Guillermo Botello Espejel

Expediente 1082/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1082/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Guillermo Botello Espejel

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos la comparecencia realizada a la autorizada de la parte quejosa, mediante la cual, se advierte que acudió a recoger los documentos exhibidos en la instancia constitucional, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Vista la certificación anterior, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días aludido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente, hubiere recurrido el auto de seis de septiembre del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, se declara que el mismo ha causado estado y se declara firme. II. Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Orden de depuración y/o destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. IV. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. V. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VI. Devolución de documentos. Ahora, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y en caso de que obren agregados documentos exhibidos por la parte quejosa y parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General citado, se ponen a su disposición dichos documentos por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este juzgado a efecto de que recoja los mismos, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. VII. Incidente de suspensión. No se aperturó cuaderno incidental al haberse desechado la demanda de amparo.

  3. Principal

    Glósese el escrito signado por el perito contador público Sergio Abundiz Hernández, a través del cual, reitera que se encuentra en aptitud de fungir como perito oficial en materia de contabilidad en el presente juicio de amparo, no obstante que en proveído de diecisiete de agosto pasado, se le requirió para compareciera al juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido. Asimismo, exhibe la planilla de pago de honorarios, para que se le realice el pago correspondiente; en ese sentido, con copia del escrito de cuenta y demás insertos necesarios que obran en autos, remítase a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, para el análisis de dichas constancias en relación con los trabajos a realizar para el dictamen correspondiente, y en caso que sea aprobada informe tal circunstancia a este juzgado, a fin de dar continuidad a la prueba pericial ordenada en autos. Lo anterior, en la inteligencia de que el perito debe analizar la totalidad de las constancias que integran el juicio en que se actúa -consistente en un tomo-, así como las pruebas vertidas por las partes -consistentes en seis tomos de prueba- para dar contestación al cuestionario exhibido para la formulación de su dictamen, dentro del término legal, y considerando las manifestaciones vertidas en su escrito de cuenta. Ello al ser la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida oportunamente, conforme a lo resuelto en el recurso de queja Q.P.55/2020, y en cumplimiento al testimonio del recurso de revisión R.P. 174/2020-IV, -ambos del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México-, que determinó reponer el procedimiento para el desahogo de dicha probanza.

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Guillermo Botello Espejel, contra actos del Presidente Municipal de Texcoco, Estado de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Creación del expediente. Creación del expediente fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1082/2021-IV. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Estos preceptos autorizan a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. A su vez, de la lectura integral de demanda se desprende que el promovente reclama lo siguiente: "DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO LAS ORDENES DE LOS ACTOS DE MOLESTIA, CONSISTENTES EN INVADIR E INTRODUCIR MAQUINARIA OFICIAL EXCAVADORA DE CADENA AL PREDIO DEL CUAL SOY LEGITIMO POSEDOR y PROPIETARIO, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES VERBALES O ESCRITAS AL PERSONAL DE ADCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE GOBIERNO, AMBAS DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO. [.] B) DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, INVASION, DESPOSESION y ACTOS DE MOLESTIA EJERCIDOS EN EL PREDIO DEL CUAL SOY LEGITIMO POSEEDOR Y PROPIETARIO, EN CUMPLIMIENTO A LAS ORDENES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ACTOS DE VERIFICACION, INSPECCIÓN, INTRODUCCION DE MAQUINARIA OFICIAL A MI PREDIO Y CUALQUIER ACTO QUE IMPLIQUE MOLESTIA, EN MIS BIENES, DERECHOS Y POSESIONES. C) DE LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, EL ACTO DE EJECUCIÓN DE MOLESTIA E INVASION, QUE LE PRETENDER DAR A LOS MANDAMIENTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEXCOCO, MÉXICO, EN VIRTUD DE SER LOS ENCARGADOS DE INTRODUCIR MAQUINARIA EXCAVADORA DE CADENA, EN EL PREDIO DEL CUAL LEGITIMO POSEEDOR y TITULAR, POR HABERLO MANIFESTADO ASÍ EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2021, PRETENDIENDO DESPOSEERME DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y POSESIÓN DEL PREDIO DENOMINADO CUAPEYECAC, UBICADO EN CAMINO A LA SIBERIA S/N, VILLA SAN LUIS HUEXOTLA, TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, SIN PREVIA NOTIFICACIÓN NI PROCEDIMIENTO, EN El QUE SE ME GARANTIZARA MI DERECHO DE SER OIDO y VENCIDO. D) DE LOS DELEGADOS DEL POBLADO DE VILLA SAN LUIS HUEXOTLA, MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO Y DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONOCIDOS COMO "COPACI", DEL POBLADO DE SAN LUIS HUEXOTLA, MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LAS DENUNCIAS PRESENTADAS AL MUNICIPIO DE TEXCOCO PRETENDIENDO; CON EL PROPÓSITO DE DESPOSEER AL SUSCRITO DE MI POSESIÓN Y EL AUXILIO Y COMPLICIDAD DE ÉSTAS CON LAS AUTORIDADES DE AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, PRETENDIENDO ALEGAR QUE EL PREDIO DEL CUAL SOY POSEEDOR Y PROPIETARIO ES UN TERRENO QUE SUPUESTAMENTE ES PROPIEDAD FEDERAL, GESTIONES PRESENTADAS POR ESCRITOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE AJ/006/2021, DIRIGIDOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES REFERIDAS EN INCISOS ANTERIORES Y EN LO PARTICULAR A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO, ASI COMO TODOS LOS ACTOS DERIVADOS DE DICHAS ACCIONES Y MANIFESTACIONES QUE REALIZAN." Luego, debe decirse que del análisis del acto reclamado, los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad y las constancias que adjunta a su escrito inicial, obtenemos que la demanda de amparo que nos ocupa deviene notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se demostrará enseguida. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El precepto citado establece el principio de definitividad, propio de la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, por virtud del cual éste resulta improcedente cuando, previamente a su promoción, el quejoso no haya agotado los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa, a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos que estime violatorios de garantías individuales. Así, el particular que resienta una afectación en su esfera jurídica está obligado, antes de acudir al juicio de amparo, a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto que le cause tal afectación, siempre y cuando se reúnan los requisitos que establece el artículo 61, fracción XX, referido. Ahora bien, es importante esclarecer cuáles son las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Si partimos de la base que las autoridades en México ejercen funciones en el poder legislativo, ejecutivo o judicial, sea federal, local, en el ayuntamiento, en los municipios o en los organismos constitucionales autónomos, las autoridades administrativas deberán estar adscritas dentro de alguna de las distintas esferas o entidades de la estructura general del poder público. En ese sentido, del precepto citado se advierte que no es dable tomar en consideración a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que el poder judicial federal y local están excluidos, así como los tribunales agrarios, militares, de lo contencioso, tribunales laborales en los que se encuentran comprendidas las juntas de conciliación y arbitraje. Además, se debe descartar a las autoridades que pertenecen al poder legislativo, sin que se considere desestimar a las autoridades administrativas que expidan normas generales en virtud de esa función, pues no hay que olvidar que también realizan otras actividades de acuerdo a su competencia que no implican la creación de una ley. Lo anterior se traduce en que al no encontrarse las autoridades administrativas contenidas en el poder judicial ni en el poder legislativo, deben incluirse en el poder ejecutivo, o bien en los ayuntamientos, y es a éstas a las que se impone la obligación de agotar los recursos ordinarios que prevé el artículo 61 fracción XX citado. En suma, los requisitos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, consisten en los siguientes: a) El acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal; c) Por virtud de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado; para la procedencia de la suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo; e) El acto reclamado no carezca de fundamentación. Mediante la concurrencia de tales elementos previstos en el precepto en estudio se configura la causa de improcedencia aludida, el que sólo contempla como casos de excepción que el acto reclamado carezca de fundamentación, o bien, que conforme a las leyes que rijan el acto reclamado se suspenda su ejecución a través de la interposición del recurso o medio de defensa en comento pero exigiendo mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para la suspensión, independientemente de que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza sea o no susceptible de ser suspendido. En tales condiciones, es evidente que el gobernado estará exento de observar el principio de definitividad, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, o bien, cuando conforme a las leyes que lo rijan, para suspender su ejecución a través de la interposición del recurso o medio de defensa procedente, se exijan mayores requisitos que los que impone la Ley de Amparo para la suspensión, independientemente de que sea o no susceptible de ser suspendido, lo que en la especie no acontece, atendiendo a lo siguiente: Una vez expuesto lo anterior es necesario precisar que las autoridades administrativas emiten dos tipos de actos. Por una parte están los actos autónomos que son ajenos a la excitativa procesal de los particulares. El segundo tipo de actos lo componen aquéllos en que desempeñan una función materialmente jurisdiccional, esto es, dirimen controversias sin ser tribunales, que coloquialmente se les denomina "procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio". Ahora bien, para que se considere que el particular se encuentra obligado a cumplir con el principio de definitividad, el medio ordinario de impugnación debe estar contenido en una ley, en sentido formal y material. La ley debe regular por algún título ese acto de manera específica, colmando todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado, es decir, que a través de éste se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; "Artículo 231. Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad." De los citados preceptos legales, se establece la procedencia del juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en contra de actos administrativos dictados por autoridades de los municipios. Como se dijo, el peticionario del amparo sustancialmente se duele de los actos de molestia, consistentes en la orden invadir e introducir maquinaria oficial excavadora de cadena al predio del cual aduce ser poseedor y propietario, ordenadas por la Presidenta Municipal de Texcoco, Estado de México, derivados del expediente AJ/006/2021. Asimismo, de los antecedente que narra bajo protesta de decir verdad, así como de conceptos de violación que vierte en su demanda y anexos que adjuntó a su escrito inicial, se advierte que el aquí quejoso Guillermo Botello Espejel, es parte en el expediente AJ/006/2021, dado que compareció en fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, a efecto de ejercer su garantía de audiencia, así como a efecto de ofrecer pruebas y alegatos en relación al procedimiento iniciado; por tanto y como ya se precisó, previo a la promoción del juicio de amparo, tales actos deben ser combatido a través del juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en términos de los artículos 186, 229, 230 fracción II y 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En ese contexto, el juicio contencioso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo. De igual manera cobra aplicación, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, con registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Ahora bien, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, por las siguientes razones: Los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, establecen que la suspensión se decretará cuando ocurra lo siguiente: a) La solicite el agraviado (fracción I); b) Con su concesión no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II); c) Se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; cuando se aduzca un interés legítimo (artículo 131); y, d) Del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, conlleve a concluir que se deba conceder la suspensión solicitada (artículo 138). Al respecto, los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, disponen: "Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." "Artículo 256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada." "Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor." "Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor." "Artículo 259. El acuerdo del magistrado de sala regional que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde el momento en que se dicte, aun cuando en contra de éste se interponga el recurso de revisión. El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la sección de la sala superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata." "Artículo 260. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda" Como se advierte, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues en ambas leyes, ante la solicitud de la medida cautelar, se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de Amparo, prevé que cuando la concesión de la suspensión de los actos, pueda ocasionar un daño o perjuicio se deberá otorgar garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, lo cual, es previsto de la misma forma en el párrafo primero del artículo 257 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Cabe mencionar, que en ambas leyes se establece la figura de la contragarantía, en el caso de la Ley de Amparo, se encuentra regulada en el artículo 125 al 158, en tanto que en la Ley procesal, se regula en igualdad de circunstancias, en el párrafo segundo del citado artículo 257. La comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto acorde con el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México permiten concluir que no se exigen mayores requisitos que en el juicio de amparo para conceder la suspensión. Sirve de apoyo, la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2003858 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 60/2013 (10a.) Página: 933 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO." Asimismo, la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre 2015, Tomo III, página 2936, Décima Época, registro 2010436, con rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL." Por tanto, se desecha de plano la presente demanda de amparo, ya que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable. Es aplicable, la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." VII. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado, por así solicitarlo expresamente. Se tiene por autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Verónica Trujillo Hurtado por contar con el registro de su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, mientras que a las diversas personas en términos del numeral 24 del mismo ordenamiento. VIII. Copias y reproducción de constancias. a). Expedición de copias. se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b). Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". XII. Transparencia. con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes, que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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