad Son causas de responsabilidad de los servidores públicos de la Fiscalía General, sin perjuicio de aquellas que se establezcan en otras leyes, las siguientes: I. De forma deliberada o negligente, incumplir las obligaciones que el Código Nacional y esta ley imponen; II. Retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación de la Fiscalía General; III. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o cualquier otra que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona o autoridad; IV. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, los datos confidenciales o los objetos materiales o bienes bajo su custodia o de la Fiscalía General; V. No asegurar los bienes, objetos, instrumentos o productos de delito y, en su caso, solicitar su decomiso o la respectiva declaración de abandono, cuando así proceda en los términos que establezcan las leyes; VI. Abstenerse de ejercer la acción de extinción de dominio en los casos y en los términos que establezca la ley de la materia; y, VII. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. Se consideran causas de responsabilidad graves: I. Las que pongan en riesgo la vida, seguridad, integridad o patrimonio de las personas; II. Las que se traduzcan en una afectación grave a la función de la Fiscalía General; III. Contravenir, por acción u omisión, los principios rectores establecidos en esta ley; IV. Las que impliquen actos que afecten la función de investigación y persecución de delitos; V. Las que impliquen violaciones al artículo 22 de la Constitución; VI. Las que pongan en riesgo la continuidad, seguridad y operatividad de instalaciones o unidades administrativas de la Fiscalía General; y, VII. Las que beneficien, permitan o apoyen, de cualquier forma, directa o indirecta, la comisión de un delito." De tal modo que, estimar lo contrario implicaría sancionar a los fiscales sin que previamente hayan sido oídos en la instancia correspondiente; cuando que, tanto el juez natural como este Juzgado Federal deben procurar que se respeten los derechos fundamentales de las partes, entre ellos la garantía de audiencia. Por tanto, es que la jueza responsable estimó de manera acertada que no existe agravio que reparar, ya que a partir de que la Fiscal de Asuntos Internos se avocó al conocimiento de la carpeta realizó diversos actos que tienden a la integración de la carpeta, en términos del artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma resulta apegada a derecho la determinación de la jueza al señalar que no ha lugar a conceder el término de quince días al agente correspondiente para que determine el ejercicio de la acción penal, pues como bien lo puntualizó, ello implicaría limitar la actuación del ministerio público desconociendo si dichos actos de investigación, son o no necesarios o si ya se verificaron con base en las facultades previstas en el artículo 21 Constitucional. Lo cual incluso podría ser contraproducente para el esclarecimiento de los hechos y en perjuicio de la propia víctima. En consecuencia, se reitera, fueron correctas las determinaciones de la juez responsable, máxime si se tiene en consideración que el acto reclamado por sí mismo no priva al quejoso de su derecho de gestionar nuevamente en caso de que la fiscal que actualmente conoce de la investigación, incurra en alguna omisión o dilación en su integración en perjuicio de la víctima. Por último, resulta acertada la invitación o exhortación formulada por la jueza responsable a fin de que el asesor jurídico de la víctima coadyuve con el ministerio público a fin de que se desarrollen con celeridad los actos de investigación, ya que acorde a lo expuesto durante la audiencia de derechos, se advierte que el agente responsable de la carpeta ha formulado diversos requerimientos a fin de que la víctima comparezca para el desahogo de diversos actos que considera necesarios para el esclarecimiento de los hechos, a través de su asesor, sin que se haya obtenido un resultado favorable; de ahí que, incluso, como lo determinó la jueza, la dilación pudiera llegar a ser atribuible al propio asesor. Sin que resulten aplicables al caso concreto las jurisprudencias con registros 193732 y 189833, invocadas por la parte quejosa en su demanda de garantías, ya que como se ha venido señalando, el Ministerio público que actualmente conoce de la investigación no ha incurrido en las omisiones o dilaciones reclamadas, sino que las mismas acontecieron previamente a que asumiera el conocimiento de la carpeta, de tal modo que en su caso ello sería motivo de una sanción disciplinaria en contra de aquellos agentes a quienes previamente les correspondió la integración de la investigación, por lo que está expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y términos que a sus intereses convegan. Máxime que, como ya se dijo, tales agentes no fueron oídos en el recurso respectivo, de tal modo que tanto la jueza responsable como quien suscribe estarían legalmente impedidos para pronunciarse en torno a dichas circunstancias, estimar lo contrario implicaría violar la garantía de audiencia de los agentes investigadores. Finalmente, al no advertir deficiencia de la queja que deba suplirse en favor del amparista, procede negar a ********************el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a ********************en contra del acto que reclamó del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, con base en las razones expuestas en el séptimo considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veinticinco de abril de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.
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Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente del juicio de amparo VIII-1211/2021, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VIII-1211/2021 promovido por********************, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le reviste el carácter de tercero interesado a la Agente del Ministerio Público ********************, misma que se encuentra debidamente emplazado a juicio. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Da cuenta con el informe justificado rendido por: Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro. EL JUEZ: Por haberse rendido en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obra en autos las documentales que anexó a su demanda de amparo la parte quejosa; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito a través de su pedimento 41/2022 presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÀN. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. SILVIA LORENA ARENAS RAYA (Firmado electrónicamente, en atención al Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte)
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Morelia, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintidós. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN FORMULA ALEGATOS Y SOLICITA COPIA. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, una vez dictada la sentencia correspondiente dentro del presente juicio, expídasele la copia simple que requiere. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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