GUILLERMO CANO DÍAZ y Otros.
Expediente 89/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- GUILLERMO CANO DÍAZ y Otros.
- Guillermo Cano Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no fue recurrida por alguna de las partes la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; entonces, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- al haberse sobreseído el presente juicio y carecer de relevancia documental.
- Principal
ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por ***, contra los actos y autoridad precisados en el resultando primero, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia constitucional.
- Principal
Agreguese el escrito de cuenta, por el que pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado a la quejosa en proveído de diez de febrero pasado; sin embargo, dígase al promovente que no ha lugar a tenerle por precisada la denominación correcta de la autoridad responsable, por carecer el promovente de atribuciones para tal efecto. Ello es así, dado que si bien está designado como autorizado del aquí quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de amparo y tiene capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante; sin embargo, dicha disposición no lo faculta para realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 6o. de la Ley de Amparo, puesto que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 8º,15, 16 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo. De ahí que la aclaración de demanda también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su aclaración, ajeno a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado y que influyen directamente en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación.
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega:Una razón actuarial de nueve de febrero de dos mil veintidós Se advierte la imposibilidad para entregar el oficio 5515/2022 dirigido al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, en virtud de que le fue informado que dicha autoridad es inexistente. En razón de lo anterior, y que si bien es cierto en auto de veintisiete de enero del año en curso, se apercibió a la parte quejosa en el sentido de que se tendría como inexistente y se suspendería toda comunicación con la autoridad responsable si ésta no existiera con la denominación que indicó; empero, a fin de no transgredir las leyes que rigen el procedimiento y no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días corrija, precise o aclare la denominación de la autoridad de referencia; bajo apercibimiento que en caso de ser omisa, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto.
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