Guillermo Bahena HernàNdez
Expediente 1347/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1347/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Guillermo Bahena HernàNdez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado en Morelos, a través del cual rinde su informe justificado. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. Asimismo, con fundamento en los dispositivos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas las documentales que adjunta a su oficio de cuenta, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que, en relación con el acto reclamado al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado en Morelos, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 01/292/16 y su acumulado 01/1284/16, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que de las constancias que exhibió la autoridad responsable, se desprende que no incurrió en la omisión que se le imputa, ello, toda vez que mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, proveyó lo conducente respecto del escrito presentado el diecisiete del mismo mes y año, en el juicio de origen. Bajo esas circunstancias, se pone de manifiesto la inexistencia de la omisión que se reclama del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado en Morelos, en virtud de que, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de octubre de dos mil veintiuno), ya había emitido el acuerdo correspondiente al escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 01/292/16 y su acumulado 01/1284/16. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es la siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que en nada perjudica a la parte quejosa el hecho de que no se resuelva este asunto en audiencia constitucional, en virtud de la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar la inexistencia del acto que señaló como reclamado. En ese sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la autoridad responsable, al uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubros siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por ***, apoderado legal de los quejosos, a través del cual, subsana la prevención efectuada en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. De la personalidad del promovente Con fundamento en el precepto 11 de la Ley de Amparo, este juzgado reconoce la personalidad con que se ostenta Mario Rivas Giles, en virtud de que anexa copia simple del acuerdo de admisión de tres de febrero de dos mil dieciséis, acta de audiencia autógrafa de veintitrés de agosto del mismo año, ambos dictados en el expediente 01/292/16, copia simple del auto de admisión de once de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 01/1284/16, y copia certificada de la resolución de incidente de acumulación de los expedientes 01/292/16 y 01/1284/16, de los cuales se advierte que cuenta con dicha personalidad. Desechamiento parcial de la demanda. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio 01/292/16 y su acumulado 01/1284/16, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En esa tesitura, es indudable para este Juzgado que el acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio 01/292/16 y su acumulado 01/1284/16, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Ello es así, ya que aun cuando en el caso, la parte quejosa alega violaciones a los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucional, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento laboral de ejecución en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Aunado a que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento laboral en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." La jurisprudencia anterior, es de observancia obligatoria para este Juzgado, en términos del artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, sirve de apoyo el contenido de la contradicción de tesis (jurisprudencia común, laboral) 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ubicada en publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, el viernes primero de marzo de dos mil diecinueve, con número de registro 2019400; la cual establece que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. En consecuencia, de conformidad con el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, en aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece que las juntas dictaran sus resoluciones en el acto que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes aquellas en la que se reciban promociones por escrito, salvo disposición en contrario a la ley, y siguiendo el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes citado, este Juzgado determina la inexistencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, y, por lo tanto, resulta improcedente el juicio de amparo. Lo anterior es así, en razón de que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el seis de octubre de dos mil veintiuno, presentó el escrito dentro expediente laboral 01/292/16 y su acumulado 01/1284/16; por tanto, la Junta responsable tenía un plazo de cuarenta y ocho horas para emitir el acuerdo correspondiente, los cuales fueron siete y ocho de octubre de la presente anualidad; en ese contexto, a partir de la fecha en la que culminaron las cuarenta y ocho horas para que la autoridad responsable emitiera el acuerdo correspondiente, esto es ocho de octubre de dos mil veintiuno, únicamente han transcurrido veintiocho días naturales, de los cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es así, ya que constituye un hecho notorio, público, cierto y conocido para este juzgado, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cargas de trabajo que imperan en los órganos de impartición de justicia en materia laboral en el Estado de Morelos. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Admisión de la demanda. Por otra parte, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo promovida por Mario Rivas Giles, apoderado legal de, Guillermo Bahena Hernández, Antonio Bahena Hernández y Alejandro Santiago Jaramillo, respecto de la autoridad y acto siguiente: I.- Del Presidente Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, lo siguiente: La omisión de acordar el escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 01/292/16 y su acumulado 01/1284/16. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado la omisión de ejecutar el laudo dictado el juicio de origen, tomando en consideración que la parte quejosa en los escritos de referencia solicitó se decretara auto de requerimiento de pago, sin que a la fecha se advierta que se hayan acordado los mismos, por lo que no puede ejecutarse el laudo, sino exististe el auto de requerimiento de pago. Del incidente de suspensión. Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguiente al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remita copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, se requiere a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifique la información de reservada y confidencial, que proporcione a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Apercibida para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. De la parte tercero interesada. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este asunto en el que se reclama diversa omisión en el juicio laboral, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, es decir, la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, ya que la afectación que le pudiera causar está supeditada a que la responsable acuerde favorable las peticiones que realiza la parte actora en el juicio de origen, por lo que en este momento, no se puede considerar válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la parte quejosa, lo que sería, en su caso, la razón toral de su participación en el juicio de amparo en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia y, en contrapartida, su búsqueda podría retrasar el dictado de la resolución de este juicio. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, porque ahora el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales". En ese tenor, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte de la parte quejosa, a quien le resulta el carácter de parte tercero interesada, pues aún no se encuentra legitimado para defenderse en el juicio de amparo al no haber una actuación que vulnere sus derechos, dado que al no haber un pronunciamiento por la responsable no le acarrea un perjuicio. Con otras palabras, la calidad de tercero interesado que otorga el inciso b), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, busca tutelar un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa; por consiguiente, la subsistencia de la omisión laboral que se impugna de ninguna manera lesiona dicho derecho subjetivo; ya que los efectos de tal concesión sólo se limitarían, en su caso, a obligar a la autoridad responsable a subsanar la omisión que se le atribuye, sin que se le pueda indicar el sentido de su determinación. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes
- Guillermo Alejandro Franco Solis1279/2022
- Guillermo Antonio Vázquez de Jesús1100/2021
- Guillermo Arroyo Cruz1650/2017
- Guillermo Arroyo Cruz1915/2017
- Guillermo Arroyo Cruz223/2023
- Guillermo Arturo Castillo Landa743/2014
- Guillermo Bahena Hernández747/2022
- Guillermo Bahena Hernandez1498/2023
- Guillermo Balderas Leyva250/2014
- Guillermo Balderas Leyva1663/2015
- Guillermo Balderas Leyva185/2016
- Guillermo Benjamín Mendoza Jiménez1131/2014