Guillermo Bautista Bautista

Expediente 2439/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2439/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Bautista Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido del oficio que suscribe la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite copia del testimonio de la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de la revisión principal 677/2022, del índice de la superioridad, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento parcial decretado en la sentencia recurrida, por lo que ve a los actos reclamados precisados en el considerando quinto de dicho fallo. SEGUNDO. En lo impugnado, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso, ****, en los términos y para efectos establecidos en la sentencia recurrida, y con la precisión realizada al respecto en esta ejecutoria.". En consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo. Cuaderno de antecedentes. Asimismo, con relación al cuaderno de antecedentes que se formó, se ordena glosar al presente sumario únicamente las fojas que contienen firmas autógrafas en original, siendo innecesario adjuntar el resto, por ser fotocopias de actuaciones que obran en autos, por lo que se ordena su destrucción, sin mayor trámite. Causa ejecutoria. Lo anterior permite concluir que la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Efectos. En el fallo protector se determinó que las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, realizarán los actos siguientes: ".el amparo se concede al quejoso para que, al dar respuesta las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, a las solicitudes presentadas por el quejoso el día cuatro de marzo de dos mil veintiuno, que generaron los números de folio 000316, 001780 y 002945, dichas autoridades se pronuncien sobre el reclamo de las prestaciones que el quejoso dejó de percibir, con motivo de la separación de su cargo de Oficial del Registro Civil del Ayuntamiento en mención, que declaró ilegal, en el entendido de que les compete resolver al respecto.". Requiérase a las autoridades. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables pertenecientes al Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, esto es Secretaría General, Tesorería de la Hacienda Pública y Dirección del Registro Civil, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento siguiente al en que reciban la comunicación respectiva, realicen lo mencionado e informen a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se les impondrá una multa a cada uno de ellos, equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $$10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Requerimiento al superior jerárquico de la autoridad responsable. En virtud de lo anterior y de acuerdo al procedimiento de ejecución que prevé el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se ordena requerir al superior jerárquico de la citada autoridad responsable, esto es, al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le practique la notificación del presente proveído, por su conducto, requiera a las citadas autoridades pertenecientes al Ayuntamiento de mérito, para que dén cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo; además, de conformidad con el numeral 192 de la ley de la materia, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad obligada directamente al cumplimiento, lo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Relación de estado procesal de autos. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo, sin que hubiese realizado manifestación alguna en ese sentido. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. II. Concesión del amparo y efectos. Mediante sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, resolución que se modificó por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en los autos de la revisión 53/2023, en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la que, se concedió la protección constitucional para efectos de que la responsable, realizara lo siguiente: (.) i. De inmediato, el tribunal burocrático debe realizar todos los actos a su alcance, para la pronta efectividad del requerimiento contenido en el auto de 10 de agosto de 2022. ii. El propio tribunal, inmediatamente, debe emitir un acuerdo en el que requiera a la actual integración del ayuntamiento demandado, a fin de que cumpla cabalmente con el laudo recaído en el juicio de origen, desde luego en el término de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, con el apercibimiento que de no hacerlo así, solicitará al congreso local la suspensión en el cargo del presidente municipal y del síndico respectivo, claro está sin goce de sueldo hasta por 15 días, en estricto acato a los artículos 141, 142 y 143 de la legislación burocrática estatal. iii. En caso de no lograr el cumplimiento del laudo en el plazo de que se trata -30 días hábiles-, el tribunal debe demostrar ante el juez de Distrito la petición elevada al congreso local para la suspensión de los funcionarios contumaces, así como la notificación sobre ese particular y la ratificación conducente para tal suspensión. iv. Ante el incumplimiento condigno, de inmediato el tribunal debe proveer lo necesario para la suspensión de los funcionarios que, en términos de su encargo, estén obligados al cumplimiento del laudo y, frente a los que el propio tribunal sí tiene facultad para su suspensión directamente. v. En el término improrrogable de 48 horas, contadas a partir de su legal notificación, el tribunal responsable debe exhibir ante el juez de Distrito la constancia del requerimiento dirigido a los funcionarios y al ente demandado en el juicio, para efecto del cumplimiento del laudo. (.) III. Ejecutoria y requerimiento. En proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió por su cumplimiento a las autoridades responsables. IV. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, a través del comunicado de registro ********************, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte que realizó los actos a su alcance, para la pronta efectividad del requerimiento contenido en el auto de diez de agosto de dos mil veintidós, y emitió un acuerdo en el que requirió a la actual integración del ayuntamiento demandado, a fin de que cumpla cabalmente con el laudo recaído en el juicio de origen. V. Pronunciamiento. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo no ha quedado cumplida, en su totalidad. Requiérase a la autoridad responsable. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de treinta días hábiles, contado a partir de la notificación realizada a la parte demandada, tal como se otorgaron en el punto "iii", de la resolución dictada por el Tribunal de alzada, de cumplimiento a la misma, remitiendo copias certificadas de las constancias que lo acrediten. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo.

  3. Principal

    Visto el oficio proveniente del Presidenta de la Junta Especial Numero Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual se rinde informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe y se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Se requiere. Ahora, analizado que es el informe que se recibe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Junta Especial Numero Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente auto, remita copias certificadas completas y legibles de todo lo actuado a partir del laudo dictado con fecha de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral de origen ******************** toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente asunto. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo requerido o de no manifestar la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, facción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior, por lo que en su contenido informa, la jurisprudencia P./J. 17/97, registro 199454, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable a página ciento ocho, del Tomo V, Febrero de 1998, Novena Época, que por rubro señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.". Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de noviembre de dos mil veintitrés. No ha lugar. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por ****, autorizado de la parte quejosa, y en razón a lo que solicita, dígasele que no ha lugar a tener señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; toda vez dicha designación corresponde ser elevada por el propio quejoso, ya que en su escrito inicial de demanda señaló notificaciones electrónicas a través de los usuarios ****. Por tanto, al no cumplirse con lo establecido en el numeral 35, párrafos primero y segundo, así como el diverso 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establecen: "Artículo 35. Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" utilizado por quien realiza la solicitud al registrarse en el Portal y el del tercero sobre el cual se solicita la autorización. La solicitud podrá formularse por vía impresa o electrónica. La solicitud respectiva podrá formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad.". "Artículo 55. Las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberán señalarse sus "Nombres de Usuario". La solicitud expresa para recibir notificaciones por vía electrónica realizada en el expediente principal o en cualquiera de los integrados con motivo de los recursos o incidentes derivados de aquél, únicamente surtirá efectos en él, o en los expedientes respecto de los cuales se formule dicha solicitud.". De la interpretación de los artículos transcritos, se obtiene, en lo que interesa, que, en los procedimientos jurisdiccionales, se puede solicitar la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; asimismo, que dicha solicitud está conferida a las partes, por sí o por conducto de sus representantes legales y a los autorizados en términos amplios con facultades expresamente otorgadas para ello. En el caso, de las constancias del juicio de amparo en que se actúa no se aprecia que la parte quejosa haya otorgado al promovente facultades para solicitar, o bien, revocar el acceso al expediente electrónico; por tanto, no ha lugar a proveer favorablemente dicha solicitud, hasta en tanto se cumplan los extremos de los artículos referidos. Por tanto, de proveer conforme lo solicita el ocursante y tenerle señalando domicilio, conllevaría implícitamente revocar la notificación electrónica solicitada por el quejoso en el escrito inicial de demanda que, como se ha visto, el autorizado no tiene facultades para tal solicitud.

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