Guillermo Barrera Spota

Expediente 515/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
515/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
09/02/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Barrera Spota

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos y en atención a que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieran inconformado con el contenido del proveído de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; con fundamento en el precepto legal invocado, se tiene por consentida la mencionada resolución. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes de acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de uno de agosto de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, misma que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; en consecuencia, este expediente es susceptible de depuración. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, glósese el original del cuaderno incidental a los presentes autos, en el cual se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el original del incidente de suspensión, también es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; además de que no se trata de un asunto que por su valor jurídico o histórico deba conservarse. Asimismo, archívese el duplicado respectivo por separado; con la indicación de que es susceptible de destrucción, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Por último, ordénese glosar copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notífiquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la Materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. En principio, cabe destacar que el que el uno de agosto de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Primero Penal de esta ciudad: "Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa penal 9/2017-A; En su lugar emita otra determinación en la que analice y valore de forma pormenorizada la declaración de veintitrés de julio de dos mil quince, emitida por Juan Carlos Díaz de León Martínez; Establezca con precisión si ese medio probatorio y los dictámenes emitidos por Juan Carlos Agundis Hernández, perito dictaminador en hechos de tránsito de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y Oscar Reynoso Ramírez, perito dictaminador en hechos de tránsito de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, son o no suficientes para desvirtuar las pruebas de cargo aportadas en la indagatoria respectiva; y, Una vez hecho esto, con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del inculpado. Haciéndose extensiva dicha concesión a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, delegación la Pila, en San Luis Potosí. En contra de esa determinación, el quejoso Guillermo Barrera Spota, interpuso recurso de revisión, correspondiendo conocer del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, quien en sesión de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, confirmó la sentencia recurrida. Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la aludida ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables, por el cumplimiento de la misma. En atención a lo anterior, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de esta ciudad, mediante oficio 3798/2017, recibido en este Juzgado el treinta de noviembre del año próximo pasado, remitió copia certificada de la resolución de fecha veintinueve de noviembre del mismo año, dictada dentro del proceso penal 19/2017/4 de su índice, de la cual se desprende que el día veintisiete del mismo mes y anualidad, se llevó a cabo la audiencia de conciliación ante ese Juzgado, habiendo los ofendidos Arturo Alatorre Nava y Emilio Adriano Heredia, otorgado el más amplio perdón que en derecho corresponde al aquí quejoso Guillermo Barrera Spota, el primero por lo que hace al delito de lesiones por culpa y el segundo por el injusto de daño en las cosas por culpa. Motivo por el cual, en la propia determinación de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez responsable declaró extinguida la acción penal a favor del quejoso, decretando el sobreseimiento en la causa por los delitos de lesiones y daño en las cosas, ambos por culpa. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, mediante oficio SJ-11738/2017, recibido el treinta de noviembre del año próximo pasado, manifestó realizar las anotaciones en el libro de gobierno y tarjeta de control del quejoso. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de las autoridades responsables se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la Materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. En principio, cabe destacar que el que el uno de agosto de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Primero Penal de esta ciudad: "Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dictado en la averiguación previa penal 9/2017-A; En su lugar emita otra determinación en la que analice y valore de forma pormenorizada la declaración de veintitrés de julio de dos mil quince, emitida por Juan Carlos Díaz de León Martínez; Establezca con precisión si ese medio probatorio y los dictámenes emitidos por Juan Carlos Agundis Hernández, perito dictaminador en hechos de tránsito de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y Oscar Reynoso Ramírez, perito dictaminador en hechos de tránsito de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, son o no suficientes para desvirtuar las pruebas de cargo aportadas en la indagatoria respectiva; y, Una vez hecho esto, con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del inculpado. Haciéndose extensiva dicha concesión a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, delegación la Pila, en San Luis Potosí. En contra de esa determinación, el quejoso Guillermo Barrera Spota, interpuso recurso de revisión, correspondiendo conocer del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, quien en sesión de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, confirmó la sentencia recurrida. Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la aludida ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables, por el cumplimiento de la misma. En atención a lo anterior, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de esta ciudad, mediante oficio 3798/2017, recibido en este Juzgado el treinta de noviembre del año próximo pasado, remitió copia certificada de la resolución de fecha veintinueve de noviembre del mismo año, dictada dentro del proceso penal 19/2017/4 de su índice, de la cual se desprende que el día veintisiete del mismo mes y anualidad, se llevó a cabo la audiencia de conciliación ante ese Juzgado, habiendo los ofendidos Arturo Alatorre Nava y Emilio Adriano Heredia, otorgado el más amplio perdón que en derecho corresponde al aquí quejoso Guillermo Barrera Spota, el primero por lo que hace al delito de lesiones por culpa y el segundo por el injusto de daño en las cosas por culpa. Motivo por el cual, en la propia determinación de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez responsable declaró extinguida la acción penal a favor del quejoso, decretando el sobreseimiento en la causa por los delitos de lesiones y daño en las cosas, ambos por culpa. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, mediante oficio SJ-11738/2017, recibido el treinta de noviembre del año próximo pasado, manifestó realizar las anotaciones en el libro de gobierno y tarjeta de control del quejoso. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de las autoridades responsables se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano