Guillermo Bernal Gutiérrez

Expediente 1179/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1179/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
06/11/2017

Partes del expediente

  • Guillermo Bernal Gutiérrez
  • Junta Especial Número 29 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, México; seis de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que el quejoso no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de diez de octubre dos mil diecisiete (fojas 128 a la 136), por la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ésta ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se estima procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - Este expediente es susceptible de depuración (hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso IV), pues, se negó al agraviado el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; por tanto, deberán conservarse la demanda y la sentencia respectivas. De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la partes, para que dentro del término de noventa días comparezcan ante es órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibieron en autos, apercibidas que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente a la quejosa y por medio de lista a la tercero interesada. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretario Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, por licencia otorgada al titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/3960/2017 de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Toluca, Estado de México, siendo las doce horas con cinco minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete, hora y día señalados en autos para la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 1179/2017-I, promovido por Guillermo Bernal Gutiérrez, a través de su apoderado legal contra actos de la Junta Especial Numero Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; en audiencia pública Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo vigente, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia por el Juez, la Secretario da lectura a las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer relación expresa de cada una de ellas en atención a las consideraciones que sustentan la tesis emitida por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Primera Parte, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, con número de registro 206494, que a la letra dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Establecido lo anterior, al no existir escrito pendiente de acordar, se abre el período probatorio y la Secretario relación de las ofrecidas por el quejoso en su escrito de demanda consistentes en: Poder de veintiséis de julio de dos mil diecisiete otorgado por Guillermo Bernal Gutiérrez a José Luis Gutiérrez Valdez; Asimismo, se hace relación de las presentadas por la autoridad responsable señalada como Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje consistentes en: Copias certificadas de diversas constancias que obran en autos del juicio laboral J.29/1372/2016. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, dada su propia y especial naturaleza. Enseguida, sin existir prueba pendiente de desahogo, se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos en el que la Secretaria hace constar que las partes no los formularon, con lo cual, se declara cerrado el período relativo. Sin existir diligencia pendiente de desahogo se tiene por celebrada la audiencia constitucional conforme a la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1179/2017-I, promovido por Guillermo Bernal Gutiérrez a través de su apoderado legal, contra actos de la Junta Especial Numero Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Guillermo Bernal Gutiérrez a través de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que a continuación se mencionan: ".AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA ESPECIAL NUMERO 29 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye la dilación procesal CONSISTENTE EN LA EXAGERADAMENTE LEJANA FECHA DE AUDIENCIA PARA DAR CONTESTACION A LA RECONVENCION PLANTEADA POR EL TERCERO PERJUDICADO en el juicio de origen, lo que ha provocado un grave perjuicio y daño a mis intereses violando mi garantía individual a que me sea impartida una justicia pronta y expedita por los tribunales previamente establecidos para ello tal y como lo consagran los artículos 14 y 17 de Nuestra Constitución Política. SOLICITANDO QUE LA AUDIENCIA PARA DAR CONTESTACION A LA RECONVENCION PLANTEADA POR LA TERCER INTERESADA SE SEÑALE EN LOS TERMINOS QUE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTIPULA PARA ELLO, Y NO SOLO DICHA AUDIENCIA SINO LAS QUE RESTEN HASTA CELEBRARSE LA INSTRUCCIÓN, PUES DE SOLO EXIGIRSELE LO PRIMERO, LA RESPONSABLE CUMPLIRA CON EL FALLLO PROTECTOR A EFECTO DE EVITAR SANCIONES Y REANUDARA LA CONDUCTA OMISIVA EN EL RESTO DEL PROCEDIMIENTO." SEGUNDO. El quejoso, estimó vulnerados los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Remitida que fue la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional por cuestión de turno, mediante auto de dos de agosto de dos mil diecisiete, se registró con el expediente 1179/2017-I, admitió a trámite, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos se verificó en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos emitidos por autoridades en materia laboral que tienen residencia oficial dentro del ámbito de competencia de este órgano de control de la constitucionalidad. SEGUNDO. Por cuestión de método, el suscrito juzgador procede a la fijación del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto. En apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la nueva ley de la materia, se cita la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Por lo que en términos del mencionado ordenamiento legal, mediante el análisis íntegro de la demanda de amparo y de las demás constancias de autos que se encuentran vinculadas con la materia de la Litis, se obtiene que el quejoso reclama: El auto de auto de doce de julio de dos mil diecisiete, dictado por Junta Especial Numero Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en autos del expediente 1372/2016 a través de la cual se fijaron las trece horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete como fecha de continuación de audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO.- El Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente número 1372/2016 de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado, dentro de las cuales se encuentra el auto impugnado; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2° de este último ordenamiento. CUARTO. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos del que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, no existen causas de improcedencia que hubiesen hecho valer las partes o que deban atenderse de oficio; por tanto, procede entrar al estudio de los motivos de inconformidad alegados por la parte quejosa. QUINTO. El quejoso expuso los conceptos de violación que están contenidos en la demanda de amparo, mismo que no se transcriben por no existir precepto legal que obligue a ello. Lo anterior, acorde con el criterio contenido en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 50/2010, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que a la letra dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas Generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Así tenemos, que el solicitante de la protección constitucional propone que el acto contraviene lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que al fijar la fecha para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de manera contraria a lo establecido por la ley de la materia, pues excedió en mucho lo establecido en el artículo 878 fracción VII de la Ley Federal del Trabajo, que señala que cuando se acuerde la suspensión de la audiencia, se señalara fecha para su continuación dentro de los diez días siguientes. Al respecto este juzgador, estima el concepto de violación fundado, pero inoperante, aun suplido en la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, con base en las siguientes consideraciones. Si bien es cierto, como lo refiere el impetrante el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, el cual a saber, establece: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (...) Del artículo transcrito se desprende el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, la cual implica que todo justiciable tiene derecho a que las controversias que sean sometidas a la potestad judicial serán tramitados por tribunales, que están obligados a impartir la justicia en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, los encargados de impartir justicia tienen la obligación de hacerlo de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, pues no basta que el justiciable acuda ante el órgano jurisdiccional a instar la solución de una controversia, sino que dicho acceso a la justicia debe ser eficaz, lo cual se traduce en obtención de una resolución dictada conforme a la ley aplicable al hecho y decida si al peticionario le asiste o no la razón. En ese sentido, los principios que integran el derecho fundamental de acceso a la justicia, se traducen en lo siguiente: a) Justicia pronta: se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. b) Justicia completa: consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c) Justicia imparcial: significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Justicia gratuita: que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En síntesis, se satisface el derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional cuando la solución de una controversia es emitida dentro de los plazos y términos que establecen las leyes aplicables, en la cual se resuelve si asiste o no la razón sobre los derechos solicitados, resolución que será apegada a derecho y sin que los órganos encargados de la impartición cobren a los justiciables por la prestación de ese servicio público. Al caso se invoca, la jurisprudencia 2a.lJ. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 171257, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Bajo esa premisa, resulta relevante traer a contexto el contenido del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable en la especie y que el quejoso refiere en esta instancia, el cual a saber es del tenor siguiente: "Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El Presidente o el funcionario conciliador y demás personal jurídico de la Junta exhortará nuevamente a las partes para que resuelvan el conflicto mediante un arreglo conciliatorio y, si éstas persistieran en su actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su demanda; II. Si el actor es el trabajador o sus beneficiarios y no cumple los requisitos omitidos o no subsana las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento. El actor expondrá su demanda, ratificándola, aclarándola o modificándola, precisando los puntos petitorios. En caso de modificación, aclaración o enderezamiento de la demanda, cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, podrá hacerlo por una sola vez en esta etapa. Tratándose de aclaración o modificación de la demanda, la Junta, a petición del demandado, señalará nueva fecha, dentro del término de diez días, para la continuación de la audiencia a fin de que pueda contestar la demanda en su totalidad; en caso de enderezamiento, la Junta procederá de igual forma, pero de oficio; III. Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá en su caso, a dar contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este último caso estará obligado a entregar copia simple al actor de su contestación; si no lo hace, la Junta la expedirá a costa del demandado; IV. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, importa la confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho; V. La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda en la misma audiencia y, si no lo hace y la Junta se declara competente, se tendrá por contestada en sentido afirmativo la demanda; VI. Las partes podrán por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren; VII. Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de inmediato; o bien, a solicitud del mismo, la Junta acordará la suspensión de la audiencia, señalando para su continuación una fecha dentro de los diez días siguientes; y (el énfasis es propio) VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución." De la exégesis del precepto que antecede, se obtiene que la legislación en materia del trabajo determina como debe desarrollarse la etapa de demanda y excepciones, la exhortación a la conciliación a través de un arreglo, la posibilidad de subsanar irregularidades de la demanda en caso de continuación del juicio. De igual forma establece el tenor en que debe darse la contestación de la demanda laboral, por escrito o de manera oral, de la cual en caso de ser por escrito debe dar copia al actor, oponiendo las excepciones y defensas pertinentes señalando cada uno de los puntos expuestos. Por otra parte, establece la posibilidad de que el demandado reconvenga al actor, quien deberá contestar de inmediato o bien a solicitud de este mismo la junta acordara la suspensión, y señalara fecha para su continuación dentro de los diez días siguientes, finalmente al concluir el periodo de demanda y excepciones se citara para una diversa audiencia para recepción de pruebas y en caso de consenso de las partes en cuanto a hecho y controversia se declarar cerrada la instrucción y se turnaran los autos para resolución. En la especie, se advierte que como lo afirma el quejoso, la Junta responsable admitió la demanda y fijó como fecha el doce de julio de dos mil diecisiete para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual dio inicio en su fecha para posteriormente suspenderse a petición de la apoderada del actor. Sin embargo, como bien lo refiere el quejoso la continuación se señaló para el veinticinco de octubre de la misma anualidad, es decir, por mucho fuera del plazo establecido en la ley laboral, que establece que debe ser para los diez días siguientes a la fecha en que se difirió la audiencia, de conformidad con el artículo 878 fracción VII de esa normativa legal. Circunstancia que deja en evidencia que fue fijada a más de tres meses, del proveído que la ordena -aquí acto reclamado-; lo que evidentemente se apartó de lo que dispone la normatividad laboral, de ahí que le asista razón al quejoso. Sin embargo, como ya se puntualizó, el concepto de violación analizado aunque fundado, se estima inoperante, porque la presente sentencia se dicta a escasos once días hábiles, de la fecha fijada por la Junta responsable para la continuación de la audiencia (veinticinco de octubre de dos mil diecisiete), de tal suerte, que no es dable conceder el amparo y protección de la justicia federal para que se respete el término establecido por el artículo 878 en su fracción VII de la Ley Federal del Trabajo, pues para cuando esta sentencia cause ejecutoria, habrá trascurrido la fecha fijada para la continuación de la audiencia, sin que la concesión aquí otorgada pueda cumplirse, de ahí que el concepto de violación expuesto por el quejoso, no pueda tener los alcances que este pretende, aun al haber resultado fundado, pues como ya se anticipó también es inoperante. Apoya lo anterior, la tesis aislada de la Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81, Volumen 187-192, Cuarta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro: 803194, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión, esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable y en su caso la Corte, por la vía de un nuevo amparo, que en su caso y oportunidad se promoviera, tendrían que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar el amparo." En ese sentido, al haber resultado fundado pero inoperante el concepto de violación en estudio, lo procedente es negar el amparo peticionado por el quejoso, de lo que se colige que el acto reclamado debe seguir rigiendo en los términos en que fue dictado. Conviene precisar que algunos criterios citados en esta determinación fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, empero al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, de conformidad con su transitorio sexto. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Guillermo Bernal Gutiérrez a través de su apoderado legal contra el acto y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero por lo motivos expuestos en la parte final de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante la Secretario de Juzgado, Dulcinea Judith González Gómez, que da fe.

  3. Principal

    Toluca, México; veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, del que se advierte que no ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, para que las partes tengan a la vista el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, razón por la cual, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se ordena su diferimiento y se señalan en su lugar las doce horas con cinco minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Toluca, México; once de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual solicita a este Juzgador, el acuse de recibo del exhorto 755/2017 (número de orden 782/2017) del índice de este Juzgado de Distrito, a fin de acordar lo que en derecho proceda. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, agréguese a los autos para los efectos a que haya lugar; y como lo solicita el oficiante acúsese recibo, vía fax, del exhorto de referencia, sin que pase desapercibido que mediante oficio 27235/2017, de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete remitido vía fax se hizo lo propio. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el apoderado de la tercero interesada Herventa Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que acredita en términos del instrumento notarial número ochocientos veinticinco y que en copia simple exhibe para su cotejo y devolución, a través del cual autoriza a diversas personas y solicita tener acceso vía electrónica al expediente en que se actúa y sea notificada en la misma vía. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, agréguese a los autos y dígase el promovente que por el momento no ha lugar a acordar favorable la devolución de los documentos que refiere, lo cual acontecerá una vez que quede firme la sentencia que en su momento se dicte en el presente juicio. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Marco Antonio Santelis Sánchez y Sergio Bahena Mota toda vez que se encontró registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, a las restantes personas en términos restringidos de dicho artículo, hasta en tanto tengan registrada la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Finalmente, por cuanto a la consulta de expediente electrónico, por el momento no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que en términos del artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal de los Centros de Justicia Penal Federal a efecto de autorizar la notificación electrónica, es necesario que haga del conocimiento el nombre del usuario que creó el registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por último, visto el estado procesal que guarda el presente sumario, del que se advierte que no ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, para que las partes tengan a la vista el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, razón por la cual, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se ordena su diferimiento y se señalan en su lugar las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe

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