Guillermo Bejarano Limon

Expediente 29/2016 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 52 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
29/2016
Año
2016
Actuaciones
52
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Bejarano Limon
  • GUILLERMO BEJARANO LIMON y Otros.
  • Juez Unico de Primera Instancia Penal de Ensenada, Baja California
  • SERGIO SOSA REYES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO SERGIO SOSA REYES.Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio número SEADS/698/2018, remitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con sede en la Ciudad de México, se advierte que por sesión ordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, se designó al que suscribe, como juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciocho; en tal virtud, comuníquese a las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de la certificación secretarial se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable sustituta Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, del fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora, a fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es conveniente precisar que por sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1) En los autos del proceso penal 695/2013, emitir con toda prontitud las resoluciones faltantes, respetando los términos de ley. En su caso, cerrar la instrucción y conceder a las partes los términos legales para la formulación de conclusiones. 2) Acatar estrictamente los plazos a que alude la ley, sin ninguna dilación; en el entendido de que la carga de trabajo, dificultad en el asunto o cualquier otra circunstancia no podrá ser argumentada para aplazar cualquier determinación necesaria para llegar a una decisión de absolución o de condena. Luego, mediante proveído de once de julio de dos mil dieciséis, la Juez Segundo de lo Penal, con sede en esta ciudad, informó que se excusó de seguir conociendo de la causa penal 695/2013, instruida al aquí quejoso Guillermo Bejarano Limón, remitiendo los autos al Juzgado Tercero de lo Penal, en esta ciudad. Asimismo, en proveído de quince de julio de dos mil dieciséis, la Juez Tercero de Primera Instancia por ministerio de ley, en esta ciudad, hizo del conocimiento de este juzgado que en doce de julio del mismo año, se avocó al conocimiento del proceso penal del que deriva el acto reclamado en el presente juicio, en virtud de la excusa formulada por la Juez Segundo de lo Penal, en esta ciudad, por lo que se le tuvo como autoridad sustituta. Posteriormente, por auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio y se requirió el cumplimiento del fallo protector al Juez Tercero de lo Penal, en esta ciudad. Sin embargo, mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio del Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Baja California, mediante el cual informó que se aprobó la extinción del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de este partido judicial y que todos los asuntos de su conocimiento fueron turnados al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, por lo que se le requirió el cumplimiento del fallo protector a esta última autoridad. Mediante proveído de tres de abril de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional tuvo informando a la Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, la extinción de los Juzgados Primero y Segundo de lo Penal, ambos en esta ciudad, por lo que se tuvo como autoridad sustituta del extinto Juzgado Primero Penal, al Juzgado Único de Primera Instancia Penal, en esta ciudad, y se le requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia de lo anterior, la autoridad responsable sustituta Juez Único de Primera Instancia Penal en esta ciudad, remitió diversas constancias con las cuales acreditó que desahogó las diligencias y emitió los autos y resoluciones faltantes, respetando los términos de ley, ordenó cerrar la instrucción y concedió tanto al agente del Ministerio Público como al acusado y su defensor, el término legal para formular sus conclusiones (fojas 707, 730 y 731). A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. En las relatadas condiciones, se determina que la autoridad responsable sustituta Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró haber desahogado las diligencias y emitido los autos y resoluciones faltantes, respetando los términos de ley, ordenó cerrar la instrucción y concedió a las partes el término legal para formular sus conclusiones. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo determinado, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del proveído de once de junio del presente año, en el que dio vista al acusado y su defensor para que formularan sus conclusiones, ya que conjuntamente con el presente proveído se ordena que le notifique en forma personal el citado auto y le corra traslado con copia certificada de este para su debido conocimiento. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar .

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO SERGIO SOSA REYES ...Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite la Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, en la inteligencia de que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado resolverá sobre si está o no cumplida la sentencia de amparo, con base en lo informado por la autoridad responsable y las constancias que obren en autos.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO..Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite la Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, en la inteligencia de que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado resolverá sobre si está o no cumplida la sentencia de amparo, con base en lo informado por la autoridad responsable y las constancias que obren en autos.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO.Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable. Ahora bien, previo a resolver lo conducente, es importante destacar que el presente juicio constitucional lo promovió Guillermo Bejarano Limón en contra de los actos reclamados a la autoridad Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad; sin embargo, de autos se advierte que mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, se tuvo a dicha autoridad informando que se excusó del conocimiento de la causa penal 695/2013, seguida en contra del quejoso y, que el Juez Tercero de lo Penal se avocó a su conocimiento, quien la radicó bajo el número de expediente 186/2016. Asimismo, mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio del Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, mediante el cual informó que se aprobó la extinción del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de este partido judicial y que todos los asuntos de su conocimiento fueron turnados al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, por lo cual se le requirió el cumplimiento del fallo protector a esta última autoridad. Posteriormente, mediante proveído de tres de abril de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional tuvo como autoridad sustituta del Juzgado Primero de lo Penal, al Juzgado Único de Primera Instancia Penal en esta ciudad, toda vez que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, informó la extinción del primer juzgado referido. Expuesto lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a resolver si está o no cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Ahora, en el caso en estudio la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: 1) En los autos del proceso penal 695/2013, emitir con toda prontitud las resoluciones faltantes, respetando los términos de ley. En su caso, cerrar la instrucción y conceder a las partes los términos legales para la formulación de conclusiones. 2) Acatar estrictamente los plazos a que alude la ley, sin ninguna dilación; en el entendido de que la carga de trabajo, dificultad en el asunto o cualquier otra circunstancia no podrá ser argumentada para aplazar cualquier determinación necesaria para llegar a una decisión de absolución o de condena. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad. Para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal en esta ciudad, remitió diversos oficios mediante los cuales informó sobre la preparación y desahogo de las pruebas ofrecidas en el proceso penal de origen, consistentes en ampliaciones de declaración, testimoniales, careos y pericial en materia de genética forense. De igual forma, mediante oficio 95-P , recibido en este juzgado el doce de abril de dos mil dieciocho, informó que el diez de abril del año en curso, ante la imposibilidad de presentar al perito Jorge Luis Álvarez Miranda, para llevar a cabo la diligencia de ratificación, se ordenó dejar sin efecto dicha diligencia, y se dio vista a las partes en términos del artículo 285 del Código de Procedimientos Penales, para que dentro del término de cinco días manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso contrario se declararía cerrada la instrucción. Posteriormente, mediante oficio 104-P , recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de abril del año en curso, la Jueza responsable informó que el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se tuvo al defensor particular del procesado desahogando la vista antes precisada, indicando que no tenía pruebas pendientes por ofrecer; por lo que, al haber transcurrido el plazo concedido, se declaró cerrada la instrucción y se concedió al agente del Ministerio Público el término de ocho días para formular sus conclusiones. Para corroborar lo anterior, se transcribe el contenido del auto descrito: "[.] Vista la cuenta que antecede, se tiene por presentado un escrito presentado por el Licenciado LUIS RAYMUNDO CID MAGAÑA, Defensor Particular del procesado, mediante el cual desahoga la vista de cinco días previos y señala que no tiene más pruebas pendientes de desahogar y solicita el cierre de la instrucción, por lo tanto, agréguese su escrito en autos para que obre como corresponda; por otra parte, una vez visto el contenido de autos, apareciendo de los mismos que ya transcurrió para las partes el término de cinco días que se le concedió en el proveído de fecha diez de abril del actual, a fin de que manifestaran si tenían pruebas que ofrecer, sin que lo hubieren hecho y tomando en cuenta incluso la solicitud de cuenta del defensor particular de referencia, y además porque no existían pruebas pendientes por desahogar, se DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN y se pone la presente causa a la vista del Ministerio Público, para que en el término de OCHO días formule sus conclusiones; asimismo, para los efectos del Juicio de Amparo 29/2016 infórmese lo anterior al Juzgado Noveno de Distrito, a fin de hacerle saber el cumplimiento que se está dando a su Ejecutoria de Amparo [.]" De todo lo antes expuesto, es dable concluir que la Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, en los autos del proceso penal de origen, desahogó las diligencias y emitió los autos y resoluciones faltantes, respetando los términos de ley, ordenó cerrar la instrucción y concedió al agente del Ministerio Público el término legal para formular sus conclusiones, por lo que dio cumplimiento parcial a los puntos uno y dos del fallo prodector. No obstante, no se puede tener por cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que de conformidad con los lineamientos de la misma, la juez responsable debe conceder a las partes los términos legales para la formulación de conclusiones, y de las constancias que obran en autos no se acredita que le concedió ese término al acusado y a su defensor. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, para que una vez que otorgue el término al acusado y a su defensor para formular conclusiones, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional. En el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, en el sentido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de esta misma fecha, con fundamento en el artículo 260 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de la inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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