Guillermo Casimiro Gutiérrez Anaya

Expediente 1056/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1056/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Casimiro Gutiérrez Anaya

Actuaciones

  1. Principal

    ...MORELIA, MICHOACÁN, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de once de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del dieciséis al veintidós de octubre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno...Por otra parte, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido... Finalmente, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente; en consecuencia hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este juzgado, a recoger las copias de la demanda que exhibió dentro del plazo de tres días, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso... contra actos del Secretario General del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda a estudio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Ahora bien, de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En la especie el quejoso, hace consistir los actos reclamados, según se aprecia de su escrito aclaratorio, los consistentes en: ". SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO C. ANTONIO FERREYRA PIÑON. a).- El acto que reclamo es en cuanto al escrito de mi inconformidad e impugnaciön de fecha 3 tres de septiembre de 2019, recibido con el sello de data 9 nueve de septiembre pasado, ante la Oficialia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, esto en relaciön a la violación al articulo 8 de la Constituciön Politica de los Estados Unidos Mexicanos. b).- El acto que reclamo es la inobservancia a los estatutos del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado en su articulo 25 inciso h ) para ponerme la sanción a consideración de la asamblea de fecha 2 de septiembre del 2019. COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA El acto que reclamo es en cuanto a la inobservancia del los artículos 45 inciso a) y articulo 48 inciso d) de las obligaciones que le imponen los Estatutos del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, al presidente de la Comisión de Vigilancia C. José Luis Trujillo Pérez. El acto que reclamo la nula imparcialidad en el procedimiento al no recusarse y ser mi acusador, mi representante sindical y ser el presidente de la comisión de vigilancia el C. José Luis Trujillo Pérez es decir fue juez y parte. El acto que reclamo es el que no se recuso de ser mi Representante Sindical ni mucho menos de Presidente de la Comisión de Vigilancia. El acto que reclamo es la inobservancia de los Estatutos en el articulo 15, por parte del C. JOSE LUIS TRUJILLO PEREZ, y el secretario de la Comisión de vigilancia el C. Marcelo Dominguez Resendiz, al fungir como testigo, es decir invadir esferas de las Comisiones Permanentes de Honor y Justicia. El acto que reclamo es la nula imparcialidad por parte de los integrantes de la Comisiön de vigilancia, anteriormente nombrados. El acto que. reclamo es la inexacta aplicación de los Estatutos de fecha 03 de enero de 2012 y no los Estatutos Vigentes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de fecha 07 de diciembre del 2015. COMISIÓN PERMANENTE DE HONOR Y JUSTICIA El acto que reclamo es la violacidn al procedimiento: El acto que reclamo es que en el día de mi comparecencia del 26 de septiembre de 2019, no me permitieron tener a mi lado un defensor con lo que se me dejo en total estado de indefensión. El acto que reclamo, no me dejo presentar a mis testigos El acto que reclamo, no me dejo presentar alegatos El acto que reclamo es la inobservancia al procedimiento que marca en los estatutos de tiempo y forma del articulo 46 inciso a),b), c) y d) y articulo 97 inciso del a) al inciso f). Es decir no aplico el procedimiento de nuestros Estatutos del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado. El acto que reclamo no se me entrego copia fotostática del acta o video de la REUNION de fecha 19 de junio de 2019 ya que formaba parte del punto número 1 uno del escrito acusatorio del C. José Luis Trujillo Pérez. El acto que reclamo es el de los testigos que presenta la Comisión de Honor y Justicia a la SECRETARIA DE LA COMISION DE TRABAJO Y CONFLICTOS la C. YOLANDA MORALES MERCADO y al SECRETARIO DE LA COMISION DE VIGILANCIA, EL C.MARCELO DOMINGUEZ RESENDIZ. El acto que reclamo es la nula imparcialidad por parte de dichos testigos que presento la Comisión de Honor y Justicia. El acto que reclamo es la resolución del Dictamen que emitieron en donde acuerdan suspender mis derechos sindicales por 180 ciento ochenta dias mismo que me fue notificado el día 11 once de septiembre de 2019 con solo extractos, es decir no tengo conocimiento del Visto, Resultando, Considerando y Puntos Resolutivos. Máxime que en mi comparecencia acorde llevar testigos y mencione nombres para que se les mandara citar como se podrá corroborar con el audio que presente de mi comparecencia y solicito el acta levantada y firmada por todos los que estuvimos presentes el día de mi comparecencia preciso ei 26 de agosto de 2019. El acto que reclamo es la nula imparcialidad en el desarrollo del procedimiento. El acto que reclamo es la inexacta aplicación de los Estatutos de fecha 03 de enero de 2012 y no los Estatutos Vigentes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de fecha 07 de diciembre del 2015. I).- El acto que reclamo es la inexacta aplicación de los Estatutos del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, en lo referente a "La Carpeta de Investigación" y de la cual nunca tuve conocimiento". La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar, en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la siguiente jurisprudencia: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establece en las tesis de jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello, sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efectos, del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. En la especie, el quejoso hace consistir, en esencia, como actos reclamados todo el procedimiento realizado por las autoridades señaladas como responsables que culminó con la resolución emitida el dos de septiembre de dos mil diecinueve, misma que se le hizo saber mediante oficio de cinco siguiente, en la que se determinó la suspensión de los derechos sindicales del aquí quejoso, por un periodo de ciento ochenta días naturales, como medida disciplinaria para que en el futuro cambiara su forma de conducirse y cumpliera con los estatutos que rigen la vida interna de la organización sindical a la que pertenece, además de la omisión de dar respuesta a su escrito presentado ante el Secretario General del Sindicato de que se trata, el nueve de septiembre del año en curso. Atento a lo anterior, así como a las notas distintivas establecidas por el Máximo Tribunal del País, en el caso que nos ocupa, no se configura una afectación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que los actos reclamados carecen de los requisitos necesarios para ser considerados actos de autoridad, virtud a que éstos derivan de la aplicación de los estatutos del Sindicato del que es parte el aquí quejoso, los cuales no son considerados de observancia general, por ello al tratarse de actos que derivan de un vínculo sindical, no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que las cuestiones de las que se adolece la parte quejosa, tienen su origen en la mencionada relación sindical, donde las partes se encuentran en un plano de igualdad por ser de miembros del mismo. De ahí que, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se pueden obtener que dichos entes aquí señalados como autoridades responsables, actúan desprovistos de facultades de imperio, al posicionarse en el mismo plano que el aquí quejoso, pues sólo se trata de organismos que conforman la multicitada Asociación Sindical, y que se establece en el artículo 10 de los estatutos de la misma. Por tanto, si los sindicatos, según la definición dada por el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, son la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses; es patente que los organismos aquí señalados como autoridades responsables, no tienen tal calidad para el juicio de amparo, pues tienen un fin específico como se desprende de la definición dada, por lo que actúan desprovistos de imperio, de ahí que los conflictos que se susciten entre los agremiados y las asociaciones sindicales, incluidos todos los órganos que la conforman, deberán dirimirse ante las autoridades del orden común que correspondan, ya que son actos de particulares, pues actúan únicamente como representantes de los órganos que conforman a la asociación sindical. Ante tal contexto, puede afirmarse que los actos que atribuye y reclama a las autoridades responsables, no pueden considerarse como actos de autoridad que lesionen los derechos humanos de la parte impetrante del amparo. En ese orden de ideas, es patente que los actos que aquí se reclaman no pueden ser considerados como actos de autoridad, pues no existe una relación de supra-subordinación entre el Sindicato en comento, y el ahora quejoso; es decir, los entes sindicales señalados como autoridades responsables, no emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, dado que se posicionan en el plano del particular, en el caso, de líderes del sindicato a que nos hemos venido refiriendo. En esa tesitura, es inconcuso que dichas actuaciones no pueden considerarse como actos de autoridad, pues aún y cuando afectan la situación del quejoso, no son actos emitidos en plano de supra o subordinación, por lo que en todo caso, el quejoso debe acudir a reclamar esa actuación ante el órgano competente encargado de dirimir controversias de orden laboral, suscitadas entre miembros de un sindicato, porque se trata de una relación de coordinación. No pasa inadvertido que los actos reclamados deriven de un procedimiento instaurado al quejoso en aplicación de los estatutos, toda vez que los aludidos estatutos son normas emitidas por los integrantes del Sindicato, lo cual hace que no tengan la calidad de normas generales, ya que dichas regulaciones no emanan de los Poderes del Estado, sino de los particulares que deciden asociarse y regular las relaciones entre ellos, que deriven de esa asociación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XVI.1o.T.34 L (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en el Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia(s) Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo". Así también, en lo conducente, la diversa tesis aislada I.6o.T.24 L (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1992, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "SINDICATOS. CUANDO SUS MIEMBROS CONSIDEREN AFECTADOS SUS DERECHOS EN LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, ESTÁN LEGITIMADOS PARA CONTROVERTIRLOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL.De la jurisprudencia P./J. 32/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 7, de rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000).", se advierte, en lo conducente, que quien considere afectados sus derechos por irregularidades en la elección o cambio de directiva de los sindicatos, puede controvertirlos por la vía jurisdiccional ante una Junta de Conciliación y Arbitraje. Ello, porque del análisis de la ejecutoria respectiva, se colige, que aunque no fue el objeto principal de la contradicción de tesis de mérito, lo cierto es que se estableció que para lograr la tutela de los derechos humanos de los agremiados de un sindicato, debe prevalecer el respeto a sus estatutos y que, en caso de que una elección se verifique sin que se cumplan los requisitos legales ahí previstos, quien considere que se afectan sus derechos podrá controvertir el acto respectivo en la vía jurisdiccional. En esas circunstancias, se concluye que los miembros de un sindicato que consideren afectados sus derechos por la elección o cambio de su directiva, están legitimados para acudir en la vía jurisdiccional a controvertir tal acto, toda vez que, estimar lo contrario, conllevaría a negarles el acceso a la impartición de justicia salvaguardada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no contar con un medio de defensa para poder impugnar esa designación". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene al quejoso insistiendo en señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en calle Manantial de Atzimba, número 30, colonia los Manantiales, en esta ciudad y autorizando únicamente para tal efecto a Zheila Adrianela Bejar Vega. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    ...MORELIA, MICHOACÁN, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades...Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten, con apoyo en los numerales 108, fracción IV y 114, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Indique de manera clara y precisa qué acto en particular reclama a cada una de las autoridades que señaló como responsables de acuerdo a sus facultades, toda vez que al respecto es impreciso. Es así, toda vez que en el apartado correspondiente al acto reclamado señala "a) Violación procesal consistente en la resolución de fecha 2 de septiembre de 2019.en la que se me suspenden mis derechos sindicales.", por otro lado, también precisa que reclama la ejecución que se pretende dar al dictamen pronunciado por las Comisiones Permanentes de Honor y Justicia y de Vigilancia y de la Asamblea de fecha dos de septiembre del año en curso. Asimismo del capítulo relativo a los antecedentes señala que hasta el día de hoy el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, no le ha dado respuesta a su escrito de tres de septiembre del año en curso, recibido el nueve siguiente, de ahí la imprecisión en la fijación de los actos reclamados. En atención a que los artículos 108, fracción IV y 114, fracción IV de la Ley de Amparo, disponen que la parte quejosa deberá precisar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, a fin de que estén en aptitud de rendir su informe de ley. En la inteligencia de que en el caso, deberá narrar bajo protesta de decir verdad los antecedentes relativos a los actos reclamados, pues la finalidad de dicha protesta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza...En la inteligencia de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una de las tres autoridades señaladas como responsables y una más para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, las cuales dan un total de cuatro copias...Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con el requerimiento antes formulado en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo...Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle ***, de esta ciudad, autorizando únicamente para tal efecto a ***. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales... Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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