Guillermo Baltazar Carlos

Expediente 336/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
336/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Baltazar Carlos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El diecisiete de junio de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del diez al catorce de junio del año en curso, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    El cinco de junio de dos mil diecinueve, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de tres días que se le concedió al promovente José Horacio Moncayo Mendoza, mediante auto de treinta de abril del año en curso, para ratificar el contenido y firma del escrito registrado con el folio 5564, transcurrió del treinta y uno de mayo al cuatro de junio del año en curso, con exclusión de los días uno y dos del presente mes y año (por corresponder a sábado y domingo); asimismo HACE CONSTAR: Que el diverso plazo de cinco días que le fue otorgado para que diera cumplimiento a las prevenciones formuladas en diverso proveído de dieciséis de abril pasado; transcurrió del veinticuatro al treinta de abril actual, con exclusión de los días veintisiete y veintiocho del citado mes y año (por corresponder a sábado y domingo); lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado de los autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta que antecede de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de tres días que se concedió al promovente del amparo José Horacio Moncayo Mendoza, mediante auto de treinta de abril del año en curso, para ratificar el contenido y firma del escrito registrado con el folio 5564, por el que intentó dar cumplimiento a las prevenciones realizadas mediante diverso proveído de dieciséis de abril pasado, sin que lo haya hecho, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo señalado en primer término y se tiene por no presentado el escrito de que se habla. Por otra parte, toda vez que a la fecha ya concluyó el diverso plazo de cinco días que se le otorgó a la parte quejosa para que diera cumplimiento a las prevenciones realizadas en el acuerdo de dieciséis de abril del año en curso, luego, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y se tiene como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Homicidio, Doloso del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, y como acto reclamado: No agotar las líneas de investigación dentro de la carpeta de investigación que obra en contra de mi defendido y no apegarse al lineamiento imperativo del Código Nacional de Procedimientos Penales además de no entregar copias certificadas solicitadas a finales del mes de marzo. En tales condiciones de provee: DESECHAMIENTO. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En esa tesitura, conviene precisar que de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, en el capítulo de acto reclamado, la parte quejosa señaló el siguiente: La omisión de agotar las líneas de investigación dentro de la carpeta de investigación que obra en contra de mi defendido y no apegarse al lineamiento imperativo del Código Nacional de Procedimientos Penales además de no entregar copias certificadas solicitadas a finales del mes de marzo. Sentado lo anterior, quien aquí resuelve considera que la demanda de derechos resulta notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, misma que expresa lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Del precepto en comento, la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Que por virtud de ese medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Así, una vez contrastados el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto que se actualizan los supuestos que se enuncian. En principio porque, como se advierte de autos el acto reclamado fue dictado por una autoridad administrativa, a saber, el Agente del Ministerio Público adscrito A La Unidad Especializada de Investigación de Homicidio, doloso del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Por su parte, los artículos 16, párrafo décimo cuartio, 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;" (Lo resaltado es propio). Por otro lado, los artículos 216 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." De lo transcrito, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar al imputado, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante el Juez de Control las determinaciones del Ministerio Público en caso que se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias. Lo anterior implica que, a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual, se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional, y posteriormente, consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las determinaciones u omisiones en que incurra el Ministerio Público, dentro de las carpetas de investigación creadas de conformidad con el sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse ante la autoridad jurisdiccional, que en el caso resulta ser el Juez de Control; como se explica a continuación. Los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: (.) VII. Juez de Control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; (.) Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. (.). Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los preceptos legales transcritos, resulta patente que el Juez de Control es la autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, así como que el procedimiento penal comienza desde la etapa de la investigación (que a su vez inicia con la presentación de la denuncia ante el ministerio público) y culmina con la etapa de juicio. Además, del artículo 258 transcrito, se desprende que éste establece la existencia de un medio de impugnación, el cual tiene una naturaleza vertical, es decir, que un órgano superior (Juez de Control) y distinto al que se le atribuye la abstención procesal, revisa la legalidad de éste y tiene una tramitación específica en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que el imputado, la víctima u ofendido tienen la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, así como la que en el caso nos ocupa, consistente en que el Ministerio Público se niegue a permitir la obtención de las copias. Más aún que el citado artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, expresamente establece que en caso de que el agente del Ministerio Público se niegue a permitir la obtención de las copias al imputado o su defensor, podrán acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente. Por lo anterior, resulta inconcuso que conforme a lo previsto en los artículos 16, 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 216, 219 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el accionante del juicio de amparo debe acudir ante el Juez de Control a efecto de impugnar la determinación de veinte de febrero de dos mil diecinueve, para que así el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Epecializada en Investigación Mixta del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas que el permita el acceso a la obtención de las copias, o en su caso, determine lo que en derecho corresponda. En efecto, si tanto en la norma fundamental, como en la ordinaria, se establece que el imputado, la víctima u ofendido debe acudir primeramente ante el Juez de Control para que, de ser procedente, conmine al Agente del Ministerio Público para que le sean facilitados todos los datos y copias que solicite para su defensa y que consten en el proceso, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; por tanto, resulta claro que se actualiza la causa de improcedencia en comento, ya que previo a instar el presente juicio de amparo, el promovente debió comparecer ante el Juez de Control correspondiente a impugnar la omisión en que a su consideración incurrió la autoridad responsable. Lo anterior, es acorde a la naturaleza de la nueva figura del Juez de Control, pues como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez en que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el imputado se encuentre en oportunidad de acudir al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad, y por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. Sustenta lo anterior, la tesis I.6o.P.123 P (10a.), de rubro y texto siguientes: "ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial". Argumentación que es acorde con los razonamientos plasmados en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se destacó que en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los Jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el Juez de Control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. Criterio jurisprudencial que dispone. "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Además, la omisión de la que se duele el promovente del amparo, no se encuentra en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, sino que se traduce en un acto de molestia. Por tanto, si el impetrante de derechos, no agotó el medio de defensa previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por otro lado, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia del tenor: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Consecuentemente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Guillermo Baltazar Carlos, por conducto de su defensor José Horacio Moncayo Mendoza. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de

  3. Principal

    El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se da cuenta con el oficio registrado bajo el folio 6931 y anexos que se adjuntan.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por la Juez Segundo del Ramo Penal del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, por el que devuelve sin diligenciar el despacho con número de orden 327/2019 y origen 144/2019, mediante el cual se le encomendó notificar personalmente a José Horacio Moncayo Mendoza, en su carácter de defensor de Guillermo Baltazar Carlos, el auto de treinta de abril del presente año, por el que se requirió al antes nombrado se presentara ante el personal actuante de este Juzgado a ratificar el contenido y firma del escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintinueve de abril pasado, por el que pretendió dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en diverso proveído dieciséis del citado mes y año. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, del acta asentada por la secretaria auxiliar en funciones de oficial notificador adscrita al juzgado oficiante, el veintidós de mayo del año en curso, se advierte la imposibilidad de realizar la notificación encomendada, en razón de que al constituirse en el domicilio ubicado en calle Testimonio número ciento tres (103) colonia Abel Dávila García, de Fresnillo, Zacatecas, y cerciorada de que era la calle correcta, tocó a la puerta, siendo atendida por una persona del sexo femenino, quien no le proporcionó su nombre, y al preguntarle por la persona que buscaba, le manifestó que no la conoce y que no vive en ese domicilio, que esa finca es propiedad de su padre. Por tanto, se ordena notificar a José Horacio Moncayo Mendoza, en su carácter de defensor de Guillermo Baltazar Carlos, el auto de treinta de abril del presente año, por medio de lista que se fija y publica en los estrados de este Tribunal Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Finalmente, tomando en consideración que por auto de trece de mayo del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto de escrito presentado por José Horacio Moncayo Mendoza, en su carácter de defensor de Guillermo Baltazar Carlos, por el que ofreció como prueba de su parte un disco en formato DVD, por lo que una vez que el quejoso cumpla con el requerimiento ordenado en auto de treinta de abril del presente año o transcurra el plazo concedido para tal efecto, se hará el pronunciamiento respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    El trece de mayo de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 6075 y anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por José Horacio Moncayo Mendoza; en atención a su contenido, resérvese acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto sea devuelto el despacho remitido al juez del Ramo Penal del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, que le fue enviado a fin de notificar al promovente el auto de treinta de abril del presente año dictado por este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe.

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