Guillermo Aurelio Santiago Lopez

Expediente 542/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
542/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
02/01/2017

Partes del expediente

  • Guillermo Aurelio Santiago Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que el quejoso no impugnó el proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisíes...mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo,...se declara que dicho auto queda firma para los efectos legales consiguientes...archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el...asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales...es destruible...

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Guillermo Aurelio Santiago López, contra actos de Fiscal en Jefe de la Agencia del Ministerio Público, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 542/2016 que le corresponde. Con fundamento en los artículos 112 y 113.de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, y 217, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: .. De los preceptos citados, se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; al respecto, el propio precepto legal señala qué debe entenderse por actos de imposible reparación, a saber, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. . Que el derecho como género previsto en el artículo 8o constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, los artículos 14 y 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. El derecho al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite al particular obtener una completa y mejor respuesta a sus pretensiones dentro de un procedimiento jurisdiccional y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Asimismo, los derechos consagrados en tos artículos 8o, 14 y 17 constitucionales regulan cuestiones distintas (derecho de petición, el debido proceso y el derecho de acción), sin embargo, deben entenderse de manera armónica de acuerdo a su finalidad, sin que ello implique dejar de proteger al particular frente al acto de autoridad. Por tanto, la autoridad jurisdiccional o administrativa tiene la obligación de emitir la resolución correspondiente a la petición presentada de manera pronta y congruente, la cual debe atender a los plazos y términos fijados en las leyes que rigen dicho procedimiento. Ante la existencia de una norma secundaria que desarrolla de mejor forma la obligación de respuesta de las autoridades, no es dable que se impugne la violación al derecho de petición de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuates se regirá el actuar de la autoridad ante ia cual se elevó la petición, serán conforme lo establecido por la norma secundaria y ia autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud del particular. De estimar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. Sin que pase inadvertido que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que no actualizaría el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. Bajo esas consideraciones, en el caso, de las manifestaciones de la parte promovente, así como a la documental que anexa a su demanda de amparo, se advierte que reclama de las autoridades responsables la omisión de acordar la promoción que presentó el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en el legajo de investigación 4990/JU/2014, del que se aprecia que solicitó al Agente del Ministerio Público de la Agencia Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, agregara al legajo de investigación las copias certificadas que acompañó al ocurso de que se trata; se gira oficios al Subdirector de Servicios Periciales de la Subprocuraduría General de Justicia Regional del Istmo, para que designara perito y emitiera su dictan correspondiente, y se girara oficio al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones de esa ciudad, para que rindiera informe respecto a la investigación de los hechos, revelan que el juicio de amparo que promueve la parte quejosa es improcedente. Es así, pues como se expuso anteriormente, el acto controvertido en este juicio de amparo es una violación al artículo 8o Constitucional, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, pues debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Cabe mencionar que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si e! reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Como la parte quejosa no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, en el lugar en que este juzgado tiene su sede, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágansele mediante lista de acuerdos. Se tiene por autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Javier Morales Medina, toda vez que acredita contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, al haberse encontró registro a su nombre en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación.

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