Guillermo Chavez Díaz
Expediente 192/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 31 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Guillermo Chavez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se sobreseyó por una parte y por otra se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Se deja el billete a disposición del depositante Finalmente, toda vez que en la caja de valores se encuentra el billete de depósito *******, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por la cantidad de *******($*******), que en su momento sirvió para garantizar la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, se deja a disposición de la parte depositante dicha garantía. En consecuencia, requiérase al parte quejosa, comparezca a este juzgado federal debidamente identificada, con credencial oficial vigente, a recoger el billete de depósito de referencia; en el entendido que, de no comparecer a recibir el referido billete, una vez transcurridos dos años, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este acuerdo, prescribirá dicha garantía a favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Atento a lo anterior, se hace del conocimiento del quejoso que podrá recoger el billete de referencia dentro del horario de labores presenciales de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, que comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna; por lo cual, el código QR que deberá obtener para ingresar, en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, deberá ser dentro de dicho horario. Notifíquese por medio de lista que se publique de forma electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se sobreseyó por una parte y por otra se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Se deja el billete a disposición del depositante Finalmente, toda vez que en la caja de valores se encuentra el billete de depósito *******, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por la cantidad de *******($*******), que en su momento sirvió para garantizar la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, se deja a disposición de la parte depositante dicha garantía. En consecuencia, requiérase al parte quejosa, comparezca a este juzgado federal debidamente identificada, con credencial oficial vigente, a recoger el billete de depósito de referencia; en el entendido que, de no comparecer a recibir el referido billete, una vez transcurridos dos años, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este acuerdo, prescribirá dicha garantía a favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Atento a lo anterior, se hace del conocimiento del quejoso que podrá recoger el billete de referencia dentro del horario de labores presenciales de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, que comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna; por lo cual, el código QR que deberá obtener para ingresar, en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, deberá ser dentro de dicho horario. Notifíquese por medio de lista que se publique de forma electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; treinta de julio de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 192/2021-I-2, y Resultando Primero. Presentación de la demanda. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en el Buzón Judicial de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda que dio origen al presente juicio, la cual fue turnada a este Juzgado de Distrito en la misma data. En el escrito inicial, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de quienes reclamó la orden de citación, comparecencia y aprehensión dictada en contra del quejoso. Segundo. Derechos constitucionales que se consideran transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se registró en el libro de gobierno como juicio de amparo 192/2021-I-2, previa aclaración de la demanda, en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclaman actos en materia penal, que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, la orden de aprehensión que dictó el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, por el delito de fraude específico en agravio de *******. 2. Del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, la orden citación y comparecencia girada contra el accionante. 3. Del Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, ejecución de tales órdenes. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA E LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados consistentes en la orden citación y comparecencia, así como ejecución éstas; por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Al rendir informe, la autoridad responsable Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, negó de forma contundente la ejecución de las ordenes privativas de libertad que se le imputan. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si la autoridad negó el acto, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En este caso la quejosa no exhibió en este juicio prueba alguna, a través de la que pudiera demostrar la existencia de los actos reclamados a dichas responsables. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza del acto reclamado. El Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad, aceptó la existencia de la orden de captura que se combate. Por su parte, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, aceptó el acto que se le reclama en cuanto al citatorio y comparecencia, pues asegura que el ocho de enero de dos mil veintiuno se citó al quejoso a comparecer el quince de enero de dos mil veintiuno a las once horas. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que remitieron el fiscal y juzgador señalados como autoridades responsables, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La tasación asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, en la que se dispone: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, se tiene certeza de la existencia de las ordenes privativas de libertad que se impugnan, para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Análisis de las causas de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Estudio de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico. Ahora, por cuanto hace a la orden de citación de ocho de enero de dos mil veintiuno, dirigida al accionante del amparo para que compareciera a las once horas del quince de enero de dos mil veintiuno, a las instalaciones que ocupa la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que el citatorio al no contener apercibimiento o medida de apremio alguno, en caso de no comparecer para el esclarecimiento de los hechos; entonces, no vulnera su interés jurídico. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] De la lectura de la porción normativa antes transcrita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Al respecto, debe tenerse presente que el interés legítimo y jurídico como condición para promover el juicio de amparo, está previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 5º, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, de donde se sigue que el promovente del amparo deberá ser titular de un derecho (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, lo cual excluye al interés simple. Sirve de apoyo a lo dicho, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, marzo de dos mil diecinueve, Tomo II, Materias Común, visible en la página 1598, registro digital 2019456, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Así el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo; sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. El interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. Debe entenderse por "perjuicio", para efectos del juicio de amparo, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Así, la noción de "perjuicio", presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Dicho perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de interponerse la demanda de amparo, o que, por estar pronta a suceder, o que inminentemente se le causará, pues cuando dicha afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. En ese contexto, el interés jurídico surge en el juicio de amparo cuando el acto reclamado causa un perjuicio a la esfera jurídica del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de derechos y obligaciones de los que es titular. Así, para que los intereses de una persona merezcan el calificativo de "jurídicos", es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas. En el caso, el accionante del amparo impugna del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, el citatorio de ocho de enero de dos mil veintiuno, por el cual lo citó para comparecer el quince de enero de dos mil veintiuno a las once horas, que es del contenido siguiente: [.] Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 92, 114 y 115 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, se le informa que deberá de comparecer ante el que suscribe a las instalaciones que ocupa la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado ubicadas en [.] Con la finalidad de hacer de su conocimiento que existe una carpeta de investigación aperturada en su contra, la cual se señala al rubro superior derecho, de igual manera del estado que guarda dicha carpeta de investigación y responder mediante declaración de imputado, los cargos que se le darán a conocer en su contra, si así es su deseo hacerlo, debiendo acompañarse de su abogado defensor particular o en su defecto, la representación social le asignará un Defensor Penal Público con cargo al Estado a fin de dar cabal cumplimiento a los numerales 20 Constitucional, 17, 113, 114, 115 y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales [.] Como se observa de la transcripción anterior, se libró una citación, de la que de forma patente y absolutamente clara se advierte que no le causa agravio, pues como ya se mencionó, del referido citatorio no se aprecia apercibimiento alguno, por lo que tenía la libertad de presentarse o no ante la autoridad ministerial. Además, en términos del artículo 21 Constitucional el agente del Ministerio Público en ejercicio de sus facultades de investigación del delito puede llamar a la indagatoria a las personas que considera tengan relación con los hechos investigados, ya sea física o morales, como en el caso sucedió. En razón a lo dicho, es que, respecto de la citación que se imputa al fiscal responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, Materias Común, Penal, página 1341, con registro digital 2019052, que se lee: ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados. También encuentra sustento en la tesis aislada I.6o.P.118 P (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, septiembre de dos mil dieciocho, Tomo III, Materias Común, Penal, visible en la página 2289, con registro digital 2017798, del tenor siguiente: CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON LOS HECHOS INVESTIGADOS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI SE IMPUGNA EN AMPARO INDIRECTO, Y NO SE ADVIERTE QUE CONTENGA APERCIBIMIENTO O MEDIDA DE APREMIO ALGUNO, DE NO COMPARECER, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si el acto reclamado se hizo consistir en el citatorio que se giró en relación con los hechos investigados en una averiguación previa, emitido por el agente del Ministerio Público Federal, y en éste no se advierte apercibimiento o medida de apremio alguno, en caso de no comparecer para el esclarecimiento de los hechos, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no afecta su interés jurídico, pues se encuentra en libertad de acudir o no al llamado, por lo que si no lo hace, ello no causa efecto alguno. Ahora, las partes legitimadas en este juicio no alegan alguna causa de improcedencia ni quien esto suscribe advierte la actualización de otra; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sexto. Estudio de fondo del acto reclamado. Los argumentos que expone el solicitante de la tutela constitucional son infundados, sin que se advierta motivo para que sean suplidos en su deficiencia, según lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El quejoso aduce que se viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que, el acto reclamado está desprovisto del requisito formal de la adecuada y suficiente motivación que debe satisfacer todo acto de molestia proveniente de autoridad. Indica que no se determinaron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitir el acto que se impugna; además, asegura que no se establecieron los preceptos legales que facultan la emisión del acto. Como se ha dicho, los referidos motivos de inconformidad resultan infundados. En atención a que la orden de aprehensión es un acto de molestia y cuyo principal efecto jurídico es la afectación de la libertad, dicha facultad del Estado se encuentra acotada por el tercer párrafo del artículo 16 constitucional, el cual contiene los requisitos mínimos que debe de llenar todo mandamiento de autoridad restrictivo de dicho derecho fundamental. En esa tesitura, el estudio de la legalidad de la orden de captura a estudio debe efectuarse a la luz del aludido magno precepto, el cual textualmente dispone: 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.] La lectura del precepto constitucional en cita pone de manifiesto que para que una autoridad pueda librar un mandamiento de captura, deben reunirse los siguientes requisitos esenciales: a) Que la orden de aprehensión sea librada por autoridad de carácter judicial; b) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; c) Que ese ilícito esté sancionado por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad; y d) Que existan datos que acrediten que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además de las referidas exigencias, deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto; habida cuenta que la circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, dado que podrían darse los casos siguientes: 1. Que en la orden de aprehensión se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. 2. Que la orden fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 3. Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. 4. Que la orden de captura no estuviere fundada y motivada. Así, pueden presentarse muchas más hipótesis respecto de la posible violación de derechos constitucionales contenidos en preceptos diversos al 16 constitucional; por tanto, resulta limitativo y equívoco concluir que, para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo constitucional. Por ello, su emisión puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. De acuerdo con lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo tercero, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 225, localizable en la página 166, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación 2000, registro 904206, que literalmente dice: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión de una orden de aprehensión. Dicho lo anterior, es necesario hacer el análisis de los requisitos constitucionales para el libramiento de una orden de captura, en confrontación con el acto que por esta vía se combate. El primero de ellos se encuentra plenamente cubierto, dado que la orden de aprehensión motivo del presente juicio fue librada por una autoridad judicial, como lo es el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, según se desprende de las constancias que integran la causa penal *******, de su índice. Por su parte, el segundo de los extremos se actualizó mediante la denuncia de hechos formulada por la víctima, aquí tercero interesado, ******* ratificada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte. En cuanto a que el injusto de fraude se encuentre sancionado por la ley cuando menos con pena privativa de libertad, se cumple también, toda vez que el dispositivo 223, fracción IV, del Código Penal del Estado de Chihuahua, castiga a quien lo cometa con prisión de seis a doce años. Los restantes requisitos de forma y fondo se examinarán al tenor de las consideraciones que para tal efecto expresó la autoridad responsable al dictar la determinación que por esta vía se combate. Por principio, el juez del conocimiento sostuvo que el agente del Ministerio Público le solicitó librar orden de aprehensión en contra del aquí quejoso por el delito de fraude específico descrito en la fracción III del artículo 224 y sancionado por el diverso numeral 223, en su fracción IV, del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la víctima *******. Solicitud que fue formulada por el fiscal dado que acaecieron los hechos siguientes: [.] El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el señor ******* ostentándose como apoderado legal de los señores y ******* y ******* vendió a través de un contrato de compraventa celebrado en escrito privado en esa misma fecha al señor ******* el predio identificado como lote *******, de la manzana número *******, del fraccionamiento *******, con una superficie de ******* m² con motivo del contrato de compraventa referido. El señor ******* recibió el pago total de la transacción que asciende a la cantidad de $******* (******* dólares moneda del curso legal de los Estados Unidos de América) cantidad que cubriera en parcialidades; siendo que en perjuicio del señor ******* como primer comprador, el señor ******* volvió a enajenar ese mismo inmueble en favor del señor ******* otorgado al efecto la escritura pública número ******* en fecha doce de marzo de dos mil veinte, ante la fe del licenciado *******, Notario Público Número ******* en ejercicio para este Distrito Bravos en la que se hace constar que también recibió el pago total de la operación que obra en dicha escritura; siendo que esta segunda venta la realizó en perjuicio del señor ******* como primer comprador, ya que ******* dispuso del pago que se realizó con motivo de esta primera compraventa celebrada en escrito privado y aun así volvió a enajenar el mismo inmueble otorgado la escritura pública correspondiente al segundo comprador ******* causando con ello una afectación patrimonial al señor ******* por la cantidad en moneda nacional de $******* (******* pesos *******). [.] Luego, el juez refirió que para fundamentar la petición el agente del Ministerio Público en términos del artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocó como antecedentes de investigación los que reseñó, analizó y valoró de manera libre y lógica con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios en los términos de los numerales 259, 260, 261 y 263 como lo autoriza el diverso 265 del cuerpo legal en cita, siendo tales: 1. Querella presentada por ******* el dieciocho de agosto de dos mil veinte, ante la representación social. 2. Contrato de compraventa realizado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho entre ******* y *******. 3. Seis recibos de pago por concepto de compraventa. 4. Solicitud para permiso provisional de licencia de construcción expedido por la Dirección General de Desarrollo Urbano el catorce de marzo de marzo de dos mil diecinueve. 5. Cinco impresiones fotográficas de imágenes de publicidad. 6. Oficio de dieciocho de marzo de dos mil veinte, signado por el licenciado *******, Notario Público Número ******* relativo al contrato de compraventa de doce de marzo de dos mil veinte. 7. Escritura pública ******* de doce de marzo de dos mil veinte, pasada ante la fe del licenciado ******* respecto de la compraventa celebrada entre ******* y *******. 8. Declaración testimonial rendida ante el agente del Ministerio público por ******* el nueve de noviembre de dos mil veinte. 9. Oficio de doce de enero de dos mil veintiuno signado por el agente investigador licenciado *******. Enseguida, el juzgador reiteró los numerales que prevén y sancionan el injusto, y estableció que de la descripción típica derivan los elementos siguientes: primero, el engaño o aprovechamiento de un error; segundo, porque el sujeto activo se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido; tercero, porque existe entre los dos elementos materiales una relación de causalidad de tal manera que el defraudador se haga ilícitamente de algo u obtenga un lucro indebido como consecuencia de la conducta falaz seguida por él o del aprovechamiento del error de la víctima. También, destacó que en la estructura típica de ese delito son dos los sujetos pasivos que contempla el legislador como víctimas directas, dado que, dispone la legitimación activa del primer o segundo adquirente del inmueble motivo de la transacción para quejarse formalmente ante el Ministerio Público. Enseguida, consideró que los elementos de la estructura típica se encontraban demostrados con los datos de prueba antes reseñados; al indicar que, los antecedentes hasta ese momento eran suficientes para estimar que se probó el hecho que la ley señala como delito de fraude previsto y sancionado con pena corporal por el artículo 23, fracción IV, cometido en perjuicio de *******. Ello, dado que el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, el activo en representación de ******* y ******* vendió al paciente del delito en un contrato privado de compraventa el lote *******, de la manzana número *******, del fraccionamiento *******, una superficie de ******* metros cuadrados en la cantidad de $******* (******* dólares ******* moneda del curso legal de los Estados Unidos de América). Y, posteriormente, el mismo predio fue vendido el doce de marzo de dos mil veinte, a ******* en la cantidad de $******* (******* pesos 00/100 moneda nacional). Así, el juzgador estimó que al momento de la realización de esa transacción se consumó el hecho que la ley castiga como delito de fraude específico cuya descripción se contiene en la fracción III del arábigo 224 del Código Penal del Estado de Chihuahua, por haberse perfeccionado la venta doble de un inmueble por parte del activo. Además, estableció que la conducta fue cometida dolosamente en términos del artículo 18, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, y que la realizó en su calidad de autor según lo dispuesto por el numeral 21, fracción I, del citado ordenamiento sustantivo. En cuanto a la probabilidad de que el imputado cometió los hechos que se le atribuyen, el juzgador tuvo por establecida la misma mecánica e indicó que el aquí quejoso adecuó, de manera probable, su proceder en los hechos que la ley señala como delito de fraude específico cometido en perjuicio de *******; ya que fue la persona que el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en representación de ******* y ******* le vendió al pasivo de referencia a través de un contrato privado de compraventa el lote antes descrito y el mismo terreno también fue enajenado el doce de marzo de dos mil veinte, a *******; es decir, el activo vendió el predio afecto en dos ocasiones a diversas personas. En mérito de lo anterior, el juez indicó que se cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 16 Constitucional, así como con los diversos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el librado de la orden de aprehensión. En relación con la necesidad de cautela el resolutor de primer grado estableció que se encuentra satisfecho dicho requisito; al indicar que el fiscal advirtió que la comparecencia del imputado podía verse demorada u obstaculizada, porque se le atribuyen hechos que pueden ser sancionados de manera severa, atendiendo a que se trata del delito de fraude específico que se castiga con pena privativa de libertad por hasta doce años. Además, el agente del Ministerio Público estableció que del informe policial se desprende que ******* llevó a cabo diversas diligencias, entre ellas, buscó en el sistema de Plataforma Integral el nombre del quejoso, que arrojó varios domicilios para ser localizado; lugares en los que se constituyó sin tener contacto con el indiciado y tampoco obtuvo información de dónde podría ser encontrarlo; por tanto, dejó citatorios en los domicilios donde sí existía un inmueble, sin que la persona buscada acudiera a la Fiscalía. Debido a lo anterior, la representación social al no contar con algún otro domicilio para llamar al activo es que solicitó la orden de aprehensión en su contra para obtener su localización y poder efectuar la imputación en su contra. Con ello el juzgador estimó que eran indicios suficientes para arribar a la conclusión de que el indiciado se puede sustraer de la acción de la justicia y que efectivamente existe necesidad de cautela para el librado de la orden de aprehensión. Lo reseñado revela que el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al emitir la orden de aprehensión dictada contra el quejoso ******* el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, cumplió el requisito previsto en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que, resulta apegado al artículo 16 Constitucional. Aquí, conviene citar lo dispuesto por el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estatuye: 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: [.] III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Ahora, para explicar las razones por las cuales se estima que la orden de aprehensión dictada contra el quejoso satisface el aspecto de motivación consagrado en el referido precepto, es menester acudir a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 300/2019. La referida Primera Sala del Alto Tribunal estimó que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines absolutamente diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que generen convicción en el juez de control para resolver que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión y no a través de una diversa. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que una orden de aprehensión es constitucionalmente válida, siempre y cuando el fiscal logre justificar, en la solicitud que formule al juez de control, que ninguna de las otras formas de conducción es suficiente para garantizar la presencia del inculpado en la audiencia inicial, ya sea porque, dadas las circunstancias del caso: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la propia investigación. En suma, la referida Primera Sala concluyó que el fiscal debe exponer argumentos respecto a la necesidad de cautela ante el juez de control, y éste a su vez, deberá fundar y motivar por qué la tuvo está plenamente justificada, para satisfacer los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. La ejecutoria sintetizada dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el viernes 14 de agosto de 2020, Materia Penal, con registro 2021956, del tenor siguiente: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo. La orden de aprehensión dictada contra el quejoso ******* el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, satisface el requisito previsto en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a evaluar si está justificada la necesidad de cautela para su emisión, por lo siguiente: En principio, es menester señalar que, en la solicitud de orden de aprehensión de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales advirtió que existe la necesidad de cautela para emitir una orden de aprehensión contra el imputado, porque: a) Por la naturaleza del delito y las penas que pudieran imponerse al imputado, la comparecencia de él ante el juez podría verse demorada o dificultada, por la falta de interés para someterse al proceso penal. b) El activo cuenta con las carpetas de investigación ******* y ******* abiertas para indagarlo sobre hechos similares, pues vendió a dos personas el mismo inmueble. c) A pesar de que se localizaron diversos domicilios a nombre del aquí quejoso, no fue posible su citación para comparecer ante la representación social, lo que lo hizo presumir que podría sustraerse de la acción de la justicia. Por su parte, el juez de control responsable justifica la procedencia de la orden privativa de libertad tomando como presupuesto lo que indicó la representación social en torno a la pena máxima que pudiera imponerse al imputado por los hechos que se le atribuyen y que el quejoso no podía ser localizado en la ciudad, circunstancias estas que a su consideración hacen probable que pueda evadir la acción de la justicia y que llevan a concluir que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión y no mediante forma diversa, En el caso, la orden de aprehensión reclamada observa el derecho fundamental de legalidad tutelado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el numeral constitucional, en él se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión; y, además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, como en la especie ocurrió. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, Materia Común, visible en la página 162, con registro 176546, en la que se establece: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Por tanto, se consideran respetados los principios de excepcionalidad de dicha forma de conducción, en función de la presunción de inocencia, bajo los parámetros relativos a la orden de aprehensión en el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, cuyo objeto es únicamente poner a disposición del juez de control a una persona, entre otras cuestiones, para formularle imputación e informarle que está siendo investigado por la fiscalía y que ésta ha decidido formalizar dicha indagación. En esas condiciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación de la parte quejosa por ser infundados y sin que se advierta motivo para suplir la queja deficiente se estima que la orden de aprehensión es constitucional, lo que impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por el accionante. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 192/2021-I-2 en términos del considerando tercero de esta resolución.Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* contra la orden de aprehensión dictada en su contra el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, que reclamó del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia.Notifíquese personalmente al quejoso y al tercero interesado, por oficio a las autoridades responsables y mediante correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Información sobre inasistencia del quejoso Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio ******* signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, por el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veinte de julio del año en curso, informa a este órgano jurisdiccional que no se llevó a cabo la audiencia inicial señalada para el seis de julio de dos mil veintiuno, en virtud de que *******, no se presentó. Estado de autos Ahora, visto el estado que guardan los autos revisados electrónicamente, se desprende que en auto de veinte de julio de la presente anualidad, se indicó que el tercero interesado *******, solicitó se deje sin efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa mediante interlocutoria de doce de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que, según su dicho, el quejoso no compareció de manera física y personal ante el juez de la causa para la celebración de la audiencia inicial. En dicho auto se requirió al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, para que, informara a este órgano jurisdiccional, si el seis de julio de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia inicial dentro de la causa penal *******. En esta data se recibe la información solicitada al Juez, en la cual indica que el seis de julio de dos mil veintiuno, no tuvo verificativo la audiencia inicial porque el aquí quejoso ******* se encontraba con problemas de salud asociados al virus COVID-19, que se encuentra hospitalizado y en aislamiento indefinido para el seguimiento de evolución, por lo que, el Juez de origen tuvo por justificada su inasistencia a la citada audiencia, al haberse exhibido copia certificada del documento firmado el seis de julio del año en curso, por el Doctor ******* con cedula profesional *******, Director del Hospital "*******". En merito a lo anterior, resulta improcedente dejar sin efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, mediante interlocutoria de doce de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que, como ya se indicó la inasistencia del quejoso ******* a la audiencia inicial se encuentra justificada al tener problemas de salud y en virtud de que se encuentra hospitalizado. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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