Guillermo Chavarria Silva
Expediente 1754/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1754/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Guillermo Chavarria Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Parte quejosa formula alegatos. Visto el escrito enviado a través del portal de servicios del Poder Judicial de la Federación, con firma y evidencia criptográfica de ********************autorizada en términos amplios del quejoso ********************, mediante el cual desahoga la vista ordenada en auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, realizando manifestaciones a manera de alegatos. Lo anterior, sin mayor proveído en virtud de que el diez de noviembre de dos mil veintitrés se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento de lista. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el tercero interesado ********************, ha sido omiso en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este Juzgado de Distrito o en la zona conurbada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, y téngase como tal la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control de la constitucionalidad, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 27 fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones. Visto el estado de autos y vistas las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado, se provee lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Bajo esa óptica jurídica, se precisa que en relación con los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar el escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************/2018, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, remitió copia certificada del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés dictado dentro del juicio laboral ********************/2018, de su índice, del cual se advierte que se proveyó lo conducente al escrito presentado por la parte quejosa el veintiséis de abril de dos mil veintitrés -cuya falta de acuerdo se reclama-, por lo que se estima que cesó en sus efectos la omisión reclamada a la Junta responsable. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión reclamada, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; por lista al tercero interesado y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado confirma sobreseimiento. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a través del cual remite el expediente original del juicio de amparo 1927/2021-V y copia certificada de la ejecutoria pronunciada el trece de octubre de dos mil veintitrés en el amparo en revisión 430/2022, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución dictada el trece de junio de dos mil veintidós, por la Jueza Séptima de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 1927/2021. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *** contra la omisión de otorgar al quejoso una pensión por vejez y el oficio *** de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, reclamados a las Subdelegaciones Puebla Norte y Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social." En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda; acúsese recibo. Por otra parte, respecto del cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos originales, tomando en consideración que se trata de una reproducción de las constancias que obran en el juicio principal, se determina que solo se glosen las actuaciones originales. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Ahora, de autos se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos; por ello, como lo exige el segundo párrafo, del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante auto once de octubre de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "IX. DECISIÓN En otro sentido, se debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en relación con el acto de aplicación que dio lugar al presente juicio de amparo, así como a los actos subsecuentes derivados del mismo o relacionados con aquél, por lo que las autoridades responsables emisoras deberán realizar lo siguiente: El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe dejar sin efectos el Acuerdo 195/2021 de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, únicamente por lo que hace al quejoso, precisando expresamente que el justiciable no está incluido en él, ni produce consecuencias jurídicas en su contra. El Director General de Atención a Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá dejar sin efectos los actos instrumentados en contra del quejoso a fin de ejecutar el requerimiento 110/F/B/9773/2021 que, en esencia, se tradujeron en comunicar a distintas entidades financieras las personas incluidas en el listado establecido en el Acuerdo 195/2021, así como la imposibilidad de abrir nuevas cuentas, la cancelación de las vigentes e impedir la disposición de los recursos que éstas últimas contengan. Este órgano jurisdiccional considera pertinente destacar que la conclusión a que se arribó en esta sentencia, en cuanto a que la medida cautelar de índole administrativa [inclusión en la lista de personas bloqueadas], no se emitió con motivo de los supuestos definidos por la Segunda Sala del Alto Tribunal para su legítimo ejercicio, no impide el ejercicio de las facultades que tiene asignadas la Unidad de Inteligencia Financiera para denunciar ante el Ministerio Público de la Federación las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,1 pues en este fallo no se realizó pronunciamiento alguno en torno a la validez de las acciones que tiene a su alcance esa autoridad en la vía penal correspondiente." Ejecutoria La autoridad responsable, Titular Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al inconformarse con la anterior resolución, interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien lo registro con el número R.A. 749/2022, y que mediante ejecutoria pronunciada el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en el fallo recurrido, de conformidad con lo expuesto en el considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida, en la materia del recurso. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Crispín Martínez Fuentes, en contra de los restantes actos reclamados, que se precisan en los resultandos, en los términos indicados en la sentencia recurrida." En ese sentido, mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió la ejecutoria de mérito, y se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo a las autoridades responsables. Cumplimiento. En atención a lo anterior, mediante oficio registrado con número de promoción 22163, el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, informó el contenido del "ACUERDO 340/2023 DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA POR EL QUE SE ELIMINA A JOSÉ CRISPÍN MARTÍNEZ FUENTES DE LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1206/2022 DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA", y remitió copia certificada del oficio 110/K/5492/2023 con folio SIARA UIFA/2023/000834 -que derivó de dicho acuerdo-, de los que se advierte lo siguiente: Que se dejó sin efectos el Acuerdo 195/2021 de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, únicamente por lo que hace al quejoso José Crispín Martínez Fuentes; Que se le eliminó de la lista de personas bloqueadas; y Que se comunicó a las entidades financieras a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) el referido acuerdo 340/2023, a efecto de que se reanuden los actos, operaciones y/o servicios financieros que le fueron suspendidos, a fin de que el quejoso pueda realizar operaciones financieras y disponga de sus recursos. Con lo anterior, mediante auto de once de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés legal convenga, acuerdo que fue notificado vía electrónica el trece de octubre del año en curso. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector y se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisficieron los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en la misma. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase de conocimiento a las partes la anterior determinación y que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación, pueden interponer recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el suscrito Secretario Encargado del Despacho estoy facultado para emitir el cumplimiento de mérito, en términos del criterio jurisprudencial de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
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