Guillermo Barrera Spota

Expediente 1022/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1022/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Barrera Spota

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DICTADA CON FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Barrera Spota, en su carácter de endosatario en procuración de Maribel Luria Gabriel, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, al tenor de la documental que acompaña, contra actos del Juez Quinto del Ramo Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con cinco copias y un anexo que acompaña, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, primer párrafo y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 1022/2018-II. Ahora bien, examinada la demanda de amparo promovida, se advierte que es manifiesta e indudable la improcedencia de la acción Constitucional; y, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de la Materia, debe desecharse en atención a las consideraciones siguientes: En efecto, la parte agraviada reclama del Juez Quinto del Ramo Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, lo siguiente: ".La resolución emitida en fecha 29 de agosto del año en curso, mediante la cual resolvió los autos del expediente 522/2018 que ventila el juicio ejecutivo mercantil de mérito, misma que determinó reponer el procedimiento para el efecto de que los demandados (hoy terceros interesados) sean emplazados legalmente, resultado de una revisión oficiosa de los autos." Pues bien, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la referida ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Asimismo, de acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se está frente a un acto que sea de imposible reparación. Asimismo, debe decirse que los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación, toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales, las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia o laudo favorable. Ahora bien, el peticionario del amparo narra, substancialmente y bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes de su demanda que el cinco de abril del año en curso, presentó demanda en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, reclamando el pago de diversas prestaciones a Constructora AICON, Sociedad Anónima de Capital Variable y a Jesús Carlos Cepeda Rodríguez, la cual fue radicada ante el Juzgado señalado como responsable, donde se asignó el número de expediente 522/2018. Sigue aduciendo que a los citados demandados se les dejó citatorio por no encontrarse el veinticinco de junio del año que transcurre, por lo que el veintiséis siguiente, aun cuando de nueva cuenta no se encontraron a los mismos, se les emplazó por medio de cédula y por conducto de la persona que atendió la diligencia. Concluye diciendo que los demandados no contestaron la demanda entablada en su contra, por lo que se siguió el procedimiento en su rebeldía y en resolución de veintinueve de agosto de la presente anualidad, el Juez del conocimiento, determinó reponer el procedimiento derivada de una revisión oficiosa, para el efecto de que las partes demandadas fueran emplazadas legalmente a juicio nuevamente. Resolución esta última que el accionante señala como acto reclamado. Ha sido criterio reiterado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecer que la resolución que declara nulo el emplazamiento y ordena reponer el procedimiento a fin de que se emplace nuevamente a la parte demandada, no genera una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos del actor, sino que se trata, en todo caso, de una violación de tipo adjetiva; máxime si como acontece en el presente caso, se trata del emplazamiento a juicio de los demandados, donde el Juzgador encontró causa suficiente para ordenar la reposición del juicio. Apoya lo anterior, el criterio consultable en la Novena Época, Registro: 170244, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 23/2008, Página: 593, que textualmente dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.- La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". Así como la tesis localizable en la Décima Época, Registro: 160816, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Común, Tesis: I.14o.C.15 K (9a.), Página: 1662, que a la letra dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTOS EN EL EMPLAZAMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, POR TAL RAZÓN, ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, AUNQUE ELLO PUEDE IMPLICAR REALIZARLO POR EDICTOS.- De la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", se advierte, medularmente, que la resolución que ordena reponer el procedimiento por falta de emplazamiento constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva (en materia civil, estricto o lato sensu), en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, por no afectar, directa e inmediatamente, derechos sustantivos establecidos en la Constitución, y el perjuicio procesal no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, dado que éste continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada, lo que no encuentra obstáculo en el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque el propio Alto Tribunal señaló: "... tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta.". Adicionalmente, a la misma conclusión debe arribarse cuando se trata de una resolución que ordena reponer el procedimiento por defectos en el emplazamiento y que, en su caso, puede significar que deba realizarse nuevamente mediante edictos y a cargo de la parte quejosa, puesto que tal hecho constituye un acto futuro e incierto que, de concretarse, implicaría un acto de molestia a la parte inconforme con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, pero que no está contemplado como elemento que determine la irreparabilidad del acto que reclama e, inclusive, la afectación económica puede ser objeto de las costas causadas en el juicio a la parte condenada, en las hipótesis establecidas en la ley que rige al acto". Criterios que resultan puntualmente aplicables, atendiendo a que no se contraponen a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, ni han sido superados por el Alto Tribunal de Justicia del País, con diverso criterio, por lo que el primero de los mencionados, resulta de observancia obligatoria para la suscrita. En ese contexto, es inconcuso que el acto combatido no reúne las características de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior es así, ya que los efectos de la resolución reclamada, sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio natural si ésta es favorable a los intereses del ahora quejoso y, en caso contrario, de resultar opuesta a los mismos, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, al no participar el acto reclamado de las notas distintivas de los actos de imposible reparación, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia materia de estudio, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por lo que con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal se desecha la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del segundo de los numerales invocados. En otro orden de ideas, con apoyo en la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Hágase del conocimiento de las partes, que a partir de este acuerdo se autoriza la expedición de copias simples de las constancias que obran en el presente expediente, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al Secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo, al no participar el acto reclamado de las notas distintivas de los actos de imposible reparación, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia materia de estudio, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por lo que con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal se desecha la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la promovente.

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